La Revolución y la Guerra de España [II](1961) – P. Broué, E. Témime

II.

1. Europa y la guerra
2. La intervención italo-alemana
3. La ayuda rusa y las Brigadas Internacionales
4. La conquista del Norte
5. Evolución política de la España nacionalista
6. La organización del nuevo Estado
7. Teruel, punto de inflexión de la guerra
8. El abandono de la República
9. La Batalla del Ebro y la Campaña de Cataluña
10. La Junta de Casado y la liquidación de la República
11. Epílogo

1: Europa y la guerra

• El equilibrio europeo y la guerra de España
• Reconocimiento del gobierno nacionalista
• Formación del Eje
• La posición francesa
• No intervención
• El Comité de Londres
• Planes de control
• Notas

«Si la democracia es derrotada en esta batalla, si el fascismo triunfa, el Gobierno de Su Majestad puede reclamar la victoria para sí mismo» [1].

Lloyd George, al decir esto, subrayó un hecho nuevo: a los ojos del mundo, la Guerra de España de 1937 adquirió el aspecto de una guerra ideológica. Sin que ninguna otra nación se implicara abiertamente en el conflicto, éste se había convertido en europeo. A partir de entonces, y sobre todo tras el debilitamiento de los partidos revolucionarios en el bando republicano, la guerra de España fue sólo un aspecto particular de la lucha entre las grandes potencias en Europa. Fue la guerra la que determinó el acercamiento italo-alemán y la formación del eje Roma-Berlín. También fue la que sacó a la luz las incertidumbres y contradicciones de las democracias occidentales, Francia y Gran Bretaña, y como resultado, hizo que la política rusa se orientara hacia una expectativa prudente.

El equilibrio europeo y la guerra de España

Para entender cómo la Guerra de España alteró el equilibrio político europeo, hay que recordar que en 1936 la posición alemana en Europa era todavía precaria. Desde que los nazis llegaron al poder en 1933, Alemania había roto con la Sociedad de Naciones. Su rearme y las exigencias de Hitler preocupaban a los pequeños países vecinos, pero su poderío aún no les impresionaba. La posición diplomática de las potencias occidentales parecía, por lo demás, sólida. El entendimiento entre Francia, Gran Bretaña y Bélgica parece sólido. La influencia francesa en los Balcanes siguió siendo considerable, a pesar del asesinato de Alejandro de Yugoslavia en Marsella en 1934. Finalmente, el gobierno de la Tercera República, para hacer frente al peligro del rearme alemán, reforzó su sistema de alianzas en el Este: en 1935 se firmaron tratados de asistencia mutua entre la URSS y Francia, por un lado, y la URSS y Checoslovaquia, por otro. El restablecimiento del poder alemán preocupaba mucho a los rusos: ¿no había designado Hitler al «bolchevismo» como primer adversario a combatir?

El gobierno fascista italiano también se encontraba en una situación difícil en 1935. Su campaña contra Etiopía, destinada a crear un verdadero «imperio» africano, había resultado sobre todo ineficaz desde el punto de vista militar; y se encontró una amplia mayoría en la Sociedad de Naciones para decidir la adopción de sanciones contra el gobierno de Mussolini.

El Estado fascista italiano y el Estado nazi alemán, así aislados en Europa, encontraron en el conflicto español la oportunidad de un acercamiento. Esta guerra, al permitir una confrontación política general, precipitó alianzas y retrocesos; obligó a cada potencia a tomar posición. En este sentido, creó las condiciones políticas para la guerra mundial.

Para las dictaduras centroeuropeas, el conflicto español no fue sólo una prueba de la debilidad de las democracias; fue el «ensayo general», el primer choque, el banco de pruebas de sus armas contra las de Rusia o Checoslovaquia, el primer uso de equipos destinados a ser utilizados en campos de batalla más grandes: basta con leer los numerosos artículos y libros escritos sobre este tema para juzgar el interés que esta «guerra limitada» despertó a nivel militar.

En cambio, la importancia estratégica o económica de España era secundaria; aunque era importante tener bases, como Mallorca o Ceuta, y más aún utilizar las minas de hierro o cobre de Asturias y Río Tinto, este elemento no podía ser tan decisivo como para orientar seriamente la política internacional. Los graves acontecimientos del verano de 1938, la cuestión de los Sudetes y España se convertirían en un peón más en la partida europea.

Reconocimiento del gobierno nacionalista

¿Cómo iban a elegir las potencias europeas respecto a los dos bandos que se enfrentaban en España?

Jurídicamente, la situación es sencilla: hay un parlamento español elegido regularmente, que debe nombrar un gobierno; estos son los únicos órganos cuya legalidad es indiscutible. Tras el relativo fracaso del 19 de julio, los nacionalistas no son más que militares rebeldes que controlan algunas provincias. Ellos mismos eran perfectamente conscientes de ello, ya que en los primeros meses se contentaron con constituir un poder oficialmente destinado a desaparecer tras la victoria para dar paso a un verdadero gobierno [2]. Su capital, Burgos, fue ignorada por los demás países, incluso por los que mostraban una simpatía más activa hacia la España nacionalista: cuando Franco, tras su nombramiento como jefe de Estado español en octubre de 1936, envió un telegrama de saludo a Hitler, éste no respondió, demostrando así que no consideraba oportuno reconocerle oficialmente por el momento; cuando Welczeck, el embajador alemán en París, informó a Berlín sobre la situación española, opuso con toda naturalidad el «gobierno español» a los «rebeldes» [3].

Pero si las cancillerías europeas se negaban a conceder a los rebeldes los derechos de «beligerancia» que sólo podían concederse a una potencia legal, tampoco podían permitirles obtener material de guerra de Estados extranjeros. Esta situación no tardó en molestar considerablemente a Italia, Alemania y Portugal, y las cancillerías de estos Estados se vieron abocadas a desarrollar toda una línea argumental para justificar su intervención: era la izquierda la que, amañando la ley electoral y provocando así la constitución de un gobierno del Frente Popular, había creado la situación revolucionaria; las formas legales de gobierno habían desaparecido por sí mismas desde las elecciones de febrero de 1936, y los jefes militares se habían levantado entonces para restaurarlas. Recordemos que la ley electoral había sido votada por una asamblea de derechas que pensó que se aseguraría un largo contrato de gobierno…

Además, estos argumentos jurídicos sólo se utilizan con precaución; los gobiernos fascistas prefieren el método de los hechos consumados. Para dar una forma diplomática decente al reconocimiento de las autoridades nacionalistas como gobierno de España, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania e Italia, Neurath y Ciano, quieren esperar a la caída de Madrid. Un borrador de comunicación alemana al encargado de negocios español en Berlín, preparado en los últimos días de octubre del 36, comienza con las siguientes palabras: «Ahora que el general Franco se ha apoderado de la capital española de Madrid y su gobierno tiene así el control de la mayor parte del país…».

A falta de otra base jurídica, la posesión de la capital y de sus edificios administrativos, el control de facto, permitiría oponer el «país real» al «país legal». En cualquier caso, se encontraría un pretexto en la necesidad de asegurar la «defensa de los intereses alemanes». La salida del gobierno republicano hacia Valencia parecía preparar este acontecimiento, pero la capital resistió y la guerra amenazó con prolongarse. Los alemanes e italianos se vieron obligados a adoptar una posición más firme y el 18 de noviembre decidieron finalmente reconocer de iure al gobierno de Burgos. Portugal hizo lo mismo.

Ciertamente, las dos afirmaciones de que, por un lado, el gobierno de Franco controlaba la mayor parte del territorio y, por otro, de que ya no había ninguna «autoridad gubernamental en la España republicana» parecían igualmente falsas a mediados de noviembre. El control real del territorio por parte de los nacionalistas no se extendía a ninguna de las provincias mediterráneas o centrales del país; y si la situación era todavía bastante «inestable» en la zona leal, el gobierno, Caballero, tenía ciertamente mucha más autoridad que la que habían tenido sus predecesores. Por eso resulta paradójico mantener las relaciones con la República Española en agosto y romperlas en noviembre.

Sin embargo, este cambio de actitud contribuyó a aclarar la situación internacional; las potencias que apoyaban a Franco mostraron su disposición a considerar al gobierno legal de España como un verdadero adversario. La ruptura entre las grandes potencias europeas se hizo aún más evidente al coincidir con la firma de un pacto germano-italiano-japonés, preludio de la formación de un formidable bloque militar.

Formación del Eje

En vísperas de la pronunciación del 18 de julio, a pesar de la similitud de sus concepciones políticas y de su igual hostilidad al socialismo, los gobiernos fascista y nazi se oponían en muchos puntos. De hecho, las dos potencias habían manifestado objetivos expansionistas que corrían el riesgo de ponerlas en frecuente competencia [4]. Italia también consideraba el Mediterráneo como un «coto» y recelaba de una posible intervención alemana en España.

Pero después de agosto-septiembre de 1936, la actitud firme de las potencias centrales en la cuestión española frente a la dilación occidental y su deseo común de acelerar sus preparativos militares contribuyeron a resolver sus diferencias. La formación de un gobierno de extrema derecha en Rumanía, presidido por Antonesco, fue el preludio de las negociaciones que iban a marcar la ruptura del equilibrio de poder en Europa Central a favor de Alemania e Italia. Fue durante las conversaciones con el regente húngaro, Horthy, cuando Hitler señaló por primera vez el acuerdo entre Roma y Berlín para apoyar al general Franco. Y el gobierno húngaro no podía dejar de apoyar esta comunidad de acción, ya que Budapest buscaba en ese momento una garantía de sus propias reivindicaciones sobre las minorías magiares, especialmente en Rumanía, en un acercamiento a las dos grandes potencias.

La mejora de las relaciones ítalo-alemanas fue evidente desde finales de septiembre de 1936, durante la visita a Roma del ministro de Justicia alemán, Frank, que fue recibido personalmente por el Duce. Frank dejó claro que el Führer consideraba el Mediterráneo como un «mar italiano» y que su intervención en España no tenía fines expansionistas. Cuando Mussolini, a su vez, declaró que no quería cambiar «las posiciones geográficas», hizo sin embargo una reserva a favor de las Islas Baleares, que habían sido salvadas por Italia… El punto principal de esta conversación lo subraya el Conde Ciano: «En España ya se han formado dos frentes: por un lado el frente germano-italiano, por otro el frente franco-belga-ruso. El Duce está de acuerdo con Hitler en que la determinación de los dos frentes es ya un hecho consumado. Se lanzó la idea de una alianza y una división de Europa en zonas de influencia.

Sin embargo, el gesto decisivo no se produjo hasta finales de octubre, durante el viaje del conde Ciano a Berlín. El encuentro entre los dos ministros de Asuntos Exteriores, Neurath y Ciano, el 21 de octubre, sancionado por un protocolo secreto, y la recepción de Ciano en Berchtesgaden por el Führer, dieron como resultado «un acuerdo entre los dos países sobre ciertos problemas, algunos de los cuales están actualmente candentes», declaró Mussolini en Milán el 1 de noviembre [5]. El problema más candente era, obviamente, el problema español. Se estudiaron las líneas maestras e incluso algunos detalles de la acción conjunta: en el plano diplomático, los métodos de reconocimiento del gobierno de Franco, y en el ámbito militar, el balance del esfuerzo militar realizado por cada potencia, especialmente en la fuerza aérea. Alemania e Italia constataron la concordancia de sus intereses. El enemigo contra el que se constituyó oficialmente el eje Roma-Berlín, el bolchevismo, estaba presente en España; el objetivo era eliminar de la península ibérica «cualquier amenaza comunista o incluso marxista». Para imponerse, dijo Ciano a Hitler, el Eje tenía que «asestar el golpe de gracia al gobierno de Madrid» [6].

De hecho, Roma y Berlín habían prometido ayudar a los líderes del Movimiento mucho antes de que estallara la insurrección. Este apoyo podría ser aceptado al menos por las demás potencias siempre que no implique un tráfico a gran escala. Pero el 31 de julio del 36, el anuncio de que los aviones de Savoïa-Marchetti habían aterrizado por accidente en la zona francesa de Marruecos, revelando el alcance de la intervención italiana, provocó una violenta crisis entre París y Roma.

Este incidente se vio agravado por la amenaza que suponía el ejército de Franco para Tánger. Tánger estaba bajo control internacional, pero rodeada de territorios que se habían unido a la insurrección. Los franceses insistieron en dejar que la flota del gobierno español utilizara el puerto libremente. Los italianos protestaron. Se trataba de una primera e importante prueba diplomática, ya que el uso de la base de Tánger permitiría al gobierno español dificultar considerablemente el paso de las tropas de Marruecos por el estrecho de Gibraltar. Al final, la benévola neutralidad de Inglaterra permitió a los italianos obtener una satisfacción [7].

El papel moderador e incluso pro-franquista de las autoridades británicas en este asunto refleja la opinión del gobierno británico y la división de los países occidentales. Estos dos elementos determinarán sin duda la política de no intervención.

La posición francesa

Sobre los orígenes de la propuesta francesa de no intervención, estamos bastante bien informados, en particular por las declaraciones de Léon Blum en 1947 ante la Comisión Parlamentaria de Investigación, que, en sus líneas generales, nunca han sido desmentidas. No hay que olvidar, sin embargo, que Léon Blum, conociendo el fracaso de su política española, trata aquí no tanto de defenderla como de justificarla intentando demostrar que no había, en el verano de 1936, otra política posible que la suya.

Ante el golpe de fuerza militar nacionalista, que Blum califica de «golpe de teatro», se ganó de antemano la simpatía del gobierno del Frente Popular francés para el gobierno republicano español. Pero, ¿podría esta simpatía seguir siendo platónica?

Ya el 20 de julio, Blum se enfrentó al problema planteado por la solicitud de ayuda material del gobierno de Giral: «Se le pide que llegue a un acuerdo inmediato con nosotros para el suministro de armas y aviones. No hay nada inusual en este telegrama. Aparte del interés común de las dos formaciones del Frente Popular, se refiere a un acuerdo preciso, según el cual Francia tenía el monopolio del suministro de armas a España. Giral no sólo podía dirigirse a París, sino que incluso estaba obligado a hacerlo por este tratado comercial. Blum no dudó en ese momento. Las conversaciones que mantuvo entre el 20 y el 22 de julio con Delbos y, sobre todo, con Daladier, a la sazón ministro de Defensa Nacional, sólo tenían por objeto averiguar el alcance y los medios de la ayuda que debía prestarse al gobierno español. Pero entre el 22 y el 25 de julio, fecha del Consejo de Ministros que debía decidir oficialmente el apoyo francés a la España republicana, se produjeron varios hechos nuevos.

En primer lugar, un hecho de política exterior, que es sin duda el más importante, porque tuvo una influencia considerable en Léon Blum. Durante un viaje a Londres, planeado mucho antes de los acontecimientos en España, el presidente francés del Consejo constató la hostilidad del gobierno de Baldwin a cualquier intervención en el conflicto español, hostilidad subrayada primero por una advertencia del periodista Pertinax: «No está bien visto aquí», y confirmada por el consejo de prudencia del secretario del Foreign Office, Anthony Eden. Esto sorprendió desagradablemente a Blum; toda su política exterior se basaba en el entendimiento franco-británico, que parecía más necesario que nunca ante el rearme alemán. Actuar en el asunto español sin el acuerdo e incluso contra la voluntad de Inglaterra parecía difícil desde el principio.

Su regreso a Francia estuvo marcado por un nuevo revés. Kérillis lanza una campaña de prensa en el Echo de París y hace públicas algunas medidas decididas para ayudar a España. La ofensiva comenzó con un artículo de Cartier, publicado el 23 de julio y titulado «¿Se atreverá el Frente Popular francés a armar al Frente Popular español?» Terminaba con una frase extremadamente violenta: «Uno todavía duda en creer que el gobierno pueda cometer este crimen contra la nación. Los detalles mencionados en los artículos de Echo de Paris se refieren a entregas de aviones y bombas de aviación, baterías de 75 mm y ametralladoras. Es interesante la alusión al principio de no injerencia que el gobierno francés iba a asumir una semana después.

Probablemente no se esperaba que la oposición de derechas facilitara la tarea del gobierno francés. Pero dentro del propio gobierno, Blum encontró oposición, así como en los círculos parlamentarios moderados. El Senado, tradicional terreno de la oposición conservadora, fue probablemente el más conmovido: esto explica la vehemencia de las palabras de su presidente, Jeanneney:

«Que nos lleven a la guerra por los asuntos de España…, nadie puede entenderlo. La posición radical es aún más preocupante: los radicales ocupan los dos puestos clave de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional en el gobierno francés; su paso a la oposición provocaría una grave crisis ministerial. Cabe imaginar el peso que tendría en estas condiciones la intervención de Edouard Herriot, que se une al prudente consejo de Eden y Jeanneney: «No te metas en esto» [8]: …

¿Cómo se explica el pánico en los círculos políticos franceses ante la mera perspectiva de la entrega de armas al gobierno legal de España? En primer lugar, por el pacifismo de la época. La izquierda francesa, hasta cerca de 1934, no había dejado de proclamar su apego a la paz y su deseo de salvaguardarla por todos los medios, y esto era cierto tanto en el bando radical como en el socialista. Francia aceptó sin reaccionar medidas tan graves como el rearme alemán y, más recientemente, la remilitarización de Renania, con el único temor de provocar un conflicto. La esperanza de muchos socialistas reside en un nuevo Locarno que prevén concluir con Alemania y la Italia fascista. Previó el conflicto y aceptó emprender un rearme francés que permitiera alcanzar en parte el avance alemán en el terreno militar. Pero él mismo era un moderado que no se planteaba correr el riesgo de iniciar la guerra en solitario. Se ha añadido, y el propio Blum lo afirmó [9], que la amenaza de guerra exterior iba unida en Francia a una amenaza de guerra civil: «También en Francia estuvimos a punto de sufrir un golpe de Estado militar. Hay que admitir que al menos una fracción de la derecha, muy nacionalista desde 1919, había mostrado durante algunos años una lealtad mucho menos intransigente hacia el Estado; por simpatía hacia los regímenes alemán e italiano, abogaba a su vez por una política pacifista, anteponiendo sus preocupaciones internas, agudizadas por la crisis social de 1936 y el advenimiento del Frente Popular, a sus preocupaciones externas. Esta oposición de la derecha no sólo se puso de manifiesto en los artículos del Eco de París. Blum declaró, con respecto a los acontecimientos de 1938: «Había considerables políticos en el Parlamento francés que eran representantes de Franco».

En estas circunstancias tan desfavorables, el Consejo de Ministros reunido el 25 de julio ya no se atrevió a considerar la posibilidad de ayudar abiertamente a los republicanos españoles, sino que se limitó a buscar una forma de disimular las entregas de armas; se recurrió a una venta ficticia al gobierno mexicano, que quedó libre de utilizar las armas así puestas a su disposición en favor de España… Este fue sólo el primer paso hacia atrás. Unos días después, el incidente Savoia-Marchetti podría haber permitido revertir esta concesión. Pero Blum recordó que la campaña de prensa contra su gobierno se vio alimentada por numerosos artículos extranjeros, sobre todo ingleses y belgas, que no podían dejar de golpear a la opinión pública. Para Churchill, cuya hostilidad al nazismo a partir de ese momento está fuera de toda duda, «la neutralidad inflexible es la única solución en la actualidad» [10].

Y lo que es más grave, el gobierno francés no fue ni mucho menos unánime. El Presidente del Consejo se limitó a indicar que, durante la tercera reunión del gabinete dedicada a la cuestión española, la del 8 de agosto, el ministerio estuvo dividido. Podemos ir más lejos y decir que los partidarios del suministro de armas, agrupados en torno al ministro del Aire, Pierre Cot, se encontraron en minoría ante la coalición «formada por la mayoría de los radicales y socialistas de la corriente de Paul Faure» [11]. Para invertir esta tendencia y evitar a toda costa el aislamiento en el que una política de intervención a favor de la España republicana corría el riesgo de situar a Francia, Blum sólo vio un camino: convencer a Inglaterra.

De ahí la favorable acogida que tuvo la propuesta de Noël Baker, sugiriendo que el almirante Darlan, jefe del Estado Mayor de la Marina, considerado un dirigente profundamente republicano, fuera enviado a Londres en misión. La misión de Darlan era ponerse en contacto, a través del Primer Señor del Almirantazgo, Lord Chatfield, a quien conocía personalmente, con el Secretario Permanente del Gabinete, Sir Maurice Hankey. Si Darlan pudiera convencerle de la necesidad de impedir que Franco tomara el poder, podría provocar una reunión ministerial y quizás un cambio en la actitud británica.

De hecho, es dudoso que la reunión del gabinete británico a principios de agosto hubiera cambiado algo en la actitud ya adoptada; Inglaterra veía demasiados inconvenientes en tomar partido en la Guerra Civil española. Sus intereses mineros en la península no le permitieron romper con ninguno de los adversarios. Además, los británicos preveían una vuelta a la distensión en el Mediterráneo, tras el periodo de tensión que había marcado el asunto de Etiopía en los años anteriores. Comenzaba a perfilarse un acercamiento a Roma y se preparaba un acuerdo marítimo anglo-italiano; todas ellas razones para no adoptar una posición clara y absolutamente opuesta a la de Italia. Por último, desde el punto de vista sentimental, los conservadores británicos sentían mucha más simpatía por el general Franco que por los «rojos», cuyos excesos revolucionarios habían sido ampliamente destacados por la prensa conservadora. La opinión de Lord Chatfield sobre Franco como «buen patriota español» probablemente sólo reflejaba la de la mayoría de los ministros. En estas condiciones, la misión de Darlan sólo podía acabar en fracaso. Chatfield se negó a intervenir. La política inglesa no se modificaría.

Esta tentativa frustrada marcó el último esfuerzo diplomático del gobierno francés en favor de la España republicana. El Consejo de Ministros del 8 de agosto constata el aislamiento de Francia, que sólo puede contar con Checoslovaquia y la URSS en Europa. Los ministros franceses, que aceptaron el principio de enviar a España una cincuentena de aviones destinados a la exportación de todos modos, no creyeron posible enviar material de aviación o de artillería tomado de las reservas del ejército. Blum tenía derecho a pensar que, si se continuaba con este tipo de intervención, tal política sólo tendría desventajas diplomáticas, sin ninguna contrapartida notable: los republicanos españoles recibirían poco equipo y probablemente no de la mejor calidad. Blum pensó entonces en dimitir y sólo renunció a su proyecto ante la insistencia de sus amigos españoles de Los Ríos y Asúa.

No intervención

En estas condiciones, el Presidente francés del Consejo tomó la iniciativa de proponer la no injerencia en los asuntos internos de España, propuesta que debía ser sometida a todas las grandes potencias, así como a las pequeñas potencias directamente afectadas.

La idea misma de la no injerencia, o más exactamente de la no intervención, es sin duda generosa, un principio liberal opuesto a principios del siglo XIX por Inglaterra al intervencionismo activo de la Santa Alianza y del sistema Metternich. En la mente del presidente francés del Consejo, se trataba también de una idea política: atar a Alemania e Italia mediante un acuerdo internacional, del que les sería difícil escapar, e impedirles llevar un alivio efectivo a Franco. La propuesta del gobierno francés mostraría la falta de voluntad de las potencias centrales y daría a Francia una libertad de acción mucho mayor, o bien detendría de hecho la intervención italo-alemana.

Si, además, uno está decidido a no ir a la guerra o si no se siente capaz de hacerlo, no debe impedirla en ningún caso: «Cuando uno es responsable de la paz y de la guerra», dijo Delbos el 6 de diciembre, «no tiene derecho a ceder a los impulsos sentimentales», y Blum precisó al día siguiente: «Creo que en el mes de agosto Europa estuvo al borde de la guerra, y creo que fue salvada de la guerra por la iniciativa francesa».

De hecho, el problema de un acuerdo internacional sobre la cuestión española había surgido ya el 1 de agosto. En una carta dirigida a su gobierno el 2 de agosto, el conde Welczeck preveía una acción conjunta de las cuatro potencias europeas, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, «para invitar a los grupos combatientes españoles a deponer las armas». Esta propuesta no tuvo continuidad, pero el 1 de agosto el gobierno francés hizo un llamamiento a los demás países para concluir un acuerdo de no intervención en el conflicto español. Este llamamiento fue seguido de representaciones diplomáticas en cada una de las capitales interesadas.

El apoyo de Gran Bretaña a esta propuesta se daba por descontado; lo veía como un respaldo a la actitud de estricta neutralidad que había observado hasta entonces. El memorándum del Gobierno conservador sobre el tema decía: «El Gobierno británico acogería con satisfacción la pronta conclusión de un acuerdo entre las potencias susceptibles de suministrar armas y municiones a España, para que se abstengan de hacerlo, y para impedir el suministro de armas y municiones desde sus respectivos territorios. Sin embargo, el Gobierno británico opina que un acuerdo de este tipo debe ser aceptado, en primer lugar, simultáneamente por gobiernos como los de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Gran Bretaña, que tienen grandes intereses materiales en España o están en proximidad geográfica.

Pero para lograr una declaración simultánea, es necesario el acuerdo sin vacilaciones de Alemania e Italia. Sin embargo, contra toda evidencia, el conde Ciano afirmó el 3 de agosto que no había habido «ninguna injerencia, ni siquiera indirecta, del gobierno fascista», y se escudó, para negarse a firmar la declaración francesa, en la necesidad de consultar al Duce, que precisamente estaba ausente. El ministro alemán Neurath respondió de la misma manera que, al no interferir en los asuntos internos de España, el Gobierno alemán no estaba obligado a hacer ninguna declaración y que, en cualquier caso, la URSS tendría que estar incluida en cualquier acuerdo. Estas respuestas inmediatas, y tal vez ya concertadas, preludian una serie de confusas negociaciones y tácticas dilatorias destinadas, de hecho, a ganar tiempo y a permitir que Alemania e Italia proporcionen a los nacionalistas el armamento necesario para lograr una victoria que puede imaginarse rápida en ese momento. En la respuesta enviada por el Ministro de Asuntos Exteriores italiano al Embajador francés de Chambrun el 6 de agosto, Italia planteó tres problemas,

En primer lugar, ¿qué se entiende por «intervención»? La solidaridad expresada mediante manifestaciones públicas, campañas de prensa, suscripciones, alistamiento de voluntarios… ¿no constituye ya una forma de intervención ruidosa y peligrosa? A este respecto, los italianos subrayaron la actitud de la prensa francesa y rusa, tratando así de demostrar que se había formado un bloque franco-soviético contra el que cualquier medida que se tomara sería defensiva. Del mismo modo, cuando el embajador François-Poncet amonestó al ministro de Asuntos Exteriores alemán por la ayuda a los rebeldes, Neurath le recordó repetidamente «las entregas realizadas a España». Los poderes centrales hicieron un primer punto: dar apoyo al gobierno legal de España se puso al mismo nivel que darlo a los insurgentes.

La segunda pregunta italiana pretende aclarar si el compromiso asumido por los gobiernos será vinculante sólo para los Estados o también para los particulares. Su interés radica en el hecho de que la intervención alemana e italiana se basó inicialmente en la ficción de las ventas de particulares o empresas privadas.

Por último, el Gobierno italiano plantea el problema de los «acuerdos de control». Esta objeción es mucho más grave. El proyecto de declaración francés sólo preveía «comunicaciones de gobierno a gobierno», lo que no podía constituir un verdadero control de las medidas adoptadas. ¿Era posible ese control? ¿El propio gobierno francés creía absolutamente en su eficacia, o se habría contentado con una declaración de principios que hubiera tranquilizado a la opinión pública y hecho más embarazosa la ayuda espectacular a los nacionalistas? En cualquier caso, hay pocas dudas de que ni los italianos ni los alemanes habrían aceptado un control efectivo. Sus demandas están diseñadas esencialmente para alargar las cosas.

Berlín también hizo preguntas que el gobierno francés no pudo responder. Mientras el embajador francés informa de las respuestas favorables de varios gobiernos, belgas, ingleses, holandeses, polacos, checos y, sobre todo, soviéticos, Neurath insiste en obtener promesas de Estados Unidos, Suecia y Suiza, sabiendo que Suiza se escudará en su neutralidad y que Estados Unidos siempre se negará a hacer una declaración de principios que ofendería a muchos súbditos estadounidenses. El gobierno del Tercer Reich se preguntaba también qué impedía a la Comintern actuar, aunque la Rusia soviética hubiera contraído compromisos internacionales al respecto; ¿qué control podía ejercerse sobre una organización internacional? Por último, ¿cómo se puede garantizar que las armas y los voluntarios no pasen por la frontera francesa? Le expliqué», escribió el conde Velczeck el 10 de agosto, «que Francia, como país fronterizo, se encontraba en una situación privilegiada y que la exportación de armas, así como el paso de voluntarios por los pasos pirenaicos, era muy difícil de controlar para el gobierno» [12]. 12] En realidad, la frontera portuguesa era igualmente importante, pero no parece que el gobierno francés haya considerado oportuno plantear este argumento, sin duda por temor a demostrar la ineficacia o la insuficiencia de su plan.

Además, a pesar de estas objeciones, no parece que Alemania o Italia quieran oponerse formalmente a un acuerdo. Ninguna de estas potencias parece, en este momento, realmente dispuesta a iniciar un conflicto europeo. Alemania aún no estaba totalmente comprometida con la guerra de España. Hitler no creía que una prohibición en principio dificultara considerablemente el tráfico con la rebelión. Por ello, el 17 de agosto, el gobierno alemán se declaró dispuesto a suscribir el acuerdo propuesto, siempre que la decisión fuera válida para otros estados y para las empresas privadas.

Para superar estas objeciones constantemente renovadas, Francia adoptó medidas diplomáticas. Suiza y Estados Unidos, aunque se niegan a firmar ningún documento, se han declarado dispuestos a aplicar el embargo. Italia trató de aplazar la conclusión del acuerdo, pero acabó admitiendo el proyecto francés, con muchas reservas. El 21 de agosto se entregó al embajador francés su aceptación de principio. Así, la mayoría de las potencias europeas se adhirieron al principio de no injerencia, e incluso proclamaron oficialmente la prohibición de exportar armas a España. Tanto los moderados franceses como los conservadores británicos podían estar satisfechos: el riesgo de un conflicto general se había reducido.

Pero la objeción italiana relativa a las modalidades de control aún debe ser abordada. La verdad es que el gobierno italiano tiene poco interés en un control serio. Por ello, se limitó a pedir la creación de una comisión formada por delegados de las potencias y encargada de supervisar la aplicación del embargo. A nadie se le ocurrió señalar que esta comisión iba a asumir una autoridad que correspondía por derecho al organismo internacional que era la Sociedad de Naciones. Tal vez el fracaso de esta asamblea en el asunto de Etiopía esté demasiado cerca. Es, en cualquier caso, una clara señal del descrédito en el que ha caído.

El Comité de Londres

Todos los poderes están de acuerdo con el principio de crear una comisión. Pero su función exacta no estaba definida. Para el gobierno francés, debía permitir establecer un contacto permanente entre los distintos países y, por consiguiente, un control real: era necesario, pues, otorgarle poderes políticos. Para los gobiernos italiano y alemán, que no tenían intención de respetar las declaraciones sobre el embargo, era necesario evitar, en palabras de Dicckhoff, que «esta institución se convirtiera en un organismo político permanente susceptible de causarnos problemas» [13]. Había una contradicción entre las dos concepciones, pero la intervención británica permitió llegar a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo sobre la definición del Comité como «una simple reunión de facto de representantes diplomáticos» y, como tal, sin poder de decisión. Las potencias interesadas acordaron que los delegados se contentarían con «intercambios de opiniones», que podrían, en ciertos casos, convertirse en un examen más preciso de las quejas presentadas.

Por último, se dio una satisfacción adicional a Italia, con el consentimiento formal de Francia: la sede del Comité de No Intervención estaría en Londres, no en París ni en Ginebra. Es notable que la iniciativa diplomática tomada por el gobierno francés en los primeros días de agosto se le escapara a finales de mes y cayera en manos de los británicos. «El Comité y sus competencias, según el encargado de negocios francés en Berlín, son más bien de invención inglesa» [14].

A pesar de la voluntad de apaciguamiento de los gobiernos occidentales, las negociaciones se prolongaron durante un mes, y hasta el 9 de septiembre no se celebró la reunión inaugural del Comité de Embargo en Londres, en la simbólica sala de Locarno. Estuvieron representadas 25 potencias, entre ellas Letonia y Luxemburgo, pero no Portugal, que había aceptado el principio de no intervención.

El único resultado práctico de esta primera reunión fue dar al Comité su nombre definitivo de «Comité Internacional para la Aplicación de la No Intervención en España». El encargado de negocios alemán en Londres, el príncipe Bismarck, se quedó con la impresión de que lo que importaba a Francia e Inglaterra no era tanto «hacer un trabajo práctico como calmar los ánimos de los partidos de izquierda de ambos países» [15]. 15] Incluso esta labor de apaciguamiento iba a ser bastante fácil en Inglaterra, donde, ya el 10 de septiembre, los sindicatos se habían declarado en contra de cualquier intervención en España, a propuesta de Sir Walter Citrine, secretario general de los sindicatos, y de Bevin, secretario de la Federación de Transportes. A principios de octubre, la Conferencia del Partido Laborista, reunida en Edimburgo, aprobó esta posición, con una votación de mandato que dio como resultado una abrumadora mayoría a favor de la no intervención.

Sin embargo, en los primeros días de octubre del 36, la situación internacional volvió a tensarse, a pesar de las precauciones tomadas por el Comité para suavizar los debates y evitar provocar demasiadas disputas. Se acumularon informes que tendían a demostrar la constante intervención en el conflicto de Italia y Portugal, a pesar de los compromisos que habían adquirido. El primero y más importante fue el expediente elaborado por el gobierno republicano español y enviado a la Sociedad de Naciones. Se trata del informe publicado el 4 de octubre por una comisión encabezada por tres parlamentarios británicos, que concluyó que Italia y Portugal habían prestado ayuda después de la formación del Comité. Finalmente, el gobierno soviético decidió hacer público un violento ataque a Alemania, Italia y Portugal, acusados de violar el acuerdo de no intervención y amenazando con retirarse del Comité: «El gobierno soviético no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que el acuerdo de no intervención sea transformado por ciertos participantes en una pantalla destinada a ocultar la ayuda militar a los rebeldes… En consecuencia, el gobierno soviético se ve obligado a declarar que, si estas violaciones no cesan inmediatamente, se considerará liberado de los compromisos derivados del acuerdo de no intervención» [16] .

Por otro lado, las violaciones del tratado de no injerencia por parte de las potencias fascistas ya se conocen por los documentos españoles. Los rusos no aportan nada nuevo. ¿Por qué han esperado a hacer este arrebato cuando ya conocían los hechos desde hace tiempo? Esto sólo puede explicarse si se admite en la primera quincena de octubre un cambio radical en la política rusa hacia el problema español.

En cualquier caso, no hubo pausa en la «ajetreada y tormentosa»[17] sesión del 10 de octubre. El Presidente del Comité de No Intervención, Lord Plymouth, presentó los documentos que se le habían entregado en su nombre y en el del gobierno británico. Se encontró con una negativa por parte de las potencias acusadas, que se limitaron a manifestar, a través de sus delegados, que los hechos contenidos en las declaraciones española y soviética eran de la máxima fantasía. El representante portugués, que ahora formaba parte del Comité, adoptó una actitud aún más brutal: abandonó la sala de reuniones, dejando claro que no dejaba de ser miembro del Comité … Si los rusos querían demostrar la total impotencia del Comité de No Intervención, lo consiguieron plenamente.

Una vez más, fue el delegado francés, Corbin, embajador en Londres, quien salvó al Comité por su moderación; pidió al gobierno ruso que propusiera «los procedimientos que prevé para hacer efectivo el control». «El ardor del Primer Ministro francés por mantener el acuerdo de no intervención no está en duda y su representante ha desempeñado un papel especialmente saludable en las recientes discusiones del Comité», escribió el Times el 13 de octubre. La reunión se aplazó sin especificar cuándo debería celebrarse la siguiente, ya que era necesario obtener primero las respuestas de los tres gobiernos infractores.

Estas respuestas no se produjeron. Era el momento de los mayores éxitos militares de Franco, y cualquier tipo de control, sobre todo en la frontera portuguesa, al dificultar la llegada de refuerzos y armas, corría el riesgo de comprometer la rápida victoria esperada por los nacionales. Ya el 6 de octubre, el gobierno ruso había pedido que se enviara una comisión de investigación a la frontera hispano-portuguesa; pero sin la aceptación de Portugal, tal medida, aunque fuera adoptada por el Comité de Londres, sería inviable. El delegado ruso pidió entonces la vigilancia de la costa portuguesa. Esta nueva reivindicación fue recibida con una respuesta negativa por parte de Lord Plymouth. En estas condiciones, era difícil prever una solución diplomática.

La ayuda prestada por el gobierno soviético a los republicanos españoles a partir de octubre sirvió de pretexto a las potencias del Eje para relanzar la discusión. A partir de entonces, las sesiones del Comité de No Intervención estuvieron ocupadas principalmente por las acusaciones de los delegados alemán e italiano, por un lado, y del representante ruso, por otro. Y, como conclusión inesperada de estos debates, el 10 de noviembre el Comité de Londres decidió que estas acusaciones no estaban probadas. ¿Quién podría tomarse en serio una actitud así? Basta con leer los periódicos para encontrar abundante información sobre el desembarco de tropas italianas, la llegada de voluntarios internacionales, el uso de armas y municiones en ambos bandos. La no-mezcla se convirtió en una farsa trágica.

Esta declaración rusa fue la primera de una serie de notas redactadas oficialmente para el Comité de Londres; iba a provocar fuertes emociones. Sin embargo, no había nada injustificable en este comunicado. No se podían negar las acusaciones que contenía, y su conclusión era perfectamente lógica. Pero se aceptó que el trabajo del Comité de Londres continuara a puerta cerrada para evitar la excitación y los peligros de una discusión pública: al emitir su comunicado, Moscú rompe esta orden de silencio, y lo hace a sabiendas.

Por otro lado, las violaciones del tratado de no injerencia por parte de las potencias fascistas ya se conocen por los documentos españoles. Los rusos no aportan nada nuevo. ¿Por qué han esperado a hacer este arrebato cuando ya conocían los hechos desde hace tiempo? Esto sólo puede explicarse si se admite en la primera quincena de octubre un cambio radical en la política rusa hacia el problema español.

En cualquier caso, no hubo pausa en la «ajetreada y tormentosa»[17] sesión del 10 de octubre. El Presidente del Comité de No Intervención, Lord Plymouth, presentó los documentos que se le habían entregado en su nombre y en el del gobierno británico. Se encontró con una negativa por parte de las potencias acusadas, que se limitaron a manifestar, a través de sus delegados, que los hechos contenidos en las declaraciones española y soviética eran de la máxima fantasía. El representante portugués, que ahora formaba parte del Comité, adoptó una actitud aún más brutal: abandonó la sala de reuniones, dejando claro que no dejaba de ser miembro del Comité … Si los rusos querían demostrar la total impotencia del Comité de No Intervención, lo consiguieron plenamente.

Una vez más, fue el delegado francés, Corbin, embajador en Londres, quien salvó al Comité por su moderación; pidió al gobierno ruso que propusiera «los procedimientos que prevé para hacer efectivo el control». «El ardor del Primer Ministro francés por mantener el acuerdo de no intervención no está en duda y su representante ha desempeñado un papel especialmente saludable en las recientes discusiones del Comité», escribió el Times el 13 de octubre. La reunión se aplazó sin especificar cuándo debería celebrarse la siguiente, ya que era necesario obtener primero las respuestas de los tres gobiernos infractores.

Estas respuestas no se produjeron. Era el momento de los mayores éxitos militares de Franco, y cualquier tipo de control, sobre todo en la frontera portuguesa, al dificultar la llegada de refuerzos y armas, corría el riesgo de comprometer la rápida victoria esperada por los nacionales. Ya el 6 de octubre, el gobierno ruso había pedido que se enviara una comisión de investigación a la frontera hispano-portuguesa; pero sin la aceptación de Portugal, tal medida, aunque fuera adoptada por el Comité de Londres, sería inviable. El delegado ruso pidió entonces la vigilancia de la costa portuguesa. Esta nueva reivindicación fue recibida con una respuesta negativa por parte de Lord Plymouth. En estas condiciones, era difícil prever una solución diplomática.

La ayuda prestada por el gobierno soviético a los republicanos españoles a partir de octubre sirvió de pretexto a las potencias del Eje para relanzar la discusión. A partir de entonces, las sesiones del Comité de No Intervención estuvieron ocupadas principalmente por las acusaciones de los delegados alemán e italiano, por un lado, y del representante ruso, por otro. Y, como conclusión inesperada de estos debates, el 10 de noviembre el Comité de Londres decidió que estas acusaciones no estaban probadas. ¿Quién podría tomarse en serio una actitud así? Basta con leer los periódicos para encontrar abundante información sobre el desembarco de tropas italianas, la llegada de voluntarios internacionales, el uso de armas y municiones en ambos bandos. La no-mezcla se convirtió en una farsa trágica.

Planes de control

En un intento de abordar el problema, el gobierno británico presentó al Comité un proyecto de plan de control de material bélico destinado a ambas partes, que preveía el control de los envíos por tierra y por mar. El proyecto se debatió el 12 de noviembre y se adoptó finalmente el 2 de diciembre, a pesar de la abstención de Portugal. La duración de las negociaciones se debió a una nueva maniobra de Alemania e Italia; utilizando una táctica que ya había sido empleada con éxito, declararon que las propuestas británicas eran insuficientes y exigieron, además, el control aéreo, cuya vanidad no es necesario subrayar en ausencia de representantes de la Comisión de Control de los campos de aviación. Una vez aceptado el principio de control por parte de las grandes potencias, y puesto que la vigilancia debía realizarse en las fronteras terrestres y en los puertos españoles, era necesario obtener el acuerdo de los dos gobiernos españoles, lo que difícilmente podía esperarse.

Además, durante esta misma reunión del 2 de diciembre, se planteó un nuevo problema, que a partir de entonces pasaría al primer plano de las negociaciones, el de los voluntarios. Blum dijo a Welczeck que era urgente detener «la entrada de combatientes y material de guerra» [18]. Esta urgencia no debería ser tan evidente para las grandes potencias, ya que las discusiones iban a durar todo el mes de diciembre. Ciertamente, esto no fue culpa del gobierno francés; al contrario, se declaró dispuesto a consentir «el control no sólo de la frontera pirenaica, sino también de sus emplazamientos de tropas y de sus aeródromos, de sus fábricas de armas y de otras instalaciones» [19]. 19] Era una propuesta inútil, ya que Francia era la única potencia que consideraba tal sacrificio.

Para acabar con esto, el gobierno británico abandonó temporalmente su idea de control y se limitó a pedir que cada gobierno prohibiera a sus nacionales realizar actividades militares en España a partir del 4 de enero de 1937. Incluso este proyecto, tan limitado en su aplicación, no consiguió la aprobación. Rusia se niega a aceptar una decisión incontrolada. Alemania, Italia y Portugal declararon que el problema de la intervención no debía resolverse parcialmente. A finales del 36, las conversaciones habían fracasado hasta tal punto que incluso los británicos renunciaron a continuarlas en el Comité de Londres y el Ministro de Asuntos Exteriores alemán consideró «renunciar en general a mantener el sistema de comités».

Este cansancio general no impidió que se reanudaran las negociaciones cuando, el 8 de enero, Alemania e Italia, actuando de pleno acuerdo, enviaron una respuesta en la que se declaraban «dispuestos a aceptar que la cuestión de los voluntarios sea objeto, como se ha solicitado, de un acuerdo especial que prohíba su reclutamiento y su salida en una fecha temprana»: de hecho, el gobierno italiano, por sí solo, habría estado encantado de reanudar su táctica dilatoria, pero se vio obligado a contar con su aliado alemán. Este último no parecía dispuesto a llevar las cosas demasiado lejos. Considera que el Comité de No Intervención es una excelente pantalla, que no debe ser demolida. Todavía había muchos dirigentes en Berlín que apreciaban la actitud británica y no querían provocar una disputa con el gobierno de Londres. Así, en una nota entregada el 25 de enero, los dos gobiernos declararon que ya habían introducido una legislación «que les faculta para prohibir la salida de voluntarios»: sólo esperaban el acuerdo de las potencias para ponerla en práctica. Sin embargo, esta buena voluntad se vio limitada por el hecho de que Berlín se negó a permitir que los agentes de la Comisión de Control operaran en los puertos alemanes. El control dentro de España también quedó descartado por las respuestas negativas de los nacionalistas y republicanos.

Por lo menos se pudo ver una salida a las interminables discusiones que se venían dando desde la formación del Comité. El proyecto de control aéreo fue abandonado de mutuo acuerdo por considerarlo inviable. Tanto el control terrestre como el marítimo debían ser eficaces y el gobierno alemán, considerando suficiente el sistema germano-italiano establecido en España, exigía ahora un aumento del número de agentes y puestos. Sin duda, los ciento cincuenta inspectores que se repartirán por la frontera francesa nunca podrán detener por completo el contrabando. Y esto es aún más cierto en el caso de la frontera portuguesa, que es más fácil de cruzar, más larga que la francesa, y está vigilada por igual número de inspectores…

La vigilancia marítima se confió a una patrulla naval internacional [20]. Pero en lugar de establecer un control conjunto, el proyecto dividió la costa española en cinco sectores, cada uno de los cuales fue confiado a la guardia de una de las grandes potencias. El 26 de febrero, la URSS, que era responsable de la vigilancia del Golfo de Vizcaya, renunció a participar en el control, sin duda por no querer ocupar unas fuerzas navales ya insuficientes con una tarea obviamente inútil. Además, confiar a Alemania e Italia la tarea de vigilancia en el mar, cuando Italia, en particular, había contribuido en gran medida a suministrar buques de guerra a la España de Franco, podría parecer una burla…

Pero es cierto que el establecimiento de un control puede obstaculizar formas de intervención demasiado visibles; y por primera vez, el Comité de Londres puede ser tomado en serio. Incluso Portugal admitió finalmente la necesidad de aceptar el control; el acuerdo anglo-portugués, alcanzado el 21 de febrero, preveía, como hemos visto, el uso de 150 observadores en los puertos y puntos de tránsito. Incluso se fijó la fecha del 8 de marzo para el comienzo de la aplicación de las medidas de vigilancia: en una primera etapa, los oficiales encargados de dirigir el control llegarían al lugar; pero su trabajo no se haría efectivo hasta que se hubieran reclutado todos los agentes necesarios.

En la mente del gobierno británico, esto es sólo un primer paso. Detener el flujo de voluntarios hacia España en marzo o abril de 1937, cuando la guerra llevaba casi nueve meses, fue relativamente fácil, ya que la mayoría de los extranjeros que habían venido a luchar a España ya habían cruzado la frontera. Para garantizar que se respete realmente el principio de no intervención, Inglaterra propuso que los voluntarios fueran devueltos a su país de origen. En este punto, cualquier posibilidad de acuerdo se disipó rápidamente. El representante italiano, Grandi, cuyo lenguaje destemplado había contribuido a menudo a agravar las discusiones, declaró fríamente en medio de una reunión del Comité que los voluntarios italianos «no abandonarían el suelo español antes de la victoria completa y definitiva de Franco». La noticia de la derrota italiana en Guadalajara no hizo más que acentuar esta posición, ya que Mussolini no podía imaginarse abandonar España después de un fracaso tan humillante.

Así, sólo la aceptación del control terrestre y naval podría limitar la intervención de las potencias en el conflicto español. Pero la entrada en vigor del control en la noche del 19 al 20 de abril de 1937 demostró rápidamente la inutilidad de esta política. Hacía nueve meses que había comenzado la guerra española. Habían sido necesarios ocho meses y medio de negociaciones para llegar a un resultado cuyos límites estaban claros para todos, y que se pondría en cuestión ya en mayo: ¡ocho meses y medio de discusiones ineficaces para llegar a un acuerdo que duraría menos de un mes y medio!

Detrás de esta vana palabrería, hay una realidad diplomática mucho más preocupante. Hemos visto dos aspectos de la misma: la formación del eje Roma-Berlín, pronto seguido por la firma del pacto Anti-Komintern, al que se adhieren Alemania, Italia y Japón; el aislamiento de Francia, que duda en seguir la alianza rusa, y que busca un apoyo inglés a menudo reticente. El 7 de diciembre, Blum admitió: «Un cierto número de nuestras esperanzas y previsiones se han visto efectivamente engañadas». Después de diciembre, el error político francés aparecería aún más claro, en la medida en que la intervención italo-alemana no hizo más que acentuarse.

Notas

[1] Discurso de Lloyd George ante los Comunes tras la toma de Gijón. Citado por Bowers.

[2] Sobre el sistema político provisional y la formación del gobierno de febrero del 38, véanse los capítulos V y VI.

[3] Archivos secretos en la Wilhelmstrasse.

[4] Había una vieja disputa entre alemanes e italianos por la influencia en los Balcanes. La amenaza alemana contra Austria había provocado una violenta reacción del gobierno italiano, que no era muy favorable a la instalación de fuerzas nazis en el Brennero: se temía que se reavivaran las disputas sobre el Tirol.

[5] Discurso del Duomo.

[6] Archivos del Conde Ciano.

[7] Véase la parte I, capítulo VII.

[8] Las declaraciones de Blum a la Comisión de Investigación.

[9] Ibid.

[10] Churchill. Diario político.

[11] Colette Audry. Léon Blum o la política de los justos.

[12] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[13] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[14] Ibid.

[15] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[16] Nota del 7 de octubre de 1936; entretanto, las protestas del Gobierno republicano habían sido transmitidas al Comité de Londres.

[17] Véase Le Temps.

[18] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[19] Ibid.

[20] En principio, debe ejercerse en el límite de las aguas territoriales (es decir, a 3 millas de la costa) y en alta mar (a 10 millas de la costa).

II.2: La intervención italo-alemana

• La intervención italiana
• Participación de Italia en operaciones militares
• La ofensiva contra el Málaga (febrero 37)
• Deudas italianas
• Intervención alemana
• El Hisma
• Acuerdos mineros germano-franceses
• Adhesión al Pacto Anti-Komintern
• Notas

En España, desde el momento en que se organizó un complot para derrocar el régimen republicano, los monárquicos y los militares pensaron naturalmente en la ayuda que podía prestarles la Italia fascista: ello a pesar de la repugnancia que los monárquicos y los católicos españoles podían sentir por un régimen que se había impuesto por la fuerza a la realeza, y cuyo acuerdo con la Iglesia era aún precario. No se trata de una simpatía de principio, sino de una comunidad de intereses, que es algo mucho más fuerte.

Los primeros contactos se remontan a varios años atrás [1]. El aviador Ansaldo, que pilotaba a Sanjurjo en su primer intento de pronunciamiento, como haría el 20 de julio de 1936, se reunió con Balbo en 1932, y éste le prometió apoyo italiano. Tras el fracaso del golpe de fuerza, Ansaldo volvió a ir a Roma en 1933, acompañado por Calvo Sotelo.

Ese mismo año, el partido nazi tomó el poder en Alemania. En vísperas del Movimiento, Sanjurjo hizo un viaje a Berlín para asegurarse también el apoyo de Hitler. Los ánimos vinieron ciertamente de Berlín; pero el rearme alemán estaba todavía en sus inicios: parece que el gobierno del Reich, cauteloso, prometió su apoyo sólo unos días después del comienzo de la insurrección. A pesar del deseo de Roma y Berlín de que se instalara en Madrid un régimen simpatizante, está claro que ambos gobiernos eran conscientes del riesgo de fracaso. Incluso el Portugal de Salazar, más interesado en la desaparición de la República Española, y cuya proximidad permitía que la propaganda de izquierdas se ejerciera peligrosamente contra el gobierno presidencial, respetó ciertas formas; y el aeródromo del que iba a despegar el avión de Sanjurjo al inicio de la insurrección era un aeródromo improvisado, lo que explica en parte el accidente del que sería víctima el líder del Movimiento.

La intervención italiana

Sin embargo, Italia dio garantías más serias en 1934. El 31 de marzo se llegó a un acuerdo entre los dirigentes monárquicos españoles y los representantes del gobierno fascista, y se prometieron suministros de material. En cuanto los soldados rebeldes tuvieron la seguridad de un éxito, aunque fuera parcial, la ayuda prometida no tardó en llegar.

Por lo tanto, la intervención italiana fue rápida y masiva desde el principio. A partir de entonces, se haría todo lo posible durante la guerra para ayudar a Franco y asegurar su victoria. Los líderes fascistas consideraban la empresa nacionalista como un asunto personal. Mussolini vio la acción en España como una oportunidad para ejercer su liderazgo militar. Multiplicó sus conferencias militares, dio órdenes a la marina italiana de «impedir la llegada de barcos a los puertos rojos». Su propio hijo, Bruno, iba a ejercer su talento como aviador en las Baleares.

El gobierno del Duce hizo de la victoria en España una cuestión de prestigio. Esta guerra supuso tanto una oportunidad para hacer triunfar las armas italianas sobre un adversario distinto de las tribus etíopes como para crear importantes bases estratégicas en el Mediterráneo. Así aparece la doble política italiana que pretende imponerse en los Balcanes y en España, tanto en el Mediterráneo oriental como en el occidental. El poder de la intervención italiana no puede explicarse por consideraciones ideológicas. Es cierto que la lucha contra el «bolchevismo» continuó en España y la lucha de los soldados italianos se presentó como la de los «cruzados del ideal». Pero esto era sólo una fachada. Para Mussolini, la supremacía en el Mediterráneo era vital. Y el eje Roma-Berlín sólo pudo formarse después de que los alemanes le aseguraran que no tenían ambiciones en esta región.

Hay mucho en juego. Se ha hecho un esfuerzo considerable para convencer a la población italiana de ello, pero sigue siendo visiblemente reacia. Ni siquiera los altos funcionarios, como el ministro de la Marina Cavagnari, mostraron el entusiasmo que el Duce quería transmitirles. Si el fascismo se lanzó de lleno a la aventura española, las masas italianas no le siguieron.

Las tropas enviadas a España pueden haber estado compuestas en parte por voluntarios, tomados en particular de entre los oficiales en activo. Las memorias de Ciano lo atestiguan: «Cupini me pidió un mando en España, y yo le di la satisfacción en el acto. Pero el nombre dado a las fuerzas italianas de Corpo truppe volontarie (C.T.V.) no debe inducir a error: el reclutamiento se organizaba de forma muy oficial en las oficinas militares y en los cuarteles generales de los fasci, donde nunca se habló de partir hacia Abisinia o hacia un «destino desconocido». Y la mayor parte de los soldados destinados a España fueron probablemente seleccionados automáticamente entre las tropas ya entrenadas: al principio, eran principalmente los que habían luchado en la campaña de Etiopía.

En cualquier caso, no se trataba de grupos aislados, sino de un verdadero cuerpo expedicionario, con sus propias banderas y líderes: al principio el general Roatta estaba al mando; durante la campaña de Vizcaya lo cedió a Bastico, que fue sustituido más tarde por Berti y luego por Gambara. Aunque su uso en batalla seguía siendo responsabilidad del cuartel general de Salamanca, el C.T.V. conservaba su personalidad.

Los soldados italianos no llegaron a España en gran número hasta noviembre del 36, cuando su presencia era necesaria para asegurar un rápido éxito de los nacionales. Pero a partir de ese momento, el esfuerzo realizado fue considerable. El 29 de diciembre, Hassel anunció la salida de 3.000 «camisas negras», precedidos y seguidos por un contingente de 1.500 especialistas. El 14 de enero del 37, anunció un nuevo refuerzo de 4.000 hombres. Al mismo tiempo, se hicieron los preparativos para el envío de una división, que debía partir entre el 22 y el 26 de enero.

Estas expediciones traerían a España más de 50.000 hombres antes de principios de febrero de 1937 y permitirían formar y equipar cuatro divisiones. Más tarde, el número de italianos que luchaban en España sería ligeramente inferior: Mussolini dijo a Gœring, a finales de enero de 1938, que había 44.000 hombres; el 1 de julio de 1938, según la embajada alemana, había 40.075, a los que hay que añadir unos días después 8.000 hombres enviados como refuerzos: en total, la cifra se acercaba a los 50.000 hombres. Si añadimos los especialistas no contabilizados y si pensamos que las cuatro divisiones presentes en Guadalajara se redujeron a dos después, debemos admitir que en marzo del 37, el momento en que los italianos eran más numerosos, no debían ser menos de 70.000. Eden habló de 60.000, y ciertamente está subestimando la verdad. Esta adición parece tanto más importante cuanto que, al mismo tiempo, las fuerzas que Franco y Mola podían poner en línea no debían superar los 250.000 hombres.

Al principio del conflicto se necesitaban técnicos para utilizar el equipo aéreo que permitiera a las tropas de Franco cruzar el Estrecho de Gibraltar. El tiempo era esencial y no había tiempo para entrenar a los aviadores españoles. Los aviones de transporte y bombardeo que acudieron a Marruecos, y luego a Sevilla, iban acompañados de sus tripulaciones. Es cierto que la presencia de estos aviones en un número relativamente grande -se vieron seis bombarderos Caproni al mismo tiempo en el aeródromo de Sevilla [2]- así como los submarinos italianos contribuyeron eficazmente al transporte de las tropas moras y de la Legión.

También fue la presencia de la aviación italiana en las Islas Baleares lo que permitió a los nacionales rechazar el intento de reconquista de Mallorca por parte de las tropas gubernamentales, que estaban bastante bien armadas pero carecían de defensa antiaérea. A partir de ese momento, la isla de Mallorca fue la principal base de los aviones «legionarios» italianos, que hay que distinguir de los aviones entregados directamente a Franco. Los italianos, dijo Mussolini a Ribbentrop, tenían tres campos de aviación y barcos permanentes en Mallorca. Desde esta isla salían los aviones para realizar incursiones casi diarias en Valencia y Barcelona. Sin duda, Mussolini y Ciano vieron en la ocupación de Mallorca el establecimiento de una base estratégica que, por su posición, reforzaría considerablemente el poder italiano en el Mediterráneo. Sin embargo, en ningún momento se planteó por parte española la cesión de este territorio; al contrario, Franco insistió en todas sus declaraciones en que no toleraría ninguna invasión extranjera en territorio español. Este fue probablemente el primer malentendido que contribuyó a explicar las numerosas quejas italianas por los gastos realizados para los nacionalistas españoles y nunca reembolsados.

Italia no se limitó a enviar aviones, bombarderos Caproni o Savoia-Marchetti, cazas Fiat o Arado -entregó más de 700 en total- cuya presencia, por muy valiosa que fuera, no bastó para dar la victoria a las tropas de Franco. Tras los primeros fracasos, Roma centraría sus esfuerzos en el ámbito naval. En este último punto, la ayuda italiana se intensificó considerablemente: entrega de dos submarinos y dos destructores a finales de agosto del 37, según las memorias de Ciano, y de cuatro nuevos submarinos en septiembre, etc… Aunque apenas es posible, basándose en fuentes demasiado a menudo contradictorias, establecer un balance exacto de la ayuda material recibida por los nacionalistas, algunas cifras citadas por el coronel Vivaldi pueden servir de base: 1.930 cañones, más de 10.000 armas automáticas, 950 tanques. Los blindados y la artillería acompañaron a las tropas que podían participar desde febrero del 37.

Participación de Italia en operaciones militares

Las divisiones italianas se reunieron en torno a Sevilla durante los primeros meses de 1937, antes de ser enviadas a los dos frentes separados del Sur y de Madrid. El embajador alemán en Salamanca, Faupel, señaló el 7 de enero que había 4.000 «camisas negras» en Sevilla; otros 2.000 se dirigían a este punto de reunión. Esperaba que todas estas tropas pudieran estar comprometidas en una quincena. De hecho, habrá un ligero retraso. Y Roatta apenas pudo poner más de 5.000 hombres a disposición del Mando Sur para la primera operación en la que iban a participar las tropas de la C.T.V. Fue sólo una pequeña maniobra local, que llevó a la ocupación de Estepona, en el sector de Málaga, el 15 de enero, y de Marbella el 17. La gran operación prevista contra Málaga se pospuso, pero sólo por unos días, ya que el 18 de enero Faupel informó de 20.000 hombres con dos grupos de artillería y 1.800 camiones en los alrededores de Sevilla.

Es normal que los italianos, armados y equipados en el sur, se pusieran bajo el mando del general Queipo de Llano para participar en la única operación a gran escala que se había emprendido durante toda la guerra en este sector. Por otra parte, la maniobra, prevista desde diciembre, no parecía presentar grandes dificultades, a pesar de lo montañoso del terreno; sería, pues, una excelente prueba para las fuerzas de Roatta. Aunque el defensor de Málaga, el coronel Villalba, no disponía de tropas sólidamente organizadas y carecía de armamento, especialmente de artillería, el Ejército del Sur había preparado cuidadosamente su ofensiva. El plan demasiado audaz de rodear a los defensores de Málaga con Motril fue abandonado en favor de una maniobra convergente: las tropas españolas avanzaron por la costa, mientras que tres columnas italianas procedentes de Antequera, donde Roatta había establecido su cuartel general, de Loja y de Alhama, se desplazaron por el interior hacia la ciudad. A lo largo de la costa, los cruceros Canarias (desde donde Queipo supervisaba las operaciones) y Baleares apoyaron la ofensiva. Las fuerzas comprometidas por Roatta eran todavía limitadas: tres regimientos italianos, dos regimientos mixtos, dos compañías de tanques, apoyados por la fuerza aérea con base en Sevilla.

La ofensiva contra el Málaga (febrero 37)

La batalla de Málaga puede considerarse una de las primeras operaciones de blitzkrieg realizadas con los medios mecanizados de que disponían los atacantes. La ofensiva comenzó el 3 de febrero, pero no hubo contacto real hasta el día 5, lo que demuestra la debilidad de la defensa republicana. En la tarde del día 5, los tanques penetraron profundamente en la carretera Antequera-Málaga. A pesar del mal tiempo, que retrasó las operaciones e impidió la intervención de la aviación en las primeras horas, la victoria fue extremadamente rápida. En la mañana del día 8, las primeras tropas nacionalistas entraron en Málaga; el día 10, Motril fue ocupado. Miles de prisioneros, decenas de miles de refugiados que obstruyen las carreteras y facilitan el avance de los italianos, y la derrota general del ejército republicano, fueron resultados alentadores para la C.T.V. La ocupación de Málaga tenía una importancia política considerable porque era una ciudad «roja», pero también era una base de abastecimiento esencial. Los italianos podían equipar más fácilmente sus divisiones, que ahora se dirigían todas a Madrid.

El tamaño de las fuerzas italianas hizo casi imposible disimular la ayuda material y humana prestada a Franco. Así, desde la toma de Málaga, Roma ya no intentó ocultar su intervención. Por el contrario, se hizo hincapié en que la operación se había llevado a cabo con «voluntarios», que fueron los tanques y la infantería italianos los que alcanzaron y superaron la ciudad. Incluso en la prudente Inglaterra, el Manchester Guardian no dudó en calificar la batalla de Málaga como una victoria italiana.

El 9 de marzo, el ataque comenzó en el sector de Guadalajara. A las cuatro divisiones enteramente italianas, mandadas por los generales Rossi, Coppi, Nuvolari y Bergonzoli, se añadieron las brigadas mixtas de las «Flechas», las Flechas Azules y las Flechas Negras, cuyos cuadros fueron suministrados por oficiales italianos. Estos contingentes españoles bajo mando italiano permanecerían hasta el final de la guerra y no dejarían de estar en contacto con la C.T.V., hasta el punto de que en los últimos meses las Flechas se incorporaron a la C.T.V.

Al comienzo de la batalla de Guadalajara, la ofensiva estaba dirigida, con el apoyo de la división española Moscardo, por las divisiones Coppi y Nuvolari, equipadas con un importante material que incluía tanques ligeros. Las otras dos divisiones italianas permanecieron en la reserva. Pero la maniobra cobró impulso y pronto participaron todas las fuerzas de la C.T.V., con doscientos tanques. Ya conocemos el resultado. Fue un fracaso, una estampida, cuyas consecuencias militares no deben exagerarse, pero que supuso un duro golpe para la moral italiana. Mussolini tenía grandes expectativas en la C.T.V.». La derrota de las fuerzas internacionales», escribió a Mancini, «será un éxito de gran importancia tanto política como militar. El 2 de marzo, el Gran Consejo Fascista se congratuló de la próxima victoria, que marcaría «el fin de todos los designios bolcheviques sobre Occidente». De nuevo, el 9 de marzo, los italianos se burlaron de sus aliados españoles: «¿Por qué tantos meses para tomar una ciudad indefensa?

Pero la feroz resistencia del adversario, su propaganda a través de panfletos y altavoces, afectó rápidamente a la moral de los legionarios que creían estar en una marcha triunfal. El día 16, se recordó a los oficiales sus responsabilidades: «Las tropas carecían de impulso» y «tendían a sobrestimar al enemigo». Era necesario crear «un estado de exaltación» mostrándoles que sus enemigos eran «los hermanos de aquellos a los que las escuadras fascistas habían apaleado en las carreteras de Italia». Pero unos días después, la situación se deterioró aún más. Algunos «camisas negras» se hirieron voluntariamente, otros desertaron. «Incluso las mejores y más valientes tropas tienen cobardes en sus filas. Es demasiado tarde para detener el vuelo. Los propios comandantes italianos pidieron a Franco que relevara a la C.T.V.

Esta derrota, tras los alardes de los dirigentes italianos, provocó las bromas de sus aliados; los alemanes de Salamanca decían que, por muy judíos y comunistas que fueran, los hombres de la 11ª brigada luchaban como alemanes y sabían dar una paliza a los italianos. Los hombres de Moscardo los cantan:

Guadalajara no es Abisinia.

Los españoles, incluso los rojos, son valientes.

Menos camiones y más c …

Pero hay asuntos más serios que las canciones o incluso los incidentes que pueden estallar entre españoles y legionarios, como en Tánger el 26 de marzo. Guadalajara fue una dura derrota para el fascismo. Los italianos habían demostrado que no estaban dispuestos a morir por el ideal de Mussolini.

El alto mando italiano, decepcionado, aceptó limitar el poder ofensivo del cuerpo expedicionario. Las cuatro divisiones italianas se redujeron a dos, la Littorio y la 23 de Marzo; sólo las brigadas Flecha se mantuvieron como estaban. Las farsas así reconstituidas ofrecerían una mayor capacidad de resistencia. Los inútiles y los incapaces ya no se pondrán en la línea. A partir de esa fecha, Italia ya no enviaría grandes contingentes, salvo para reemplazar las pérdidas sufridas. Estos fueron pesados: más de 1.500 muertos y heridos en Guadalajara. Durante los primeros veinte meses de la guerra, los italianos tuvieron 11.552 hombres muertos, heridos o desaparecidos en España [3]. El número total de muertos fue de 6.000.

Estas pérdidas, naturalmente, aumentaron la amargura de los fracasos. Los dirigentes y generales italianos, que habían defendido una intervención masiva con la esperanza de un gran éxito militar y una rápida victoria, se preguntaron si sus tropas debían permanecer en España. A su vez, culpan al mando español de los errores cometidos. «Nuestros generales están preocupados, y tienen razón», dijo Ciano [4]. El propio Mussolini mostró su impaciencia. En varias ocasiones, a partir de diciembre de 1937, se habló de una retirada de voluntarios. Pero estas eran principalmente expresiones de mal humor. Los intereses italianos en este asunto eran demasiado grandes para que se planteara seriamente la posibilidad de abandonarlos. Al final, el C.T.V. se quedaría hasta el final «para dar pruebas de la solidaridad italiana» [5].

Deudas italianas

Los italianos participaron así en el triunfo de Franco. Pero lo pagaron muy caro, no sólo por la pérdida de vidas humanas y el abandono de gran parte del equipo pesado, sino también por las considerables sumas de dinero que supuso la operación. Mancini me dijo», informó Faupel el 18 de enero de 1937, «que Italia había comprometido hasta ahora 800 millones de liras en el asunto español» [6]. El propio Mussolini declaró, durante una entrevista con Gœring, que el gasto a finales del mismo año 37 era de cuatro mil quinientos millones de liras [7]. 7] Alcanzaría los catorce mil millones al final de la guerra. Una parte de las sumas así gastadas sería reembolsada por el gobierno nacionalista, pero sólo una parte. Los italianos pensaron entonces en buscar una compensación en posibles beneficios económicos. Pero también aquí los resultados fueron decepcionantes. A principios de 1937, Mancini se quejó de que Italia «no había ganado nada, por así decirlo, de España»[8].

Las relaciones comerciales mejorarían posteriormente. Ciano observó con satisfacción, en noviembre del 37, la llegada de 100.000 toneladas de hierro, especialmente necesario para la industria bélica italiana. Todavía se pueden prever otras compensaciones: «También hay, según Mussolini, un problema político» [9]. Los italianos querían que «la España nacionalista, salvada por las ayudas italianas y alemanas de todo tipo, permaneciera estrechamente vinculada a su sistema». Por otra parte, el aspecto financiero del problema también está vinculado al aspecto político. «Sólo si España permanece en nuestro sistema podremos ser compensados plenamente. Este sistema era el eje germano-italiano. Mussolini preveía que la España de Franco se uniera al Pacto Antikomintern.

Pero, a nivel práctico, los resultados de las negociaciones políticas entre Rame y Burgos fueron escasos. La esperanza de establecer bases estratégicas en España se vio defraudada. El único punto importante marcado por Italia fue el acuerdo del 28 de noviembre del 36, cuyo objetivo era oficialmente «desarrollar y reforzar» las relaciones entre los dos países. El acuerdo incluía, en primer lugar, un pacto mediterráneo: las dos potencias debían seguir una política común y prestarse apoyo mutuo en el Mediterráneo occidental; además, había un pacto de no agresión, una promesa de neutralidad benévola en caso de conflicto y, por último, una promesa de entendimiento económico, sancionada por la aplicación de un arancel preferencial al país cofirmante. Sin embargo, es notable que el primer compromiso que asumió Italia al firmar el protocolo fue el de prestar a España «su ayuda y apoyo para la conservación de la independencia e integridad del país, tanto de la metrópoli como de las colonias». Esto significa que Italia ha renunciado a toda esperanza de recibir una compensación territorial por sus gastos no reembolsados. «Damos nuestra sangre por España, ¿no es suficiente?», preguntó Ciano en marzo de 1938. A decir verdad, Italia también dio mucho dinero, en vano.

Intervención alemana

Al menos en este ámbito, la moderación alemana contrasta con la temeridad del gobierno fascista. Ciertamente, Alemania tenía menos interés inmediato en el Mediterráneo que Italia, y para su gobierno la victoria total de Franco no era absolutamente necesaria. Es indudable que Berlín no busca ninguna ventaja política en España, pues los alemanes no se hacen ilusiones al respecto: no imaginan que el nacionalsocialismo pueda introducirse nunca en España, y la simpatía de los dirigentes alemanes hacia Franco será siempre muy matizada. Por lo tanto, un acuerdo que eliminara la extrema izquierda y alejara a España de una alianza con Occidente se consideraría una solución satisfactoria en Berlín. Asimismo, uno de los intereses de la guerra era «exponer» la oposición natural entre Italia y Francia.

Además, los círculos militares no tenían una confianza ilimitada en las capacidades de los generales españoles, incluido Franco. En este punto, además, los estados mayores italiano y alemán estaban completamente de acuerdo y no dudaron en enviar a Burgos consejos que, en general, no fueron seguidos. En cualquier caso, la Wehrmacht no quería comprometer demasiadas fuerzas en una aventura que consideraba inútil.

Sin duda, el gobierno nazi estaba interesado en el éxito final de Franco. Pero su ayuda en términos de hombres sería siempre bastante pequeña. Según el general Sperrle, en noviembre del 36 llegaron a Cádiz 6.500 alemanes. Pero esta llegada masiva fue excepcional. Los alemanes nunca serían más de 10.000 hombres. A menudo eran especialistas y cuadros. Algunos oficiales y suboficiales fueron destinados a la formación de cuadros españoles, en particular para asegurar la formación de los falangistas. La carta escrita desde Salamanca el 10 de diciembre de 1936 por el embajador Faupel así lo atestigua: «Solicito de la manera más apremiante el mayor número posible de oficiales o suboficiales de habla hispana, reservistas. Pido que el comandante Von Issendorf se desprenda de la inspección de caballería para hacerse cargo de la formación de la Falange. También enviar al mayor Von Frantzius, retirado del Instituto Iberoamericano [10], como jefe de una formación de la escuela de infantería, al mayor Siber, retirado, para que se encargue de la formación de las unidades de inteligencia. La llegada de estos cuadros y sin duda de algunos refuerzos, en el transcurso de enero del 37, explica el agradecimiento dirigido por Franco a Roma y Berlín.

Los oficiales mencionados aquí servirían en unidades españolas. Pero la mayoría de los técnicos alemanes se agruparon en una formación especial, la «Legión Cóndor». Organizado a partir de noviembre del 36, cuando la resistencia republicana se hizo más intensa, nació de la presencia, antes de esa fecha, de un grupo de técnicos, entre los que se encontraban en particular especialistas en artillería antiaérea, y de aviadores. Berlín aceptó enviar personal, pero puso condiciones imperativas: las formaciones alemanas estarían bajo la dirección de un jefe alemán, único asesor de Franco en este sentido. Un comando alemán se instaló en el Hotel Maria-Christina de Sevilla, bajo la dirección del Coronel Warlimont. Así se formó una fuerza efectiva, cuyo grueso estaba constituido por la fuerza aérea: un grupo de bombarderos, un grupo de cazas y un escuadrón de reconocimiento reforzado. Se le añadieron tres regimientos de la D.C.A., varias unidades de transmisión y algunos destacamentos del ejército y la marina, cuatro compañías de tanques, cada una de ellas con doce tanques, y una compañía de detectores. El mando fue ejercido por aviadores: Sperrle, luego Von Richthofen.

El reclutamiento se organizó cuidadosamente. Había un personal en Berlín llamado W… cuyo jefe era el general de la fuerza aérea Wilberg. Los hombres de la legión Cóndor eran ciertamente nombrados de forma automática, pero las ventajas que se les concedían, un salario elevado y el atractivo de la aventura representaban a menudo un argumento determinante para ellos. El aviador Galland cuenta cómo fue elegido para España, al igual que muchos de sus compañeros que desaparecieron repentinamente durante un periodo de seis meses. Fue convocado a la oficina de la W … oficina, que se encargaba de organizar la salida de los «voluntarios» y les proporcionaba ropa de civil, papeles y dinero. Los aviadores se marcharon bajo la pacífica apariencia de turistas enviados de vacaciones pagadas por la organización «Work through Joy». Su dirección postal seguía siendo Berlín. Galland, que fue asignado automáticamente, estaba sin embargo satisfecho con su destino y parecía encontrar muy interesante participar en la guerra española. Cuando llegó a España, de nuevo con un uniforme marrón y olivo, se incorporó finalmente a la Legión Cóndor. Con su grupo de cazas, se desplazaba de un frente a otro en función de los combates, siempre donde el peligro era más preciso: los aviadores alemanes se apodaban a sí mismos «bomberos de Franco». El Caudillo reconoció el valor de su ayuda; lo subrayó en particular en un discurso dirigido al último comandante de la Legión Cóndor, Von Richthofen, con ocasión de su desfile de despedida. La eficacia de este apoyo, aunque menos importante que el de Italia, se explica sobre todo por la perfecta organización que presidió esta empresa y por el valor del material alemán puesto al servicio del ejército nacionalista.

En efecto, la guerra de España había permitido comprobar la eficacia de estos equipos. La ayuda en armas proporcionada por Alemania obviamente superó con creces el equipamiento de la legión Cóndor. De hecho, gran parte del equipamiento del que disponían los nacionalistas era de origen alemán. Franco tenía un hombre de confianza en Berlín que, incluso antes del reconocimiento del gobierno nacionalista, se encargaba de dar todos los detalles necesarios sobre las necesidades de armas y municiones del ejército de Franco. El material llegó primero a través de los puertos gallegos o del sur controlados por los nacionalistas o a través de Portugal, donde los vapores Kamerun y Wigbert fueron denunciados el 22 de agosto de 1936. Tras la proclamación del embargo de las armas destinadas a España, se habló incluso de enviarlas a través de Holanda. Pero estos desvíos eran muy complicados, aunque el gobierno alemán había sido advertido de la urgencia de las necesidades nacionalistas: «Es la superioridad del material la que tomará la decisión», escribió Voelckers en septiembre del 36. Por lo tanto, el transporte de municiones tomaría una ruta más directa. Si, según el general Sperrle, en noviembre de 1936 sólo había una escuadra de bombarderos Junker 52, una de cazas Heinkel 51, una de hidroaviones Heinkel y una batería de cañones antiaéreos de 88 mm, luego se añadieron grupos de aviación -cuatro escuadras de doce bombarderos, igual número de cazas, doce aviones de reconocimiento-, compañías de ingenieros, baterías antiaéreas pesadas, trenes de búsqueda…

Esta fuerza, que sin duda fue muy útil en los primeros meses de la guerra, se volvió insuficiente cuando los equipos rusos comenzaron a llegar a los republicanos. Los primeros aviones alemanes eran lentos y los combates de la guerra española pusieron de manifiesto sus deficiencias en comparación con los aviones rusos, o incluso con los Savoïa-Marchetti italianos. Sin embargo, poco después de la llegada de Galland a España, a principios de mayo del 37, llegaron nuevos aviones desde Alemania. Los bombarderos eran los Heinkel 111 y los Dornier 17, los cazas, que dieron a las fuerzas aéreas franquistas una superioridad aérea total, fueron los aviones más rápidos y maniobrables utilizados durante el conflicto, los Messerschmitt 109, que reaparecerían durante las campañas de Polonia y Francia.

El Hisma

El equipo y las municiones alemanas siguieron enviándose a España durante toda la guerra, excepto durante el breve periodo de la crisis checoslovaca de septiembre-octubre de 1938. Los alemanes habían puesto en marcha una verdadera empresa comercial y no descuidaron la rentabilidad del negocio español. Por supuesto, era Hitler quien dirigía personalmente las operaciones y tomaba las decisiones importantes, como hacía Mussolini en Italia. Pero una vez dadas las órdenes, su ejecución estaba en manos de la Auslandsorganisation. El almirante Canaris, jefe de la Abwehr, es decir, de los servicios de inteligencia alemanes, estaba al mando: pero fue un miembro de la organización, Johannes Bernhardt, un empresario residente en Marruecos, quien desempeñó el papel principal en España. Bernhardt creó una empresa de transportes, la Hispano-Marroqui de Transportes (Hisma Limited para abreviar), para facilitar la ayuda alemana a Franco, cuya primera operación, el 2 de agosto, fue transportar tropas marroquíes a España.

A la Hisma que operaba en España le correspondió una empresa exportadora creada en Alemania con la ayuda del general Gœring [11], la Rowak. La instalación del tándem Hisma-Rowak permitió evitar la multiplicidad de transacciones y los movimientos demasiado llamativos de los representantes de Franco y Mola en Berlín. A partir de ahora, todos los envíos de material pasarán por estas empresas. En particular, Hisma transportaba el material de guerra descargado en Lisboa o en los puertos nacionalistas. Pero el tráfico pronto fue más allá de un simple envío de material, y la empresa siguió desarrollándose. En octubre de 1936, Von Jagwitz, confidente de Gœring, que dirigía a Rowak en nombre de la Auslandsorganisation, instaló sus oficinas en doce habitaciones de la Columbus Haus de Berlín. La organización dispone ahora de una flota.

El poder de esta empresa y la autoridad real que Bernhardt tenía tanto en Berlín como en los círculos nacionalistas permitieron al representante de Hisma actuar en beneficio de los intereses alemanes en España. Una de las preocupaciones más constantes del gobierno de Berlín era hacer que Franco reconociera las deudas que debía pagar Burgos. Ya en octubre del 37, Stohrer evaluó los gastos o pérdidas en dinero sufridas por Alemania hasta ese momento, para presentar la factura al gobierno nacionalista: «Los daños sufridos por los alemanes se evalúan en 90 millones de marcos, más un sobregiro por suministros a España de 70 millones de marcos. Hacia el final de la guerra, el subsecretario Weizsäcker vuelve a dar cuenta de los gastos realizados: Ya no se trata de los daños a las personas, sino de los gastos de mantenimiento de la legión Cóndor hasta noviembre del 38; por un lado, los gastos de personal, 75 millones de Reichsmarks, y por otro, los gastos de material y equipo, que fueron mucho más elevados, ascendiendo a más de 190 millones de Reichsmarks; hay que suponer que esta estimación está aún muy por debajo de la realidad, ya que una nota de Sabath afirma que los gastos totales ascienden a 500 millones de Reichsmarks [12].

Lo que Berlín pide es, de momento, sólo un reconocimiento de deuda. Los alemanes querían ser pagados, pero no necesariamente en dinero. En 1939, la España nacionalista no pudo devolver las sumas adeudadas a Italia y Alemania. Todo lo que podía hacer -y haría con respecto a Berlín- era aceptar el principio de reembolso en plazos anuales. En este sentido, es notable que Alemania haya obtenido una satisfacción más completa que Italia.

En realidad, las exigencias de Berlín eran más vagas y más amplias. Es la «restauración del germanismo en España». Una nota del Stôhrer, fechada el 14 de abril de 1939, hace un balance de la penetración alemana en España: acuerdo policial, acuerdo cultural de enero del 39, que asegura ventajas considerables para ambas partes contratantes, creación de institutos culturales que se benefician de desgravaciones fiscales, colegios alemanes en España que podrán otorgar diplomas de la misma manera que los colegios superiores en Alemania, cooperación cultural asegurada por intercambios de estudiantes, profesores y asistentes, comunicación de emisiones de radio, películas, pero también la garantía de que ciertas obras literarias proscritas por razones políticas en cada país lo serán en el otro.

En este balance positivo hay que incluir la promesa de un trato preferente para los alemanes que regresen a España para reanudar su trabajo, el Tratado de Amistad Hispano-Alemán, sobre el que volveremos más adelante, y la adhesión de España al Pacto Antikomintern, que supone un éxito conjunto para Italia y Alemania.

Desde el punto de vista económico, durante la guerra no hubo ningún tratado que regulara el comercio entre España y Alemania. El único acuerdo existente expiró a finales de 1936 y sólo se renovó por un año.

En estas condiciones, todas las negociaciones que tuvieron lugar se basaron en un único texto, de alcance e interpretación muy generales: el protocolo del 15 de julio del 37. Este protocolo, firmado por el Embajador Faupel y el Ministro Jordana, establece que «los dos gobiernos tienen un deseo real de ayudarse mutuamente en el suministro de materias primas, productos alimenticios y artículos manufacturados y semimanufacturados de especial interés para el país importador». Asimismo, cada uno de los dos gobiernos tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, los intereses de exportación de la otra parte. Todo esto es muy vago. España piensa principalmente en equilibrar su balanza de pagos exportando productos agrícolas a Alemania.

Acuerdos mineros germano-franceses

Pero el problema al que Berlín concedía mayor importancia era el de las empresas mineras de propiedad alemana en España, que debían enviar materias primas esenciales para la industria bélica alemana. Desde el comienzo de la Guerra Civil, los alemanes se interesaron por los recursos minerales de España y del Marruecos español, como el cobre, el wolframio y el bronce. En enero del 37, se informó que las minas de hierro de Zeghenghen, cerca de Melilla, eran operadas por personal alemán. La ocupación de las minas de cobre de Río-Tinto, y luego la conquista de Asturias, hicieron del aprovechamiento del mineral español la principal preocupación de las autoridades alemanas en España.

El 20 de enero, Faupel escribió que se había prometido a la empresa Hisma que podría recibir hasta el 60% de la producción de las minas de cobre de Río Tinto. Y, a principios del año 38, Bernhardt, haciendo un balance de las exportaciones mineras a Alemania durante el pasado año, indica que se han enviado más de dos millones y medio de toneladas, entre ellas 1.600.000 toneladas de hierro, procedentes ya en parte de Bilbao [13]. Estas cifras son considerables; sin embargo, para estar seguro de mantenerlas, Berlín necesita no sólo una promesa española de exportación, sino también el control alemán de la producción. Para ello, Bernhardt recibió el encargo de negociar la creación y el control financiero de las empresas mineras en nombre de Hisma.

Sin embargo, esta vez, la penetración económica alemana encontró una gran resistencia. El obstáculo fue un decreto del 9 de octubre del 37, emitido bajo la influencia de un grupo de técnicos y financieros españoles [14]. Este decreto anuló las concesiones mineras otorgadas desde el inicio de la Guerra Civil. Oficialmente, el objetivo era denunciar las concesiones que pudieran haber hecho las autoridades valencianas. En realidad, Alemania es el objetivo directo: la ley no permite a los extranjeros tener una participación financiera superior al 30% en las empresas mineras. Tal vez esta decisión deba verse a la luz de los esfuerzos de los países anglosajones en la misma época por acercarse a la España nacionalista (antes de la guerra, Inglaterra recibía la mayor parte de los minerales españoles).

Alemania apeló a los sentimientos de amistad de los nacionalistas. Estamos comprometidos, dice Bernhardt en su informe, «en una guerra económica»; tenemos «derecho a esperar suministros inmediatos de España» [15]. El objetivo era crear una empresa privada, Hisma-Montana, para adquirir todas o parte de las acciones de las empresas mineras, cuya explotación controlaría Alemania. Debemos», dice Bernhardt, «poner nuestra influencia diplomática, militar y cultural al servicio del único objetivo a alcanzar, nuestro dominio económico.

Desde el 12 de octubre de 37, los funcionarios de Hisma protestaron contra el decreto de las empresas mineras. Este fue el inicio de una serie de gestiones diplomáticas encaminadas a obtener al menos una participación del 50% en estas empresas; la primera reunión, el 20 de octubre, entre Jordana y dos delegados de Hisma, Pasch y Klingenberg, se celebró; los españoles rechazaron la «igualdad de trato recíproca» exigida por los alemanes. El 3 de noviembre del 37 tuvo lugar una reunión entre Bernhardt y el Secretario General Nicolás Franco: se dieron dos apaciguamientos: en primer lugar, la promesa del gobierno de Burgos de que las demandas formuladas por Hisma serían examinadas tan pronto como se formara un verdadero gobierno[16]; en segundo lugar, el consejo de enviar una solicitud a la Junta de Burgos para obtener la autorización de continuar los trabajos mineros en curso; esta solicitud sería recibida favorablemente.

Pero las relaciones entre Alemania y España habían entrado en una fase difícil. Fue imposible, incluso para el embajador Stöhrer, obtener promesas firmes del Generalísimo. Además, se crearon dificultades para la entrada de mercancías alemanas en España [17], se denegaron los permisos de importación. Gœring, partidario de la vía dura, habló de enviar a Jagwitz a Salamanca para «poner una pistola en el pecho de Franco»… De hecho, lo que Berlín no había podido obtener en lo inmediato, la extensión de la guerra y la necesidad de equipamiento de Franco le permitirían finalmente adquirirlo.

Las negociaciones fueron llevadas simultáneamente por Bernhardt, en nombre de la Hisma-Rowak, y por el nuevo embajador Von Stöhrer, preparado por su pasado para tal tarea, un hombre brillante, pero en la tradición de los diplomáticos conspiradores [18]. El planteamiento conjunto que hicieron al Generalísimo el 20 de diciembre demostró que «Hisma y la representación del Reich eran una misma cosa»[19]. La actitud de Franco durante esta conversación no fue muy alentadora: «Me ha sorprendido -dijo- que la Hisma, a la que he encomendado la regulación del comercio y los pagos, pretenda también adquirir y en secreto derechos mineros. No obstante, admitió la formación de una comisión mixta para estudiar casos particulares. Finalmente, una nueva ley de minas dio satisfacción a los alemanes en junio de 1938. La participación del capital extranjero en las empresas mineras españolas se fijó en un máximo del 40%, y no se descartó la posibilidad de aumentar este porcentaje. La ley», dice Bernhardt, «nos ofrece la plena posibilidad de participar en la explotación del subsuelo español como queríamos.

Sin embargo, el decreto está redactado de tal manera que sólo depende de la buena voluntad de los españoles que los alemanes puedan obtener la mayoría o la igualdad en las empresas mineras que exigen. Por ello, Bernhardt propuso que el 20% de este capital se ofreciera a la suscripción pública y fuera comprado por los nominados españoles de Hisma-Montana. Evidentemente, esta solución sólo podría aplicarse si el gobierno aceptara hacer la vista gorda. La amenaza de suspender las entregas de armas y municiones fue suficiente para que los nacionalistas, cuyos suministros de material dependían totalmente de Roma y Berlín, cedieran. En noviembre de 1938, cinco sociedades anónimas se hicieron con los derechos mineros de Hisma-Montana[20]. Según los términos de la ley, a Alemania le correspondía el 40% de las acciones; en realidad, estaba previsto aumentar la participación alemana, que en la empresa Aralar, por ejemplo, podría alcanzar el 35% del capital.

Al mismo tiempo, considerando que la ley minera sólo se aplicaba a la península y no a Marruecos, Hisma-Montana compró importantes acciones en las empresas mineras del Rif, y el gobierno nacionalista aceptó garantizar la fundación de una empresa llamada Mauritania, con sede en Tetuán, que sería totalmente alemana. Las negociaciones económicas germano-españolas supusieron otros beneficios sustanciales para Hisma a través de «varias empresas bajo su gestión» [21].

Se otorgó un papel especial a Nova, que no sólo debía encargarse de la construcción de la red de radio española, sino que también tenía previsto desempeñar un importante papel en la reconstrucción económica de España tras la guerra, el armamento aéreo, el equipamiento del ejército, el transporte, las tareas de defensa económica, el aumento de las exportaciones españolas a Alemania, las inversiones y el suministro de maquinaria.

Este es el balance del progreso económico realizado. Berlín había gastado mucho y había hecho un gran esfuerzo material; pero, aparte de que parte de este equipo era recuperable, otra parte era en cualquier caso demasiado obsoleta para ser de alguna utilidad para la Wehrmacht. Por último, las lecciones aprendidas de los combates, y el hecho de que los productos mineros esenciales para el rearme alemán estaban llegando y seguirían llegando durante toda la guerra mundial, compensaron con creces los costes incurridos.

Adhesión al Pacto Anti-Komintern

Políticamente, los resultados fueron menos satisfactorios. Sin embargo, se firmaron dos acuerdos: el primero fue el protocolo del 20 de marzo de 1937, que parece haberse inspirado en gran medida en el acuerdo italo-español; incluye consultas sobre problemas de interés político común, el principio de no agresión y la idea de neutralidad benévola en caso de guerra con una tercera potencia. Pero no fue hasta el final de la guerra civil que se firmó un verdadero tratado de amistad, válido por cinco años a partir del 31 de marzo de 1939, y redactado en términos mucho más precisos y serios que el protocolo del 37. Sin embargo, no se trataba de un tratado de alianza incondicional.

El 27 de marzo de 1939 se firmó en Burgos un protocolo por los embajadores de Italia, Alemania y Japón, así como por Jordana, entonces ministro de Asuntos Exteriores del gobierno nacionalista: la España de Franco se adhería al Pacto Antikomintern. Como esperaba Mussolini en 1937, entró en el sistema de alianzas del Eje. Independientemente de los tiras y aflojas que pudieran surgir entre los aliados [22], una deuda financiera y moral unía a Franco con sus socios.

Notas

[1] Estos contactos se conocen sobre todo por los libros de Ansaldo y Lizarza.

[2] Informe del cónsul alemán, Draeger.

[3] De los cuales 2.352 muertos y 198 desaparecidos.

[4] Diario del Conde Ciano.

[5] Participó en numerosas operaciones en el frente norte, en Bilbao y Sautander, en el ataque de ruptura al norte de Teruel y en los combates en el bucle del Ebro. Véanse los extractos de la prensa italiana de marzo del 38 citados por Jacquelin.

[6] Archivos de la Wilhelsmstrasse.

[7] Entrevista Mussolini-Gœring de noviembre de 1937, reportada por Ciano.

[8] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[9] Citado por Ciano.

[10] El propio Faupel era, cuando fue elegido embajador en España, director del Instituto Iberoamericano de Berlín desde 1934. Es interesante observar el reclutamiento de agentes alemanes de las agencias oficiales.

[11] Gœring se encargaba personalmente de todo lo relacionado con la guerra de España, desde las negociaciones económicas hasta el apoyo aéreo.

[12] Es cierto que la nota del consejero de la legación Sabath añade «intereses simples y compuestos» a la suma debida por los suministros directos al año español.

[13] Sólo en el mes de diciembre, los envíos de mineral de hierro desde Bilbao ascendieron a 90.000 toneladas; las exportaciones desde Marruecos ascendieron a 100.000 toneladas.

[14] Incluyendo a Zabala, director de las minas de Vizcaya.

[15] Informe Bernhardt sobre el proyecto Montana, 4 de noviembre de 37. Archivos secretos en la Wilhelmstrasse.

[16] Se formó dos meses después.

[17] Informe del Stöhrer del 27 de noviembre.

[18] Durante la Primera Guerra Mundial, fue primer secretario de la embajada de Madrid y fue destituido por ser sospechoso de haber participado en un complot contra el Conde de Romanones.

[19] Archivos secretos de la Wilhelmstrasse.

[20] Son: la Compañía de Exploraciones mineras Aralar, de Tolosa; la Compañía explotadora de Minas Montes de Galicia, de Orense; la Sociedad anónima de Estudios y Explotaciones mineras. Santa Tecla, de Vigo; Compana de Minas Sierra de Gredos S. A., de Salamanca; Compana minera Montanas del Sur, de Sevilla.

[21] Lo mismo ocurre con la Société Agro, que ha comprado y explota fincas en los alrededores de Sevilla, y sobre todo Sofindus, que posee el 90% de las acciones de una fábrica de corcho, Corchos zum Hingste, la Compaña General de Lanos, la Sociedad Exportadora de Pieles, la Société des Transports Marion, que es la única que proporciona todo el transporte a Sofindu.

[22] La reunión que se celebró entre el general Franco y Gœring en mayo de 1939 fue la ocasión de una serie de dificultades entre España y Alemania y provocó la repentina retirada de Bernhardt.

II.3: La ayuda rusa y las Brigadas Internacionales

• La Rusia de Stalin y la guerra de España
• Neutralidad inicial
• El punto de inflexión del otoño 36
• Ayuda material
• Ayuda rusa: los hombres
• Los primeros voluntarios internacionales
• Las Brigadas Internacionales
• Reclutamiento de brigadas
• La base de Albacete
• Organización de las brigadas
• Notas

Para los rusos, como para los italianos y los alemanes, España era un campo de experiencia. La prueba aquí fue principalmente material. Pudieron obtener una valiosa información sobre el valor de sus armas en relación con las de las potencias fascistas, de los Ratos rusos en relación con los Messerschmitt, por ejemplo. Aprendieron serias lecciones de la experiencia de la guerra: el uso masivo de la artillería, la necesidad de maniobras profundas adaptadas a las nuevas técnicas de combate, el uso de partisanos contra un ejército organizado. Muchos de los cuadros militares rusos habían hecho un curso de formación en España que estaba lleno de lecciones.

Por otra parte, es necesario subrayar desde el principio que, sin la contribución del equipo ruso, la resistencia republicana no habría podido durar más allá de 1936.

La Rusia de Stalin y la guerra de España

Sin embargo, esta ayuda indispensable nunca fue suficiente. Las tropas republicanas carecieron constantemente de material de aviación, armas antiaéreas e incluso armas ligeras durante todo el conflicto. A partir de esta constatación, no se puede presentar como un esfuerzo de solidaridad sin reservas un relevo que fue lo suficientemente largo como para permitir la continuación de la lucha, pero que, si hubiera sido más generoso, sin duda habría inclinado la balanza definitivamente a favor de la República Española. Esta observación ha llevado incluso a algunos políticos, especialmente a antiguos comunistas españoles, a atribuir a los dirigentes rusos un maquiavelismo extraordinario, suponiendo al final una simplicidad y continuidad a la política de Stalin [1] que se contradice constantemente con los hechos durante este periodo.

En realidad, sin considerar otros problemas que los planteados por el conflicto español, es posible identificar tres actitudes sucesivas en la política de la URSS durante este periodo:

• primero, una posición de neutralidad de facto, acompañada de ostensibles expresiones de simpatía y solidaridad
• a partir de octubre de 1986, un esfuerzo considerable de ayuda militar que se correspondía con una postura enérgica a favor de la República en el Comité de No Intervención,
• Finalmente, a partir del verano del 38, se produjo una progresiva ralentización de la ayuda militar que condujo al abandono total de la República.

Neutralidad inicial

Durante los primeros meses del conflicto, la URSS se negó a intervenir a favor de la revolución española. El gobierno de Stalin no tenía ninguna razón para alentar o ayudar a las organizaciones revolucionarias, la C.N.T.-F.A.I. o el P.O.U.M., cuyo papel era esencial en aquel momento y que no tenían ninguna simpatía especial por su régimen político. Además, no existían relaciones diplomáticas entre la URSS y España; se hablaba de establecerlas, pero cinco años de gobierno republicano no habían sido suficientes para lograr tan escaso resultado. Finalmente, España es, a los ojos de Stalin, sólo un elemento muy secundario en una situación internacional preocupante. Rusia no quiere estar en el centro de ningún conflicto. Teme el aislamiento, vive todavía del recuerdo de los años de posguerra que enfrentaron a todas las potencias europeas, a Estados Unidos y a Japón con el «bolchevismo», sobre el fracaso de la revolución en Hungría y Alemania. Con Stalin, renunciando a la extensión de la Revolución Mundial, intentó construir el «socialismo en un solo país» y, al mismo tiempo, protegerse mediante un sistema de alianzas externas. La llegada de Hitler fue una amenaza directa. La conclusión del pacto franco-soviético (pacto Laval-Stalin) en 1934 fue una respuesta, un primer paso hacia la seguridad. Sin embargo, esta alianza seguía siendo frágil y sólo podía considerarse eficaz si se ampliaba a Gran Bretaña, que apenas parecía estar dispuesta a hacerlo. La actitud vacilante del gobierno de Léon Blum y, finalmente, su posición a favor de una neutralidad prudente no estaban ciertamente destinadas a animar a Stalin a lanzarse a una aventura arriesgada en España. Por eso, cuando se lanzó la campaña de no intervención, la URSS se sumó sin dudarlo. El 31 de agosto se publicó en Moscú, al igual que en Occidente, el decreto por el que se prohibía «la exportación, reexportación y tránsito en España de toda clase de armas, municiones, material de guerra, aviones y buques de guerra». De hecho, este decreto sólo se respetó durante un mes como máximo. A mediados de octubre comenzó a llegar a España material ruso, cargado en barcos rusos o extranjeros.

El punto de inflexión del otoño 36

Hubo, pues, un primer punto de inflexión, debido a diversos factores, pero que, al final, todos tendieron a modificar la política rusa en la misma dirección. En primer lugar, la emoción general suscitada en el mundo, y más concretamente en los círculos de izquierda de los países occidentales, por el pronunciamiento de Franco y la reacción popular. Parece imposible que el «país del socialismo» se mantenga al margen del movimiento general de ayuda a España, pues de lo contrario perdería muchos de sus partidarios en el extranjero. Se repetirá con insistencia que los dirigentes de los partidos comunistas occidentales, Maurice Thorez en particular, se hicieron eco de las preocupaciones de los militantes ante la inminente derrota del Frente Popular español, que, tras el fracaso de las fuerzas de izquierda en Italia y Alemania, había despertado en ellos grandes esperanzas.

Pero sobre todo, a pesar de la moderación mostrada por el gobierno de Moscú, el conflicto español se había extendido demasiado como para seguir manteniéndose al margen. La intervención de los nazis y, sobre todo, de los fascistas italianos era demasiado evidente: la victoria del general Franco aparecería ante todos como su victoria y, en consecuencia, como un fracaso de la política de la URSS, por lo que la intervención rusa en aquel momento pretendía aparecer, a los ojos de los gobiernos de Londres y París, como una acción a favor del statu quo europeo, al servicio de la democracia y la paz [2].

Tal vez valga la pena mencionar también una razón de política interna: la epopeya española distrae la atención de una parte de la opinión militante de la URSS de las purgas que están en proceso de golpear a los opositores de Stalin [3]; además, bajo la apariencia de ayuda a la República Española, es posible pedir a los trabajadores rusos un esfuerzo de producción adicional que contribuirá sin duda a la consecución de los objetivos fijados por el Plan Quinquenal de 1933.

En cualquier caso, la decisión de intervenir en España fue anunciada a principios de septiembre, según Krivitsky, en una conferencia de altos funcionarios celebrada en la Lubyanka y a la que asistió Orlov, que iba a ser uno de los representantes no oficiales pero todopoderosos de la policía de Stalin en España. Como esta decisión era contraria a los principios afirmados por la URSS y las demás potencias del Comité de No Intervención, había que mantenerla lo más discreta posible; se crearon empresas privadas, desde principios de ese mes, que se encargarían de la compra y el transporte de armas desde Rusia, vía Odesa, hasta España.

Ayuda material

Las salidas se sucederán, desde octubre de 1936 hasta febrero-marzo de 1937, a razón de treinta a cuarenta barcos, de tonelaje variable, por mes. Los envíos de ropa y suministros, ya importantes antes de octubre, aumentaron con la considerable extensión de la actividad del «Comité Interior de Ayuda al Pueblo Español». La URSS envió gasolina y camiones, lo que no estaba prohibido por el pacto de no intervención, pero sobre todo armas y aviones. Más del 50% de los aviones utilizados por los republicanos entre agosto del 36 y abril del 37 procedían de la URSS. Según un documento del Departamento de Estado estadounidense, el 25 de marzo del 37, de los 460 aviones republicanos, había 200 cazas rusos, 150 bombarderos y 70 aviones de reconocimiento. Se trataba principalmente de bombarderos Katiousha y cazas 1.15 y 1.16, superiores a los primeros aviones alemanes, pero muy inferiores a los Messerschmidt. Casi todos los tanques eran también de origen ruso: los de 12 y 18 toneladas eran rápidos y estaban bien armados [4]. Sin embargo, no eran lo suficientemente numerosos y a menudo se utilizaban mal, aunque constituían equipos de un valor al menos igual al de los adversarios, que procedían de Alemania e Italia. Los cañones, cuyo suministro será modesto, son principalmente cañones de campaña de 76 y cañones pesados de los que carece el ejército republicano.

Además, no todo el equipo que vino de Rusia fue traído por barcos rusos, y no era necesariamente equipo ruso. Tampoco era siempre de la mejor calidad: el presidente Aguirre hablaba de fusiles «que databan de la guerra de Crimea» y Krivitsky, refiriéndose a las compras realizadas en Polonia, Checoslovaquia e incluso Alemania, de «equipos viejos, pero útiles». Esto no tiene nada de extraordinario: los equipos franceses que cruzaron la frontera durante las primeras semanas también eran viejos y a veces estaban en mal estado. España no sólo fue un campo de pruebas para las nuevas armas, sino que también proporcionó un medio para deshacerse del viejo equipo que atascaba los parques militares a buen precio. No hay que olvidar que este tráfico tenía un aspecto comercial.

La URSS no dio sus armas a la República como tampoco lo hizo Alemania a Franco: desde las primeras negociaciones se previó que el oro del Banco de España financiaría los suministros.

El envío de la mayor parte del oro español a Rusia dio lugar posteriormente a violentas controversias entre los dirigentes republicanos. Hoy se reducen a una sola pregunta: ¿la responsabilidad de la operación recayó únicamente en Negrín, entonces ministro de Economía, o la compartió con otros, Largo Caballero, presidente del Consejo, Prieto, ministro de Defensa Nacional? En el momento del avance de Franco sobre Madrid, un Consejo de Ministros decidió poner a salvo el oro del Banco de España. Se realizó un primer traslado, de Madrid a Cartagena. El 25 de octubre de 1936, el oro -unos 510.079.529 gramos- fue enviado a Odesa bajo la supervisión de cuatro funcionarios españoles. Prieto culpó a Negrín del envío. Álvarez del Vayo respondió que la decisión había sido tomada por Largo Caballero y Negrín y que se había mantenido informado a Prieto. Es cierto, en cualquier caso, que el primer traslado a Cartagena se hizo con la aprobación de los ministros, y es poco probable que una decisión tan importante como la salida del oro de España pudiera haberse tomado sin el acuerdo del Presidente del Consejo [5].

El envío del oro a Rusia llega en un momento en el que la ayuda rusa es más importante. Es muy posible que una gran parte se haya utilizado para pagar la compra de armas en el extranjero. Además, el tráfico provocado por la guerra española no fue despreciable para un comercio exterior mediocre como el de la Rusia soviética: España se convirtió en su segundo cliente, y el volumen de negocio de este comercio se multiplicó por veinte en comparación con el periodo de preguerra.

Obviamente, este tráfico era muy difícil de ocultar: la longitud de la travesía, que atravesaba todo el Mediterráneo, facilitaba la detección de los convoyes, y los subcapitanes italianos controlaban fácilmente su paso en el Mediterráneo central. La ayuda de Rusia sirvió de pretexto a Alemania e Italia para contraatacar al Comité de No Intervención e intentar enfrentar a la URSS con los países occidentales. También permitió a Gran Bretaña mantener una ficción de neutralidad, alegando que mantenía un equilibrio entre los dos beligerantes. Stalin temía quedarse solo en las conversaciones diplomáticas, como les ocurría demasiado a menudo a sus representantes en el Comité. Por otro lado, tras el fracaso de Franco frente a Madrid, la esperanza de una rápida victoria de los nacionalistas desapareció. La prolongación de la guerra fue tal vez favorable a la política rusa: vio el conflicto español como un escollo que desviaba parte de las fuerzas alemanas e italianas.

Esto explica tanto el mantenimiento como la reducción de la ayuda rusa. Además, la aplicación de medidas de control marítimo por parte de los poderes del Comité de Londres obstaculizó la llegada de equipos y provocó una importante disminución de los envíos a partir de la primavera de 1937. La URSS, que no disponía de recursos importantes en el mar y no le importaba comprometerlos imprudentemente, se negó a participar en el control, pero vio las costas mediterráneas de la España republicana vigiladas por buques de guerra alemanes e italianos. Por último, desde diciembre de 1936, Italia había recurrido a una auténtica piratería marítima contra los barcos rusos o que pudieran transportar material de guerra desde Rusia, con el fin de transformar las medidas de limitación del comercio de armas con España en un verdadero bloqueo. El primer torpedeo en estas condiciones parece haber sido el del Komsomol, aunque es difícil saber si fueron los nacionalistas españoles equipados con submarinos italianos o la propia armada italiana.

Ayuda rusa: los hombres

Si hay que destacar la reducción de la ayuda rusa a partir de 1937, también hay que recordar que, por pequeña que sea, fue esta ayuda la que permitió al gobierno valenciano continuar la resistencia. En varias ocasiones, incluso en el transcurso de 1938, después de la batalla de Aragón en particular, el material ruso constituyó la única ayuda externa significativa. Este hecho puede bastar para explicar la enorme influencia de los asesores rusos en el desarrollo político y militar de la España leal. Es también lo que permitió a sus adversarios acusar a Negrín de ser un «agente» de Rusia: el presidente, en realidad, había tomado una decisión política y se justificaba por negarse a caer con el único Estado que apoyaba seriamente a España en ese momento.

También hay que tener en cuenta la acción de la propaganda franquista, que «infló» sistemáticamente la ayuda soviética. Incluso si se pasan por alto algunas de las enormidades, no es raro oír hablar en el bando nacionalista de miles de hombres enviados a España. Por el contrario, lo que destaca es la debilidad numérica de las tropas rusas en España. Ya en 1939, Brasillach y Bardèche estimaron que nunca hubo más de quinientos. Otros, como Krivitsky y Cattell, admiten cifras ligeramente superiores; los rusos, en cualquier caso, nunca fueron más de un millar, esencialmente especialistas, tanquistas y aviadores, que, como los alemanes en el bando nacional, mantuvieron su propio mando e instalaciones, y se mantuvieron alejados de la población civil.

Por supuesto, estaba el papel de los «técnicos rusos»; en primer lugar, los diplomáticos, que aparentemente estaban sinceramente unidos a la causa española, pero que fueron casi todos retirados en el curso de 1937 y luego desaparecidos, ejecutados o encarcelados. Desapareció Marcel Rosenberg, primer embajador de la URSS en Madrid; desapareció Antonov-Ovseenko, cónsul en Barcelona; desapareció Stachevski [6], agregado comercial que negociaba las entregas de armas, y Michel Koltsov [7], como si no sobreviviera nadie que pudiera dar testimonio de esta intervención política, a menos que su desaparición pareciera un prefacio necesario para el abandono de España. Junto a los diplomáticos, o inmediatamente después de ellos, vinieron los asesores militares, numerosos e influyentes, pero poco conocidos y cuya verdadera identidad rara vez se establece: los generales Goriev, organizador de la defensa de Madrid y que sólo suscitaba expresiones de simpatía de quienes se acercaban a él, Grigorevich, Douglas, el jefe de los aviadores, Pavlov, el jefe de los petroleros, y Kolia, el jefe de los marineros. Entre ellos, bajo nombres falsos, se encontraban algunos de los grandes líderes militares de la guerra de 1939-45. Un primer grupo llegó el 28 de agosto, con Rosenberg, otro en septiembre y un tercero en octubre. Los generales suelen cambiar», dijo Koltsov a Regler, «vienen a aprender su oficio, y como las derrotas enseñan más rápido que las victorias, no se quedan mucho tiempo. En cualquier caso, parece que, aparte del cuartel general en el que trabajaba la misión central rusa, todos los grandes líderes republicanos tenían al menos un asesor técnico ruso en su equipo [8]. Ambos estaban constantemente vigilados por representantes de la N.K.V.D., la todopoderosa policía política, situada en España bajo la autoridad de Orlov [9]. También hay que vincular a ella a un buen número de militantes comunistas extranjeros, llegados de la URSS con el aparato de la Comintern, los Geroes y algunos otros, cuya acción era más policial que política o militar [10].

Los primeros voluntarios internacionales

A los militares rusos hay que añadir los comunistas extranjeros formados en la Unión Soviética, cuyo papel era esencial en la organización y supervisión de las brigadas internacionales, ya que prácticamente no había rusos en las brigadas, excepto, paradójicamente, rusos blancos [11].

De hecho, la intervención de tropas extranjeras en favor de la República Española, la ayuda solicitada y traída del exterior, fue al final sólo el resultado de múltiples aportaciones individuales. A diferencia de lo que ocurrió en el bando nacionalista, donde los dirigentes alemanes e italianos prepararon y organizaron el envío de contingentes armados, ningún gobierno -excepto el de la U.R.S.S., como hemos visto- tomó parte esencial en la lucha en el bando republicano. Sin embargo, fue sobre todo por iniciativa de la Comintern que se organizó esta ayuda.

Sin duda, durante los primeros meses de la guerra, en la época de las milicias revolucionarias, un pequeño número de extranjeros había acudido espontáneamente a luchar en las filas republicanas: extranjeros ya instalados en España, como el socialista italiano De Rosa, o que habían venido por algún motivo durante la sublevación, como los participantes en los juegos espartaquistas de Barcelona, que inmediatamente dieron su apoyo a los trabajadores catalanes. Así se formaron los primeros grupos de voluntarios extranjeros, a los que se sumaron militantes antifascistas italianos, alemanes, franceses y belgas de Francia. Así, la pequeña tropa formada en el frente norte y que participó en la defensa de Irún, los alemanes de la centuria Thälmann, los italianos de la columna Rosselli, los franceses de la centuria Comuna de París, los italianos de la centuria Gastone Sozzi que defendieron Madrid en la Sierra o los extranjeros que se incorporaron a la columna Durruti [12].

Pero el primer ejemplo de organización seria fue la fuerza aérea internacional creada por André Malraux. La escuadra España iba a ser de enorme utilidad, al menos en los primeros meses de la guerra, cuando los aviones de bombardeo del gobierno eran totalmente inexistentes. A pesar del escaso número de aviones de que disponían -una veintena-, los internacionales fueron los únicos que actuaron con cierta eficacia, especialmente en el bombardeo de la columna nacionalista de Medellín, como señalaría su jefe, la única operación de gran estilo realizada por los republicanos en la primera parte de la guerra. Asimismo, sus aviones de combate -unos cuarenta- relevaron eficazmente a las fuerzas aéreas republicanas, que sólo disponían de viejos Breguet. Sin embargo, estas escuadras improvisadas no podían luchar contra los aviones alemanes o italianos, más modernos y sobre todo más rápidos. Fue en Málaga donde la escuadra España llevó a cabo su última misión, tratando de proteger la retirada del fuego de ametralladora de los cazas enemigos [13].

Las Brigadas Internacionales

En noviembre del 36, apareció el primer avión ruso capaz de competir con los del enemigo. Fue también en noviembre cuando las Brigadas Internacionales se comprometieron en el frente español. Independientemente de sus inclinaciones políticas, los periodistas y escritores no dejaron de subrayar la influencia de la entrada en línea de los batallones internacionales en el endurecimiento de la resistencia republicana. Constituyeron un cuerpo de élite que participó en todas las batallas importantes hasta finales de 1938. El 7 de noviembre estaban en Madrid, el 13 participaron en los combates del Cerro de los Ángeles: en diciembre aparecieron en Teruel y Lopera, en el frente de Córdoba. En febrero-marzo del 37, lucharon en el Jarama, Málaga y Guadalajara. Más tarde, se encontraron en todas las grandes ofensivas, tanto en Brunete como en Belchite, Teruel, y finalmente en la batalla del Ebro, donde participaron en la última ofensiva republicana.

El papel decisivo que desempeñaron en todos los teatros de operaciones hizo pensar que eran una fuerza muy grande. Incluso hoy, en España, se habla de cientos de miles de voluntarios extranjeros en las brigadas. Aunque no siempre es posible fijar cifras y precisar las condiciones del combate, un estudio más serio revelará cifras infinitamente más modestas,

¿Quiénes son estos luchadores? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fueron preparados y lanzados a la batalla? Al principio, parecía que sólo había compromisos individuales en las milicias republicanas. Luego, los extranjeros se agruparon gradualmente en unidades organizadas por separado. Estos combatientes eran antifascistas, especialmente alemanes e italianos, expulsados de sus países por los regímenes de Hitler y Mussolini, y que eligieron esta oportunidad para reanudar su lucha contra estas dictaduras, pero también franceses, muchos de ellos por la proximidad del país, la facilidad con la que podían cruzar la frontera y el acercamiento natural entre los dos países, donde acababa de triunfar el Front populaire. De hecho, estos compromisos individuales no podían influir seriamente en el equilibrio de las fuerzas militares y, la mayoría de las veces, sólo añadían otro elemento heterogéneo a un ejército ya muy dispar.

A partir de finales de septiembre, se empezó a organizar la ayuda a España, en particular para el reclutamiento y el transporte de voluntarios. El núcleo del grupo se reclutó entre los dirigentes del partido comunista francés y los refugiados políticos italianos. Según Longo, el comité encargado de la contratación estaba dirigido por Giulio Ceretti, conocido como Allard. También fue un comunista, el futuro mariscal Tito, Josip Broz, quien organizó la entrega de voluntarios de Europa Central[14]. Luigi Longo – «Gallo» – compartió la responsabilidad del paso de los voluntarios con el aparato de la P.C.F. Muchos de ellos ya habían seguido los canales organizados cuando, el 22 de octubre, nacieron oficialmente las brigadas. A principios de mes, una delegación formada por tres comunistas, el italiano Longo, el polaco Wisniewski y el francés Rebière, fue recibida por Azaña y luego por Largo Caballero [15]. Los tres hombres fueron finalmente enviados a Martínez Barrio, que se encargaba de organizar las primeras brigadas del ejército regular. El acuerdo se alcanzó fácilmente, y así en noviembre de 1936 aparecieron las primeras brigadas internacionales.

Reclutamiento de brigadas

Por supuesto, el reclutamiento siguió siendo individual. Los reclutas voluntarios, procedentes de todos los países, se reunieron en Francia, desde donde llegaron en pequeños grupos a través de la frontera de los Pirineos. De hecho, a pesar de la diversidad de organizaciones encargadas del alistamiento -los voluntarios eran recibidos en oficinas instaladas en las sedes de los sindicatos o de los partidos de izquierda-, era el Partido Comunista el que controlaba toda la operación. Fue el partido que se encargó de transportar a los voluntarios a España. No había obstáculos para cruzar la frontera, aunque oficialmente estuviera prohibido [16]. Perpiñán contaba con un verdadero cuartel de voluntarios internacionales, que se movían libremente por la ciudad. Sólo en febrero de 1937, más de treinta y cinco camiones cruzaron la frontera sin encontrar ninguna dificultad. El Partido Comunista Francés también había duplicado los convoyes fronterizos con barcos que, bajo la cobertura de una compañía naviera, «France-Navigation», aseguraban el transporte de voluntarios. Longo, hablando de los primeros voluntarios, dijo que 500 vinieron vía Figueras y 500 de Marsella a Alicante en la Ciudad de Barcelona. Las delegaciones de las brigadas se instalaron en las principales ciudades españolas y dieron la bienvenida a los recién llegados. Pero si la cuestión del tránsito estaba así resuelta, la organización de esta fuerza original, un ejército internacional de voluntarios, planteaba problemas particulares.

Como hemos visto, es muy difícil determinar el tamaño exacto de las brigadas; la mayoría de los documentos han desaparecido e incluso los antiguos líderes no se ponen de acuerdo en las cifras. Tal vez la tendencia más común sea la de exagerarlas: los países fascistas trataron sistemáticamente de aumentar el número de «voluntarios rojos», y los propios partidos y agrupaciones nacionales antifascistas tendieron a presentar su intervención como más importante de lo que realmente era. Según Victor Alba, en junio de 1937 había 25.000 franceses, 5.000 polacos, 5.000 angloamericanos, 3.000 belgas y 2.000 «balcánicos». 5.000 germano-italianos, haciendo un total de al menos 45.000 hombres. Si tenemos en cuenta las continuas idas y venidas, el hecho de que los voluntarios, incluso en un número muy reducido, no dejaron de llegar hasta principios de 1938, difícilmente se puede proponer una cifra global inferior a 50.000 hombres; de hecho, esta cifra es probablemente superior a las cifras reales. Si estimamos la fuerza de una brigada en 3.500 hombres, que es un máximo, porque las brigadas rara vez tenían una dotación completa, llegamos a una cifra total de 30.000. Y sin duda ni siquiera se alcanzó. Según Malraux, el número total de voluntarios no superó los 25.000 hombres. Esta es también la opinión muy autorizada de Vidal-Gayman, según la cual nunca hubo más de 15.000 hombres en acción en un momento dado, incluidos unos 10.000 combatientes, y esto en el momento en que las brigadas estaban en su mayor volumen, en la primavera y el verano del 37. Este número disminuyó después: las pérdidas fueron cuantiosas -podemos estimarlas en 2.000 muertos- y muchos voluntarios, heridos, cansados o desanimados, se marcharon sin haber sido reemplazados por otros tantos recién llegados.

De los 25.000 voluntarios, los franceses fueron sin duda los más numerosos, aunque su capacidad de combate era a menudo inferior a la de los contingentes alemanes o italianos, reclutados entre los emigrantes que ya habían pagado el precio del exilio por luchar por su causa en su país de origen. Tras una crisis económica que había sacudido a Europa y cuyas secuelas permanecían a pesar de una recuperación económica estimulada por las manufacturas de la guerra, en Francia seguía habiendo un lumpen proletariado que se alistaba en España por razones no siempre desinteresadas. Esto explica ciertas declaraciones hechas en Francia a la prensa pro-nacionalista por hombres que partieron sin estar muy seguros de sí mismos y que muy pronto se disgustaron por la dureza de los combates.

También es el número de voluntarios franceses el que más ha variado, al igual que las valoraciones de su comportamiento. Las brigadas 14 y 14 bis eran esencialmente francesas, pero había otros elementos franceses en la 11°, el batallón de la Comuna de París, en la 12°, el batallón franco-belga, y en la 13°, el batallón Henri Vuillemin. Aun así, esta clasificación es difícil, ya que estos batallones se reorganizaban constantemente y se integraban en nuevas unidades, según las necesidades del momento o las pérdidas sufridas. Los trabajos realizados por la Asociación de Voluntarios de la España Republicana para tratar de averiguar el número exacto de las brigadas muestran que aproximadamente un tercio de los hombres eran voluntarios franceses, es decir, ciertamente menos de 10.000 hombres, que a menudo se confundían con los voluntarios belgas. A este grupo franco-belga se añaden también los polacos, reclutados en su mayoría en las regiones mineras de Francia y Bélgica [17]. Gracias a su contribución, el número total de polacos que lucharon en España superó probablemente los 4.000 hombres.

Otro importante contingente de voluntarios fue el de los emigrantes alemanes e italianos. Desempeñaron un papel especialmente importante en la gestión de las brigadas. Entre ellos había cuadros políticos, la gran mayoría comunistas. Los italianos y los alemanes enviaron a casi todos sus dirigentes: el socialista Pietro Nenni, los comunistas Luigi Longo («Gallo») y Di Vittorio (Nicoletti), el republicano Pacciardi para los italianos, el socialista austriaco Julius Deutsch, los comunistas alemanes Hans Beimler y Dahlem. De los demás países, con la excepción de André Marty, había pocos dirigentes «nacionales», pero muchos «mandos intermedios» y, en particular para los franceses, dirigentes de las Jeunesses Communistes.

También había voluntarios de los países anglosajones, los británicos, los estadounidenses y los canadienses del Batallón Lincoln, algunos cientos de hombres de cada nacionalidad; los de Europa Central, especialmente los yugoslavos, pero también los húngaros, los checos, los búlgaros e incluso los albaneses, que llegaron por todos los medios, y a veces a pie. Otros vinieron de más lejos, de Asia o África. En total, 53 países estuvieron representados en las brigadas [18].

Los oficiales superiores, al igual que las tropas, eran de todas las nacionalidades, franceses e italianos sin duda, pero también alemanes, húngaros y polacos. Los oficiales que ocupaban los puestos más importantes eran, más a menudo de lo que cabría esperar, de Europa Central. Los comunistas eran la gran mayoría, lo que hacía que un Nenni o un Pacciardi destacaran aún más [19]. Muchos de ellos habían luchado en la Primera Guerra Mundial, algunos habían sido oficiales de carrera, otros habían recibido formación militar en Moscú. A veces recibían ambas formaciones. Así, Hans Kahle (teniente coronel Hans), Wilhelm Zaisser (general Gómez), el húngaro Maté Zalka (general Lukacsz) y el polaco Karol Swierczewski (general Walter), todos los cuales lucharon en la Primera Guerra Mundial, se convirtieron en militantes comunistas y a veces asistieron a academias militares de la URSS. También lo hicieron veteranos con menos responsabilidad política, el francés Dumont [20], el escritor alemán Ludwig Renn, Regler, el húngaro Gal, antiguo compañero de Bela Kun. Y el más misterioso y célebre de todos los jefes de los internacionales, el general Kléber, al que muchos contemporáneos han presentado como el héroe de la defensa de Madrid [21].

La base de Albacete

El primer problema al que se enfrentaron los organizadores de las brigadas fue dar cierta unidad a estas fuerzas heterogéneas para integrarlas en el ejército español. Cuando los voluntarios llegaron a España, tuvieron que encontrar centros de reunión y formación que les permitieran distribuirse en función de sus orígenes y capacidades. La creación del centro de Albacete fue principalmente una respuesta a este papel.

La ciudad no había sido elegida al azar: el 5º Regimiento ya tenía una base allí. Longo, con la ayuda de Vidali (Comandante Carlos), preparó los locales que iban a recibir a los primeros internacionales. Allí se improvisó un personal que, con la colaboración de los españoles, tendría que conseguir sobre todo el material necesario para los cuarteles y la comida para los hombres que llegaban cada vez en mayor número. No todo fue perfecto durante los primeros días y «incluso faltó agua para lavar». Sin embargo, poco a poco se fueron resolviendo los problemas más urgentes.

El Estado Mayor de Albacete, compuesto mayoritariamente por franceses, actuaba en constante contacto con las autoridades militares españolas: los internacionales eran enviados a donde el peligro era más acuciante, a petición y orden del mando español. Por supuesto, en Albacete encontramos la dualidad de poder, conocida en el ejército popular, entre el mando militar y el comisariado. Los asuntos militares eran responsabilidad de los oficiales franceses, en particular de Vital Gayman, el «comandante Vidal», mientras que la dirección política corría a cargo de Di Vittorio, Longo y especialmente de André Marty. Este último debía esta posición decisiva de «líder de los hombres» a su carrera de militante y a su reputación de viejo revolucionario. Pero el hombre que durante mucho tiempo había sido el «amotinado del Mar Negro», sin duda prisionero de su propia leyenda, se convirtió, para muchos de sus detractores, en «el carnicero de Albacete» [22]. Incluso si uno se niega a creer en sus crímenes, hay que admitir que este «viejo gruñón de temperamento belicoso» no era el líder ideal para una tropa tan compuesta. Sin embargo, Gayman afirma que nunca se salió de sus competencias políticas, no interfiriendo ni en el nombramiento de oficiales ni en la dirección de las operaciones.

La base pronto dejó de ser un centro de recepción de «luchadores por la libertad». Por un lado, se convirtió en un centro de movilización para las unidades en el frente o en proceso de formación y, por otro, en un centro de formación y gestión general de servicios. En los alrededores se instalaron campos de entrenamiento, una escuela militar para oficiales y comisarios políticos. Los servicios eran numerosos y diversos, ya que había un taller de reparación de equipos y, más tarde, una fábrica de granadas. Durante un tiempo, hubo incluso un corral lleno de animales abandonados tras el inicio de la guerra civil y traídos de Extremadura, donde habían estado vagando durante meses. Sin embargo, los servicios postales y de transporte eran más esenciales. La censura postal de la correspondencia escrita en unas cuarenta lenguas plantea problemas complicados. Los medios de transporte, casi inexistentes al principio, «tres motos y algunos coches viejos», fueron mejorando: la flota de coches fue bien mantenida por voluntarios, antiguos trabajadores de Renault y Citroën.

El servicio más importante era el de Sanidad. Había, por supuesto, hospitales españoles, pero se concentraban en Madrid, lo que causaba verdaderas dificultades debido a los bombardeos de la capital. El aislamiento de los heridos internacionales en medio de españoles a los que a menudo no entendían tuvo consecuencias desafortunadas en su moral. Al principio se les asignaron salas especiales en los hospitales de Madrid. Entonces se intentó reunirlos. A partir de octubre, seis médicos, dirigidos por el doctor Rouquès, y luego por el doctor Neumann, organizaron el servicio médico de los hospitales de campaña, las ambulancias y los grupos móviles de evacuación. El doctor Struzelska organiza el hospital internacional de Murcia y cuatro centros anexos en la región. Se crean centros de descanso y convalecencia. Las ambulancias y el equipo médico vinieron de París. Para financiar estos logros, los voluntarios renunciaron a dos tercios de su sueldo durante un tiempo [23].

Organización de las brigadas

Aquí sólo hemos insistido en los problemas propios de las brigadas, siendo su organización y las dificultades de armamento las mismas que las de las demás tropas republicanas. Señalemos simplemente que había, junto a las brigadas de infantería, grupos de artillería internacionales, las baterías Gramsci, Anna Pauker y Skoda, las más antiguas.

En lo que respecta al mando, nunca hubo una distinción clara entre el comisario político y el comandante de la unidad, como tampoco la hubo en el conjunto del ejército republicano. El papel del comisario era inicialmente el de un supervisor: llevaba un uniforme especial. La importancia de su papel variaba según su personalidad. Sorprendentemente, aunque el comisario debía dedicarse inicialmente sobre todo a los problemas humanos, especialmente complejos en las brigadas, acabó convirtiéndose en el segundo de a bordo del comandante, relevándole en las cuestiones materiales, la evacuación de los heridos, los servicios sanitarios y postales y los problemas de abastecimiento. Hacia el final de la guerra, el comisariado político y el mando acabaron fusionándose en casi todas partes, restableciéndose así la unidad de mando de los ejércitos clásicos, más claramente que en el resto del ejército republicano.

Los experimentados oficiales que supervisaban las brigadas también contribuyeron en gran medida a la formación de los soldados españoles, muchos de los cuales acabarían sirviendo en unidades internacionales. Las brigadas se fueron transformando poco a poco, en primer lugar porque se organizaron en función de las necesidades del momento y del creciente número de voluntarios, y en segundo lugar porque el número de voluntarios fue disminuyendo. Desde el principio, para facilitar el entrenamiento y el mando, el personal de la brigada trató de agrupar a los combatientes según su país de origen. Así, los batallones Thälmann y Edgar-André estaban formados por alemanes y algunos austriacos. El batallón Garibaldi, uno de los primeros grupos de combate, que desempeñó un papel decisivo en Guadalajara, estaba compuesto exclusivamente por italianos. Sin embargo, no siempre fue posible agrupar a los combatientes de esta manera, ya que el número de nacionales de determinadas nacionalidades no permitía la composición de unidades homogéneas. Por otro lado, los voluntarios debían incorporarse a medida que llegaban y sólo podían incorporarse a las unidades de formación. Así, el batallón Gastone-Sozzi incluía italianos y polacos. El 9º batallón de la 14ª brigada es conocido como el «batallón de las nueve nacionalidades». El italiano Pencheniati nos habló del batallón Dimitrov, cuyo comandante era el búlgaro Grebenaroff y cuyo comisario político era el alemán Furman [24]. Las dificultades son aún mayores para las grandes unidades, ya que a veces las propias brigadas se forman apresuradamente para ir al frente en el menor tiempo posible. Así, el 12º incluía un batallón alemán, Thülmann, un italiano, Garibaldi, y el batallón franco-belga en su formación. Posteriormente, se intentó un reagrupamiento, con Thälmann y Edgar-André en el 11° y el 14° formado casi exclusivamente por batallones franceses. Las fuertes pérdidas sufridas en las primeras batallas precipitaron el movimiento, obligando al personal de Albacete a reorganizarse completamente. En noviembre del 36, la Comuna de París había perdido la fuerza de dos secciones. En Teruel, del 28 al 31 de diciembre del 37, la 12ª brigada perdió la mitad de sus efectivos. Las unidades desaparecieron: el batallón Louise-Michel se fusionó con el Henri-Vuillemin tras los primeros enfrentamientos. Teniendo en cuenta estas reorganizaciones, y apoyándose en el cuadro de unidades internacionales elaborado por la A.V.E.R. [25], es posible identificar la presencia permanente de cinco brigadas en el 36-37: la 11ª, al mando de Kléber y el comisario Beimler, la 12ª, al mando de Lukacsz y el comisario Longo-Gallo, la 13ª, al mando de Zaisser-Gomez, la 14ª, al mando de Walter, y la 15ª, al mando de Gal. Algunos de los elementos internacionales se integrarían directamente en el ejército español, mientras que los reclutas españoles se incorporarían a las brigadas: según Longo, esta amalgama era necesaria desde marzo de 1937.

Esto demuestra el doble papel de las brigadas en el ejército republicano. Por su valor y su entusiasmo, constituían una tropa de élite dispuesta a participar en los combates más difíciles. Gracias a su capacidad de resistencia y a su espíritu de lucha, han servido de ejemplo y, en algunos aspectos, de escuela. Sin embargo, su escaso número significaba que sólo podían participar en frentes limitados. Sus esfuerzos fueron en vano, especialmente tras el colapso del Norte. Además, el gran impulso internacional de 1936-37 para la defensa de la República Española no se renovaría: a partir de 1937, los partidos comunistas renunciaron a la movilización en nombre del «antifascismo». El hecho es que las brigadas existieron y que su papel fue decisivo en varias batallas decisivas. Es por esta razón, entre otras, que un hombre como Gustav Regler, tras su ruptura con el partido comunista y el derrumbe de las ilusiones sobre las que había construido su vida de prostitución, puede, aún hoy, exaltar sin reservas el recuerdo de la entusiasta fraternidad de las Internacionales.

Notas

[1] Así, para Jesús Hernández, Stalin habría podido decidir exactamente cuándo caería el gobierno de Largo Caballero e incluso, posteriormente, cuándo se produciría la derrota final.

[2] A este respecto, es significativo el discurso de Marcel Rosenberg en la reunión de Monumental del 30 de octubre del 36: «No invito a nadie a participar en una cruzada contra tal o cual régimen, porque sería contrario a nuestra propia concepción de la democracia tratar de imponer nuestra forma de pensar a los demás por la fuerza. Sólo se trata de que las democracias que luchan por la paz se reúnan y se unan». Véase también el discurso de José Díaz en las Cortes el 1 de diciembre de 1936 (Tres años de Lucha, pp. 227 y ss.) y su llamamiento a los «gobiernos democráticos» de Francia e Inglaterra amenazados por Alemania e Italia, que se preparaban para la guerra mundial. Es en este mismo terreno donde se sitúa la propaganda del PC occidental: l’Humanité, desde finales de agosto de 1936, retoma el lema: «Con España, por la seguridad de Francia».

[3] La existencia de la revolución española, la ayuda que le presta la URSS, serán, en efecto, para muchos militantes, razones imperiosas para aceptar en silencio las sangrientas purgas de Moscú. André Gide contó las presiones ejercidas sobre él, en nombre de los milicianos españoles, para impedir la publicación de su Regreso de la URSS. «Compañeros de viaje» como André Malraux y Louis Fischer justificaron entonces su silencio sobre los Juicios de Moscú por la necesidad de no romper el frente de los defensores de España.

[4] Hemos seguido muy de cerca la valoración de Cattell (op. cit.).

[5] La tesis del Gobierno ruso es que el oro se utilizó íntegramente para el abastecimiento y el armamento de España. Tras la muerte de Negrín, y al parecer siguiendo sus instrucciones, su familia entregó el recibo de este oro al gobierno de Franco…

[6] Es interesante señalar que tanto Marcel Rosenberg como Antonov-Ovseenko eran antiguos trotskistas. Antonov-Ovseenko, antiguo colaborador de Trotsky, ex comisario general del Ejército Rojo, había sido uno de los líderes de la Oposición de 1923. La elección de estas personalidades dio lugar a muchas discusiones. ¿Estaba Stalin tendiéndoles una trampa? ¿Intentaba comprometerlos mientras los vigilaba de cerca (se dijo en Barcelona que Antonov temblaba ante Geroe)? ¿Quería poner a prueba una lealtad cuya sinceridad ponía en duda? Fusilado por orden de Stalin, Antonov-Ovseenko fue uno de los primeros comunistas rehabilitados por Jruschov.

En cuanto a Stachevski, Krivitsky lo convierte en el verdadero responsable de la política rusa en España y afirma que fue él quien propuso el nombre de Negrín como sucesor de Largo Caballero. Álvarez del Vayo confirma las excelentes relaciones de Stachevski con Negrín, lo que se explica fácilmente por el hecho de que Negrín era ministro de Hacienda y Stachevski era agregado comercial.

[7] Ya hemos indicado en el capítulo X de la primera parte el considerable papel político y probablemente militar desempeñado en España por Miguel Koltsov, cuya brillante inteligencia no ha sido discutida por ningún adversario. Su psicología un tanto complicada de «estalinista lúcido» se adivina en la autobiografía de Regler, que sigue fielmente unido a él. Como Rosenberg y Antonov-Ovseenko, Koltsov desapareció, liquidado sin juicio en las grandes purgas de 1938. Sin embargo, la desaparición de su nombre de todas las obras oficiales fue la única prueba de su condena por parte de Stalin. También él fue rehabilitado por Jruschov, y su Diario de España fue reeditado: la versión oficial de su muerte es ahora la de «agotamiento por exceso de trabajo». La muerte de Koltsov y de todo el equipo que le acompañaba supuso, no cabe duda, la liquidación de la «línea antifascista» tan notablemente expuesta en su libro.

[8] La identidad de los oficiales rusos y las fechas exactas de su estancia se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Krivitsky escribe que el verdadero jefe de la misión rusa era el general Berzine, cuya identidad sólo conocían media docena de españoles, pero no indica su «nombre de guerra». Para 1937, Álvarez del Vayo nombra al general Grigorevitch, Louis Fischer, Barea y muchos antiguos comunistas españoles insisten en el papel desempeñado por el general Goriev. Colodny había sugerido que Grigorevitch y Goriev podrían ser los dos seudónimos del mismo oficial, cuyo nombre real era Berzine.

Parte del misterio se despejó con la publicación de la obra colectiva de antiguos voluntarios rusos, Pod znamenem Ispansko respubliki. El general Vladimir Goriev era simplemente un agregado militar, y es precisamente de él de quien nos hablaron Hernández, Castro, Fischer y Arturo Barea. Este último lo describió como «un hombre apuesto, alto y fuerte, con pómulos altos, ojos azules como el hielo, una fachada de calma y, detrás de ella, una tensión constante». Ehrenbourg confirma lo dicho por Louis Fischer: Goriev, llamado a Moscú en 1937, fue fusilado.

El general Ian Berzine fue efectivamente el primer «jefe de los asesores militares». Era el antiguo jefe de los servicios de inteligencia del ejército. Su sucesor fue el general Stern -no confundir con el general Kleber, cuyo verdadero nombre era Manfred Stern- conocido como Grigorevitch.

Entre los demás oficiales rusos, Fischer, que los frecuentaba, cita al coronel Simonov, conocido como «Valois», consejero de las Brigadas; a Nicolas Koutznetzov, conocido como «Kolia», jefe de la misión naval, más tarde almirante y comisario naval, y a «Fritz», consejero de Lister. También afirma que el futuro mariscal Zhukov luchó en Madrid durante el invierno del 36-37. Todos coinciden en hablar, con mucha menos simpatía, del general Kulik, conocido como «Kupper», y asesor de Pozas. El Campesino cita a Malinovski, ‘Coronel Malino’, Rokossowski y Koniev. El general von Thomma le dijo a Liddell Hart que ya había combatido a Koniev en España: ¿era éste el petrolero de cabeza rapada que fue lugarteniente de Goriev y que responde a los diversos nombres de Pavlov, Pablo y Konev? Questions d’Histoire confirmó la presencia de Malinovski, añadiendo a Meretzkov y Rodimtsev, y luego al «Capitán Pablilto». Especifica que el «camarada Douglas», líder de los aviadores, era en realidad el general Smuchkievitch. La presidenta Aguirre tenía buenos recuerdos del general Jansen, que comandaba a los aviadores rusos en el norte. En cuanto a los demás oficiales generales, la información coincide: el «coronel Volter», futuro mariscal Voronov, el general Mereltzkov, conocido como «Petrovitch», el coronel Batov – futuro general, conocido como «Fritz Pablo» son los más conocidos.

[9] Sin embargo, a Regler le llamó la atención el ambiente de la misión rusa: «Nada de la sospecha moscovita, los bombardeos fascistas nos hicieron olvidar los disparos de revólver en la nuca y las detenciones del Guepeu… La revolución engendró confianza… La España heroica dio a estos hombres alma de partisanos» (op. cit. pp. 326-327). Se queda atónito al descubrir que se está vertiendo champán sobre la salida de un ingeniero que todo el mundo sabe – le dirá Koltsov – que se está llamando a filas para ser fusilado. El propio Koltsov suele decir: «Si un día me fusilan…». (ibid.). La red N.K.V.D. en España fue, según Krivitsky, creada por Slutski. Según Ettore Vanni, el primer responsable fue Velaiev. Fischer conocía a Velaiev y Orlov, ambos agregados a la embajada.

[10] La intervención del N.K.V.D. en España iba a provocar una crisis muy grave dentro del propio cuerpo, de la que la ruptura de Krivitsky fue sólo una de las manifestaciones. Antes de él, uno de los agentes más importantes de Europa Occidental, Ignatius Reiss, un comunista polaco conocido en el «servicio» como Ludwig, había roto públicamente con Stalin para unirse a la Cuarta Internacional de Trotsky. Fue él quien advirtió a Trotsky, Victor Serge y sus amigos de la decisión tomada en Moscú de exterminar a los trotskistas y pulmistas en España. Fue asesinado a principios de septiembre del 37, cerca de Lausana, en vísperas de una reunión en Francia con Victor Serge y sus amigos. La investigación implicó a comunistas extranjeros y a funcionarios de la misión comercial rusa en París, entre ellos Lydia Grosovskaia, que fue puesta en libertad bajo fianza y aprovechó la situación para desaparecer.

[11] Como el antiguo general del ejército de Wrangel, que se convirtió en mozo de cuadra en el exilio y se unió a las brigadas con la esperanza de ganarse el regreso a casa, y sirvió a las órdenes de Walter, su adversario durante la guerra civil. Sirvió a las órdenes de Walter, su adversario en la Guerra Civil, como jefe de pelotón y murió en combate.

[12] Entre estos voluntarios, cabe destacar la presencia de Simone Weil en la columna de Durruti. Su carrera como miliciana se vería interrumpida muy pronto por un grave accidente.

[13] André Malraux describió notablemente las dificultades de su tarea en L’Espoir. Se debían, en primer lugar, a la mala calidad del equipo, que se estropeaba con demasiada frecuencia, pero también a los hombres, entre los que había un conflicto entre «voluntarios», la gran mayoría, y «mercenarios».

[14] A este respecto, hay que señalar que, en contra de lo que se ha afirmado a menudo, incluso por antiguos miembros de las brigadas, Tito nunca había combatido en España.

[15] Según Luigi Longo, la recepción de Largo Caballero fue bastante fría.

[16] Sin duda, los periódicos franceses informan regularmente de las detenciones en la frontera, pero éstas son más bien simbólicas, al parecer.

[17] Estos inmigrantes recientes, que se sentían como extraños en su país de adopción, a menudo sólo habían encontrado un marco de vida en el sindicato o en el partido.

[18] Muchos de los «antiguos» brigadistas pasaron después a formar parte del aparato del partido o del Estado tras la victoria del partido. Entre los actuales dirigentes alemanes de la DDR están Heinrich Rau y el general Staimer, general de la policía. «Richard» en España. Entre los húngaros, Laszlo Rajk, que fue ministro del Interior en su país antes de ser ahorcado tras un famoso juicio y que había sido en España teniente y comisario político con el nombre de Firtos, el general húngaro Szalvai que fue en España el comandante Tchapaiev, y el actual presidente del Consejo de Hungría, tras la revolución del 56, Ferenc Muennich. Entre los polacos, el general Komar, que bajo el nombre de Vacek comandaba un batallón y que en 1956 desempeñaría un papel decisivo al frente de las tropas de seguridad en los acontecimientos que llevarían a Gomulka al poder. Los antiguos miembros de las brigadas, junto con Gosnjak, Rankovitch y Vlahovitch, constituyeron el marco militar y político de los partisanos yugoslavos. Otros, franceses, formaron el núcleo de los Francs-Tireurs et Partisans: Rebière, fusilado en 1942, Pierre Georges, teniente en España, que se convirtió en el coronel Fabien; Tanguy, comisario político, que se convirtió en el coronel Roi; François Vittori, organizador de la insurrección de Córcega en 1944 dentro del Frente Nacional. Mencionemos también, por Francia, al futuro secretario del Partido Comunista, Auguste Lecœur, excluido desde entonces, y al futuro senador Jean Chaintron (Barthel).

[La destitución de Randolfo Pacciardi, «este gran señor republicano», como dijo Regler, y su salida de España fueron, a los ojos de muchos combatientes, la prueba del control ahora declarado de los comunistas sobre las brigadas. Fue sobre la base de los testimonios de sus propios milicianos y de las acusaciones formuladas por ellos que Antonia Stern pudo afirmar que Hans Beimler había sido asesinado por instigación del N.K.V.D. De los documentos que recogió se desprende que Beimler estaba efectivamente en contacto con opositores alemanes, voluntariamente críticos con la dirección y muy hostiles a los «servicios especiales»: en estas condiciones, la hipótesis del asesinato no es ni mucho menos inverosímil. Sin embargo, no se apoya en pruebas reales.

[20] Hans Kahle, antiguo oficial, militante comunista desde 1919; Zaisser, oficial que se había pasado a los revolucionarios rusos en Ucrania al frente de sus tropas; ambos habían pasado por Rusia y ocupado altos cargos en el aparato militar comunista clandestino en Alemania. Zalka, antiguo oficial de la Primera Guerra Mundial y antiguo compañero de Bela Kun en la revolución húngara de 1919, había servido en China como asesor militar con Gallen y Borodin. Jules Dumont, un converso tardío al comunismo, antiguo capitán, había servido anteriormente en Etiopía contra las tropas del Duce.

[21] El hombre que saltó a la fama en España como General Kleber parece haberse llamado Manfred Stern. Según Ypsilon, fue un antiguo oficial austriaco, prisionero en Rusia durante la Gran Guerra y convertido al comunismo, activista del aparato militar clandestino en Alemania, consejero militar en China en el 27 y luego comandante de las tropas del Extremo Oriente en el 35 contra los japoneses. Cox le atribuye la misma biografía, pero lo convierte en un austriaco-canadiense naturalizado que llegó a Rusia en 19 con la Fuerza Expedicionaria Aliada. Pacciardi escribe que se llama a sí mismo canadiense, pero parece ser alemán. Según Fischer, fue liquidado durante las purgas de Moscú antes de la guerra, mientras que Colodny lo convierte en el líder de las tropas rusas que rompieron la Línea Mannerheim durante la guerra ruso-finlandesa de 1940. La confusión es evidente con el otro general, Stern, conocido como Grigorovich.

[22] El voluntario belga Nick Gillain, en su libro Le Mercenaire, le acusa de haber presidido un Consejo de Guerra que condenó y ejecutó sin motivo -quizá por haber entrado en contacto con las columnas del C.N.T.- a un oficial francés, el comandante Delesnick, muerto en la guerra. – un oficial francés, el comandante Delesalle. Pencheniati le acusó de haber disparado a cuatro soldados en Cambrils que protestaban porque les había insultado por dejarse llevar. Ernest Hemingway, en Por quién doblan las campanas, pintó una imagen poco halagadora de él, bajo el transparente seudónimo de Massart, como un bruto sospechoso, incapaz y autoritario. Fischer, que trabajó en Albacete bajo sus órdenes, es al menos igual de severo. En cuanto a Regler, escribe: «Ocultó su incapacidad, bastante perdonable, bajo una desconfianza incurable. La verdad sobre André Marty será tanto más difícil de establecer cuanto que los comunistas, después de su exclusión, se sumaron a su vez a este coro de culpas.

[23] La mayor parte de esta información está tomada del libro de Longo.

[24] Para entenderse, tenían que hablar en ruso.

[25] Antiguos voluntarios en la España republicana.

II.4 : La conquista del Norte

• El Frente Norte
• La campaña de Bilbao
• La diversión: Brunete
• La batalla de Brunete
• La campaña contra el Santander
• La rendición vasca
• El fin de Asturias
• Belchite
• Notas

Desde la caída de San Sebastián e Irún, que privó al frente norte de toda posibilidad de abastecimiento desde la frontera francesa, no se realizó ningún intento de verdadera importancia contra el País Vasco. Las fuerzas más sólidas de Mola se dirigieron hacia Madrid. Ni en el bando republicano ni en el nacional hay, desde hace muchos meses, tropas numerosas y bien armadas. El número de combatientes no permitía mantener un frente continuo desde Vizcaya hasta Galicia. La batalla se reavivó de vez en cuando en un sector y luego en el otro; su conquista sucesiva marcó las etapas de la ofensiva nacional durante el año: Vizcaya, Santander, Asturias.

El Frente Norte

A primera vista, parece que estamos ante dos zonas de sólida resistencia, pero con sistemas políticos diametralmente opuestos: el País Vasco, conservador y católico, pero cuyas aspiraciones nacionales lo han ganado al partido de la República, y la Asturias obrera, bastión de la revolución en octubre del 34 y julio del 36. En el centro, por el contrario, existía una zona de debilidad, la región de Santander, donde el Comité de Guerra se enfrentaba al problema insoluble de defender la mayor parte del frente con tropas particularmente pequeñas y mal armadas; la fragilidad de este sector se vio incrementada por las disensiones entre socialistas y anarquistas.

El hecho de que las batallas decisivas tuvieran lugar en torno a Bilbao, la influencia de la resistencia vasca y su repercusión en el exterior, ocultaron demasiado bien la coexistencia de estos tres centros. Sin embargo, hasta mediados de 1937 no se unificó el mando militar, prueba suficiente de que no había un acuerdo real ni siquiera en este ámbito. Los oficiales enviados por Caballero, el capitán Ciutat en Asturias, el general Llano de Encomienda en el País Vasco, llevaban meses trabajando, con la ayuda de técnicos rusos, para lograr la unidad sin conseguirlo. Bajo etiquetas similares de unidades «militarizadas», las tropas siguen siendo diferentes: «milicias vascas», unidades uniformadas, supervisadas por capellanes, ignorando el «mono» y los comisarios políticos, «milicias asturianas», donde los partidos y los sindicatos ejercen su control [1].

No sólo no había un mando militar unificado para las tres zonas, sino que había oposición y desconfianza de una región a otra: hostilidad de los revolucionarios asturianos hacia los vascos «conservadores», reticencia vasca hacia el «anarquismo» de Santander y Gijón,

A partir de agosto del 36 comenzaron las dificultades. En Asturias, los sacerdotes y las monjas fueron perseguidos. Las iglesias fueron destruidas o cerradas y el culto fue prohibido. En el País Vasco, en cambio, la Iglesia conservó todas sus libertades y siguió ejerciendo una profunda influencia tanto entre el pueblo como en el gobierno, donde se sentaron varios ministros católicos. En el juramento prestado por Aguirre se destaca que el president se comportará «como creyente, como magistrado del pueblo y como vasco». Sacerdotes y fieles perseguidos en Asturias se refugiaron en el País Vasco, donde los militantes de C.N.T. protestaron violentamente contra el decreto que convertía el Viernes Santo en día festivo. En Asturias se controlaron las minas y las fábricas, y se colectivizaron muchas empresas, incluso del pequeño comercio. En el País Vasco, la propiedad no se vio afectada. Mientras los «comités de gobierno» dirigen la revolución en Asturias, las «juntas de defensa» de Euzkadi trabajan para restablecer la «normalidad» en todas partes. Quedaban pocos guardias civiles en Asturias, excepto en Gijón, mientras que había muchos en Santander y el País Vasco. Cuando los poderes regionales se integraron en el Estado republicano, en el Consejo Asturiano siempre hubo anarquistas; nunca los habría en el gobierno vasco [2]. El gobierno de Aguirre combatió la revolución. Mientras que en Asturias la «purga» fue severa, el gobierno de Euzkadi se fijó como objetivo garantizar «la seguridad de las personas y sus bienes». Ha desarmado la retaguardia, prohibiendo el porte de armas a todo aquel que no sea miembro del ejército o de la policía, y se ha dado el derecho de reclutar tantas fuerzas policiales como «la situación lo requiera».

No es de extrañar que, en estas condiciones, la colaboración entre los dos territorios de lo que puede llamarse la «Confederación Española»[3] resultara difícil. 3] Como no había coordinación en el ámbito militar, y la inferioridad de las fuerzas republicanas aún no era evidente, la dispersión de esfuerzos condenaba cualquier iniciativa. Los vascos reprocharon a los asturianos no haber apoyado la operación sobre Alasua en octubre, destinada a aliviar a Madrid. Los asturianos replicaron que con munición y algo de material pesado habrían tomado Oviedo en octubre, antes de que la columna de Solchaga viniera a rescatarlo. Es cierto que batallones vascos participaron en el gran ataque asturiano a Oviedo en febrero [4], pero la tranquilidad del resto del frente norte permitió a los nacionales contener victoriosamente este asalto.

Tampoco se logró la colaboración en el frente económico. El Norte era la única región industrial en la que la reconversión de las fábricas permitiría la creación de una potente industria de guerra. Pero los asturianos tenían el carbón y los vascos el hierro: se pasaron meses preciosos en conversaciones y recriminaciones.

Sin duda, el gobierno central trabajó para calmar las diferencias. En varias ocasiones, se sugirió a Aguirre que aceptara a representantes de la CNT en su ministerio. Y los dirigentes del C.N.T. pidieron a sus compañeros de Euzkadi que evitaran la «torpeza». Pero el Norte no recibió ninguna ayuda material, lo que hizo que los consejos de Madrid y Valencia fueran ineficaces. En sus Memorias, Caballero se refiere a los angustiosos telegramas de Aguirre, pidiendo ayuda aérea, y habla de la «desesperación» del presidente vasco. Los asturianos también declararon que habían sido derrotados por falta de material de guerra. La única adición significativa fue la llegada de armas rusas: 15 cazas, 5 cañones, 15 tanques, 200 ametralladoras y 15.000 rifles «que databan de la guerra de Crimea»[5], lo que no era mucho para 35.000 soldados y resultó ser ridículamente insuficiente para la ofensiva de 1937.

Ante el peligro inmediato, las posiciones de vascos y asturianos eran radicalmente diferentes. Los milicianos asturianos, como todos los demás, lucharon mal en campo abierto. Pero saben cómo aferrarse a todas las casas de las ciudades y pueblos en las batallas callejeras. Para ellos, la lucha es una cuestión de vida o muerte, y la dinamita es su último argumento [6]. No tienen miedo a la destrucción y sólo quieren dejar ruinas en manos de los nacionalistas. Para ellos, el terror es la única forma de mantener la retaguardia. No dudarán en disparar en el acto a cualquiera que hable de rendición. Estaban dispuestos a responder a los bombardeos con la ejecución masiva de «rehenes», simpatizantes de los rebeldes o simplemente sospechosos.

Los vascos tienen, en las mismas circunstancias, reacciones muy diferentes. Respetuosos con las creencias religiosas y las opiniones políticas, y deseosos de comportarse como «buenos católicos», preferían liberar a un culpable antes que ejecutar a un inocente, y mantenían a elementos sospechosos o simplemente tibios en los puestos clave [7], preocupándose tanto de preservar las vidas de los «rehenes» tomados por sus vecinos como de mantener el frente [8]. Sobre todo, lo que estaba en juego en la guerra no era lo mismo para ellos; aliados momentáneos del Frente Popular, los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, sus apoyos y sus tropas no compartían ni la ideología ni las perspectivas de los otros combatientes «antifascistas». Luchan por el País Vasco tal y como es, y por sus libertades, negándose a que todo se destruya en una lucha vana. La burguesía vasca sabe que no todo el futuro está cerrado para ella en caso de victoria de Franco, que sus servicios serán necesarios cuando las fábricas y las minas que han escapado a la destrucción vuelvan a funcionar. Cuenta con sus socios británicos para protegerla. Finalmente, la solidaridad católica le dio la esperanza, si no de un compromiso, al menos de indulgencia por parte de los rebeldes, la esperanza de salvaguardar al menos parte de sus intereses.

La lucha en «dos frentes» tenía su propia lógica. El deseo de no ceder a la revolución, de no entregar a los habitantes de las ciudades, los monumentos y las instalaciones industriales a las atrocidades de la guerra callejera y a las inevitables represalias, llevará a algunos de los vascos a oponerse, cuando sea necesario por la fuerza, a los partidarios de la resistencia y de la destrucción total. En esta tarea, a veces se verían desbordados por los falangistas ocultos u oportunistas, que veían en ello una forma de precipitar la derrota republicana.

La campaña de Bilbao

La mera consideración de una victoria fácil habría sido suficiente para determinar al general Franco a girar hacia el norte, tras sus sucesivos fracasos ante Madrid. Pero ciertamente había otros factores en juego: en primer lugar, la batalla de Madrid demostró que era necesario prepararse para una guerra larga. Ahora había un ejército republicano.

Franco, que no tenía los medios para ganar ocupando la capital, no podía esperar ganar con una ofensiva total. Sus reservas son demasiado bajas, y las pérdidas sufridas en los últimos combates han descartado por el momento una batalla de desgaste. La táctica utilizada hasta el final de las hostilidades consistiría en atacar y reducir la España republicana región por región, lo que permitía concentrar una gran cantidad de equipos en un frente limitado. El aislamiento del Norte lo convertía, naturalmente, en el sector ideal para tal empresa. Además, la caída del Norte tenía un valor económico, que podía ser decisivo para la continuación de la guerra: la mayor parte de la industria metalúrgica española se encontraba allí. Por último, su posesión era importante para las futuras negociaciones internacionales. Alemania, que necesita el mineral de hierro del Cantábrico, sólo puede apoyar una operación de este tipo. Inglaterra, que utilizaba el mismo mineral, no podía ignorar la autoridad establecida en la región, ya fuera republicana o franquista.

El general Mola fue encargado de la operación más importante y más factible, la conquista de Vizcaya. Sus tropas pasaron por un periodo de calma y reorganización a principios de 1937. Fueron las cuatro brigadas navarras [9] las que estuvieron constantemente en primera línea durante la ofensiva nacional, representando una fuerza numérica igual, si no superior, a las tropas vascas -reforzadas por algunas brigadas de Asturias y Santander- concentradas en las Sierras para proteger los pasos que conducían a Bilbao. Detrás de las tropas navarras del general Solchaga, se colocaron en reserva los italianos de las Flechas Negras y la nueva división 23 de marzo, formada después de Guadalajara. Posteriormente, Mola reforzó sus tropas con marroquíes y contingentes del Tercio. La operación se inició, tal como estaba previsto, el 31 de marzo, después de que Mola diera un último ultimátum a los vascos; el método de combate que utilizarían constantemente los nacionales durante esta campaña fue inmediatamente evidente: explotación de una superioridad material abrumadora, intensos bombardeos de artillería, seguidos de la intervención de la aviación [10]. Su eficacia quedó patente de inmediato por los resultados obtenidos en los cinco primeros días de la ofensiva, a pesar de los frecuentes y valientes contraataques de los vascos; sin embargo, la ocupación de los pasos no puso a las fuerzas de Franco en contacto con el «Cinturón de Hierro», la línea defensiva de Bilbao. Aznar invocó el mal tiempo, que ciertamente ralentizó las operaciones, prohibiendo las salidas aéreas en un momento decisivo. Pero el ejército vasco, a pesar de las pérdidas sufridas y de sus debilidades materiales, seguía siendo capaz de reacciones peligrosas. Esto explica los duros combates en torno al monte Sabigan, que fue tomado y retomado varias veces entre el 11 y el 15 de abril. Lo que se necesitaba era una distracción desde el exterior, que obligara a Franco a desviar parte de sus tropas y su fuerza aérea a otro sector. Pero los intentos en este sentido fueron, como veremos, tardíos y realizados con muy pocos medios.

La primera parte de la campaña de Vizcaya se completó a finales de abril con la ocupación de Durango, Eibar y Guernica. Las brigadas navarras estaban finalmente en contacto con las alturas que protegían y dominaban el Cinturón de Hierro. Estas últimas operaciones se caracterizaron por el uso masivo de la aviación, que aplastó y aterrorizó no sólo a las líneas de defensa, sino también a ciudades y pueblos. El episodio más famoso a este respecto fue la destrucción de Guernica por la aviación alemana el 26 de abril; este bombardeo tuvo una enorme repercusión en el extranjero. Hoy, después de Rotterdam y Coventry, después de la destrucción de Varsovia y del bombardeo de Hiroshima, uno casi se asombra de la importancia que se le da a este ataque. Pero Guernica es la verdadera capital religiosa del País Vasco.

. La emoción del mundo católico, especialmente en Francia, fue considerable. Y entonces el asunto tomó un cariz internacional debido a que se acusó con razón a los alemanes de ser los responsables: los testimonios de los habitantes que huyeron de Guernica, quemados y amenazados por los rebeldes, son irrefutables. El aviador Galland se contentó con decir que era un «error» lamentable. Pero ante la culpa pública y la emoción de la Cámara de los Comunes, donde Eden había sido interrogado, Alemania pidió a Franco «un desmentido enérgico». De ahí la tesis nacionalista: «El Guernica fue incendiado por… las hordas rojas». Aguirre preparó, en un designio satánico, la destrucción de Guernica»[11] llevada a cabo por los dinamiteros asturianos. Esta interpretación se sigue utilizando hoy en día en España [12].

Sin embargo, las fuerzas nacionalistas debían reorganizarse y reforzarse antes de atacar las fortificaciones de Bilbao. Faupel informa que el general Franco pidió a los italianos que comprometieran a la división Littorio en estas operaciones decisivas. Pero los italianos estaban menos entusiasmados desde Guadalajara; tanto más cuanto que una nueva alerta, debida a una imprudencia, les recordaba estos desafortunados recuerdos: tras la ocupación de Guernica, las Flechas Negras habían avanzado rápidamente por la costa y llegaron a Bermeo, dejando su flanco izquierdo al descubierto; un contraataque republicano los aisló durante unos días y hubo que enviar la división 29 de marzo y una brigada navarra para despejarlos.

El mes de mayo se dedicó a la preparación de la batalla decisiva. Los dos adversarios consolidaron sus posiciones en torno al Cinturón de Hierro. La ineficacia de esta línea de fortificación, famosa antes de ser puesta a prueba, se demostró rápidamente: en primer lugar, no estaba ocupada por un número suficiente de hombres; en segundo lugar, estaba dominada por las alturas, que una vez ocupadas por el enemigo hacían imposible su defensa a largo plazo. Por lo tanto, los republicanos estaban decididos a defender estos puntos estratégicos, retrasando así la ofensiva nacionalista.

La sustitución de Mola por Dávila, fiel ejecutor de las órdenes de Franco, reforzó sin embargo la unidad del mando nacional. Las pérdidas sufridas por los vascos durante los contraataques fueron enormes. Finalmente, los planos del Cinturón de Hierro [13] habían sido entregados a las tropas de Franco por el capitán Goicoechea [14], lo que explica la excepcional precisión del bombardeo que precedió al asalto.

La ruptura de la línea fortificada era ahora inevitable. El ataque decisivo comenzó el 12 de junio y, durante el día, se rompió el Cinturón de Hierro a lo largo de cinco kilómetros. El resto de las defensas fueron tomadas por sorpresa.

Los vascos, que habían luchado bien hasta ese momento, consideraron que ya no había forma de resistir. Tal vez podrían prolongar la lucha aceptando una batalla callejera, pero esto provocaría la destrucción de su ciudad. Al evacuar Bilbao prácticamente sin luchar, los vascos han hecho sin duda más rápida la victoria nacionalista, pero han evitado una destrucción que ahora les parece inútil. Aquí, como en San Sebastián, chocaron dos concepciones de la guerra: los vascos no dudaron en desarmar a los milicianos asturianos que habían levantado barricadas en las calles de la nueva ciudad. El día 16, el coronel Bengoa huyó a Francia; según él, Bilbao vivía un auténtico «colapso de poder»… Temía que la ciudad no pudiera rendirse, ya que nadie tenía autoridad en ella. El día 17, el gobernador vasco, a su vez, abandonó la capital, dejando una junta de defensa con Leizaola, el socialista Aznar, el comunista Astigarrabia y el general Ulibarri. Es difícil saber si tiene alguna autoridad real. Según Le Temps, en la tarde del día 17 se produjo un tiroteo entre los vascos, partidarios de la rendición[15], y los «extremistas, partidarios de la resistencia total». Los anarquistas volaron los puentes y ejecutaron sumariamente a algunos de los partidarios de la rendición. Una unidad vasca, 1.200 milicianos que habían sido soldados del ejército regular antes de la guerra, entró entonces en acción, apoyada por la policía, los asaltos y los guardias civiles. Las milicias de Santander y Asturias fueron atacadas y desarmadas, y se izó la bandera blanca en el edificio de la central telefónica. Se enviaron emisarios a los nacionalistas, unidades vascas ocuparon los edificios públicos y mantuvieron el orden. La policía, ahora con boinas carlistas, continuó su trabajo tras la entrada de las tropas de Dávila.

Mientras los nacionalistas ocupaban Bilbao, el ejército vasco se retiraba hacia el oeste. El resto de Vizcaya cayó en manos de los nacionales prácticamente sin resistencia. Aznar estimó que los vascos habían perdido 30.000 hombres durante la campaña.

Sin embargo, el Estado Mayor de Franco tardó once semanas en completar la campaña. Las condiciones naturales y la resistencia vasca no fueron suficientes para explicar la duración de la batalla. Hubo errores por parte de los nacionales, y sobre todo un desacuerdo entre españoles e italianos; el general Doria se vio incluso obligado, tras el fracaso de Bermeo, a renunciar a la participación activa de la C.T.V. para esta campaña.

La diversión: Brunete

Los republicanos no pudieron aprovechar el retraso. Un poderoso ataque desde la zona central podría haber interrumpido la ofensiva nacionalista. Pero los dos intentos de distracción que, en mayo-junio, partieron del frente central carecían de alcance. Se emprendieron sin convicción y con medios insuficientes. En Balsain, en Castilla la Vieja, el ataque cuyo objetivo inmediato era tomar La Granja ni siquiera contó con el apoyo de tanques. En Huesca, donde la ofensiva debía conducir a la ocupación de la ciudad, los atacantes sólo disponían de tres baterías de artillería. En ambos casos, el enemigo parecía estar en guardia, y los primeros atacantes se encontraron con una fuerte reacción.

Al día siguiente de la última tentativa en el frente de Huesca, la ocupación de Bilbao por los nacionales marcó el fin de la campaña vizcaína. La lucha aún podía prolongarse, pero para despejar el norte era necesario actuar sin demora con una gran fuerza de maniobra.

Sin embargo, la eliminación de la oposición revolucionaria ha permitido crear, al menos en apariencia, una unidad política. El gobierno de Negrín, el «gobierno de la victoria», se apoyaba en un ejército que perdía cada vez más su carácter revolucionario para parecerse a un ejército regular. Las «milicias autónomas» desaparecieron. Los «técnicos» militares, que contaban con la confianza del gobierno, tuvieron prioridad sobre los políticos; en el sector central, el papel esencial lo desempeñó Vicente Rojo; en el frente norte, Gamir Ulibarri, antiguo profesor de la Academia Militar de Toledo, al igual que Rojo, recibió el mando de toda la zona republicana, consiguiendo así, aunque con retraso, la unidad de mando en este sector. Bajo el impulso de estos técnicos, se planteó una reorganización total del ejército. Las tropas, sea cual sea su origen y su formación primitiva, se dividían en ejércitos, cuerpos de ejército, brigadas y batallones. Esta reorganización, útil cuando un largo período de calma permite llevarla a cabo, no significa mucho en el Frente Norte, donde se imponen al mando tareas de defensa más inmediatas.

Una cosa es organizar estos cuerpos a nivel teórico, y otra darles la capacidad de resistencia necesaria y prepararlos para la acción ofensiva. Es necesario entrenar a los hombres; el 5º cuerpo, formado en gran parte por las tropas del antiguo 5º regimiento, será el ejemplo y el modelo. Proporcionó la primera masa de maniobra en las ofensivas del verano del 37.

El segundo problema, aún más difícil de resolver para los republicanos, es el de las armas. El suministro de armas se ha vuelto cada vez más difícil desde la aplicación de las medidas de control fronterizo y costero el 19 de abril. El suministro de armas pesadas y tanques a las unidades, cuyo papel está siendo importante en una batalla de ruptura, es totalmente insuficiente. La contribución de los aviones rusos estaba lejos de permitir un uso masivo de la aviación, especialmente de la de asalto.

Esta inferioridad material era menos marcada alrededor de Madrid que en los otros sectores de combate, ya que la masa de las tropas organizadas se había concentrado en esta parte del frente durante los tres primeros meses de 1937. Esta fue sin duda una de las razones que determinaron la elección de Brunete para la gran ofensiva de distracción lanzada a principios de julio. Parece que una discusión bastante seria precedió a la designación del sector de ataque, que finalmente se mantuvo tanto por consideraciones políticas como militares.

La primera fue una ofensiva en Extremadura, en la zona de Mérida. Las ventajas de tal iniciativa se pueden ver sólo en el mapa; su éxito habría constituido el mayor peligro para el ejército de Franco al amenazar directamente a Badajoz y la frontera portuguesa, cortando así las comunicaciones con las bases marroquíes y del sur; además, las fuerzas que defendían esta región eran mucho menos numerosas que en el frente de Madrid. Todas estas consideraciones hacían prever desde hace tiempo la posibilidad de un ataque en este sector, especialmente la idea del coronel Asensio Torrado, «técnico» de Largo Caballero. Durante 1938, los militares republicanos reexaminaron este proyecto, pero finalmente nunca se llevó a cabo con los medios necesarios para garantizar su éxito [16].

Al final, se impuso la segunda solución ofensiva: un ataque en el sector de Madrid. La decisión de lanzar una operación militar de esta envergadura recayó en el Gobierno, y en particular en el ministro de Defensa, Indalecio Prieto. Insistió en estar presente personalmente en el inicio de la ofensiva sobre Brunete. Al final, con el acuerdo de los técnicos rusos, Miaja y Rojo tomaron la iniciativa de elegir el frente de Madrid, y Rojo explicó las ventajas militares: las fuerzas nacionalistas eran más débiles porque habían tenido que enviar tropas de este sector al frente norte; estaban debilitadas moralmente por el fracaso en la capital. Pero sobre todo, las reservas de hombres están aquí en el lugar; no es necesario ningún movimiento importante de tropas. El efecto sorpresa puede lograrse más fácilmente que en el frente sur, hacia el que no se puede ocultar durante mucho tiempo un movimiento masivo de tropas y equipos. Además, no se trataba de desarmar el frente de Madrid, símbolo de la resistencia en la España republicana.

Por otra parte, el Estado Mayor republicano estaba convencido de que la única manera de ganar era romper el frente mediante una considerable concentración de fuego y tropas, lo que significaba intentar abrirse paso en un frente extremadamente limitado. La elección de Brunete cumplía estos requisitos.

La batalla de Brunete

La operación tenía un doble objetivo: frenar la ofensiva nacionalista en el norte, obligando a Franco a retirar parte de las fuerzas comprometidas en Vizcaya, y, al alcanzar el nudo de comunicaciones de Navalcarnero con un ataque al oeste de Madrid, obligar a las tropas franquistas a replegarse al Tajo y aislar a las de las inmediaciones de la capital. El éxito de esta maniobra, aunque el enemigo lograra escapar del cerco, le obligaría a retirarse precipitadamente y a liberar Madrid. Así, todos los éxitos de los nacionalistas quedarían en entredicho.

Para llevar a cabo esta maniobra de cerco, se preveía un doble ataque: el principal era llegar a Brunete y tomar posesión de la cresta de la montaña por encima de Navalcarnero. El ataque secundario tenía como objetivo avanzar hacia Alcorcón, al sur de Madrid. La tarea de llevar a cabo el ataque principal fue confiada al 5º Cuerpo, al mando de Modesto, y al 18º, comandado por Jurado. Los mejores elementos de las tropas republicanas estaban presentes: la división Lister, la 13ª y 15ª brigadas internacionales. El ataque secundario fue dirigido por las reservas de Madrid, compuestas por las divisiones Kléber y Duran y el 2º Cuerpo dirigido por Romero.

Los recursos puestos a disposición del estado mayor republicano fueron los más grandes jamás utilizados. Aznar estimó las fuerzas gubernamentales en 47.000 hombres, y todos los observadores señalaron la excepcional importancia de la artillería, especialmente la antiaérea [17].

Por otra parte, los elementos nacionalistas que podían comprometerse inmediatamente eran débiles: dos banderas de la Falange, tres centurias, el batallón de Sam-Quintín, más los servicios del subsector concentrado en Brunete. En las primeras horas se pusieron a disposición de la defensa algunas reservas, pero el conjunto era claramente insuficiente para impedir una acción en profundidad. Por lo tanto, las condiciones para la lucha eran tan buenas como podían serlo para los republicanos. Rojo consideró que Brunete fue, junto con la Batalla del Ebro, «la única operación perfectamente preparada del lado republicano». Se mantuvo perfectamente en secreto, lo que es realmente excepcional.

A grandes rasgos, la batalla se dividió en dos periodos: del 5 al 13 de julio tuvo lugar la ofensiva republicana; del 15 al final del mes, la contraofensiva nacionalista.

A partir del 5 de julio, los ataques hacia Aranjuez fueron el preludio de la ofensiva general. En la noche del 5 al 6, el asalto fue lanzado con éxito: la ruptura prevista tuvo éxito; en el centro, la división Lister, avanzando profundamente, ocupó Brunete. Las ventajas obtenidas eran tales que se podía prever una gran victoria.

Pero a partir del 7 de julio, la ofensiva se ralentizó, y los nuevos avances logrados fueron puramente locales y de poca importancia; la pérdida de impulso fue visible. La ocupación de Villafranca del Castillo, en el extremo oriental de la ofensiva, apenas duró un día, ya que los tabores marroquíes consiguieron retomar el pueblo el día 12. A partir de entonces, los republicanos se limitaron a limitar al máximo los contraataques de los nacionalistas. En definitiva, desde el punto de vista operativo, fue un fracaso. Para explicarlo, hay que tener en cuenta tanto la falta de medios como los errores del gobierno.

El error evidente fue no haber aprovechado el éxito inicial dando más alcance a la maniobra. Mientras la división listera se mantenía en las posiciones que había conquistado los días 6 y 7, el mando republicano atacaba con la energía de la desesperación los pueblos que defendían los pocos nacionales. Al perder cuatro días en estas posiciones, los republicanos permitieron la llegada de los refuerzos de Franco; en cambio, al persistir, sufrieron pérdidas muy importantes y debilitaron su potencial militar. Estos dos rasgos estuvieron constantemente presentes durante la guerra: por un lado, el carácter tímido y la falta de una concepción global amplia del mando [18], y por otro, la lentitud de las operaciones, que no sólo se explicaba por la resistencia encontrada, sino también por las reacciones brutales e inesperadas de las tropas implicadas. Así, por ejemplo, el ataque secundario que debía rodear a los nacionales al sur de Madrid fracasó; las vanguardias entraron repentinamente en pánico y obligaron a todas las fuerzas agrupadas en este sector a retroceder sobre sus primeras posiciones. Estos repliegues repentinos, tan habituales en las grandes operaciones republicanas, imposibilitaron a menudo una maniobra importante, especialmente en Brunete.

En este caso, estuvo a punto de convertirse en un desastre, ya que en un momento dado la fachada quedó completamente despojada como consecuencia de un nuevo pánico. Sin embargo, al final, la contraofensiva lanzada por el general Varela fue detenida.

Al final, Brunete fue un éxito a medias para los gobiernos. Una pequeña parte de sus objetivos iniciales se ha cumplido. La bolsa creada al norte de Brunete no podía contarse como un avance sustancial, ya que sólo ampliaba el frente. Más importante fue el desplazamiento de tropas que Franco se vio obligado a realizar. Tuvo que retirar del frente norte dos brigadas navarras y casi toda la aviación [19]. Fue la superioridad aérea de Franco la que finalmente fue determinante en la lucha. El ametrallamiento casi incesante durante el día y el bombardeo por la noche [20] rompieron la ofensiva y completaron la aniquilación de la maniobra republicana.

Sin duda se dio un respiro para organizar la defensa de Santander. Pero este respiro duró poco. A finales de julio, parte de las tropas comprometidas en Brunete pudieron regresar al frente norte [21] para participar en un nuevo y decisivo asalto, que preparó el derrumbe del frente norte y la caída de la zona industrial asturiana.

La campaña contra el Santander

De hecho, no hubo más de quince días de paz entre el final de la batalla de Brunete y el inicio de la nueva ofensiva sobre Santander. Apenas fue el tiempo suficiente para completar el montaje de un ataque. Los dos elementos esenciales serían, como en Bilbao, las brigadas navarras y todas las tropas italianas, C.T.V. y Flechas, ahora reorganizadas; todas estas fuerzas fueron puestas bajo el mando del general Dávila. Se reforzó la artillería de los batallones y la aviación volvió a concentrarse en el norte. Franco esperaba hacer un gran esfuerzo en agosto-septiembre, para acabar con Santander y Asturias a finales del verano, antes de que la mala temporada retrasara las operaciones en la región montañosa.

En el lado republicano, Ulibarri, designado para dirigir las tropas del frente norte, disponía de cuatro cuerpos de ejército. Pero el cuerpo de ejército vasco estaba formado por tropas que habían sido duramente probadas por los combates anteriores y se habían retirado a la provincia de Santander. Ya ni siquiera luchaban para defender su territorio; estaban debilitados moral y materialmente. Sin embargo, estaban a cargo de todo el sector oriental. Los cuerpos asturianos (16º y 17º) sólo participaron parcialmente en las operaciones de Santander.

Por último, la defensa de Santander fue mucho más difícil de establecer que la de Bilbao. Aunque la provincia estaba cubierta al sur por una barrera montañosa más allá de los puertos de Los Torros, Escudo y Reinosa, no había grandes obstáculos en el camino de la costa. Tampoco hay fortificaciones similares a las del Cinturón de Hierro. Para llenar este vacío, los hombres nacidos entre 1913 y 1920 fueron movilizados y enrolados en batallones de fortificación, que se encargaron de construir una segunda línea de trincheras detrás de la construida por los disciplinantes y las tropas de línea. Sin embargo, la falta de organización y la enormidad del trabajo a realizar hacían que esta tarea fuera incierta.

Sin el progreso en materia de armamento, tardaría en organizarse. Ulibarri intentó ganar el tiempo necesario lanzando una ofensiva desde la bolsa formada por el frente al sur de Heinosa. Pero el ataque, llevado a cabo por un cuerpo asturiano, fue rápidamente detenido. Este fracaso, sumado a la paralización de la ofensiva de Brunete, no hizo más que acentuar la impresión de aislamiento que se cernía sobre la región del norte. En el mar, Santander sólo contaba con dos destructores, Ciscar y José Luis Díez, para proteger sus comunicaciones con el exterior. Estos barcos no serían eficaces: el bloqueo, ya decidido y organizado por el mando nacional en la costa de Vizcaya, sería aún más eficaz durante la campaña de Santander.

No es de extrañar que, en estas condiciones, estemos asistiendo a una guerra relámpago. Los combates no se desarrollaron realmente hasta los tres o cuatro primeros días y el destino de la campaña se decidió en pocas horas. Las dos posiciones principales, las del paso del Escudo y Reinosa, fueron atacadas, la primera por la C.T.V., con la división Littorio en reserva, y la segunda por tres brigadas navarras. A pesar de la facilidad de defensa en este sector montañoso, el éxito fue total y rápido, el uso de elementos motorizados acentuó aún más el carácter relámpago del avance nacionalista.

La primera noche de la batalla, el 14 de agosto, los hombres que estaban más avanzados en la bolsa de Reinosa recibieron la orden de retirarse para evitar ser rodeados. En cuarenta y ocho horas los navarros habían tomado Reinosa, habiendo roto la única resistencia seria que habían encontrado y ocupado una fábrica que trabajaba para la artillería naval, donde se fabricaban cañones. Reinosa no aguantó; sólo un batallón asturiano resistió durante unas horas en las calles de la ciudad, mientras que los italianos, tras un ataque masivo de tanques, ocuparon Escudo; la columna motorizada que avanzaba hacia el sur hizo su unión con los navarros. Una vez más, la superioridad material fue el factor determinante; ningún obstáculo serio se interponía ahora en el camino de los nacionalistas. Hubo alguna resistencia esporádica, como la de los asturianos, que no dejaron a Corconte más que un montón de ruinas. Pero muchos batallones vascos se rindieron y, en contra de las órdenes de Ulibarri de retirarse a Asturias, las tropas vascas comenzaron a concentrarse en torno a Santona.

A partir del 17 de agosto comenzó la segunda fase de la operación: un avance rápido y masivo que permitió liquidar las defensas de la provincia de Santander en diez días. El día 25, el buque de guerra británico Keith subió a bordo a los diecisiete rehenes que quedaban de Bilbao, a sus guardias y a varios dirigentes vascos, a los que Aguirre, que había venido de la zona central, se unió en Bayona; Juan Ruiz, el gobernador socialista, y el general Ulibarri salieron por la noche en un submarino; guardias civiles, asaltos y carabineros se habían sublevado. Sus dirigentes [22] se pusieron en contacto con los nacionalistas, advirtiéndoles que estaban dispuestos a entregar la ciudad, donde sólo los hombres del C.N.T. estaban dispuestos a resistir. – F.A.I. [23]. Un comunicado del mando nacionalista anunciaba el día 27 que la entrada de las tropas prevista para el día 26 se había retrasado veinticuatro horas, ya que «el orden en Santander estaba ya asegurado por la población». La alianza de los jefes del ejército y de la policía con los simpatizantes de Franco forzó la rendición. Y mientras el frente de Santander se derrumbaba, los vascos capitulaban en Laredo.

La rendición vasca

La capitulación vasca en Laredo, tras un acuerdo formal, planteó problemas de todo tipo. El más sencillo era el de las relaciones dentro de la coalición republicana; los otros se referían tanto a la política de Franco hacia una posible reconciliación como a sus relaciones con sus aliados italianos. Por último, aunque de forma menos visible, la actividad de la política británica comenzó a desempeñar un papel considerable en este sentido [24].

Sin querer volver a la historia de los contactos diplomáticos realizados con vistas a una solución política del conflicto, hay que señalar que, desde el comienzo de la guerra civil, se han realizado varios intentos de llegar a los vascos. Su aislamiento político y material debió animar a algunos de sus dirigentes a buscar la posibilidad de un acuerdo honorable.

El primer intento de negociación por separado tuvo lugar, según Cantalupo y a instancias suyas, inmediatamente después de Guadalajara. El cónsul italiano en San Sebastián, Cavaletti, habría realizado los primeros contactos y habría sido informado por el jesuita Padre Pereda de las garantías exigidas por Aguirre y Jáuregui: posibilidad de que los dirigentes salgan de España, ausencia de represalias contra la población civil, salvo por delitos de derecho común, finalmente mediación italiana absoluta, lo que presupone el control de las operaciones de rendición y las condiciones de represión por parte del mando italiano, finalmente para evitar masacres similares a las ocurridas en Badajoz y Málaga. Fue este último punto el que iba a provocar el fracaso del intento, ya que el mando nacionalista difícilmente admitía la injerencia italiana, que corría el riesgo de extenderse a toda España. ¿Cuál habría sido el valor de las garantías dadas por Franco?

Estas negociaciones parecen prolongarse hasta mayo. Aguirre confirmó que un emisario se dirigió a él en Bilbao, pero sin resultado. El embajador Faupel atribuyó el fracaso de las conversaciones a la oposición de Franco. Pero la caída de Bilbao, las fuertes pérdidas de los vascos y las constantes presiones del Vaticano [25] hicieron que se reanudaran los contactos. Hassell, el embajador alemán en Roma, telegrafió el 7 de julio, justo cuando se preparaba la ofensiva contra Santander, que «los delegados vascos estaban negociando la rendición» y que «el gobierno italiano estaba utilizando su influencia sobre Franco para obtener condiciones favorables». Los vascos, que habían luchado con valentía para defender su país, sentían ahora que luchaban por personas que les eran extrañas, por una ideología que no era la suya. Desde la pérdida de Vizcaya, no habían participado seriamente en los combates. Su retirada a Santona fue el preludio de su capitulación. El presidente del partido nacionalista vasco, Juan de Achuriaguera, negocia con el general Mancini y firma el pacto de Laredo: los vascos entregan las armas a los italianos, liberan a sus presos políticos y se comprometen a mantener el orden en la zona que controlan hasta que los italianos se hagan cargo. A cambio, los italianos garantizaron la vida de los combatientes y permitieron la salida de los dirigentes vascos que estaban en Santander. Pero estas garantías sólo se dieron a los vascos: los combatientes no vascos de la zona de Santona se vieron así atrapados en una verdadera trampa, bajo la vigilancia de los vascos, que «mantenían el orden»…

La capitulación entra en vigor el 25 de agosto. Los italianos ocuparon Laredo el 25 y Santona el 26. El embarque de los responsables comenzó el día 27 en dos barcos ingleses, el Bobie y el Seven Se as Spray, bajo control directo de Italia. Llega un funcionario español con órdenes de Franco que prohíben toda salida; los dirigentes vascos, los miembros de la «junta de defensa» que habían organizado la «rendición ordenada» son detenidos. El pacto se rompió; Franco no quiso tener en cuenta la palabra de los oficiales italianos [26]. Les tocó a los vascos quedar atrapados…

En la provincia de Santander sólo quedaba una apariencia de ejército, que las milicias asturianas evacuaron a toda prisa; en cinco días, las tropas nacionales superaron a Santander en 40 kilómetros.

El fin de Asturias

Sin embargo, se reconstituyó un frente en la zona costera, que se amplió desde Santander hasta Gijón; además, la zona montañosa constituía una sólida muralla que la milicia asturiana supo utilizar admirablemente [27].

Así que el avance de los navarros no tardó en frenarse. Les llevaría más de un mes de combates cruzar los 40 kilómetros que separaban Ridesella de Villaviciosa; en ese momento, el 19 de octubre, Gijón estaba directamente amenazada. ¿Podría continuar la resistencia y, sobre todo, como exigía el gobierno de Madrid, podría llegar al invierno?

El corresponsal del New York Times escribe: «Los asturianos en retirada parecen decididos a no dejar tras de sí más que ruinas humeantes y desolación, cuando finalmente se ven obligados a abandonar una ciudad o un pueblo … Los rebeldes suelen encontrarlos dinamitados y quemados hasta los cimientos. «El 19 de octubre, Franco no dudó, ante esta tenaz resistencia, en pedir a Mussolini por telegrama que enviara una nueva división para liquidar este frente antes del invierno.

Sin embargo, esta resistencia se derrumbó en cuarenta y ocho horas. Ante el Consejo de Asturias, reunido a las 2 de la madrugada del 20 de octubre, el coronel Pradas informó de la situación militar, que juzgó muy comprometida y casi desesperada. El material y las municiones solicitadas a Madrid no habían llegado, la moral de los combatientes estaba baja, agravada por el pesimismo de la retaguardia. Cualquier resistencia era imposible a sus ojos. Se podía aguantar, si se quería aguantar hasta que se aplastara, y en este caso los miembros del Consejo sólo tenían que ir al frente. Sin embargo, pensó que era posible salvar parte del ejército ordenando una retirada hacia los puertos de Gijón, Avilés y Caudas, con la condición de que se hiciera el mismo día: «Mañana será demasiado tarde. El Consejo estaba dividido. La orden de Negrín era clara: había que aguantar hasta el final. Pero sólo los comunistas Ambou y Roces abogan por la obediencia. La mayoría decide retirarse; el Consejo proclama su soberanía, lo que le libera del deber de obediencia a Madrid, y ordena la salida por mar, por todos los medios posibles [28].

El Coronel Pradas pensó que podría llevar a cabo esta operación en veinticuatro horas. Sólo se llevaría a cabo una parte. Cinco aviones aterrizaron en Bayona el día 20; eran oficiales que dijeron haber recibido la orden de evacuación del Estado Mayor. Los oficiales rusos también llegaron a Bayona en un avión de Air-Pyrenees. A las 5 de la mañana, los líderes comunistas partieron en una lancha. A las 8 de la mañana, Belarmino Tomás se embarcó en un pesquero, el Abascal, con los demás miembros del Consejo, entre ellos Segundo Blanco, que había regresado el día anterior en avión desde la zona central.

Durante la noche, estalló una revuelta, de la que podemos suponer que el coronel Pradas se enteró. El coronel Franco [29], jefe de la guarnición de Gijón, apoyado por la Guardia Civil y los Carabinieri, tomó el control de la ciudad e inmediatamente se puso en contacto con los navarros, a los que rogó que aceleraran su marcha hacia la ciudad, donde temía «un levantamiento anarquista». El día 21, a las 10 de la mañana, la radio anunció: «Estamos esperando impacientemente… Viva Franco». Miles de milicianos, abandonados por sus jefes y desarmados por los guardias, estaban ya prisioneros cuando llegaron los navarros [30].

Tras la caída de Gijón, el Frente Norte dejó de existir. Sin embargo, no cesó toda la resistencia[31]. Las operaciones de repliegue aquí durarían mucho más que en Vizcaya o Santander, y Franco no podía, por tanto, trasladar inmediatamente todas las tropas comprometidas aquí al frente central. La conquista del Norte fue, al final, sólo una etapa de la guerra.

Belchite

Sin embargo, representó la primera gran victoria de los rebeldes desde que la batalla cambió de cara a Madrid. Era doblemente importante. Económicamente, entregó a Franco algunas de las provincias españolas más importantes, las únicas en todo caso en las que los republicanos podrían haber montado una industria de guerra; proporcionó esa mercancía esencial de intercambio, el mineral de hierro. Militarmente, no sólo demostró la superioridad del ejército nacionalista sobre los divididos y mal armados combatientes vascos y asturianos, sino que demostró que al menos en este momento el ejército de Valencia y Madrid es incapaz de interrumpir eficazmente una ofensiva nacionalista. Brunete fue un éxito a medias; el segundo gran intento, el de Belchite, fue un fracaso total.

La elección de Belchite se justificó por consideraciones exactamente opuestas a las de Brunete. No hubo reorganización del frente. Los soldados, dice Rojo, «son más cazadores que combatientes», lo que significa que actúan en pequeños grupos aislados o unidos al resto del frente por observatorios. Pero los combatientes contrarios no estaban en mejor situación. Por lo tanto, parece fácil romper la línea del frente. Por otro lado, la maniobra podría ser más amplia con números relativamente pequeños. Los objetivos eran los siguientes: tomar Zaragoza mediante un triple ataque sobre Zuera, al norte del Ebro, directamente sobre Zaragoza, y hacia el sur reducir la bolsa formada por el frente entre Quinto y Belchite. Al mismo tiempo, el mando republicano esperaba obviamente obligar a los nacionalistas a suspender su ofensiva en el norte.

Pero la ofensiva comenzó muy tarde, el 29 de agosto, varios días después de la toma de Santander. La mayor parte de las tropas implicadas tuvieron que ser transportadas al sector de ataque, lo que se hizo por malas carreteras, en medio de la mayor confusión [32]. Por último, la capacidad de maniobra de las tropas republicanas quedó ampliamente demostrada una vez más. Sólo un éxito: la captura de Qumto y Belchite; todavía se necesitan doce días para derribar a Belchite. Las grandes ambiciones de la ofensiva sobre Zaragoza se abandonan tras un intento infructuoso al norte del Ebro. Belchite fue un fracaso, porque no se logró ninguno de los objetivos esenciales. La conquista del Norte por los nacionalistas no se retrasó ni un día.

A partir de ahora, dos Españas se oponen claramente en el mapa. Los franquistas dominaban toda la parte occidental y noroccidental del país; sus territorios formaban ahora un solo bloque, desde Galicia hasta Aragón, desde Gibraltar hasta el Golfo de Vizcaya.

Notas

[1] El Departamento de Defensa de Asturias estaba dirigido por el comunista Ambou, el Estado Mayor por Ciutat. Gouzalez Peña (socialista), Juan José Manso (comunista) y González Mallada (C.N.T.) fueron comisarios.

[2] El Gobierno Vasco estaba formado por cuatro nacionalistas, tres socialistas, dos republicanos y un comunista; el Consejo Asturiano estaba formado por cuatro anarquistas (dos C.N.T., un F.A.I., un J.L.), cuatro republicanos, dos socialistas, dos comunistas y dos J.S.U.

[3] Véase Carlos Rama.

[4] El 1 de marzo, el organizador de las milicias vascas, Cándido Saseta Echevarria, fue asesinado en las afueras de Oviedo. Lizarra, al comentar su muerte, no ocultó la falta de entusiasmo de los vascos por luchar entre los asturianos.

[5] Según Aguirre. Sin embargo, el presidente vasco destacó el valor de los pilotos rusos y de su jefe, el general Jansen. El líder nacionalista vasco Monzón también consiguió comprar 5.000 rifles checos y 5 millones de cartuchos en Hamburgo en octubre. No tenemos cifras del armamento de los asturianos, que probablemente estaban aún más desprovistos que los vascos y para los que el asedio de Oviedo fue un largo baño de sangre. En particular, recibieron armas checas, especialmente fusiles, entregadas por México, y el 19 de octubre, una carga de viejos fusiles franceses traídos por el vapor Reina.

[6] Cf. carta de un miliciano asturiano citada en el Dépêche de Toulouse (4 de octubre de 1987): «¿Qué importa morir si no pasan, y si pasan, qué importa morir?

[7] Cf. el episodio citado por Steer del coronel Annex, jefe de la censura militar, que declaró mientras el enemigo se acercaba a Bilbao: «¿Qué sentido tiene que nos maten?» y mantuvo sus funciones en las filas contrarias.

[8] Según el Times.

[9] Ver Aznar: 1ª Brigada, Coronel García Valino; 2ª, Coronel Cayuela; 3ª, Coronel Latorre; 4ª, Coronel Alonso Vega.

[10] Los bombardeos del 31 de marzo, que precedieron al ataque nacional, se llevaron a cabo con 35 baterías de artillería: el doble de las que los vascos pudieron poner en línea.

[11] La oficina de prensa de los nacionalistas publicó un desmentido el 29 de abril (ver archivos de la Wilhelmstrasse).

[12] Véase Aznar, op. cit.

[13] La defensa consistía en tres líneas de trincheras, cinco redes de alambre de espino, refugios subterráneos y nidos de ametralladoras.

[14] Cf. Steer.

[15] El día 18, 1.500 prisioneros franquistas fueron conducidos en filas, equipados con palas y picos, con el pretexto de cavar trincheras, hacia las vanguardias nacionales.

[16] Es probable que los asesores militares rusos se opusieran a esta operación en 1937.

[17] Tal concentración de material sólo se llevó a cabo dos veces en toda la guerra en el bando republicano, en Brunete y Teruel.

[18] Rojo escribe que «los jefes de la división de vanguardia temían avanzar más y exponerse a ser rodeados».

[19] En particular, la Fuerza Aérea Legionaria Italiana y la Legión Cóndor.

[20] Rojo señala que, por primera vez, la cacería se llevó a cabo de noche

[21] Según Aznar, a partir del 3 de agosto, la 5ª Brigada Navarra se concentró en la zona de Alguilar del Campo y Ala del Rey.

[22] Según Independent News, citando un despacho de la agencia, se trata del comandante de la Guardia Civil Pedro Vega, el comandante de las tropas vascas Ángel Botella y el capitán de navío Luis Terez.

[23] Un informe del Comité Peninsular de la F.A.I. menciona los batallones 122 y 136 y habla de «militantes del P.O.U.M. a su lado»; según Fragua Social, el médico y militante del P.O.U.M. José Luis Arenillas, jefe de los servicios sanitarios del ejército del norte, intentó en el último momento organizar la resistencia. Fue hecho prisionero y ahorcado. Fue autor de una severa crítica a la política del gobierno de Euzkadi, publicada en Nueva Era en enero del 37.

[24] En junio, la prensa informó de un viaje a Londres de Constantino Zabala, suegro de Aguirre.

[25] Véase la nota de Hassell (13 de enero): «Se está negociando con los separatistas vascos en Bilbao, por mediación del Vaticano». El cardenal Pacelli -el futuro Pío XII- habría sido este intermediario, según Largo Caballero y Aguirre.

[26] Los historiadores franquistas suelen guardar silencio sobre este episodio, al igual que muchos republicanos…

[27] Castro Delgado (op. cit. pp. 571-572) estima en unos 45.000 el número de hombres del XIV y XVII Cuerpo de Ejército que defendían Asturias, con 850 ametralladoras, 180 cañones y 6 cañones antiaéreos.

[28] Véase el acta de la última reunión del Consejo de Asturias, publicada en la nota del Consejo en respuesta a Negrín. Este texto, cuya publicación fue prohibida por la censura republicana, apareció en el Nuevo Independiente, y su autenticidad nos fue confirmada por miembros de la Diputación: Zugazagoitia afirma que fue el 29 de agosto cuando la Diputación Provincial decidió transformarse en Diputación Soberana (op. cit. p. 314). Prohíbe cualquier salida: ‘De aquí no sale ni Dios’. Castro Delgado (op. cit. págs. 573 y ss.) afirma que Amador Fernández se dirigió entonces a Francia para obtener un compromiso: la autorización para evacuar al ejército a cambio de no destruir las instalaciones industriales.

[29] Según Castro Delgado (op. cit. pp. 576-577), el coronel Franco, acusado desde hacía tiempo de sabotaje por los comunistas, había asistido a la última reunión del Consejo.

[30] La mayoría de los dirigentes asturianos lograron escapar; miembros del Consejo, el presidente del Tribunal Popular, militantes destacados, como Javier Bueno, jefes militares, los coroneles Pradas, Linares, Ciutat, Galán, el almirante Fuentes. Pero miles de combatientes fueron hechos prisioneros, y muchos de ellos fueron fusilados. Entre ellos, el obrero metalúrgico Carroeerra, que comandaba una brigada. Zuguagoitia (op. cit., p. 319) relató cómo este militante del C.N.T. se negó a embarcarse sin sus hombres y, por tanto, eligió deliberadamente la muerte.

[31] Véase la nota del Stöhrer del 4 de marzo de 1938, citando a Franco: «Las guerrillas continuaron en Asturias y sólo recientemente terminaron. Tras la toma de Dijon, aún quedaban 18.000 hombres armados dispersos por la región; sólo recientemente se había hecho prisionero al último de ellos, probablemente 2.000 hombres, con 18 ametralladoras y 1.500 fusiles.

[32] Unos bombardeos sobre las zonas de concentración habrían detenido todo, dijo Rojo.

II.5: La evolución política de la España nacionalista

• Los hombres del nuevo régimen
• El gobierno nacionalista provisional
• General Franco
• El partido único
• El decreto en sí tiene tres artículos:
• Resistencia política
• El compromiso de la Iglesia
• El nuevo personal de Franco
• Notas

La conquista del Norte no sólo proporciona a los nacionalistas ventajas económicas y estratégicas. Era una garantía para los estados extranjeros de que el Movimiento no podía ser derrotado por las armas. Afirmó la superioridad militar de Franco al convertirse, a los ojos de toda la España rebelde, en el líder indiscutible de la «Cruzada».

El dominio del ejército impuso inmediatamente el «orden» a través del miedo. Sin embargo, la situación política siguió siendo singularmente confusa en la zona nacionalista durante los primeros meses. De hecho, durante este periodo, y hasta octubre del 36, los dirigentes de la rebelión no consideraron necesaria una organización política en esta zona. Dedicaron todos sus esfuerzos a la consecución de una guerra que pensaban que sería de corta duración. Se contentan con asegurar sus espaldas con medidas de fuerza.

Por lo tanto, no pueden y no permiten que ningún partido de la oposición permanezca. La proclamación del estado de sitio ha puesto en manos de las autoridades militares los medios para acabar con toda resistencia. Ya no hay sindicatos, ni partidos obreros o republicanos; los demás partidos ya no muestran ninguna actividad seria. Además, una decisión del 25 de septiembre del 36 prohíbe toda actividad política y sindical. Si había alguna resistencia obrera y campesina, especialmente en Andalucía y Extremadura, había sido decapitada desde las primeras victorias nacionalistas y la violenta represión que las siguió. Sólo se manifiesta en actos de sabotaje en las fábricas y en guerrillas, que molestan a los nacionalistas pero no perturban profundamente su seguridad.

Pero la dictadura militar no pudo ocultar la disparidad de las fuerzas que participaron en el Movimiento y la falta de personal político cualificado. Aparte de las fuerzas regulares, como en la zona republicana en los primeros días de la insurrección, había una diversidad de «uniformes» que simbolizaban las diferencias políticas. Un reportaje de Le Temps, fechado el 8 de octubre y claramente favorable a los sublevados, subraya el alegre caos que reinaba en la zona de Pamplona y Vitoria; la vestimenta que llevaban los Flechas, los jóvenes falangistas, y los Pelayos, los jóvenes carlistas, era lo más extraño, pues el pantalón negro, la camisa azul y la gorra de policía de los primeros contrastaba con el traje caqui y la boina roja de los segundos. Tal o cual facción domina en un determinado sector. Así, los «albiñanistas» [1] se reclutaron principalmente en la región de Burgos; los falangistas eran numerosos en Salamanca, la «ciudad azul», y en Valladolid; los requetés, que representaban el elemento más pintoresco, dominaban evidentemente en Navarra, donde la boina roja, la boina carlista, era el signo convocante.

Así, las declaraciones de apolitismo de los primeros tiempos eran sólo de principio. Subrayan el carácter transitorio de este periodo, dejando la incertidumbre del futuro; ¿es la dictadura militar un expediente o se mantendrá? De las fuerzas políticas predominantes, cuyos objetivos no siempre son similares, monárquicos tradicionalistas o falangistas, ¿cuál debería prevalecer? Al principio, la pregunta se evitó deliberadamente. En los primeros días de la insurrección, las banderas de la República ondearon junto a las banderas monárquicas. Finalmente se restauraron los colores de la realeza, pero esto no fue una señal del régimen definitivo en España.

Los hombres del nuevo régimen

Como el país insurgente seguía necesitando un órgano central, se creó una Junta provisional. Su jefe oficial era el viejo general Cabanellas, de barba noble y escasos medios, nombrado, sin duda, para evitar una difícil elección entre los líderes de la insurrección, tras la muerte de Sanjurjo. Pero el poder real lo tomó pronto el triunvirato Queipo de Llano-Mola-Franco. Cuando se hizo necesario establecer, al mismo tiempo que la unidad de mando militar, una autoridad política absoluta, se encomendó al general Franco.

De los hombres que podrían haber competido con él, la mayoría están muertos. Sanjurjo, que era el verdadero líder de la insurrección, desapareció al principio de la misma. De los demás jefes militares, sólo Queipo y Mola tienen una autoridad comparable a la de Franco.

Sin embargo, Queipo, el dictador del Sur, carece de la estatura de un líder político. Le faltaba el sentido del matiz y la prudencia en sus opiniones. Antes de la Guerra Civil, se comprometió por su actitud de líder «republicano» y «masón», y el gobierno republicano pudo haber considerado confiarle la represión del movimiento insurreccional. Más tarde, apodado el «general social» porque construyó urbanizaciones obreras durante la guerra, ganó popularidad gracias a sus rodomontadas radiofónicas y sus excesos de lenguaje. Pero su inesperado éxito durante las primeras semanas de la sublevación y el papel decisivo que desempeñó Sevilla tras ella le convirtieron en uno de los líderes del Movimiento. Después, su papel político fue disminuyendo paulatinamente, y tras la toma de Málaga, un éxito más italiano que español, nunca tuvo la oportunidad de lanzar una gran operación militar.

Emilio Mola tenía mucho más prestigio por su pasado y su valor. Hasta su muerte en un accidente de avión durante la Campaña del Norte, fue el único jefe militar con gran autoridad, con ideas personales sobre la conducción de la guerra y sobre la política que a menudo se oponían a Franco; según éste, era demasiado obstinado para someterse a otra voluntad. Su influencia en la zona norte, bastión de los requetés, le convirtió en el centro de las intrigas monárquicas. Así que, tras su muerte, para dejar claro que nadie ocuparía el lugar del líder fallecido, Franco insistió en dirigir personalmente las operaciones en el frente norte, y Dávila, que tenía el mando efectivo, seguiría siendo siempre una suborden.

Los líderes políticos del levantamiento también desaparecieron o se mostraron incapaces de imponer sus puntos de vista. El monárquico Calvo Sotelo murió en las condiciones que conocemos. De los demás dirigentes monárquicos, Gil Robles se mostró tímido y débil ante la violencia de los acontecimientos, en los que no tomó parte activa. Manuel Fal Gonde, líder de la «Comunidad Tradicionalista», estaba demasiado marcado políticamente como para esperar unir a su partido. Los primeros líderes de la Falange también han desaparecido: José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante, sigue siendo para sus partidarios el «Ausente», que es una forma de considerarlo insustituible. También murió el aviador Ruiz de Alda. Onésimo Redondo murió en los primeros combates. Fernández Cuesta está en una prisión republicana. Los únicos que quedan para dirigir la Falange son gente de «segunda fila» como Manuel Hedilla, que preside la Junta Provisional, o el secretario, Francisco Bravo; ambos son Camisas viejas, antiguos militantes, frente a los miles de personas que se hicieron falangistas entre febrero y julio del 36, para encontrar un marco de actuación contra la izquierda, o, tras la insurrección, para obtener ese preciado salvoconducto que es el carné del Partido.

Aunque no tenían líderes capaces de imponerse, los falangistas constituían, al igual que los requetés, y a menudo contra ellos, una de las fuerzas dinámicas del Movimiento. La unión de los dos grupos era obviamente difícil de lograr y, para durar victoriosamente en una guerra larga, requería la presencia de un árbitro político; asimismo, la rivalidad entre los líderes militares debía dar paso a un mando militar único.

Este árbitro, que se impuso rápidamente como un líder autoritario y obediente, fue el general Franco. Esto se hizo gradualmente desde julio del 36 hasta junio del 37.

El 1 de octubre de 1936, tras la función de las fuerzas del Norte y del Sur, Franco se convierte en Generalísimo y Jefe del Estado. Estos poderes le fueron confiados por los demás jefes militares tras una reunión celebrada en Salamanca el 29 de septiembre de 1936 [2]. Sin duda, era sólo un poder limitado y provisional, que se ampliaría a principios de 1937, tras el fracaso frente a Madrid. Pero la autoridad que se le confirió a partir de octubre de 1936 fue tanto política como militar: «Os confío», dijo Cabanellas, durante la ceremonia oficial de traspaso de poderes, «los poderes absolutos del Estado».

El gobierno nacionalista provisional

El sistema que funcionaba entonces en la España nacionalista era provisional. Responde a los imperativos del momento. Es útil porque reserva los problemas que podrían causar división y permite que las energías de los líderes y las tropas se dediquen por completo a la tarea principal de hacer la guerra. Es necesario porque los funcionarios y técnicos que pueden garantizar el buen funcionamiento de un aparato gubernamental son demasiado escasos; algunos de ellos han permanecido fieles al gobierno republicano, muchos son depuestos, condenados o simplemente sospechosos; sólo el cuerpo diplomático es mayoritario a favor de la insurrección. Un número considerable de oficiales ocupaba puestos de funcionario.

Este sistema político terminaría cuando las tropas nacionalistas entraron en Madrid. La capital provisional era Burgos; pero Franco residía más a menudo en Salamanca, donde tenía su sede el Estado Mayor. También fue en Salamanca donde el hermano mayor del Generalísimo y hombre fuerte del nuevo régimen, Nicolás Franco, fijó su residencia, con el título de Secretario General del Jefe del Estado. Sus responsabilidades incluían la Economía de Guerra, el Orden Público y también las Relaciones Exteriores. Por lo tanto, era una figura muy poderosa [3]. En ese momento, el Generalísimo sólo podía supervisar las cuestiones políticas, ya que él mismo estaba absorbido por la dirección de las operaciones militares. Al menos se aseguró de compartir el poder sólo con hombres de confianza.

El tercer hombre del gobierno provisional era el general Sangroniz, jefe del Estado Mayor del Generalísimo. Sangroniz había sido un miembro leal del personal de Franco desde el principio; fue él quien se encargó de servir de enlace entre Canarias y España en nombre del General [4].

A estos dos organismos, la Secretaría General y el Gabinete del Generalísimo, se añadieron nuevos servicios creados antes de finales de 1936. Este fue el esquema de los futuros ministerios del gobierno nacionalista: la Secretaría de Asuntos Exteriores, ejercida primero por el antiguo ministro español en Viena, Francisco Serrat, la Secretaría de Guerra, encomendada al general Gil Yuste, y el cargo de Gobernador General atribuido a otro militar, el general Francisco Fermoso, cuyas funciones eran tan amplias como imprecisas: gestión administrativa de las provincias, nombramientos y relaciones con las delegaciones provinciales.

Los servicios de Seguridad Pública se instalaron en Valladolid; en Salamanca se creó un gabinete de prensa y propaganda, dirigido por Millán Astray, fundador del Tercio, que permaneció en estrecho contacto con los servicios de la Secretaría General; además, estaba destinado tanto a «dirigir» la prensa nacionalista como a «informar» a los corresponsales de la prensa extranjera que visitaran la España nacionalista.

Finalmente, junto a estos órganos esenciales del nuevo régimen franquista, se crearon los servicios de la Junta Técnica, cuya función sería la de preparar los decretos que se someten a la firma del jefe de gobierno. La Junta estaba compuesta por siete comisiones: Finanzas – Justicia – Industria, Comercio y Abastecimiento – Agricultura – Trabajo – Educación – Obras Públicas y Comunicaciones.

En el marco de la Junta Técnica se sitúan las oficinas y despachos que deben, en un sistema totalitario, controlar todas las actividades del país y hacer funcionar una economía de guerra. Fue una tarea difícil, cuya dirección recayó en el general Dávila. Al igual que Sangroniz, era uno de los oficiales que gozaba de la plena confianza del Generalísimo. Aunque jugó el «segundo plan», su papel fue considerable. Al mismo tiempo que presidía los trabajos de la Junta, era el Jefe de Estado Mayor del Ejército.

Por lo tanto, Franco ejercía el poder directamente o a través de sus amigos. Pero parece que en octubre-noviembre aún no había tomado ninguna decisión sobre el futuro. El programa del gobierno provisional, que debería reflejar sus tendencias políticas, no revela ninguna idea original. Es un compromiso entre las ideas de Fal Conde y las teorías del falangismo.

Del Tradicionalismo se conservaron la instauración de un gobierno de carácter totalitario, la posibilidad de una restauración monárquica y, sobre todo, la idea de la unidad nacional, que sería uno de los temas constantes de la propaganda y los discursos de Franco: «La guerra de España -declaró- es la lucha de la Unidad contra la Secesión».

El programa de la Falange incluía ciertos principios, como el trabajo obligatorio («El nuevo Estado no puede admitir ciudadanos parásitos»), pero garantizaba y protegía contra «los abusos del capitalismo», la remuneración justa del trabajo y la posibilidad de compartir los beneficios.

Al tomar prestado a todo el mundo de esta manera, Franco da la impresión de que sólo intentaba desempeñar el papel de árbitro indispensable en ese momento. La rápida victoria que esperaban los nacionalistas habría planteado, sin duda, el problema de la dirección que debía tomar el régimen de forma muy rápida y brutal. El fracaso ante el Madrid transformó por completo la cuestión. Era necesario mantener un poder fuerte, ante una situación militar aún incierta, para evitar las disputas internas y, en consecuencia, posponer la elección a favor o en contra de la monarquía. El statu quo provisional ya no es suficiente. Era necesario, en palabras de Suñer [5], «dar al movimiento el carácter y la figura de un Estado». Franco ya no era sólo el «generalísimo», se convirtió en el líder inspirado del Movimiento, el Caudillo [6].

General Franco

Esto marcó el final de una primera evolución política; el que había sido sólo uno de los principales líderes del Movimiento se convirtió en el jefe militar supremo. El general Franco pronto se convertiría en maestro y salvador.

Tenía poco prestigio físico, este hombre bajo y fornido, «gordo, atildado, presumido», con cara redonda y bigote negro; su figura corta y precoz contrasta en las fotos con las de Mola y Kindelan. Pero esta falta de presencia no le impidió tener una carrera militar extremadamente brillante, capitán a los 21 años, general a los 32. Esto es excepcional, incluso en el ejército español.

Nacido el 3 de diciembre de 1892, Francisco Franco Bahamonde [7] fue el segundo hijo de Nicolás Franco, comisario de Marina en Ferrol [8]. Sus estudios, en el Sagrado Corazón del Ferrol y luego en el Colegio Naval, le destinaron, como sabían su padre y su abuelo materno, a la carrera marítima. Fue una coincidencia que lo desvió de ella, la supresión de las admisiones en la Escuela Naval. Francisco se convirtió en cadete de infantería en la Escuela de Toledo. Se graduó como subteniente en 1910, pero su verdadera carrera comenzó tras dos años en la guarnición, cuando fue enviado a Marruecos para participar en la batalla en torno a las antiguas «Présides» [9], Melilla, Ceuta y Larache. En los difíciles y poco gloriosos combates del principio, hubo muchas bajas, y él fue uno de los pocos que permaneció indemne tras cuatro años de guerra. Fue herido en 1916, cuando ya era comandante de batallón. Tras una larga pausa, regresó a Marruecos y fue destinado a la Legión Española, que organizaba Millán Astray. Su reputación como líder militar y organizador nació de su participación en las batallas del Tercio de 1920 a 1924. Sus biógrafos le atribuyen el protagonismo en el desembarco de Alhucemas, que, tras una serie de fracasos, infundió nuevos ánimos al ejército africano. Fue colmado de honores, se convirtió en el general más joven del ejército y en el sucesor de Millan Astray al frente de la Legión. Finalmente, a su regreso a España, se le encomendó la dirección de la Escuela General Militar, que acababa de fundarse en Zaragoza.

Por lo tanto, era uno de los líderes militares más destacados cuando tuvo lugar la revolución de 1931. El resto de su historia se entrelaza con la de la República. A veces se le destituye, a veces se le coloca en la cima de los honores. Es cierto que dudó durante mucho tiempo antes de unirse al complot contra el gobierno republicano. Hizo gestiones ante Pozas y luego ante Azaña entre febrero y julio del 36, pidiéndoles que rompieran la revolución. Esto puede verse como una manifestación de su hostilidad hacia la izquierda revolucionaria; pero también es una prueba de que quería dar una oportunidad a la República, incluso si eso significaba combatirla ferozmente después hasta derrotarla totalmente.

Porque si Franco fue cauto y lento en sus decisiones, las mantuvo después con una voluntad y hasta una obstinación que constituyen uno de los rasgos más destacados de su carácter. Ciertamente, poseía cualidades excepcionales, una verdadera inteligencia, una profunda astucia, que lo hacían tanto y más político que militar. Sabe perfectamente cómo ocultar sus pensamientos. Es tranquilo, discreto, poco hablador, lo que no parece acorde con el temperamento español (pero hay que recordar que es gallego). Sabe aprovechar admirablemente las oportunidades que se le brindan.

Muchas coincidencias afortunadas intervinieron en la vida del general Franco. Su entrada en el ejército, la guerra del Rif, la desaparición de los primeros líderes de la sublevación son elementos que explican la gran confianza en sí mismo en la que coinciden los observadores. Pero Francisco Franco era también un oficial profundamente católico. Su educación, las influencias ejercidas sobre él por un entorno monárquico, y su respeto por la religión establecida, le distanciaron ciertamente del fascismo propiamente dicho. Franco era un conservador de tradición militar y católica. El cargo que llegó a ocupar ancló en él la idea de que había sido designado por Dios para salvar a España de la anarquía, el ateísmo y la revolución en todas sus formas. Considerado durante mucho tiempo como monárquico [10], aunque había aceptado ser un alto funcionario del régimen republicano, criado en una tradición carismática, se sentía designado, si no sagrado. Realista, además, no cree en la posibilidad de restablecer inmediatamente la monarquía en su forma tradicional, lo que dividiría a los partidarios del Movimiento. También era realista rechazar, como lo hizo, cualquier compromiso con los «rojos», porque la brecha entre las dos partes no podía llenarse con la negociación.

En definitiva, la guerra le dio la oportunidad de mostrar sus cualidades políticas; tranquilo y contemporizador, no era un hombre de arrebatos, ni de golpes de genio; pero tras la decepción de Madrid, supo adaptarse a una guerra larga.

Para librar y ganar esta guerra, tenía muchas ventajas. En primer lugar, los territorios que controla: el gobierno nacionalista es mucho más favorecido que el republicano; los recursos de estas regiones se complementan, los rebaños de Extremadura y la agricultura de los grandes latifundios andaluces, el trigo de Castilla y las hortalizas de Galicia. Por otro lado, las grandes ciudades densamente pobladas, que debían ser abastecidas, estaban en el lado republicano. Financieramente, a falta de los recursos del Banco de España, Franco disponía de la riqueza de sus partidarios, de los capitales fugados de la zona republicana y de un considerable apoyo extranjero, cuyos intereses representaba Juan March. Por otra parte, la explotación de las minas de Marruecos y de Río Tinto, ocupadas por los sublevados desde el inicio del Movimiento, y, a partir de agosto de 1937, el control práctico del País Vasco y de la región de Santander aseguraron una moneda de cambio indispensable para una economía estable. Así, la zona nacionalista no experimentó una grave crisis económica.

Pero el general Franco tuvo que resolver las profundas contradicciones que dividían a las fuerzas políticas en las que se apoyaba. Para que su autoridad absoluta no se quedara en lo meramente nominal, tuvo que conciliar las tendencias conservadoras de los «tradicionalistas» y las ideas falangistas, que querían un trastorno total del Estado.

El partido único

Para ello, disponía de un medio radical: la creación de un partido único, del que sería el líder indiscutible, a imitación de lo que había ocurrido en Alemania e Italia. La tarea es difícil. Los monárquicos tienen una sólida organización política. Sus divisiones se han borrado en la acción, y la parte preponderante tomada en la insurrección por la Comunidad Tradicionalista le ha permitido absorber una gran parte de las fuerzas de Acción Popular. Con una sólida representación en Castilla, dominaba Navarra y Aragón, bastiones de la sublevación. Sus dirigentes contaban con importantes apoyos y amistades en el extranjero. Ante la prolongación del conflicto, ya no dudaron en mostrar sus sentimientos; se manifestaron en San Sebastián en febrero, y Fal Conde se posicionó públicamente a favor de la inmediata restauración de la monarquía. Franco consideró la amenaza lo suficientemente seria. Se preguntaba si no sería conveniente «hacer fusilar a Fal Conde por el delito de alta traición» [11]. En cualquier caso, el líder carlista se vio obligado a ir a Portugal.

La Falange también se había convertido en una fuerza política importante. Reunió a un gran número de personas, seducidas por su dinamismo o que vieron en él una fuerza de progreso, frente al conservadurismo de los requetés. Los falangistas, a menudo de origen republicano y sindicalista, exigen que se plantee y resuelva «el problema social». Disponían de considerables fuerzas militares, organizadas en milicias en Castilla, Extremadura y Andalucía. A falta de apoyo directo, contaron con la simpatía de los aliados italianos y alemanes del gobierno de Burgos. Pero la Falange siguió siendo un partido sin un líder digno.

Además, no sólo los partidos políticos desempeñaron un papel. Franco supo utilizar el poder del ejército situándolo en primera línea. Los jefes militares no siempre estaban de acuerdo con él, y había opositores que deseaban abiertamente un gobierno dirigido por Mola; la mayoría de los oficiales no tenían una concepción política muy definida y se contentaban con expresar su deseo de apoyar un gobierno autoritario. Pero el Ejército existe como fuerza política y no está dispuesto a «quedar relegado a su función militar». Representa un poder en el que el generalísimo puede confiar.

El principio del «partido único» y las reformas que se derivan de él habían sido aceptados por Franco desde hacía tiempo. Su aplicación se retrasó al principio por el deseo del Caudillo de obtener el consentimiento de todos mediante la negociación. Se trataba de no apurar a la opinión pública. A principios de febrero de 1937 se anunció la preparación de un proyecto de decreto. Lo más fácil era conseguir la disolución de los viejos partidos de derecha, que habían perdido mucha influencia. La Acción Popular de Gil Robles iba a desaparecer antes del 10 de febrero; unos días más tarde, Robles, que no había desempeñado ningún papel desde el inicio de la insurrección, confirmó que abandonaba toda acción política. Al mismo tiempo, Goicoechea anunció que el otro partido monárquico, Renovación Nacional, también desaparecería. Estas alentadoras declaraciones no fueron suficientes para establecer la deseada unidad. No se pudo llegar a un acuerdo entre la Falange y los tradicionalistas mediante la negociación. Por lo tanto, hay que imponer reformas.

Queda por encontrar un pretexto. El utilizado fue un incidente entre grupos falangistas rivales en Salamanca. Como dice el decreto, «las pequeñas discordias en el seno de las organizaciones, resucitando viejas intrigas políticas, corren el riesgo de romper las organizaciones y las fuerzas». El Decreto del Partido Único del 19 de abril del 37 se presentó como una obra de paz. Franco estudió detenidamente el texto de este decreto. Según Serrano Suñer, que afirma haber redactado el texto de forma definitiva, Franco trabajó y anotó especialmente los estatutos de la Falange, y trató de establecer la relación entre los discursos del tradicionalista. Pradera y las de José Antonio. Finalmente presentó el decreto a Queipo y Mola para su aprobación. Ambos aceptaron el texto sin ninguna reserva. La única objeción de Mola fue gramatical. Queipo, sin embargo, pidió que su publicación se retrasara un mes, con el pretexto de esperar la caída de Madrid.

«Es urgente», dice el preámbulo del Edicto de Unificación, «realizar la gran tarea de la paz, cristalizando en el Nuevo Estado el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución». Esta frase indica por sí sola la importancia del texto. Lo primero que vemos en él es la creación del partido único: «Es esencial que cada uno borre de su corazón sus diferencias personales» [12]. También es fácil encontrar en él los principios ya expuestos, heredados de los requetés y de la Falange. Pero el decreto también subraya las razones que hacen necesaria su promulgación: los partidos políticos «se desgastan en luchas estériles»; al hacerlo, los dirigentes traicionan a las masas de sus miembros «que se mueven por un ideal puro». Este ideal, aceptado por todos y proclamado por el Estado, debe ser salvaguardado. El nuevo Partido debe ser un vínculo entre el Estado y la sociedad, «una garantía de la adhesión viva del pueblo al Estado», un vínculo entre las fuerzas tradicionales y las nuevas [13]; «La Falange trae con su programa a las masas jóvenes, un nuevo estilo de propaganda, una forma política y heroica de la época actual; los requetés han traído el sagrado depósito de la Tradición española, tenazmente conservado, con su espiritualidad católica». Aparece aquí la idea más profunda, el deseo de crear no sólo un verdadero partido, es decir, una organización política que pudiera servir para el gobierno, sino una hermandad, una sociedad fraternal, como la que podía dar lugar la tradición española, según el modelo de las organizaciones medio seculares y medio religiosas creadas por los reyes católicos. Enlazar el presente con el pasado, resucitar la gloria de España en una «nueva forma», ésta era la tarea de la «Cruzada», al menos por el momento. Pues el Caudillo se negó a ser prisionero de sus propias decisiones y contempló la posibilidad de modificar el edicto: «No será algo rígido, sino sujeto a revisión y mejora».

El decreto en sí tiene tres artículos:

«Artículo 1º: La Falange Española y los Requetes, con sus actuales servicios y elementos, se integrarán, bajo mi mando, en una sola autoridad política de carácter nacional, que se denominará Falange Española Tradicionalista y de los J.O.N.S. Esta organización, intermediaria entre la Sociedad y el Estado, tendrá como misión principal comunicar al Estado el sentimiento del pueblo y dar al pueblo el pensamiento del Estado, mediante las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y fraternidad. Estarán afiliados a la nueva organización, de pleno derecho, todos aquellos que, el día de la publicación de este decreto, posean el carné de la Falange o de la Comunión Tradicionalista, y podrán afiliarse todos los españoles que lo soliciten.

Este artículo aparentemente da satisfacción a la Falange, al introducir la idea de una moral política, y sobre todo al mantener la esencia del nombre falangista para designar al nuevo partido. De hecho, Franco había sugerido, antes del 19 de abril, que la Falange «sería la base del Partido único». Pero los dos artículos siguientes muestran el verdadero significado del decreto, que pretende amordazar cualquier oposición y destruir cualquier posibilidad de acción militar o de un simple golpe de fuerza por parte de los descontentos:

«Artículo II: Los órganos de gobierno de la nueva entidad político-nacional serán el Jefe de Estado, una Secretaría o Junta Política y el Consejo Nacional. La Secretaría o Junta corresponderá al establecimiento de la constitución interna del conjunto, para el éxito de su finalidad principal: asistir a su Jefe en la elaboración de la estructura orgánica y funcional del Estado, y, en todo caso, colaborar en la acción del Gobierno. La mitad de sus miembros serán nombrados por el Jefe de Estado y la otra mitad elegida por el Consejo Nacional. El Consejo Nacional se ocupará de los grandes problemas nacionales que el Jefe del Estado le someta en los términos que se establezcan por disposiciones posteriores.

«Artículo III: La Falange y los Requerimientos se funden en una única Milicia Nacional, conservando sus emblemas y signos externos; la Milicia Nacional es la auxiliar del ejército. El Jefe del Estado será el jefe supremo de la Milicia, y el jefe directo será un general del ejército…».

Si el general Franco permitió que quedaran signos y símbolos, se cuidó de vaciarlos de su verdadero significado. Como conciliador y diplomático, siempre estaba dispuesto a hacer concesiones. Así, para conciliar mejor a los requetés, hizo poner las antiguas insignias de Navarra en las nuevas armas de España; también hizo que los requetés custodiaran la entrada de su cuartel general. De hecho, los dos últimos artículos del decreto del 19 de abril son un paso decisivo hacia el establecimiento de un nuevo régimen. La segunda consagra la autoridad política del Caudillo, que elabora, y por tanto puede modificar siempre, la estructura del Estado; nombra a la mayoría de los dirigentes del Partido Único. Todos los miembros del primer Consejo Nacional serían nombrados directamente por él. El artículo III completa el proceso de otorgarle una autoridad militar total al convertirlo en el único jefe de la Milicia Nacional, que no debe confundirse con el ejército regular y que está sometido a él. El nuevo partido así constituido iba a ser el instrumento de gobierno que utilizaría Francisco Franco como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe Nacional del Movimiento y Generalísimo, y su autoridad se haría valer con el máximo vigor en todos los ámbitos.

Pero esta autoridad y la organización del nuevo Estado debían garantizarse en la práctica. Para que el sistema político así establecido pudiera funcionar con normalidad, era necesario no sólo dar la idea de la unidad nacional, sino también lograr esta unidad y acabar con la oposición. Todas estas medidas se adoptan con el objetivo aparente de la conciliación. La formación del Consejo Nacional de la Falange atestigua esta hábil Justicia Distributiva, que pretendía mantener en torno a la persona del Caudillo una verdadera unidad de los elementos políticos que habían participado en el Movimiento. El Consejo estaba formado, en una hábil mezcla, por antiguos falangistas como Fernández Cuesta y Agustín Aznar, monárquicos como Esteban Bilbao y Fal Conde, que hacía su regreso político, pero también militares como Francisco Gómez Jordana y hombres de confianza como Serrano Suñer.

El peligro, por supuesto, es que disgustará a todos aquellos de ambos partidos que temen, con razón, que sea imposible encontrar un terreno común. Si el apoyo católico y la habilidad del Caudillo habían reducido al mínimo las reacciones monárquicas, no se podía decir lo mismo del bando falangista.

La posible entrada en la Junta del Partido de personajes claramente hostiles al programa revolucionario de la Falange, y amigos personales del general Franco, preocupaba a los camisas viejas. Aún más peligroso para algunos de ellos era el poder supremo otorgado a Franco, cuyo pasado, educación y amistades eran muy sospechosos. Esperar al final de la guerra para hacer triunfar el ideal de la Falange era arriesgado. El descontento de estos falangistas no se hizo esperar: fue el complot de Hedilla.

Resistencia política

Manuel Hedilla asumió la dirección de la Falange como secretario general. Había sido uno de los estrechos colaboradores de José Antonio. Su formación como trabajador manual -es un antiguo estibador- es una garantía de su «actitud social». Pero no tiene antecedentes políticos. Hughes lo llama «grosero, brutal, destemplado». La trama que organiza, por lo que se puede saber, parece simplista e incluso ingenua: preparar manifestaciones en todo el país para mostrar el descontento de la Falange, rodear el cuartel general de Franco para asaltarlo y, finalmente, proclamar una Junta política revolucionaria compuesta por Hedilla y sus amigos. En esta Junta habrían participado, según Suñer, la hermana del antiguo líder de la Falange, Pilar Primo de Rivera, el general Yagüe, cuyas simpatías por la Falange eran conocidas desde hacía tiempo, Dionisio Ridruejo, José Sainz, etc. Además, estamos reducidos a suposiciones en cuanto a los detalles de este asunto: los documentos del juicio nunca han sido comunicados; sólo conocemos los cargos presentados contra los falangistas detenidos. El más grave de ellos fue, sin duda, el intento de revuelta militar. Quizás la importancia de estas acciones fue deliberadamente exagerada en el bando franquista. Suñer acusó por su nombre al comandante Doval, responsable de Orden Público de la Comandancia de Salamanca, de haber buscado crear una sensación. En cualquier caso, parece que la trama fue llevada a cabo muy torpemente. Hedilla acumuló imprudencias: emisarios enviados a las provincias, un telegrama encriptado enviado a las delegaciones provinciales para incitarlas a la resistencia contra el decreto del Partido Único, órdenes transmitidas por el jefe provincial de Zamora a los jefes locales, todo lo cual justificaba sobradamente su detención y juicio. Es evidente que el número de detenciones había sido considerable, que medidas como aquella, incluso temporal, que prohibía a los falangistas entrar en Salamanca, tendían a demostrar públicamente que el nuevo régimen no se arredraba ante ninguna decisión, por grave que fuera, para imponer su voluntad.

Pero, ¿qué había realmente detrás de la trama? Cuesta creer que el gobierno de Franco se viera seriamente amenazado por este analfabeto de nula talla, del que Franco señaló complacientemente al embajador Faupel que «no estaba en absoluto a la altura de las capacidades exigidas a un dirigente de la Falange.» En la misma conversación, el Caudillo había aludido a «un enjambre de jóvenes ambiciosos, que ejercían su influencia sobre él», sin dar más detalles. Es cierto que Hedilla fue empujado por otros, para los que era una mera figura. Es curioso, en este sentido, constatar que en el entorno de Pilar Primo de Rivera se mantuvo una permanente hostilidad contra el régimen. Esta mujer, que quiso encarnar el espíritu de la Falange tras la muerte de su hermano, parecía estar en el centro de la oposición de Camisae vie jas al gobierno de Franco [14]. Pero su nombre la protege de las medidas policiales.

Al magnificar deliberadamente y reprimir con dureza una trama torpe, Franco probablemente quería impresionar a adversarios más peligrosos que Hedilla. Los «jóvenes», de los que habla el Generalísimo, recibieron estímulos del exterior. La simpatía que la Falange siempre había encontrado en Roma y Berlín se acentuó desde la llegada de los embajadores de las potencias del Eje. Si el primer embajador italiano, Cantalupo, cuya misión fue extremadamente breve, no se interesó demasiado por la política interna de la zona nacionalista, no puede decirse lo mismo de su sucesor, el conde Viola, y del representante alemán: Wilhelm Von Faupel mostró ostensiblemente su amistad por las camisas vie jas; estaba ciertamente al corriente del complot y puede haber suministrado armas a los conspiradores. ¿Bromeaba Franco cuando propuso a Faupel que enviara a Hedilla «durante unos meses a Alemania e Italia, para que aprendiera algo y luego utilizara sus experiencias para trabajar en la recuperación del país» [15]?

De hecho, Hedilla conoció rápidamente el resultado de su juicio: la culpabilidad del acusado fue plenamente reconocida. Se dictaron cuatro sentencias de muerte, entre ellas la del antiguo líder de la Falange [16]. En opinión de Suñer, que no suele ser demasiado generoso, las sentencias fueron muy duras. El embajador alemán, sin duda temiendo ser considerado responsable de la situación, trató de salvar la vida de Hedilla. Pidió instrucciones a su gobierno sobre la actitud que debía adoptar en este caso, pero sugirió una intervención directa, un llamamiento a la clemencia. Faupel propone incluso que se comunique al Generalísimo la observación de que «la ejecución de HediIla y sus compañeros, en el momento actual, es una medida que parece criticada por razones políticas y sociales». No sabemos qué contestó la Wilhelmstrasse a su embajador al respecto, ni si hubo también, como es probable, una gestión italiana a favor de Hedilla, pero la sentencia de los condenados a muerte fue conmutada por cadena perpetua [17]. Dicho indulto no debilitó la posición del general Franco, sino todo lo contrario. La necesidad de salvaguardar la unidad nacional en la lucha le aseguró un buen apoyo. Afirmó haber recibido «sesenta mil telegramas de felicitación y aprobación» el 5 de mayo…

A pesar de este optimismo oficial, es cierto que el espíritu de oposición pervive en muchos círculos falangistas; lo vemos surgir a veces y manifestarse con mayor brutalidad cuando cualquier forma de hostilidad al régimen es sofocada por la continua represión. El incidente más típico a este respecto es el discurso pronunciado por el general Yagüe en Burgos el 19 de abril de 1938. Yagüe era uno de los más populares de los jefes militares nacionalistas; el considerable papel que había desempeñado en la guerra desde la insurrección marroquí, su fama de líder «social», sus amistades personales con los camisas vie jas le habían convertido en «el general de la Falange», lo que explica que su nombre se mencionara en la trama de Hedilla. Las críticas que hace en su discurso de Burgos parecen un eco de la desilusión falangista ante las medidas de conservación social tomadas por el gobierno nacionalista: es necesario, dice Yagüe, hacer algunas reformas sociales; es necesario dar a la justicia verdadera honestidad y eliminar su carácter parcial. El alcance de estas críticas fue limitado y el incidente no tuvo consecuencias graves. Es cierto que se tomaron sanciones contra Yagüe, pero aunque fue relevado de su mando, pronto fue indultado y se le dio otro destino.

Mucho más grave fue el complot organizado por Vélez y Aznar. Si las sentencias contra ellos son relativamente suaves [18], es porque el régimen es ahora sólido, y no hay necesidad de golpear tan fuerte como en la época de la trama Hedilla. Por el contrario, hacerlo sería arriesgarse a atraer a algunos de los antiguos miembros de la Falange a la oposición, y Franco era demasiado diplomático para hacerlo. El importante papel desempeñado en la Falange por los dos hombres comprometidos en la nueva trama los convirtió en verdaderas personalidades del Movimiento. Vélez fue sin duda el más comprometido. Antiguo miembro de la sección marroquí de la Falange, y consejero nacional como Aznar, parece haber buscado realmente las simpatías de algunos jefes militares para una acción fuerte. Agustín Aznar, más cauto, se contentó con oponerse a la orientación del nuevo régimen con sus palabras; antiguo compañero de José Antonio, amigo de Fernández Cuesta, que no iba a seguirle en esta dirección, Aznar quiso representar el «falangismo puro», la intransigencia doctrinal. Antes de la guerra, había sido jefe de las Milicias Falangistas, lo que le llevó a asumir la responsabilidad de los atentados armados en Madrid entre febrero y julio de 1936, y posteriormente fue nombrado Inspector General de las Milicias.

En realidad, para los falangistas, el adversario no era Franco, sino las fuerzas conservadoras, la Iglesia y los monárquicos. Las oposiciones a veces se convertían en peleas. Stôhrer informa [19] a principios de noviembre de 38 escaramuzas en Sevilla «entre la Falange y el clero». Los falangistas también identificaron a la Iglesia con la reacción monárquica. También eran hostiles a cualquier intento de restauración.

Muchos monárquicos consideraron después de la guerra que Franco les había engañado; Ansaldo atestigua la esperanza constante de una restauración. De hecho, el Generalísimo nunca se comprometió con las demandas, y el propio Mola se negó a decidir de antemano qué régimen impondría el Movimiento en España. Muchos monárquicos sirvieron lealmente al nuevo Estado e incluso le prestaron considerables servicios: así, Antonio Goicoechea se convirtió en un dignatario del sistema franquista y el duque de Alba fue un eficaz embajador en Londres. Aunque obligados por la disciplina, los generales Ponte y Kindelan no ocultaron que estaban a favor de una restauración. No pasó un mes sin que se planteara la posibilidad de volver a la monarquía: incluso se pensó en facilitarla sustituyendo a Alfonso XIII por su hijo Don Juan. Franco nunca se opuso directamente a estas maniobras. Se limitó a descartarlas, subrayando que España no debía seguir dividida y que primero debía salvaguardar la unidad del Movimiento, garante de la unidad de la nación.

La organización del partido único le dio un medio de control y acción sobre todas las actividades de España. Este fue el paso decisivo hacia la realización del nuevo Estado español, con su estructura dictatorial. Pero no fue hasta los primeros días de 1938 cuando se formó un gobierno.

Mientras tanto, se produjeron dos acontecimientos importantes que reforzaron aún más la posición del Caudillo: el primero fue la victoria decisiva en el Norte, y el segundo fue la reunión oficial del clero y el apoyo sin reservas que le dieron al nuevo régimen.

El compromiso de la Iglesia

Sin duda, desde el principio de la guerra, la mayoría de los sacerdotes se posicionaron, a menudo de forma activa e incluso violenta, a favor de la rebelión. Pero la jerarquía católica, aunque muestra su simpatía, se niega a dar apoyo oficial a un movimiento de revuelta; la incertidumbre de los primeros días, la preocupación por no romper la unidad de la Iglesia, con una gran parte del clero vasco que permanece fiel al gobierno, explican esta actitud expectante. La evolución de la situación durante 1937 llevaría a un cambio radical de esta posición. Las razones parecían sencillas: la prolongación de la guerra, cuyo desenlace parecía cada vez más lejano, obligaba a formalizar una opción que ya se manifestaba en los hechos; los éxitos conseguidos por los nacionalistas habían mejorado la posición diplomática del gobierno de Burgos, y el establecimiento de relaciones con el Vaticano era una consecuencia lógica; y, por último, la campaña de Vizcaya resolvía el problema que planteaba la existencia de una minoría católica en el bando republicano. El 7 de octubre de 1937, el nuncio Antoniutti presentó sus credenciales al general Franco. Unos meses antes, la mayoría de los prelados españoles ya habían anunciado este gesto. Las constantes referencias de los nacionalistas a la tradición católica y a la obra de los reyes católicos, y la influencia personal de algunos obispos, especialmente del cardenal-arzobispo de Toledo, Goma y Tomás, habían contribuido fuertemente a inclinar la jerarquía eclesiástica en esta dirección.

El 1 de julio de 1937 se publicó la «Carta colectiva de los obispos españoles». Disipa toda ambigüedad al respecto. Firmado por 43 obispos y 5 vicarios capitulares, encabezados por el cardenal Goma y el cardenal Ilundain, arzobispo de Sevilla, este texto debe su importancia no sólo a que explica la actitud del clero y de los católicos españoles, sino sobre todo a que es uno de los únicos que intenta justificar el Movimiento de forma racional e inteligente.

De hecho, la carta de los obispos pretende, en primer lugar, justificar la posición de la Iglesia justificando la guerra. Si en el extranjero, y especialmente en ciertos círculos católicos franceses, había indignación por la persecución de personas en la zona republicana, también era visible la preocupación por la actitud muy «activa» de muchos sacerdotes españoles en el conflicto. Por ello, los obispos declararon perentoriamente que «la Iglesia no quería la guerra». No lo quería, pero lo acepta, porque se ha visto obligado a ello. El uso de la fuerza, en estas condiciones, es legítimo [20]:

Había una amenaza para la existencia del bien común; en primer lugar, una amenaza para la Patria, porque la orientación dada a la política por el Frente Popular es, precisamente, «contraria a la naturaleza y a las necesidades del espíritu nacional». Amenazas también contra el espíritu religioso; así, las leyes laicas son calificadas de «inicuas», como ataques a la libertad de conciencia «cristiana»; luego, de forma más material y menos discutible, estaban los ataques a las iglesias[21]. 21] Por último, hay una amenaza menos directa para la sociedad establecida, ya que el peligro del «comunismo destructivo», de la revolución «antidivina», se menciona constantemente en el texto. Por lo tanto, es necesario luchar, ya que hay que «perecer bajo los embates del comunismo o intentar deshacerse de él». La guerra se presenta como una reacción saludable, como un «remedio heroico» contra un peligro público; los alzados hacen del patriotismo y del espíritu religioso imperativos de los que la Iglesia no puede renegar.

Por otra parte, es un hecho que «todas las autoridades sociales y los sabios reconocen el peligro público», y la «convicción de los sabios de la legitimidad de su triunfo» es absoluta.

Puesto que esta guerra es justa y necesaria, la Iglesia no puede «permanecer indiferente»; puesto que los que luchan apoyan una causa santa, es necesario hacer de esta lucha «una lucha sagrada». De ahí el segundo comentario que hay que hacer a la Carta de los Obispos: indicar en qué dirección hay que dirigir el conflicto, qué carácter hay que darle. Este conflicto, una «reacción religiosa», es una cruzada, y los combatientes pueden ser comparados con los caballeros-monjes de las órdenes militares. La causa que defendían era ante todo la de España, pero también la de toda la cristiandad. Estos soldados de Dios luchan «por los principios fundamentales de cualquier sociedad civilizada». Es notable que el texto comience con un «llamamiento de ayuda a los pueblos católicos»; este llamamiento se dirige, sin duda, a los católicos franceses, pero también a los de América del Sur, a los que el recuerdo de una civilización común, de su pertenencia a la Hispanidad, puede congregar más fácilmente.

Por último, la Carta refuta la idea de que esta guerra oponía la Iglesia a los poderes constituidos: la autoridad pública se había arruinado; para restablecerla, los líderes de la sublevación recurrieron a «un plebiscito armado». Aquí encontramos el argumento que sus partidarios venían utilizando desde el inicio del Movimiento.

El hecho es que los representantes de la Iglesia española se han negado categóricamente a respaldar todo lo que engloba el Movimiento. Un párrafo es especialmente significativo: afirma que la Iglesia no apoya «tendencias o intenciones que, en el futuro, puedan desfigurar el noble rostro del Movimiento Nacional». Se añade así al texto un elemento de polémica, obviamente dirigido contra la Falange.

Nunca se insistirá lo suficiente en que esta carta está destinada a la exportación. La posición adoptada por los obispos no enseñará nada a los que viven el conflicto español. Por el contrario, su aspecto oficial y su tono categórico lo convierten en un texto capital a los ojos de los extranjeros: el «aspecto real» de la guerra española se presenta a las cancillerías extranjeras; de ahí la insistencia que el texto pone en subrayar el «salvajismo colectivo» de la revolución y de las persecuciones antirreligiosas; de ahí la aberración deliberada que consiste en presentar la revolución como un levantamiento comunista, sin preocuparse por la confusión de términos[22]. 22] Lo principal es recordar a todo el mundo que lo que está ocurriendo en España es algo más que una guerra civil, porque «Dios ha permitido que nuestro país sea un campo de pruebas de ideas y sistemas que aspiran a conquistar el mundo».

En la lucha, la Iglesia adoptó una postura. Su acción debía contribuir a dar una dirección definitiva al régimen. Incluso más que los jesuitas, cuyo regreso en esta época es significativo, los dominicos parecen haber ejercido una influencia considerable sobre los líderes nacionalistas. Stôhrer señala, entre los asesores personales de Franco, al padre Menéndez Reigada. La influencia de la Iglesia no sólo fue sobre el general, sino también sobre sus allegados, especialmente su cuñado, Ramón Serrano Suñer. Desde que éste había escapado de la zona republicana en febrero del 37, su influencia había crecido constantemente. Los hombres cambiaron: cuando se formó el primer gobierno real, Suñer se unió a él, mientras que Nicolás Franco fue enviado como embajador a Portugal.

El nuevo personal de Franco

En el momento de la proclamación del Decreto del Partido Único, Suñer acababa de llegar a Salamanca; inmediatamente tomó un ascendiente sobre el General que no sería negado. Era pequeño, pero bastante fuerte, «muy estricto en su vestimenta, incluso elegante»; llamaba la atención por su pelo «prematuramente gris», sus rápidos movimientos, su «perpetua excitación»; muy nervioso, iba de un extremo a otro, a veces encantador y con ganas de encantar, otras veces era brusco y poco cortés. Estudió en el Instituto Español de Bolonia. Fue un valioso jurista y vivió durante mucho tiempo en Zaragoza. Su relación con el general Franco se remonta a su matrimonio, ya que ambos se casaron con dos hermanas. En el momento de la insurrección, se encontraba en Madrid. Sus opiniones políticas -había pertenecido a la C.E.D.A.- y su relación familiar con el líder de la insurrección, le convirtieron en uno de los hombres más directamente señalados por la revolución popular; fue detenido, encarcelado en el Careel Modelo, y luego trasladado a una clínica, gracias a la intervención del ministro Irujo: entonces consiguió refugiarse en una legación, probablemente la holandesa. Con la ayuda del embajador argentino, se embarcó hacia Marsella en el Tueuman. Pero sus dos hermanos no tuvieron tanta suerte; y Suñer siempre guardará rencor a Inglaterra por estas muertes, de las que culpa a la mala voluntad de la embajada británica.

Alumno de los jesuitas y defensor a ultranza de la Iglesia, quedó profundamente marcado por su educación católica. Favorable a Alemania, siempre mantuvo cierta desconfianza hacia Hitler, cuya política hostil hacia el cristianismo le ofendía. Por eso se le considera, y con razón, el hombre de Italia. Íntegro, violento, «un Robespierre con el pie pequeño» [23], todos los que se acercaron a él coinciden en describirlo como un «fanático» [24]. Su misticismo, su odio al espíritu liberal y, por consiguiente, al sistema democrático, acentuaron aún más su carácter. Su admiración por los regímenes autoritarios y, en particular, por el fascismo, le llevó a distanciarse de los elementos monárquicos cuyo moderantismo criticaba. Sus amistades fueron siempre muy eclécticas; se relacionaba con algunos dirigentes tradicionalistas, Rodezno o Sainz Rodríguez, pero también era amigo personal de José Antonio [25] y se llevaba bien con los nuevos dirigentes de la Falange, Amado y Hedilla. Su evolución política le llevó a expresar la idea de «un régimen permanente, encabezado por Franco como jefe de Estado». Aunque no rechaza categóricamente el restablecimiento de la monarquía, ya no prevé «un restablecimiento inmediato». Dentro de veinte años, «España puede necesitar un rey»; mientras tanto, es muy probable que dirigiera a su cuñado hacia el establecimiento de una dictadura personal.

Con la formación del nuevo gobierno el 1 de febrero de 1938, las ideas de Suñer parecían triunfar. Se convirtió en ministro de Interior, Prensa y Propaganda, y en el teórico del nuevo régimen. Los dirigentes más destacados políticamente de los monárquicos y de la Falange no formaban parte del ministerio. Por otra parte, cinco de los principales ministros eran militares; además de los tres puestos «técnicos»[26], el general Jordana ocupaba el cargo de Asuntos Exteriores. Suñer, que no le gustaba, le calificó de «liberal» y Hayes de tradicionalista. Era el hombre de Inglaterra. El general Martínez Amdo estaba a cargo del orden público. Es normal que se le considere más que a Suñer como el verdadero jefe de la represión en la España nacionalista, aunque las responsabilidades políticas, y en particular las medidas policiales, dependan unas veces del Ministerio del Interior y otras de Orden Público. Este estado de cosas creó hostilidad entre los dos hombres, que tenían un carácter igualmente autoritario. Las reuniones ministeriales de 1938 estuvieron animadas por esta disputa [27].

Los demás ministros eran técnicos más que políticos: en Hacienda, Amado, antiguo colaborador de Calvo Sotelo; en Economía, el ingeniero Suances.

Los militares y los técnicos eran opuestos en sus personalidades y opiniones políticas, y la formación del Ministerio supuso un paso más hacia la dictadura del general Franco. El primer mensaje del gobierno recordaba la urgencia de la transformación social y proclamaba la necesidad de una organización sindical que reuniera a empresarios, técnicos y trabajadores. En cambio, para los falangistas, era necesario hacer saber que la revolución era un peligro, que España debía volver a sus grandes tradiciones [28]. A todos ellos hay que decirles que ha llegado el momento de reconstruir el Estado. El Caudillo debe ser a los ojos de todos el líder de este Movimiento y el reorganizador del país. El 19 de julio de 1938, un decreto otorgó a Francisco Franco la dignidad de Capitán General del Ejército y de la Marina. Este título en sí mismo no significaba nada. Su valor es puramente simbólico. En España sólo se daba a los reyes. Convierte al receptor en un verdadero soberano sin corona y consagra la victoria política del general. Dos años después del pronunciamiento del 36, Franco se convirtió en el sucesor de los reyes católicos. La superioridad de las armas parecía estar cerca de darle el dominio total del país. Podría declarar el 20 de julio: «Hemos ganado la guerra…». Pero por mucho que hablara de una «paz fructífera» y de la desaparición de los «privilegios», no parecía que la obra de su gobierno fuera suficiente para ganarse a sus adversarios: «No basta con vencer», decía Miguel de Unamuno[29], «hay que convencer».

Notas

[1] Partidarios del Dr. Albiñana, líder de un pequeño grupo de extrema derecha.

[2] La reunión tuvo lugar en el campamento de Nuñodono y a ella asistieron Cabanellas, Mola, Queipo, Yuste, Orgaz, Kindelan, Saliquet, Dávila y los coroneles Moreno Calderón y Montaner (este último, secretario de la junta de Cabanellas).

[3] La dispersión administrativa continuó hasta el final de la guerra. Durante algunos meses, el poder del Secretario General fue tal que el gobierno podía considerarse una dictadura bicéfala: cuando los alemanes querían entrar en negociaciones con la España nacionalista, tenían que admitir que la única manera de obtener una decisión importante era dirigirse al Generalísimo o a Nicolás Franco.

[4] Sangroniz vino a informar a Franco el 14 de julio del 36 sobre las medidas tomadas para el levantamiento.

[5] El cuñado del Generalísimo, cuya actividad política fue considerable desde su regreso a la zona nacionalista.

[6] Como el Duce en Italia, era el líder y el «director de orquesta».

[7] De su nombre exacto. Francisco-Paulino-Hermenegildo-Theoduio Franco Bahamonde.

[8] Sus cinco hijos son Nicolás, Francisco, Pilar, Ramón (el aviador, muerto durante la guerra) y Pacita.

[9] Antiguos asentamientos españoles en la costa norteafricana.

[10] En su boda, su padrino fue el Rey, que estuvo representado por el Gobernador de Oviedo.

[11] Carta de Faupel del 14 de abril.

[12] Discurso de Franco anunciando el decreto del 19 de abril.

[13] Franco había preparado en varias ocasiones a la opinión pública para una iniciativa similar. Así, cuando llegó a Málaga tras la toma de la ciudad, se mostró ante la multitud entre los líderes locales de la Falange y los requetés.

[14] Suñer habla del grupo de Salamanca formado en torno a Pilar Primo de Rivera.

[15] Archivos secretos de la Wilhelmstrasse.

[16] Otras condenas incluyeron varias penas de prisión, entre ellas la de José Luis Arrese, que a su vez se convertiría en Secretario General de la Falange unos años más tarde.

[17] Más tarde, Hedilla recibió un nuevo indulto.

[18] Cinco años y medio de trabajos forzados.

[19] Informe del 19 de noviembre de 1938.

[20] Los obispos españoles apelan a la autoridad de Santo Tomás en este punto.

[21] Según este texto, de febrero a julio de 1936, 111 iglesias fueron destruidas y profanadas.

[22] Así, en un párrafo dedicado a las «características de la revolución comunista» se menciona la «revolución anarquista».

[23] Ver Hoare. Embajador en misión especial. Carta del 15 de octubre de 1942.

[24] Véase Stöhrer. Archivos de la Wilheimstrasse.

[25] Es uno de sus albaceas.

[26] El general Orgaz en el Departamento de Guerra, el vicealmirante Cervera en la Marina, el general Kindelán en el Departamento del Aire.

[27] A la muerte de Martínez Amido, el Orden Público sería confiado a otro militar, el general Álvarez Arenas.

[28] El 5 de febrero se adoptó el escudo de los Reyes Católicos.

[29] Unamuno se había unido al Movimiento tras los primeros días de la guerra civil, pero pronto se separó del régimen nacionalista, cuyos excesos policiales y conservadurismo absoluto desaprobaba.

II.6: La organización del nuevo Estado

• El mantenimiento del orden
• Purga y vigilancia
• El estado nacional-sindicalista
• El principio de la Unidad
• La Iglesia y el nuevo Estado
• La Iglesia y la educación
• Hispanidad
• El ejército nacionalista
• Notas

Unas pocas palabras se repiten constantemente en los textos fundamentales del «Estado Nacional-Sindicalista»: Autoridad, Jerarquía y Orden. Estas palabras y la presencia del ejército y de oficiales en todos los sectores de la administración nos recuerdan que el Caudillo era militar y quería, en palabras de Marcatte, establecer en el Estado «una disciplina similar a la de los ejércitos». Tras la agitación inicial y el periodo pintoresco, los observadores coinciden en que la España nacionalista tiene una apariencia de calma, y en algunas zonas incluso de paz, inimaginable al mismo tiempo en las zonas republicanas.

El mantenimiento del orden

Lo sorprendente es ver esta tranquilidad en regiones como Andalucía y Extremadura, que habían sido de las más «rojas» antes de julio de 1936. Sin duda, la represión de la agitación revolucionaria fue especialmente sangrienta aquí. Pero las medidas violentas y desordenadas no suelen conseguir acabar con todas las formas visibles de oposición. Para lograrlo, había que establecer una verdadera organización de la represión. Los nacionalistas desarticularon primero los cuadros de la oposición republicana o revolucionaria; se tomaron medidas para poner fuera de combate a todos los individuos considerados peligrosos y calificados, curiosamente, por los jefes militares, como «rebeldes». Al igual que en la zona republicana, en cuanto a la represión, se pasó del terror organizado a una apariencia de justicia. Bahamonde ha descrito bien esta evolución, que llevó de los fusilamientos masivos del principio a la «instrucción sumaria», y luego, a partir de febrero de 1937, a la acción sistemática de los consejos de guerra. Estos últimos estaban facultados para juzgar «los delitos de rebelión, sedición, resistencia y desobediencia a la autoridad» [1], una definición que ya era peligrosa por su vaguedad; las pocas precisiones dadas no hacían sino hacerla aún más formidable: así, no sólo se podía condenar a quienes poseyeran armas de fuego, sino, por ejemplo, a quienes «obstaculizaran la libertad de trabajo» o a quienes «difundieran noticias tendenciosas susceptibles de minar el prestigio del ejército». Cualquier persona que insulte o agreda a un soldado o a un funcionario puede ser castigada. Es cierto que sólo se trata de textos, cuya aplicación es lo único que debe interesarnos. Pero la represión también era una realidad cotidiana en la zona nacionalista: «No tendremos piedad», declaró Queipo, «con los asesinos que han sacrificado a niños, mujeres y ancianos a la furia política». En cuanto al pueblo de Unión Republicana, está demasiado vinculado al Frente Popular como para desprenderse de él» [2]. Así, todos los que, en un momento u otro, habían apoyado a la República después del 18 de julio, aunque fuera brevemente, se vieron amenazados. Incluso su posterior apoyo al franquismo no les garantizó necesariamente la impunidad: el ex diputado Rasado Gil, que tuvo la desgracia de pedir un voto de confianza al gobierno de Madrid el 1 de octubre de 1936, fue condenado a dos años de cárcel por este delito, aunque unos meses después huyó a la zona nacionalista. Incluso los partidarios del Movimiento, cuya actitud se consideraba subversiva, fueron perseguidos: en julio del 38, el marqués de Carvajal fue condenado por derrotismo por la Audiencia de Zaragoza a la confiscación de sus bienes [3]. En ambos casos, sin embargo, las infracciones fueron leves y las sanciones relativamente moderadas. Los encarcelamientos y las ejecuciones se sucedieron y la represión -a menudo acompañada de violencia y tortura- aumentó bajo el régimen establecido por el Secretario de Estado de Orden Público, el general Martínez Anido. Esto provocó numerosos ataques contra él, especialmente por parte de los Camisas vie jas, pero su muerte no detuvo la violencia [4].

Las condenas [5], las purgas y las medidas de vigilancia se multiplicaron y continuaron tras el final de la guerra. Hasta enero de 1939 no se publicó la ley de responsabilidad política, que pretendía liquidar «las faltas políticas de quienes hubieran contribuido con sus actos u omisiones graves a provocar o mantener la subversión roja». Su objetivo es reprimir no sólo los actos cometidos durante la guerra civil, sino también los cometidos durante el periodo anterior por afiliados y dirigentes de sindicatos, partidos y logias. Así, se consideran responsables «los que organizaron las elecciones de 1936, los que fueron candidatos del Gobierno en las Cortes de 1936» y, en general, «los que, desde 1934 a 1936, contribuyeron a la subversión». Estos delitos, que conllevaban penas que iban desde la cárcel hasta la confiscación de bienes, debían ser juzgados por un tribunal especial conocido como «Tribunal Nacional de Responsabilidad Política», que no obstaculizaba en absoluto la actuación de los Consejos de Guerra.

Purga y vigilancia

Las medidas de purga fueron igual de radicales. Se dirigieron especialmente a los funcionarios que no se habían adherido al Movimiento [6]. En la zona inmediatamente controlada por los nacionalistas, el problema se resolvió de forma sencilla: las nuevas autoridades ordenaron a todos los agentes del Estado que no estuvieran en la zona que se presentaran ante la autoridad militar más cercana a su residencia. Los que no lo hacían eran considerados rebeldes. En otros lugares, se aplicaron medidas de purga a medida que avanzaba la conquista. Por ejemplo, tras la ocupación de Vizcaya, un decreto de 3 de julio de 1937 suspendió «temporalmente a todos los funcionarios de la enseñanza»; los que lo desearan podían «solicitar su reincorporación al rectorado de Valladolid»; sólo tenían que rellenar unos formularios en los que se indicaban los cargos que habían desempeñado durante la República, «los grupos o partidos políticos a los que habían pertenecido» y los nombres de las personas que «podían responder absolutamente de su actitud». Al final de la guerra, la depuración de los funcionarios se generalizó y se extendió: bastaba con caer en la ley «si habían desempeñado funciones no relacionadas con la actividad administrativa, si habían aceptado un ascenso con carácter excepcional», o si no habían apoyado al máximo la sublevación.

Las medidas que establecen el sistema de vigilancia constante y radical de la población son demasiado numerosas y dispersas para ser resumidas en pocas palabras [7]. El documento de identidad se hace obligatorio a partir de los 16 años, una medida habitual en los regímenes autoritarios. La creación de un «Servicio de Identificación» será de gran ayuda para la policía. Sería mejor decir «la policía», porque, junto a la antigua Guardia Civil, sigue existiendo la Seguridad y, además, la policía secreta; poco después de la creación del Partido Único, la Falange también tendrá su propia policía. Es difícil escapar de un aparato policial tan considerable.

Las medidas de vigilancia no sólo afectan a los individuos. Se extendieron a todos los medios de propaganda e información: la radio, el cine y sobre todo la prensa. La ley sobre el estado de guerra ya había prohibido el funcionamiento de las emisoras de radio y permitía el establecimiento de una censura, en principio exclusivamente militar. Poco a poco se organizó la Censura Nacional: en mayo de 1937 funcionaban dos comisiones en Sevilla y A Coruña [8]. Entre ellos había representantes de las autoridades militares, pero también, lo que indica la ampliación de sus competencias, delegados de la sociedad de autores, empresas cinematográficas, centros culturales y padres. Estas disposiciones iniciales se complementaron con una serie de medidas para controlar la producción de películas, libros y periódicos. El Ministro del Interior, a través de los gobernadores civiles, era responsable de la censura cinematográfica. Ya el 23 de diciembre de 1936 se prohibió la «publicación y circulación de libros e impresos pornográficos, marxistas o disolventes» [9].

La prensa es aún más peligrosa por la influencia que puede ejercer sobre las masas a diario. Por ello, el general Franco siempre asignó un papel especialmente importante a la «Delegación de Prensa y Propaganda», cuyo objetivo era «utilizar la prensa para dar a conocer el carácter del Movimiento, su obra y sus posibilidades». Era el jefe del servicio de prensa [10] quien dirigía la censura y actuaba como enlace con los directores de los periódicos, que se habían convertido en los verdaderos ejecutores del poder. Prácticamente designados por la Falange, eran responsables de todo y, por una falta, podían ser despedidos e incluso borrados del registro. Por lo tanto, la información difundida en la zona nacionalista fue severamente controlada de antemano.

Por lo tanto, hay que dar poco crédito a las descripciones entusiastas que hicieron en aquel momento los periodistas políticamente favorables a Franco y que, de hecho, se contentaron con la información dada por la oficina de prensa para los periodistas extranjeros. Es fácil encontrar sombras en la imagen, Sevilla parece una ciudad tranquila, dice Bahamonde [11], pero los convoyes de heridos llegan por la noche y, para evitar a la población un espectáculo doloroso, Queipo hace sonar la alarma durante ese tiempo. En octubre del 37, «el tráfico se interrumpió después de las ocho de la tarde en las mismas puertas de Sevilla». Los guerrilleros siguieron resistiendo en Andalucía durante mucho tiempo y aún corrían grandes riesgos. En mayo del 38, aunque la pacificación parecía casi completa, Stohrer informó de actividades similares cerca de Cáceres y en Asturias. En el mismo informe, el embajador alemán estimó que el 40% de la población de la zona nacionalista era «políticamente inestable»: la omnipotencia de las autoridades nacionalistas no podía ocultar completamente la opinión pro-roja de ciertos grupos de población.

Es difícil decir hasta qué punto las autoridades civiles y militares encargadas de mantener el orden cooperan o se contrarrestan mutuamente. En las zonas cercanas al frente, el problema no se plantea: todo el poder está en manos de los militares. Los delegados civiles nombrados e instalados por los oficiales seguían siendo meros subordinados. Más tarde, cuando la región se pacificó, los poderes se devolvieron gradualmente a los gobernadores civiles, a las comisiones de gestión que se habían creado o, en algunos casos, a los alcaldes que pudieron tomar posesión. En realidad, tiene que lidiar con la autoridad militar, que sigue siendo jerárquicamente superior a él y durante mucho tiempo es la única responsable del orden público. Los militares tenían derecho a evaluar la «falta de capacidad» o las «faltas morales» de los civiles y a sustituirlos, cuando lo consideraran absolutamente necesario, por un «delegado de orden público».

Además, la falta de funcionarios «de confianza» obligaba a menudo a elegir gobernadores «civiles» entre los oficiales. En Málaga, por ejemplo, tras la victoria nacionalista, el gobernador civil fue el capitán García Alted, que permitió a las tropas italianas total libertad y mostró sus opiniones políticas de forma llamativa vistiendo el uniforme de la Falange.

Es normal, en estas condiciones, que el único poder verdaderamente respetado sea el Ejército o que estallen conflictos entre el poder civil y el militar [12].

Aparte de la aplicación de las medidas decretadas por el gobierno, la gran preocupación de los gobernadores civiles y de las administraciones locales era el abastecimiento del ejército y de la población. Esto se aseguraba fácilmente; las tiendas estaban siempre llenas y los comercios ofrecían incluso telas inglesas. Sólo el arroz, el té y el café fueron racionados en el 37-38. Los nacionalistas podían incluso permitirse exportar parte de su producción agrícola y aún tenían reservas. Pero estas disminuyeron rápidamente tras la ocupación de las principales ciudades. Tras la caída de Barcelona, habría que asegurar el abastecimiento de una población que llevaba meses desnutrida. Los problemas económicos serían más delicados una vez terminada la guerra.

Los precios subieron durante la guerra civil, pero se mantuvieron en un nivel razonable. Cualquier aumento de precios debe ser autorizado y no es raro ver cómo se cierra una tienda por contravenir la legislación sobre precios. El régimen autoritario impide así que el nivel de vida de la población se reduzca de forma demasiado drástica. Por supuesto, no impide toda especulación. Según Courmont, que simpatizaba totalmente con los nacionalistas, el precio del paño «se disparó enormemente», la carne de vacuno, entre octubre del 36 y mayo del 38, subió un 37% y el vino un 48%.

Así, a pesar de la aparente abundancia, el régimen seguía siendo de austeridad, explicada oficialmente por las necesidades de la economía de guerra. Para marcar mejor los sacrificios realizados por todos en la causa común, el régimen inventó el sistema de «plato único». Los viernes al principio de la guerra, y luego los jueves, todo el mundo tenía que conformarse con un solo plato. En realidad, ¿cómo se puede controlar una institución así? Hay que admitir que estamos en el reino de la utopía, excepto, claro está, para los que comen en restaurantes y que, además, tendrán que aceptar estar «privados de postre» el lunes. En realidad, se trata de manifestaciones platónicas, destinadas sobre todo a tocar la fibra sensible de los extranjeros, que se convencerán así de la disciplina y los sacrificios del país en guerra. La pobreza de la población es la verdadera causa de la austeridad.

Por tanto, la calma y la prosperidad son en realidad sólo una fachada. Si realmente queremos entender el nuevo Estado, tenemos que examinar sus instituciones en detalle.

El estado nacional-sindicalista

Junto a los oficiales, cuya lealtad y disciplina eran inestimables para Franco y de los que no se podía prescindir, los nuevos marcos del sistema político los proporcionaban los falangistas del partido único. Estamos en la «era azul» del Estado nacional-sindicalista. La Falange es «el movimiento inspirador y la base del Estado español», según la primera frase de sus estatutos [13], que recogen y concretan los principios de moral política recogidos en el decreto del 19 de abril: los intereses individuales deben ceder ante «el servicio del Estado, de la Justicia Social y de la Libertad Cristiana del individuo». Así, al concepto de libertad política o social, que ya no se cuestiona, se opone el principio de la libertad cristiana, que sólo es una libertad moral. Lo que cuenta es el respeto a los «valores eternos de la patria» y a la jerarquía social. Esta noción de jerarquía inspiró toda la organización del Partido, desde las falanges locales hasta el Caudillo. Como hemos visto, el «líder nacional del Movimiento» tiene la realidad del poder. Es él quien elige a los miembros del primer Consejo Nacional, nombra al presidente de la Junta Política y designa a cinco de los diez consejeros nacionales que forman parte de ella [14]. Es el jefe supremo de las milicias de la Falange, elige y releva a los jefes provinciales de sus funciones y decide las inspecciones regionales. Tiene el poder supremo, tanto de decisión como de apelación.

La Junta Política es, por tanto, sólo un consejo, con poderes políticos, del líder nacional; se reúne al menos una vez al mes para estudiar las propuestas que se harán al jefe del Estado y para examinar las cuentas del Movimiento. Las órdenes se transmiten desde lo más alto, la Junta o Consejo Nacional, a los comandantes provinciales y a las falanges locales.

Una falange local está formada por al menos veinte «militantes afiliados». No se trata de incorporar al partido a todos los que lo solicitan. Pero tampoco hay que desanimar la buena voluntad, de ahí la distinción entre «adherentes» y «militantes», que recuerda irresistiblemente la organización de ciertas órdenes religiosas, en particular la Compañía de Jesús. Los adherentes no son «miembros de la Falange». Sin embargo, deben «suscribir la forma de afiliación y el juramento» establecidos por la Jefatura nacional y pagar una cuota. La condición de militante se otorga a los afiliados que lleven cinco años de actividad, a los antiguos miembros de la Falange y de los requetés y a los generales, oficiales de los ejércitos en activo o en servicio de guerra, así como a «los que obtengan este título por decisión personal del Caudillo o a propuesta de las Jefaturas provinciales». Cada sección tenía una jerarquía similar con un jefe local, un secretario, un tesorero y un jefe de milicia local; en las grandes ciudades, la Jefatura municipal tenía bajo su mando a «los jefes de distrito, subdistrito, manzana y casa». De este modo, se crea una red de la que nadie puede escapar y que es más eficaz que cualquier fuerza policial.

La Falange era el instrumento del poder totalitario en todos los ámbitos; estaba presente en todas las formas: movimientos de mujeres, movimientos juveniles (Flechas); había tutelado a la juventud universitaria creando el Sindicato español unversitario, una organización estudiantil única y obligatoria, destinada a «exaltar la profesión intelectual en un sentimiento profundamente católico y español». Al igual que la Falange, se organizó jerárquicamente con un líder nacional nombrado por el Caudillo e investido de autoridad suprema. Además de los estudiantes que normalmente pertenecen a la S.E.U., pagan su cuota, suscriben la ficha de afiliación -que implica obediencia incondicional- y llevan las cinco flechas y el yugo, insignias de la Falange, hay dos categorías excepcionales de afiliados, los «honorarios», que sin ser estudiantes han contribuido, con su trabajo intelectual, a la grandeza de España, y los «protectores» que han favorecido el desarrollo de la S.E.U. mediante donaciones o ayudas económicas.

A partir de 1938, el Estado falangista se convierte en el Estado nacional-sindicalista. El grupo de Suñer, del que formaban parte Fernández Cuesta, Amado y el ministro de Acción Sindical, González Bueno, en el Gobierno, creía que no era posible abandonar la parte positiva del programa falangista. En primer lugar, querían obtener una afirmación de principio: el Nuevo Estado debe mostrar su vocación social a todos. La Carta del Trabajo comienza con una doble afirmación: «el trabajo se exigirá a todos», pero «todos tienen derecho a trabajar». También contiene un cierto número de promesas: la duración de la jornada laboral no debe ser excesiva, las mujeres casadas serán «liberadas del taller y de la fábrica»; se instituirá una fiesta del trabajo que, a diferencia del Primero de Mayo de los «rojos», se fijará para el 18 de julio, aniversario del «glorioso» levantamiento, y se llamará «Fiesta de la Exaltación del Trabajo». Incluso llegó a prever vacaciones pagadas e instituciones para el ocio de los trabajadores. No obstante, cabe señalar que estas disposiciones son extremadamente vagas. ¿Cuándo, por ejemplo, la jornada laboral puede considerarse «excesiva»? El texto habla de vacaciones pagadas, pero no determina por el momento su duración. Más tarde, sería una semana, pero todavía no se concedió en 1938. La guerra proporcionó un pretexto para posponer los logros «sociales». Mientras tanto, los beneficios adquiridos se estaban revirtiendo. La semana laboral en las industrias metalúrgica, siderúrgica, eléctrica y de equipos científicos pasó de 44 a 48 horas; en las minas de Huelva, en el primer semestre de 1938, la semana laboral se incrementó en una hora.

Por lo tanto, sin detenernos en las hipotéticas ventajas que el Fuero del Trabajo otorga a los trabajadores, conviene destacar los profundos principios que guiaron a los legisladores del Consejo Nacional de la Falange. Courmont recuerda que «la organización nacional-sindicalista del Estado se inspira en los principios de Unidad, Totalidad y Jerarquía». Nos limitaremos a seguir su análisis de la Carta y la formación de sindicatos verticales.

El principio de la Unidad

El principio de la Unidad significa que «fuera de la unión no hay nada». La entrada en el sindicato es, en efecto, obligatoria: la emisión de carnés sindicales, monopolio de la Falange, es, en manos del Partido único, un nuevo y considerable medio de control. La idea totalitaria se manifiesta en la propia organización del sindicato: «Todos los productores están unidos». En efecto, contra la afirmación de la lucha de clases que está en la base del «materialismo marxista», el Estado nacional-sindicalista pretende dominar las oposiciones entre las categorías sociales. Por tanto, el sindicato debe unir en los mismos órganos a la patronal, los trabajadores y los técnicos. Por último, los sindicatos estaban estrictamente jerarquizados. «Todas las secciones sindicales están sometidas a la autoridad de sus dirigentes», siendo éstos, por supuesto, elegidos por la Falange, que supervisa a los trabajadores como supervisa al resto de la población. El Estado promete que proporcionará ayuda y protección, que será leal con los trabajadores. Por otro lado, exige lealtad y obediencia incondicionales.

Por último, la Falange interviene en la vida del país a través de obras sociales, que podríamos llamar «obras de caridad» y que sólo ella organiza. El logro más importante en este sentido fue el Auxilio Social, fundado en el otoño de 1936 por la viuda del miembro de la Falange Onésimo Redondo, Mercédès Sanz Bachiller, pero dirigido posteriormente por Pilar Primo de Rivera. El Auxilio Social comenzó organizando la ayuda de invierno: inicialmente, tres comedores para huérfanos. Más tarde, la ayuda se extendió a los refugiados: eran las «cocinas de la hermandad», un término muy querido por el régimen. Más tarde, se organizaron distribuciones de ayuda para los trabajadores enfermos y ancianos. El centro del Auxilio Social estaba en Valladolid [15], y sus recursos eran proporcionados por la ayuda de las mujeres falangistas y, posteriormente, por el «Servicio Social», que equivalía, para las mujeres de 17 a 35 años, a lo que podía ser el servicio militar para los hombres. También pretendía establecer un clima de fraternidad; las mujeres casadas, las viudas y los enfermos estaban exentos [16]. En principio, era opcional, pero una mujer no podía presentarse a un examen o entrar en la administración si no lo había realizado [17].

La distribución de esta importante ayuda requiere importantes medios financieros y la contribución gubernamental es muy insuficiente. Los recursos necesarios serían aportados por las «búsquedas quincenales», la venta de sellos sociales de Auxilio y, sobre todo, por las «tarjetas azules» cuyos firmantes se comprometían a realizar pagos regulares [18].

Además, e independientemente de la Falange, el gobierno nacionalista se interesó especialmente por dos problemas derivados de la guerra: la ayuda a las familias de los combatientes, para la que se creó una «caja de caridad», financiada con un impuesto del 10% sobre los artículos de lujo [19], y la Colocación familiar de niños, típica de la forma de miseria creada por esta guerra. La tarea de esta organización era encontrar familias en cada localidad que pudieran proporcionar a los huérfanos o a los niños separados de sus padres por la guerra «el santo calor de la familia». Sin embargo, tenían que ser capaces de darles «una buena educación». Por ello, el texto oficial estipula que deben ser ejemplos de «moral, religión y moralidad» para dar a los niños acogidos «una educación cristiana y el santo amor a la Patria» [20]. Su elección era muy cuidadosa: una junta local, formada por la alcade, el decano de los párrocos y un inspector municipal de sanidad, designaba a los tutores y proporcionaba información detallada sobre ellos para justificar su propuesta[21]; también se encargaba de velar por que los tutores «cumplieran con sus obligaciones».

En todas estas instituciones, junto al espíritu de «caridad», encontramos el deseo de orden y la lucha por el triunfo de la moral oficial que es a la vez la moral cristiana y la moral política de la Falange. A pesar de las declaraciones de intenciones sociales por parte del Estado, el hecho es que los únicos logros son las medidas de caridad, utilizando la buena voluntad y los fondos privados. El fondo de asistencia social se nutre de los beneficios obtenidos durante la jornada de un plato, del producto de las colectas públicas autorizadas por el Estado y, por último, de los fondos concedidos por el Estado.

En cuanto a la justicia social, el reparto de beneficios y las demás promesas del Fllero dei Trabajo, en 1939 aún no se habían aplicado. El único esfuerzo serio que se ha hecho es la creación del subsidio familiar, una asignación familiar que se paga al cabeza de familia con un fondo alimentado por las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios. Se trata ciertamente de una de las medidas «sociales» defendidas por la Falange, pero esta ayuda a la familia refleja sobre todo la considerable influencia de la Iglesia católica.

La Iglesia y el nuevo Estado

Lo único que quizá sea cierto en el actual estado de cosas», dijo Stöhrer en mayo del 38, «es que bajo el actual régimen la influencia de la Iglesia católica ha aumentado mucho en la España nacionalista.

Ya hemos señalado que una gran parte de los sacerdotes españoles aprobaron y apoyaron la rebelión desde el principio. El cardenal Segura, que posteriormente tuvo un trato muy violento con la Falange -incluso se vio obligado a abandonar España durante un tiempo-, había luchado contra el Frente Popular. El cardenal Goma y Tomás intentó convencer al episcopado francés de la santidad de la «Cruzada». El 15 de agosto de 1936, el cardenal Ilundain presidió una ceremonia oficial junto a Queipo. Las figuras religiosas menores adoptaron posturas muy violentas en su predicación. Bahamonde cita el sermón de un cura de Rota: «Hay que barrer toda esta podredumbre… Les advierto: ¡Todos a misa! ¡No admito excusas! Georges Bernanos declaró que la obligación de asistir a misa estaba respaldada, al menos en los primeros meses de la guerra, por graves amenazas. Hay que señalar, sin embargo, que algunos sacerdotes tuvieron la valentía de protestar contra las ejecuciones masivas, a riesgo de ser víctimas de paseos a su vez: Bahamonde cita el caso de un sacerdote de Carmona, asesinado por protestar contra los crímenes de la Falange.

La influencia de la Iglesia, en cualquier caso, iba a crecer constantemente. Una de las razones por las que varios dirigentes monárquicos se adhirieron al nuevo régimen -entre ellos Rodezno, que llegó a ser ministro de Justicia- fue, sin duda, la alianza del gobierno nacionalista con el Vaticano, acompañada de la supresión de las medidas laicas adoptadas por los republicanos: por ejemplo, se suprimió la legislación sobre el divorcio, y el decreto de 2 de marzo de 1938 sólo autorizaba el examen de las «solicitudes de medidas preventivas de separación de los cónyuges».

La medida que tuvo mayor efecto en este sentido fue el decreto del 3 de mayo del 38 que autorizaba el regreso de los jesuitas a España. Este gesto no se presentó como un favor a la Iglesia católica, sino como una reparación. Para el Gobierno, dos razones lo justifican: en primer lugar, se trata de una orden «eminentemente española» y es normal, en el momento de la recuperación de la «Hispanidad», que la Compañía de Jesús recupere sus derechos y bienes. Esto forma parte de la vuelta a la tradición. La otra razón es la «enorme contribución cultural» de los jesuitas al país. En un momento en que había que romper la influencia de los intelectuales marxistas, los jesuitas contribuirían naturalmente a hacer de España un país unido en el catolicismo. Su papel, en todo caso, sería discutido: Bahamonde los convirtió en «los instigadores más violentos de la represión».

La Iglesia estaba presente en todas partes en el nuevo Estado, en primer lugar en el ejército, donde se restablecieron las capellanías militares a finales de 1936; un decreto de mayo de 1937 completó la organización de la «asistencia espiritual católica en las unidades de guerra», bajo la dirección del cardenal-arzobispo de Toledo, delegado papal. El personal fue reclutado entre los sacerdotes movilizados.

La Iglesia y la educación

Pero fue en el campo de la educación donde más se dejó sentir la acción del clero, especialmente a partir de 1938, cuando Franco llamó a Sainz Rodríguez como ministro de Educación Nacional. Suñer, aunque devoto católico, dijo que el nuevo ministro era «el legislador más vaticanista que ha conocido España». El profesorado seglar era generalmente leal a la República: en varias ocasiones, el gobierno de Franco tuvo que cerrar institutos por falta de personal; en 1937, por ejemplo, se cerraron temporalmente los Institutos Nacionales de Santander, Mérida y Talavera: los locales solían ser ocupados por el ejército. Cuando el personal existía, sólo podía integrarse con mucho cuidado. Se consideró que los profesores que se mantuvieron en sus puestos por las comisiones de depuración necesitaban un nuevo liderazgo y formación. Por ello, se organizan cursos especiales para ellos en todas las capitales de provincia durante el verano. Durante la primera semana escucharán conferencias sobre la religión, la patria, el hombre y el maestro: durante la segunda semana las tesis tratadas se clasifican bajo los títulos: «Pedagogía de la religión», «Historia de la patria», «El niño», «La escuela». Los profesores encargados de las clases de religión son nombrados por el obispo. Los títulos de las lecciones son significativos: la primera estará dedicada a demostrar «la superioridad de la religión cristiana sobre las religiones de Oriente». Otra lección tratará sobre «la concepción católica del maestro, expresada en la encíclica de Pío XI». Las concesiones al modernismo que nos permiten hablar de «psicología» y «psicopatología» no deben hacernos olvidar la constante y esencial intervención de la Iglesia en la formación del escalar.

La enseñanza religiosa se hizo obligatoria en las escuelas primarias y secundarias. Sólo los «nativos del protectorado marroquí y de las colonias africanas» están exentos de ello, ya que no deben escandalizarse por un torpe proselitismo. En todos los demás lugares y para todos los demás, la enseñanza religiosa iba desde simples nociones de catecismo e historia sagrada en los primeros años hasta lecciones más complicadas que explicaban el dogma católico en sentido amplio. En el quinto año de la escuela secundaria, se termina con la «apologética».

Incluso fuera de estas lecciones, la religión está siempre presente. Un decreto del 37 de abril obliga a los profesores a colocar en sus aulas una imagen de la Virgen, «preferentemente bajo la muy española advocación de la Inmaculada Concepción», para que los alumnos, al entrar y salir del aula, la vean mientras intercambian con su profesor las frases rituales: «Ave María purísima, sin pecado concebida…». Además, una invocación particular se renueva cada día mientras dure la guerra. Por supuesto, según el legislador, se trata de una vuelta a las tradiciones del «espíritu popular». Pero en realidad es una orientación educativa bien definida, destinada a formar un ciudadano que sea al mismo tiempo un católico practicante.

A partir de la escuela primaria, según las instrucciones oficiales, «todo el ambiente escolar debe estar influenciado por la doctrina católica». Los actos puramente religiosos se multiplican: una orden de febrero del 38 da licencia para la fiesta de Santo Tomás de Aquino y organiza una ceremonia conmemorativa «para perpetuar en la mente de las generaciones de alumnos este modelo de santidad». Asistieron todas las autoridades académicas y los estudiantes estuvieron representados por la S.E.U. Asimismo, el «Santo Crucifijo» debía colocarse en los Institutos de Enseñanza Media y en las Universidades. Todo debe proclamar la transformación radical: la escuela laica es la de un «régimen soviético», la educación «nacional» debe ser cristiana y es la enseñanza de la «fraternidad social» proclamada por la Iglesia la que debe hacer desaparecer el «materialismo odioso». Se trata de una educación en profundidad que no se detiene en los bordes de la cáscara. No basta con que los niños asistan a misa en grupo, bajo la dirección de sus profesores. Las recomendaciones hechas a los inspectores de la enseñanza primaria recuerdan que la escuela es una institución que permite la «exaltación del espíritu religioso» y que es «educadora y formadora de buenos patriotas», y que la joven debe aprender «su elevada función en la familia y en el hogar».

De este modo, las formas de educación religiosa, cívica y patriótica están constantemente vinculadas. Para mantener esta atmósfera, se recomienda utilizar «canciones populares, himnos patrióticos y biografías», así como «leer los periódicos, comentando los acontecimientos actuales», lo cual es obviamente una concepción original del estudio de la historia. Y, como esta educación está dirigida a todos, el «Movimiento Nacional» se impartirá también en «clases para adultos».

El objetivo de todo esto es dar la idea de que la vida es «lucha, sacrificio, disciplina, lucha y austeridad».

Pero la disciplina prometida a todos debe imponerse a todos. La sociedad nacionalista es cristiana y jerárquica. El juramento de fidelidad, realizado de diversas formas, es un testimonio de ello. Así, los magistrados que toman posesión de su cargo prestan juramento de pie ante el «santo crucifijo». A la fórmula: «¿Juráis ante Dios y los Santos Evangelios una adhesión incondicional al Caudillo de España, rendir justicia honesta e imparcial, obedecer las leyes y disposiciones relativas al ejercicio de vuestro cargo sin otro móvil que el fiel cumplimiento de vuestro deber y el bien de España?

La fórmula de los juramentos de los académicos es más original e incluso más simbólica. Ante un escritorio con «un ejemplar de los Evangelios en la Vulgata» (tapa decorada con la señal de la cruz) y «un ejemplar del Quijote» (tapa decorada con el escudo de la Falange), el académico debe jurar «ante Dios y su ángel de la guarda» servir «siempre y lealmente a España, bajo la autoridad y el imperio de su tradición viva, de su catolicidad encarnada por el Romano Pontífice, y de su continuidad representada por el Caudillo».

Hispanidad

La fundación del Instituto Español tenía un doble objetivo: conservar la riqueza nacional y preservar y difundir la tradición. Aunque su presidente fue el gran músico Manuel de Falla, la lista de presidentes de la academia es indicativa de un estado de ánimo, ya que incluye a los más eminentes representantes de la opinión conservadora:

Pemartín, el Duque de Alba, el Conde de Romanones, Goicoechea. Con la fundación del Instituto, la protección de las artes pretendía restaurar el prestigio de España para que pronto se situara a la cabeza de todas las naciones de habla hispana. La «hispanidad» debe lograrse en la unión de España y los estados hispanoamericanos. Se aconseja a los estudiantes de la U.E. que se esfuercen por establecer vínculos con los de América Latina. De este modo, la vocación imperial, tema favorito de los falangistas, comenzó a hacerse realidad. Con este espíritu se fundó la Orden de Alfonso X el Sabio, destinada a premiar a los españoles «que se hayan distinguido en las ciencias, la enseñanza, las letras o las artes», y la «Orden Imperial de las Flechas Rojas», que, de forma más vaga, pretendía «premiar el mérito nacional». Por supuesto, una política así tenía sus peligros, sobre todo el de molestar a los aliados. Los jóvenes falangistas expresaron en voz alta su deseo de reconstituir una gran potencia ibérica, que no podía dejar de molestar a Portugal. Pero el gobierno nacionalista tuvo cuidado de limitar esos excesos de lenguaje.

Por tanto, es más un juego mental que una realidad viva que la España de Franco se presente como la sucesora de la España de los reyes católicos, de Carlos V y Felipe II. Todos los españoles deben estar convencidos de que si aceptan los sufrimientos y las dificultades de la guerra es para conseguir un gran ideal, para que España retome el lema de la monarquía: «Una, grande, libre». Mientras tanto, a falta de poder real, los nacionalistas tuvieron que conformarse con afirmaciones de principios y gestos simbólicos, como el restablecimiento de la Orden de Isabel la Católica, de la que el Jefe del Estado se convirtió en Gran Maestre. Estas condecoraciones, las ceremonias de conmemoración de aniversarios «gloriosos», la muerte de Calvo Sotelo, el levantamiento del 18 de julio, pretendían sobre todo mantener la voluntad de lucha del ejército nacional.

El ejército nacionalista

El espíritu de sacrificio y el valor militar de las tropas nacionalistas son indiscutibles. A veces los aliados italianos o alemanes cuestionan las decisiones del mando español o la insuficiente preparación de las tropas implicadas: nunca se quejan de falta de valor. Era necesario en una guerra cada vez más feroz. Según el general Walch, en 1938, la «duración media del servicio de un teniente graduado en la Academia Militar» era de 43 días. Sin embargo, los cuadros conservan su valor, porque se ha hecho un esfuerzo especial en este ámbito. El reclutamiento, la organización y el adiestramiento de las tropas se habían confiado al general Orgaz desde finales de 1936. Su primera tarea fue crear escuelas y cursos de formación para oficiales. Las academias militares se multiplicaron: había tres academias de infantería, una de caballería, una de intendencia y una de ingeniería [22]. El reclutamiento de especialistas fue más difícil: en enero de 1937 se movilizaron operadores de radio; luego se creó una escuela de aviación; se distribuyeron generosamente bonos de «vuelo» y «aeródromo».

Nunca se produciría una movilización general: todavía se podía encontrar a jóvenes vestidos de civil en la zona nacionalista. Al principio, es cierto que el gobierno dudó antes de incorporar al ejército a una masa de hombres políticamente indecisos, e incluso hostiles en ciertas regiones. La superioridad del ejército profesional parecía entonces suficiente para evitar la necesidad de movilización. En el momento de la gran batalla frente a Madrid, el ejército nacionalista apenas superaba los 250.000 hombres, gran parte de los cuales estaban formados por la legión extranjera y las tropas «moras». El reclutamiento marroquí seguiría siendo importante, facilitado por la flexibilidad del general Franco hacia los nativos. El Caudillo siempre tuvo cuidado de distinguir entre las leyes aplicables a la metrópoli y las creadas para la zona de la Rifa. Si tomó algunas medidas disciplinarias especiales para las tropas moras, como la prohibición de frecuentar los cabarets, también tomó medidas especiales de ayuda económica para los heridos y sus familias. Como antiguo soldado de la guerra del Rif, sabía cómo vincularse a sus tropas y elegir su guardia de honor. Nunca perdió de vista la necesidad de un gran reclutamiento militar en Marruecos y perdonó constantemente a los nacionalistas marroquíes a pesar de sus fuertes declaraciones de principios sobre la Nación y el Imperio.

Sin embargo, a partir de 1937, el ejército se reforzó. La formación de un ejército «rojo» capaz de luchar obligó a los nacionalistas a reunir nuevas tropas. En el momento de la batalla de Teruel, el ejército de Franco contaba con 600.000 hombres; desde finales de 1937, había completado la fusión de las tropas regulares y las milicias en una sola fuerza. Las nuevas milicias del Partido Único incluían 66 banderas de la Falange, 31 tercios de requetes y 36 batallones de diversas organizaciones políticas. El nuevo jefe de las milicias, el coronel Monasterio, uno de los jefes del ejército del sur, había tomado parte importante en los primeros combates. Así desaparecieron no sólo los partidos políticos, sino las posibilidades de que resucitaran algún día como fuerzas de combate.

El Partido, la Iglesia, el Ejército: son las tres fuerzas de la nueva España, los pilares del Estado nacional-sindicalista. Se trata de un Estado totalitario, que acaba con la oposición, dispone de un notable aparato policial e impone la obediencia de una poderosa «burocracia estatal».

Pero no es una potencia fascista. Del fascismo sólo ha conservado las formas, los marcos, la apelación al nacionalismo, un simple medio de desviar las mentes hacia sueños de grandeza y conquista, pues España, pobre antes de la guerra, arruinada después, sólo puede soñar con la grandeza sin esperar alcanzarla. En cuanto a los logros «sociales» -como los que existen en Italia y, sobre todo, en Alemania-, aquí prácticamente no existen. Las llamadas obras sociales son obras de caridad. Las condiciones de vida de los obreros y campesinos son tan malas como siempre. Ni siquiera se plantea la necesaria reforma agraria.

Y es que, en realidad, detrás de la dictadura de la Iglesia y del Ejército, detrás de la dictadura franquista, está la dominación de una clase, o más exactamente de una casta social. La España de Franco es la España de los grandes terratenientes, de la vieja aristocracia, la España de los oligarcas.

El Ejército y el Partido no son más que los instrumentos de su autoridad, y ejercen el poder con mayor rigor porque temían perderlo cuando la revolución levantó a la masa popular y tuvieron que luchar largo y tendido para ganarlo. A finales del 37, a pesar de los éxitos conseguidos, todavía no estaban seguros de la victoria.

Notas

[1] Decreto de 28 de julio de 1936.

[2] Véase Le Temps, 28 de julio de 1938.

[3] Según Le Temps del 2 de julio, se le reprocha haber declarado: «Un armisticio no parece inconcebible, y menos aún improbable».

[4] El general Martínez Anido, como gobernador de Cataluña, había dirigido en 1921 los golpes de sus pistoleros contra los cuadros de la C.N.T. También había sido el primer ministro de Gobernación del Directorio Militar de Prjmo de Rivera. Su pasado lo convirtió en el símbolo de la más feroz represión contra los trabajadores y los revolucionarios. Esto explica en parte los ataques de las Camisas vie jas.

[5] Tan pronto como una provincia fue subyugada, los consejos de guerra comenzaron a funcionar. Tras la caída de Cataluña, Le Temps del 15 de febrero de 1939 informó de las condenas a muerte de Ventura, antiguo presidente del tribunal revolucionario uruguayo (un barco que había servido de tribunal al principio de la guerra), que había condenado a muerte al general Goded; de Garrigo López, presidente del primer Comité Obrero de la General Motorl, y del sindicalista del automóvil Emilio Morales.

[6] Se tomaron medidas especiales con respecto al cuerpo diplomático, cuya situación en el extranjero era obviamente especial.

[7] Se especificarán las faltas que conducen al despido definitivo o a la suspensión temporal, a la destitución forzosa o a la prohibición de acceder a un puesto directivo.

[8] El comité de Sevilla está presidido por Carlos Pedro Quintana y el de A Coruña por Francisco de la Rocha.

[9] Se trata de una notable asociación de ideas de la que los autores nunca se cansarán, ya que se encuentra en todos los textos que rigen la literatura en la zona nacionalista. Como esta asombrosa organización de las bibliotecas, no una censura temporal, que podría explicarse por la guerra, sino la preparación de un control sistemático destinado a eliminar definitivamente la «literatura disolvente» de las bibliotecas públicas y los centros culturales. En cada distrito universitario se constituyó una comisión en la que figuraban «el rector o su delegado, un profesor de la facultad de filosofía o letras, un delegado del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos», que eran los delegados de los académicos laicos, así como «un representante de la autoridad eclesiástica, uno de la autoridad militar, uno designado por la delegación de Cultura de la Falange y, por último, un padre de familia nombrado por la asociación católica de padres de familia». Corresponde a cada autoridad denunciar, entre las publicaciones consideradas peligrosas, las que representan una «depreciación de la religión católica», una falta de respeto «a la dignidad de nuestro glorioso ejército» y un «ataque a la unidad de la Patria». Más concretamente, se recomienda destruir directamente las obras «pornográficas y sin valor literario», revolucionarias, pero «sin contenido ideológico esencial». Las obras valiosas podrían conservarse, pero para evitar que caigan en manos de «lectores ingenuos», sólo deberían ser accesibles a los lectores con un permiso especial de la Comisión de Cultura.

[10] Durante la guerra, éste fue Juan Pujol, cuyas habilidades son ampliamente reconocidas.

[11] Un año con Queipo.

[12] Bahamonde (op. cit.) da cuenta de un conflicto muy grave que estalló en Badajoz. Comenzó como un simple incidente relacionado con la organización de uno de los muchos abonos lanzados por el régimen, pero degeneró en un verdadero enfrentamiento entre el gobernador militar Canizarès y el «civil» Díaz de Llano. El ejército y la Falange juntos finalmente impusieron su voluntad: el gobernador civil tuvo que inclinarse.

[13] Estatutos de la Falange Tradicionalista Española y Decreto de las J.O.N.S. de 4 de agosto de 1937.

[14] Los otros cinco fueron nombrados por el Consejo a propuesta del Caudillo.

[El decreto de 7 de octubre de 1937 que lo instituyó pretendía contribuir a «realizar el programa de la Falange».

[16] Para las viudas, siempre que tengan al menos un hijo.

[17] El servicio consiste en un mínimo de seis meses de servicio continuo o seis períodos sucesivos de al menos un mes.

[18] Véase Marcotte, L’Etat national-syndicaliste.

[19] El impuesto grava la venta de tabaco, las entradas a espectáculos, el consumo en cafés y restaurantes y la venta de perfumes.

[20] B. O. de 2 de enero de 1937.

[21] En particular, se debe proporcionar la siguiente información sobre la familia del tutor: valor moral, religioso y económico, indicación de recursos e informe médico.

[22] Véase el marco alemán en el capítulo II.

II.7: Teruel, punto de inflexión de la guerra

• Las condiciones de la ofensiva
• La batalla de Teruel
• La contraofensiva nacionalista
• La batalla de Aragón
• Generalización de la ofensiva
• El despido de Prieto
• Notas

En el transcurso del 37, se pudo observar una evolución política paralela en ambos campos. En Valencia, como en Burgos, el poder fuerte se impuso a los elementos dispersos, la autoridad regular a los partidarios del «movimiento». La evolución así iniciada parece irreversible. Un brutal retroceso político en la zona nacionalista tras la supresión de las camisas viejas no es más probable que en la España republicana tras los Días del Mal. Así, hemos vuelto a las condiciones de un tipo de guerra tradicional. Sin embargo, un examen de los acontecimientos ocurridos en el plano militar revela una evolución desfavorable para el gobierno valenciano.

Las condiciones de la ofensiva

No cabe duda de que la situación militar a finales de 1937 era muy preocupante para los republicanos. La impresión dominante, tras la caída del Norte, era de total impotencia. Todos los intentos de limitar el alcance de los éxitos nacionalistas acabaron por fracasar. Hubo, sin duda, un esfuerzo organizativo; Rojo contó con cinco cuerpos de ejército entrenados y preparados para la guerra. Pero su equipamiento seguía siendo insuficiente y, sobre todo, les faltaba confianza en sus medios. El fin de los combates en Asturias también liberaría a numerosas y bien entrenadas tropas nacionalistas.

Estos refuerzos alterarían profundamente el equilibrio de fuerzas en la parte del frente donde se emplearan. Franco contaba ahora con casi 600.000 hombres, de los que aproximadamente un tercio podía mantenerse en reserva. Las fuerzas navarras, que hasta entonces eran las únicas que conservaban su división original en brigadas, se reorganizaron en divisiones a partir del 9 de noviembre.

De los tres sectores que los nacionales podían elegir para lanzar una nueva ofensiva, dos estaban en manos de un pequeño número de tropas, el sector sur, todavía dirigido por Queipo, y el sector norte, comandado por Dávila. La mayor concentración de tropas estaba en los alrededores de Madrid. Por lo tanto, el estado mayor nacionalista tenía claro que, para ser definitivo, había que conseguir el éxito en este sector, que era el más importante con diferencia. Por primera vez desde Guadalajara, Franco sintió que podía dar un golpe en dirección a la capital. Sin embargo, no se trataba de una ofensiva frontal, que correría el riesgo de fracasar ante una defensa bien organizada y que, en cualquier caso, provocaría enormes pérdidas. Por lo tanto, era mejor volver al principio de una acción rotativa; la ofensiva debía ser lo más amplia posible para aprovechar al máximo la superioridad numérica y material de que disponían los nacionalistas. Se planeó una «maniobra de convergencia» sobre Alcalá de Henares. Según Díaz de Villegas, el cuerpo de ejército marroquí bajaría por el Henares, la C.T.V. avanzaría por el Tajuna y el cuerpo de ejército castellano por el Tajo. Esta vasta maniobra presupone, naturalmente, una preparación bastante larga; además, es poco probable que una concentración de tropas tan grande pase desapercibida…

El Estado Mayor republicano era consciente de que si permitía a los nacionalistas tomar de nuevo la iniciativa, se arriesgaba a la derrota. El gobierno republicano necesitaba absolutamente obtener un éxito que elevara la moral de sus partidarios y justificara su propia acción mediante una demostración de eficacia. A finales del 37 se produce la consolidación política de Negrín: sus amigos asumen la dirección de la UGT. Trasladó los ministerios y las administraciones centrales de Valencia a Barcelona. El presidente explicó las razones de esta transferencia, inimaginable a principios de año: «Era una vieja idea del gobierno anterior. La residencia del gobierno en Valencia había sido determinada por la necesidad de organizar el abastecimiento y las operaciones militares de los frentes central y oriental. El Gobierno está convencido de que la región de Levante mantendrá su entusiasmo. Las circunstancias económicas y estratégicas han exigido desde el primer día del Movimiento que la sede del gobierno esté en Barcelona. Las razones esgrimidas no son nuevas: si el traspaso no se había hecho antes, fue porque la fuerza de la C.N.T. y de los autonomistas dificultaba la instalación del gobierno central en Barcelona. Hoy, en su discurso, Negrín puede hablar de «relaciones cordiales con la Generalitat». En este sentido, podemos hablar de un fortalecimiento de la unidad en el campo republicano. Sin embargo, la unidad política sólo podía forjarse realmente mediante la victoria militar.

La batalla de Teruel

El estado mayor republicano se vio así obligado a tomar la ofensiva. El 8 de diciembre, el Consejo Supremo de Guerra aprobó la elección de Teruel como objetivo. Las posiciones parecían favorables para un ataque. El frente formaba un amplio bucle que se extendía alrededor de la ciudad, formando un saliente en las posiciones republicanas. Hacia el norte sigue la zona montañosa que domina la Alfambra y hace una brusca curva en dirección sureste-noroeste entre Teruel y Albarracín, al norte de la zona alta de los Montes Universales. Por lo tanto, los gobiernos ocupan posiciones que dominan la ciudad en ambos lados. Además, frente a las mediocres fuerzas de que disponían los nacionales aquí, como en todo el frente norte – 2.500 hombres para defender Teruel al inicio de la batalla – los republicanos debían comprometer fuerzas considerables, 40.000 hombres, en un sector de ataque de extensión muy limitada. Los tres cuerpos que componían el ejército de maniobra estarían apoyados por las tropas de Levante que habían mantenido el sector hasta entonces. El 22º Cuerpo, al mando de Ibarrola, debía atacar por el norte, el 20º, al mando de Menéndez, por el sureste, el 18º, al mando de Heredia, por el sur. El objetivo principal de la maniobra era establecer una unión, más allá de Teruel, entre las tropas del XVIII y del XXII Cuerpo, aislando así a los defensores de la ciudad y reduciendo al mismo tiempo el saliente.

La ofensiva comenzó el 15 de diciembre. Durante una semana, del 15 al 22, obtuvo grandes éxitos. Desde las primeras horas, quedó claro que la maniobra de envolvimiento estaba teniendo éxito: Campillo, que había resistido, y San-Blas cayeron. Sin embargo, aún quedaban importantes focos de resistencia en la retaguardia, que debían ser reducidos uno a uno. El día 18 cayó la Muela de Teruel, que dominaba la ciudad por el suroeste. Sus defensores, en retirada mientras combatían, se refugiaron en la ciudad, donde dos divisiones republicanas entraron el día 22. Los nacionales, al mando del coronel Rey d’Harcourt, se atrincheraron en los edificios del gobierno civil, el Banco de España, el hospital, el seminario y los conventos de Santa-Clara y Santa-Teresa. Se organizaron así dos frentes: uno exterior, más o menos regularizado, al oeste de una línea que iba desde el Muleton hacia San Bias y Rubiales, y otro en el interior de la ciudad, para reducir a los pocos miles de hombres que se habían refugiado allí. Las fuerzas republicanas no eran lo suficientemente numerosas para conquistar la ciudad y continuar el ataque en profundidad al mismo tiempo, y del 23 al 28 de diciembre hubo un periodo de estabilización.

Plano de la batalla de Teruel (diciembre 37-enero 38)

Durante este tiempo, las tropas franquistas trajeron refuerzos, lo que les permitió resistir e incluso contraatacar. Sin duda tuvieron que elegir entre defender Teruel o preparar un ataque a Madrid. Franco decidió personalmente aceptar la batalla en el terreno elegido por su adversario [1]. Comenzó enviando en ayuda del sector amenazado tropas retiradas del frente de Aragón, desde donde podían llegar rápidamente: estaban allí el 17 de diciembre. A continuación, hizo que las divisiones del cuerpo gallego, al mando de Aranda, convergieran en la línea de batalla por la carretera de Zaragoza, y las del cuerpo castellano, al mando de Varela, por la carretera de Molina de Aragón. El personal nacionalista tenía entonces diez divisiones. Dávila fue puesto al frente de ellos, con la misión de entregar Teruel. En sí misma, esta afluencia de tropas ya era un éxito para los republicanos: con más suerte que en Brunete, habían obligado a los nacionales a cambiar sus planes y a abandonar la gran ofensiva contra Madrid, de la que no se volvería a hablar hasta el final de la guerra. La decepción fue grande entre los aliados de Franco, como atestigua la nota de Schwendemann: «La esperanza, antes de los sucesos de Teruel, de que Franco terminaría la guerra con una ofensiva de gran estilo, no estaba fundada» [2]. El 20 de diciembre, el conde Ciano pidió: «La ofensiva contra Guadalajara ha sido aplazada sine die por las vacilaciones del mando nacionalista y la ofensiva preventiva de los rojos.

El fracaso de la contraofensiva nacionalista justificó los temores de los generales italianos. A pesar de la acumulación de equipos, la superioridad de la fuerza aérea, la enorme densidad de la artillería[3] y la violencia de los asaltos, sólo se lograron algunos de los objetivos. Al principio, se obtuvieron algunos resultados: el 20º Cuerpo Republicano se retiró desordenadamente. Las tropas de Aranda avanzaron hacia Teruel y reconquistaron La Muela; dominaban la ciudad y estaban tan seguros de tomarla que la radio nacionalista anunció que estaba hecho. Sin embargo, a principios de enero, se había trazado una nueva línea de frente: ésta permanecería prácticamente inalterada durante un mes.

¿Cómo se explica este fracaso nacionalista? En primer lugar, por la magnitud y la determinación de la batalla. Para resistir, ambos bandos aportaron nuevas tropas y nuevos medios. La cifra de 180.000 combatientes que se ha propuesto es plausible: es la mayor concentración de hombres en una zona tan pequeña en el transcurso de la guerra. Pero la batalla fue también una batalla de equipos: la importancia de la artillería implicada era tal que los soldados de infantería tenían que esconderse y los refuerzos sólo llegaban por la noche. Las condiciones de combate se habían vuelto singularmente difíciles, tanto más cuanto que, en esta región del interior donde el clima es riguroso, el frío había hecho su aparición con especial rigor: los soldados debían ser relevados cada cuarto de hora y, a 20 grados bajo cero, los hombres atrincherados debían protegerse del frío, la nieve y el viento. En la nieve, todo se convertía en un objetivo y los ataques eran más raros: incluso los convoyes nocturnos tenían dificultades para llegar en el hielo: «Las zanjas estaban llenas de cadáveres de hierro»[4]. La superioridad aérea de los nacionales no pudo ser aprovechada al máximo, ya que el clima no siempre permitió que los aviones salieran. Ansaldo habló de «las mañanas en el nuevo aeródromo de Burgos» cuando «había que limpiar el fuselaje de una gruesa capa de hielo». Además, los republicanos también habían hecho un esfuerzo considerable, y el pequeño tamaño del frente permitía utilizar eficazmente el D.C.A. [5].

A pesar de estas difíciles condiciones, los nacionalistas continuaron sus ataques en la primera semana de enero. El 7 de enero, por fin volvió la calma. La continuación de la ofensiva ya no tendría sentido, pues los defensores de la ciudad habían capitulado: Teruel estaba totalmente en manos de los republicanos. La lucha fue larga y dura; uno tras otro, los edificios donde se refugiaban los franquistas fueron destruidos: el seminario fue incendiado y los gobiernos volaron el Banco de España. La esperanza de convertir Teruel en un nuevo Alcázar resultó inútil. Con los defensores aislados entre sí, el convento de Santa Clara no se rindió hasta el día 8, veinticuatro horas después de que Rey d’Harcourt capitulara con 1.500 hombres. Un comunicado oficial anuncia: «Teruel pertenece íntegramente a la República». Sin embargo, no fue un éxito extraordinario: el centro de la ciudad estaba en ruinas y se necesitarían quince días para eliminar a todos los francotiradores. La defensa había sido valiente, a pesar de lo que Queipo creía poder decir en Radio Sevilla sobre la «traición de un canalla» que había permitido por sí sola la caída de la ciudad. Pero este mismo enfado indica la importancia de la toma de Teruel para los republicanos. Fue la primera y única ciudad importante que pudieron retomar en el transcurso de la guerra. Si es inexacto decir, como hizo Rojo, que «Teruel cambió la faz de la guerra» [6], al menos se puede admitir que dio la impresión de que lo hizo. Al final de esta terrible batalla, el ejército republicano fue el vencedor. Tras los desalentadores comunicados que anunciaban sucesivamente la pérdida de Bilbao, Santander y Gijón, ¡por fin un comunicado de esperanza!

Pero esta victoria tiene sus límites. Se ha planteado la pregunta [7] -como en todos los éxitos republicanos- de si habría sido posible explotar mejor el éxito inicial. La respuesta es no: faltaban las reservas. Los republicanos eran, en total, menos numerosos que sus adversarios, mientras que, para compensar su inferioridad en armas y material, habrían necesitado al menos una superioridad numérica en hombres. Sólo lo consiguieron durante unos días, el tiempo que tardó el enemigo en traer refuerzos. En estas condiciones, ya era un éxito para el personal republicano haber conseguido mantener las posiciones conquistadas. Pero también fue por esta razón que Franco no podía descansar en una derrota que tenía buenas razones para creer que era sólo temporal. De hecho, los líderes republicanos no podían olvidar, en la euforia del éxito, que incluso aquí, un día, habían estado al borde del desastre: el día 29, sus líneas fueron rotas. Ese día en Teruel, como antes en Brunete, hubo un momento de pánico, para el que no se pudo dar una explicación razonable. Hubo que acudir a los refuerzos para restablecer la línea de batalla y evitar que las tropas de Aranda se unieran a las sitiadas de la ciudad [8].

La contraofensiva nacionalista

A partir del 15 de enero, el tiempo se volvió más suave y la superioridad aérea de los nacionales pudo volver a verse. Aranda preparó un ataque, no sobre Teruel, porque avanzar por la llanura era demasiado arriesgado, sino sobre las posiciones que la dominaban, sobre todo en el norte. Sus hombres lograron apoderarse de importantes puestos de observación, incluido el de Multon, lo que hizo que la posición de las fuerzas republicanas fuera aventurada. Esto les dio una base para las operaciones que ahora se moverían hacia el norte alrededor del río Alfambra.

Pero primero fue necesario romper los nuevos ataques republicanos, que duraron cinco días, del 25 al 30 de enero, y fueron infructuosos. Era entonces necesario concentrar las fuerzas al oeste del Alfambra para romper el frente republicano y desalojar a las tropas que mantenían sólidas posiciones en la Sierra Palomera: éste fue el punto de partida de la victoriosa ofensiva de diciembre. Pero el mando nacionalista era aún más ambicioso. Su plan consistía en desplazar el frente hacia el este, para invadir Teruel y las posiciones republicanas del norte. Finalmente, en el transcurso de las operaciones, previó una maniobra para rodear al 23º Cuerpo, que cubría este sector. El ataque se realizaría, por tanto, en los dos extremos del sistema nacionalista: al norte, bajo el mando de Yagüe, el cuerpo marroquí, apoyado por el navarro, avanzaría hacia Viver del Río. En el sur, el cuerpo gallego, reforzado por la 150ª división de Muñoz Grande, debía romper el frente en la zona montañosa entre Teruel y Celados y cruzar el Alfambra. El centro de la fuerza era el menos dotado, con la 1ª División del Coronel Monasterio.

El doble ataque tuvo lugar el 5 de febrero y logró un primer éxito. Las tropas de Yagüe rompieron el frente y lograron superar las posiciones republicanas hasta la Alfambra. Al sur, sin embargo, el avance de Aranda fue más lento. Sin duda se llegó al río y se ocupó a Celados. Pero el peligro inmediato para Teruel hizo que la defensa republicana se endureciera. La reaparición del mal tiempo volvió a frenar los combates y la ofensiva se detuvo hacia el 15 de febrero, obstaculizada por el viento y la lluvia. La maniobra de cerco no había tenido éxito, pero los nacionalistas habían mejorado mucho sus posiciones. El frente ofrecía ahora una línea casi continua entre Teruel y Belchite al sur del Ebro. Los republicanos fueron puestos a prueba por la batalla de desgaste que habían sostenido durante casi dos meses, y cuando los nacionalistas reanudaron la ofensiva el día 18, la defensa fue inmediatamente rota. Teruel fue invadida en gran parte por la vanguardia, que cortó la carretera de Sagonte por el este el día 20. Durante dos días más lucharon en Teruel. Pero el corazón ya no estaba en él. El 22 de febrero, los republicanos habían evacuado completamente la ciudad. La batalla había terminado.

Por mucho que la ocupación de Teruel hubiera contribuido por un momento a restablecer la confianza de los combatientes republicanos, su pérdida puede considerarse como un punto de inflexión muy grave en el curso de la guerra civil. Las dos partes habían luchado duramente por las ruinas; el exitoso golpe de estado se había convertido en una larga batalla, una batalla de destrucción en la que la superioridad material acabaría imponiéndose. Teruel puede haber sido, como dice Rojo, la «revelación de la grandeza moral» del luchador español. Pero el valor y la perseverancia de los hombres no bastan para conseguir la victoria: Teruel también lo demostró. El final de la batalla marcó en realidad el comienzo de una nueva fase de la guerra. Hasta entonces, se había logrado un cierto equilibrio en el plano militar. En Teruel, masas de hombres llevaban meses luchando entre sí sin conseguir ningún éxito decisivo, y de repente las líneas republicanas cedieron y la ofensiva nacional se desarrolló a una escala irresistible: el equilibrio de fuerzas se rompió definitivamente.

La batalla de Aragón

Sin embargo, en la zona republicana, la autoridad del gobierno de Negrín parecía haberse consolidado desde julio del 37. La C.N.T. no pensaba en una oposición política seria. La dirección de la UGT apoyó firmemente a Negrín. Pero el programa político del gobierno, basado en el imperativo de «derrotar primero a Franco», convirtió en una necesidad absoluta la obtención de victorias militares. La pérdida del Norte, que siguió de cerca su llegada al poder y que no pudo evitar ni retrasar, supuso un duro golpe para su prestigio. El desastre de Aragón le afectó aún más. A partir de entonces, la crisis militar y la crisis política se desarrollaron en paralelo, debilitando también a la España republicana.

Hay que admitir que el gobierno de Negrín tuvo poco tiempo antes de los primeros combates a gran escala para hacerse cargo de la organización de la guerra. Sin embargo, durante el año 37 se hizo un gran esfuerzo en el frente militar. La reorganización, iniciada a principios de año, permitió entrenar y armar a las tropas que dieron pruebas de su espíritu de lucha en Teruel y Belchite. Pero siempre faltaron reservas y los mejores elementos, apenas entrenados, fueron utilizados inmediatamente. Las ofensivas de Brunete y Belchite fueron costosas en vidas humanas. La batalla de desgaste de Teruel cansó y puso a prueba a los hombres, que se vieron obligados a luchar durante demasiados días sin ser relevados. Por último, la ralentización de la entrega de material de guerra extranjero tuvo un grave impacto en el equipamiento de las tropas. La España republicana sufrió el bloqueo, que sólo se interrumpió en septiembre de 1937. A partir de finales de año, y a pesar de las medidas adoptadas por las potencias occidentales, los barcos tuvieron que dirigirse a los puertos gubernamentales con gran riesgo. La única vía de paso seguía siendo la frontera francesa de los Pirineos, lo que explica la constante preocupación del gobierno por no quedar nunca aislado de Francia. Este fue uno de los argumentos esgrimidos por Negrín para explicar el traslado del gobierno a Barcelona. También fue uno de los argumentos que hizo que los ministros republicanos decidieran quedarse en la capital catalana cuando el territorio de la República fue cortado en dos por la ofensiva nacionalista.

Pero Cataluña sólo estaba protegida por una pequeña parte de las fuerzas republicanas. Por el contrario, la batalla de Teruel obligó a los nacionales a concentrar la mayoría de sus tropas a ambos lados de la ciudad y, más al norte, desde el Maeztrazgo hasta el Ebro. Si los planes del Caudillo se habían desbaratado, y si ya no era cuestión de lanzar una gran ofensiva sobre Madrid para ganar la decisión, por otro lado, la concentración de tropas en el frente de Aragón, tras la victoria de Teruel, ponía a disposición del mando nacionalista una masa de maniobra indiscutiblemente superior: tres cuerpos de ejército frente al 12º cuerpo republicano solo.

Con la ofensiva de Aragón en particular, la guerra cambió de rumbo. Fue el final de la guerra de posición: la batalla de la ruptura fue seguida inmediatamente por una ofensiva general. Y en esta nueva guerra de movimientos, las tropas motorizadas y los blindados, lanzados masivamente hacia delante, iban a desempeñar un papel decisivo.

El ataque comenzó el 9 de marzo de 1938. El terreno era el de la batalla ampliamente abierta de Belchite, una región favorable a una ofensiva a gran escala, ya que no presentaba obstáculos reales en un amplio radio y se prestaba admirablemente al uso de tanques y a vastas maniobras. Franco concentró allí un número considerable de tropas. El cuerpo gallego, en el sur, debía atacar en dirección a Montalbán, el Corpo truppe volontarie en la zona de Llanos hacia Alcañiz. El Cuerpo Marroquí, en el norte, operaría sobre Belchite y apuntaría a la orilla derecha del Ebro, hacia Caspe. El objetivo de la ofensiva dirigida por Aranda era romper la línea que mantenía el XII Cuerpo republicano para llegar a Guadalupe en una línea Caspe-Alcañiz. Esto crearía una enorme bolsa en el frente republicano, empujando al ejército del Este al norte del Ebro y amenazando a las fuerzas concentradas alrededor de Teruel con un rebasamiento en su flanco derecho. La ocupación de las posiciones objetivo al sur y al sureste de Montalbán permitiría también a las fuerzas franquistas controlar las salidas de la región montañosa del Maeztrazgo: más allá de la línea Caspe-Alcañiz, el Estado Mayor nacional apuntaba de hecho al Mediterráneo y buscaba cortar la España republicana en dos.

El ataque nacionalista no fue, estrictamente hablando, una sorpresa, pero encontró a las fuerzas republicanas en plena reorganización. El 18º Cuerpo, que estaba en la reserva, ni siquiera pudo intervenir: por primera vez desde el comienzo de la guerra, la línea del frente se derrumbó, sin comparación con el pánico local que a menudo había marcado tales operaciones. Las columnas motorizadas italianas y marroquíes avanzaron sin encontrar mucha resistencia. Las tropas republicanas más fuertes se retiraron al norte del Ebro. Los demás no eran más que una masa de fugitivos sin ningún apoyo; mal equipados y mal armados, no podrían resistir una operación de esta envergadura. El 21º Cuerpo, que inicialmente había contenido a los gallegos, tuvo que retroceder ante la amenaza al norte de su posición. Una vasta zona quedaba ahora expuesta, sin defensa, al avance del enemigo: «El 15 de marzo -escribió Rojo- en el vasto espacio que va de Caspe a Calanda, no quedaba ni una sola unidad organizada, ya no había ningún enlace entre los ejércitos del este y de maniobra, y un frente de sesenta kilómetros estaba completamente abierto a la invasión hasta la costa. En seis días, el C.T.V. cruzó la mitad del camino hasta el Mediterráneo.

La ofensiva de Aragón (marzo de 1938)

Es difícil, en estas condiciones, entender la interrupción de esta ofensiva relámpago, que se ralentizó entre el 16 y el 21 de marzo. Los comunicados oficiales y el optimismo de Ciano sólo pueden explicar el «parón en las posiciones conquistadas» por la necesidad de «permitir a los nacionales apoyar a los italianos». En realidad, los nacionalistas fueron los primeros sorprendidos por la magnitud de su éxito. Las tropas», señaló Ciano el 14 de marzo, «están avanzando con una velocidad inesperada. Pero después de cinco días de un avance relámpago, el ritmo de las columnas motorizadas tuvo que reducirse. Las reservas fueron insuficientes para explotar los primeros éxitos de inmediato y hubo que esperar a la llegada de los navarros para reemprender la marcha. El Estado Mayor republicano aprovechó para reagrupar algunas unidades que utilizó en misiones de sacrificio, hostigamiento y tácticas de retraso: el 20 de marzo consiguió reconstituir un frente, frágil sin duda, pero continuo. En el poco tiempo que permitía la pausa nacionalista, a los gobiernos les tocaba traer todos los refuerzos posibles para «sellar la brecha» y, sobre todo, para defender a Cataluña. Prieto dijo en el Consejo de Ministros: «Si los rebeldes llegan al Mediterráneo, cuatro quintas partes del ejército estarán en la zona sur». Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, cuando los nacionales llegaron al mar en Vinaroz, el cuartel general de Barcelona trató de desplazar el mayor número posible de tropas por la carretera de la costa hasta Tortosa. Esto explica la feroz resistencia republicana, primero en la línea Caspe-Alcañiz y luego, una vez rota, frente a Tortosa. Pero, al final, esta resistencia era -y sólo podía ser- esporádica.

Las consecuencias de la primera ofensiva nacionalista fueron muy graves: la desorganización que había provocado no podía superarse en pocos días. Además, la reanudación de la ofensiva no lo permitiría. La confusión entre los republicanos era tal que se desconocían las posiciones exactas de los franquistas. Dos oficiales de brigada fueron sorprendidos en Gandesa, cuya caída desconocían. Los restos de varias unidades se volcaron en la orilla derecha del Ebro, donde también llegaron refuerzos de la zona central. Quizás por primera vez, ante una debacle de tal magnitud, algunos pensaron que el conflicto terminaría pronto. Los oficiales generales tuvieron que ir al frente para intentar recuperar el control de las tropas e improvisar una defensa lo mejor posible.

Generalización de la ofensiva

Pero fue sobre todo la generalización de la ofensiva lo que dio a la derrota de Aragón su carácter desastroso. Tras el ataque a Caspe, seis cuerpos de ejército nacionalistas se enfrentaron. En el norte, el objetivo era impedir que los cuerpos republicanos 10º y 11º, posicionados desde el Ebro hasta los Pirineos, acudieran en ayuda de las fuerzas dispersas y derrotadas al sur del río. El éxito nacional se decidió por un ataque sorpresa del cuerpo marroquí, que cruzó repentinamente el río que había estado siguiendo hasta entonces: los cuerpos republicanos 10º y 11º sufrieron una suerte similar a la del 12º unos días antes, aunque el terreno era menos favorable para las maniobras generales. También en este caso, la resistencia fue prácticamente nula. La única oposición seria en diez días fue la que los nacionalistas encontraron frente a Lérida, que cayó el 3 de abril. El frente se estabilizó en este sector. Pero mientras tanto, la ofensiva se generalizó a ambos lados del río, con los cuerpos de Aragón, Marruecos y el recién formado Urgel. Los republicanos sólo se reconstituirían en una línea que iba desde el Ebro hasta los Pirineos, pasando por el Segre y la Noguera, defensas naturales tras las que pudieron replegarse los restos de los dos cuerpos de ejército derrotados. Rojo menciona en particular a la 43ª división del coronel Beltrán, que, aislada nada más romperse el frente, libró una batalla dilatoria de tres meses aferrándose a las estribaciones de los Pirineos, antes de ser internada en Francia, adonde pasó con la mayor parte de su equipo. Pero una resistencia aislada de este tipo sólo podía retrasar el avance nacionalista sin detenerlo, sobre todo porque Franco había decidido atacar el sur y librar la batalla en el Levante, donde los tres cuerpos llegaban al Mediterráneo. En el cuartel general de Franco se planteó la cuestión de si había que hacer un nuevo esfuerzo contra Cataluña, que estaba en manos de tropas muy bien probadas, o si había que intentar aplastar al enemigo atacando al ejército de maniobra republicano, cuyas líneas se habían reducido peligrosamente. La segunda solución fue la elegida.

En realidad, ésta fue la operación más difícil: la zona montañosa desde el Maeztrazgo hasta el mar, los escarpes de la Sierra de Javalambre, que se elevaban a 1.500 y 2.000 metros, y, en menor medida, la Sierra de Espadán, entre Castellón y Valencia, facilitaban singularmente la defensa. Los gobiernos, además, fortificaron una línea desde Viver hasta Segorbe. Sus tropas aquí son más frescas. Contra ellos, y en un espacio mucho más reducido, será necesario concentrar muchos más hombres y equipos que en la primera parte de la ofensiva. Mientras el Cuerpo Marroquí cubría el sector del Ebro hasta el delta, las tropas navarras y gallegas al mando de Aranda se reconvirtieron al sur y avanzaron por la costa, ocupando Castellón sin dificultad el 16 de junio, mientras Varela disponía del Cuerpo Castellano y de la C.T.V., cuyos elementos motorizados volverían a jugar un papel decisivo. Se trataba de una nueva batalla de ruptura; las fuerzas concentradas por los republicanos para salvar Valencia eran las últimas disponibles para Miaja, que fue nombrado comandante de la zona Centro-Sur. No había más reservas.

Los únicos refuerzos, por muy necesarios que fueran, sólo podían tomarse del ejército del Centro, que se arriesgaría a vaciar peligrosamente la defensa de Madrid por primera vez. Franco esperaba que la próxima caída de Valencia, la tercera ciudad de España y ayer sede del gobierno, fuera un éxito al menos tan importante en términos de prestigio como la conquista del Levante, que privaría a la zona Centro-Sur, donde la situación alimentaria ya era precaria, de una región esencial para su abastecimiento. Pero las dificultades de la operación requirieron dos meses de preparación; la «Batalla del Levante» no comenzó hasta el verano. El 15 de julio se puso en marcha con medios materiales a gran escala en ambos lados de Teruel. El 13º y el 17º Cuerpo republicano tuvieron que retirarse; los ejércitos de Varela y Aranda unieron sus fuerzas y alcanzaron la línea Viver-Segorbe. Del 20 al 23, tras intensos preparativos de artillería, se sucedieron los ataques de tanques e infantería contra la línea fortificada. Pero al final, la ofensiva fracasó.

Entre mayo y julio, consciente del peligro que corría la zona sur, el Estado Mayor republicano reagrupó las tropas y lanzó el contraataque del Ebro, que obligó al Estado Mayor nacional a aflojar su control sobre el Levante. Valencia se salvó temporalmente. Sin embargo, desde julio de 1938, la situación militar de los republicanos se había deteriorado considerablemente. Perdido Aragón, la defensa del Maeztrazgo seguía siendo precaria. La superioridad material de los nacionalistas y la capacidad de su mando para hacer la guerra con los medios modernos a su disposición quedaron definitivamente demostradas. Por último, la división de la España republicana en dos zonas fue muy grave, no sólo porque dificultaba una estrategia de conjunto, sino porque socavaba los propios cimientos del régimen político impuesto por el gobierno de Negrín, que se vio obligado a delegar sus competencias en gran parte del territorio en las autoridades militares. Separadas, las dos zonas evolucionarían políticamente de forma diferente y la zona Centro-Sur escaparía pronto a la influencia directa del gobierno. Mientras tanto, el desastre de Aragón tuvo una consecuencia política directa: una crisis dentro del propio gobierno.

El despido de Prieto

La salida de Prieto del Ministerio de Defensa Nacional fue el acontecimiento político más importante ocurrido en la zona republicana desde la caída de Largo Caballero. La nota discordante en la relativa calma política y el ambiente de «unión sagrada» que siguió a los acontecimientos de la primavera del 37.

Su importancia radica, en primer lugar, en la personalidad del ministro. Prieto era muy conocido en el extranjero, y muchos lo consideraban el hombre de Inglaterra. Este socialista gozaba de la confianza de los republicanos e incluso de un cierto respeto en la zona nacionalista, donde algunos historiadores llegaron a considerarlo el único político válido en la zona «roja». Durante mucho tiempo fue considerado el «hombre fuerte» del gobierno de Negrín. Conocemos la vieja amistad que le une al presidente, cuya candidatura promovió durante la crisis. Incluso se creía que gobernaría con su nombre. De hecho, Negrín se tomó en serio su tarea, decidiendo él mismo todas las cuestiones esenciales, sin eludir ninguna responsabilidad. Y muy pronto, los dos hombres encontraron puntos de divergencia: no tenían ni la misma concepción de la conducción de la guerra ni, sobre todo, las mismas perspectivas, las mismas esperanzas de un resultado exitoso del conflicto. Su controversia de posguerra también revela una fuerte hostilidad personal: aunque la situación no había llegado a ese punto en marzo de 1938, su relación se había deteriorado lo suficiente como para que Prieto fuera eliminado del puesto clave que había ocupado desde la formación del «gobierno de la victoria».

La tesis de Negrín es que, dada la gravedad de la situación militar tras la caída de Teruel y el desastre de Aragón, tuvo que reforzar el ejecutivo para acentuar el esfuerzo y la voluntad de guerra. Sin embargo, a sus ojos, el pesimismo de Prieto no lo hacía apto para ejercer las funciones de Ministro de Defensa Nacional en estas circunstancias. ¿Cómo podía confiar la dirección de la guerra a un hombre que no creía en la victoria? Precisamente para reforzar el ejecutivo, Negrín no confió la cartera de Defensa a otra personalidad, sino que la asumió él mismo, compaginándola con la Presidencia.

Aunque Negrín afirmó que en marzo había un conflicto en el Gobierno y que éste se debía al pesimismo de Prieto, éste se limitó a señalar que sus sentimientos no habían cambiado y que eran conocidos por todos, incluido Negrín, que no había dudado en nombrarle ministro de Defensa Nacional el año anterior. De hecho, cuando Prieto dejó el Ministerio en marzo de 1938, lo que había cambiado no eran sus opiniones sobre las perspectivas de victoria militar, sino la situación militar en la España republicana. La pérdida del Norte y el desastre de Aragón llevaron a opciones políticas basadas en el dilema de la resistencia o la negociación. Pero Prieto afirma que ese no fue el motivo de su eliminación.

Aunque Negrín afirmó que en marzo había un conflicto en el Gobierno y que éste se debía al pesimismo de Prieto, éste se limitó a señalar que sus sentimientos no habían cambiado y que eran conocidos por todos, incluido Negrín, que no había dudado en nombrarle ministro de Defensa Nacional el año anterior. De hecho, cuando Prieto dejó el Ministerio en marzo de 1938, lo que había cambiado no eran sus opiniones sobre las perspectivas de victoria militar, sino la situación militar en la España republicana. La pérdida del Norte y el desastre de Aragón llevaron a opciones políticas basadas en el dilema de la resistencia o la negociación. Pero Prieto afirma que ese no fue el motivo de su eliminación.

Para él, la responsabilidad de la crisis es de los comunistas: fueron ellos los que exigieron su salida. Su deseo de eliminarlo era la única causa real. Según él, sólo hay un conflicto, el que existe entre él y el partido comunista: los ministros comunistas Uribe y Hernández intentaron asociarlo a una dirección socialista-comunista «fraccionada» del gobierno, y su negativa los determinó a combatirlo. No cabe duda de que fueron los ataques públicos de la Pasionaria, seguidos de los artículos de Hernández por Juan Ventura en La Vanguardia y Frenie raja, los que provocaron la crisis, la protesta de Prieto ante Negrín por esta ruptura de la solidaridad ministerial, y luego la remodelación y exclusión de Prieto. Pero, como repitió enérgicamente, Prieto no dimitió, fue destituido.

Queda por ver si, como él afirma, la decisión de destituirlo fue impuesta al presidente por el Partido Comunista. No cabe duda de que los dirigentes del PC, en la medida de su influencia, que era grande, presionaron para su destitución. Durante mucho tiempo fue uno de sus más valiosos aliados; en la lucha contra Largo Caballero, en el gobierno de Negrín durante muchos meses, estuvieron a su lado porque era un hombre de orden cuyos puntos de vista coincidían con los suyos, porque era el único político capaz de ganarse la simpatía activa de las potencias occidentales, porque era, en fin, un decidido partidario de la unidad socialista-comunista [9]. Ahora resulta que este aliado se niega a convertirse en un instrumento. En el gobierno, rechazó la alianza que se le propuso. Como ministro de Defensa Nacional, se irritó por la injerencia de los técnicos rusos y no dudó en atacar directamente al Partido Comunista y su influencia en ciertos sectores[10], mostrando deliberadamente su intención de doblegarlo también a la férrea disciplina que tanto había exigido. Prieto no lo niega: al contrario, desarrolla ampliamente el relato de todas las escaramuzas que le enfrentaron a los comunistas y a los asesores rusos [11]. Sin embargo, deja en la sombra las razones de un cambio de opinión que difícilmente puede admitir, ya que se vería obligado a reconocer al mismo tiempo su larga alianza con el PC. Los motivos de Prieto son claros: están ligados a la evolución de los acontecimientos políticos y militares desde la constitución del gobierno que patrocinó. Para él, el apoyo comunista era indispensable para la restauración del Estado, al igual que el apoyo de Largo Caballero en los primeros tiempos. Una vez restaurado el Estado, el control comunista sobre el ejército y la policía parecía peligroso en muchos aspectos. Internamente, fue testigo de la deserción de muchos de sus seguidores: después de la fracción de la izquierda que siguió a Álvarez del Vayo, una importante fracción de la derecha, atraída por él a la coalición antifascista, parecía, detrás de Negrín, identificarse en todos los sentidos con el «aliado» comunista cuyo poder constituía, como hemos visto, un «Estado dentro del Estado». Externamente, parece que se sintió muy decepcionado por la actitud de los comunistas y los consejos de prudencia de los rusos tras el bombardeo de Almería[12]; sin duda, en esta ocasión perdió parte de sus ilusiones al darse cuenta de los límites de la ayuda rusa. A partir de entonces, prestó cada vez más atención a la actitud de Londres y París, que claramente no estaba al mismo nivel que la de Moscú. Es cierto que Prieto no era tan «hombre de Inglaterra» como se ha dicho, pero sin duda era el hombre de una paz negociada en la que Inglaterra podía ser el agente. Ya en mayo de 1937, intentó ponerse en contacto con los franquistas para estudiar las posibilidades de negociación[13]. Unos meses después, aprovechando el intercambio de presos que permitió a Fernández Cuesta ser liberado y acudir a Franco, mantuvo varias reuniones con el líder falangista sobre este tema. Cuando el antiguo preso se convirtió en ministro en Burgos, intentó reanudar el contacto con él[14]. Sin embargo, la fuerte posición de los comunistas en el Estado republicano, ya sea frente a Franco o a Londres, fue un obstáculo para las negociaciones.

Tras el desastre de Aragón, Negrín quería sobre todo endurecer la resistencia. Prieto, en cambio, sólo creía en la negociación. Es probable que Negrín no tuviera que ceder a la presión de los comunistas: la lógica de su política imponía la salida de Prieto, que se había convertido, al mismo tiempo, en su adversario y en el del PC.

¿La ampliación de la base gubernamental, con la vuelta de los representantes sindicales al gobierno, permitiría reforzar su autoridad, como han afirmado los amigos de Negrín, a pesar de la salida de Prieto [15]? Es dudoso, porque se produjo en el mismo momento en que los nacionalistas llegaron al Mediterráneo y cortaron el territorio de la República en dos. Fue por teléfono que Negrín tuvo que confiar al general Miaja la responsabilidad del poder político y militar en la zona Centro-Sur: la coalición política en el poder contaba cada vez más con el consentimiento y la colaboración de los jefes del Ejército que pronto se alzarían contra ella.

De momento, a pesar del desastre de Aragón, Negrín optó por resistir. Álvarez del Vayo, su mano derecha, afirma: «Gracias a la energía y la entereza mostrada por el Presidente durante esos días de angustia, las consecuencias del desastre se redujeron considerablemente. Y añadió este homenaje a quien había sido su fiel lugarteniente: «No podemos quitarle al doctor Negrín el mérito de haber salvado la situación en 1938 y de haber hecho posible que la guerra continuara un año más. En abril de 1938, Negrín y Del Vayo creían que el mero hecho de «aguantar» todavía daba a la República una oportunidad de ganar. Ambos creían que la guerra europea estaba cerca y que podía salvar a España. Eso sí, con una condición: que el abandono de la República no se consumara de antemano.

Notas

[1] Siempre estuvo en el carácter de Franco negarse a admitir una derrota que dañara su prestigio. En Teruel, como después en el Ebro, se comprometió de lleno, aunque sólo se tratara de reparar un fallo local. Su prudencia, por otra parte, le impidió lanzar una operación a gran escala en cualquier lugar, cuando el frente estaba amenazado en otros lugares.

[2] Archivos de la Wilhelmstrasse, 28 de enero del 38.

[3] Aranda tenía 300 baterías.

[4] Detalles tomados de Rojo y de artículos de prensa, especialmente de Le Temps.

[5] Galland informa de la primera aparición del cañón cuádruple de 20 mm en el frente de Teruel.

[6] Le Temps, 6 de enero de 1938.

[7] Véanse al respecto las críticas que emanan de los círculos dirigentes del Movimiento Libertario, en particular el documento firmado por Mariano Vázquez titulado Crítica a la toma de Teruel, citado por Peirats.

[8] Rojo señala que durante cuatro horas, el 31 de diciembre, Teruel estuvo efectivamente perdida para los republicanos.

[9] Después de la guerra, Prieto trató de ocultar esta embarazosa alianza. Siempre minimizó su propio papel, exagerando el del PC y culpando a los comunistas de responsabilidades que en realidad había compartido con ellos. Por ejemplo, muchos autores culparán al comunista Lister de la represión contra las comunidades aragonesas, cuando lo cierto es que Lister actuaba por orden de su ministro.

[10] Véanse los panfletos polémicos de Prieto. Fueron ellos los que, según él, impidieron que el Ciscar saliera del Norte y, por tanto, fueron los responsables de la desobediencia que llevó a la pérdida de este buque de guerra. Es, según él, por encima de su cabeza, que los técnicos rusos llegan a un acuerdo con Uribarri, el jefe del S.I.M. También se extiende en sus rencillas con el comandante Durán, comunista, jefe del S.I.M. en Madrid y protegido por los técnicos rusos. El incidente de Antón también es muy significativo. Este miembro del Buró Político, presumiblemente amante de la Pasionaria, ocupó importantes cargos en el Comisariado de Madrid. Sin embargo, pertenecía a una clase movilizada y, como tal, debería haber salido de las oficinas para ser destinado a una unidad de combate. El PP pidió una medida excepcional para él y Prieto se negó. Es interesante señalar, siempre según Prieto, que al final fueron los comunistas quienes tuvieron la última palabra: Antón nunca fue asignado a una unidad de combate.

[En este contexto hay que situar las medidas tomadas por Prieto tras la caída del Norte: limitar el número y el papel de los comisarios, prohibir a los oficiales y unidades del ejército popular participar en manifestaciones políticas sin su autorización, etc.

[12] Véase el capítulo VIII.

[13] Véase en los archivos de la Wilhelmstrasse un informe de Faupel sobre un encuentro con Franco: según éste, Prieto, durante las Jornadas de Mayo, se puso en contacto con Blum para buscar la mediación americana. Según Stöhrer, en una nota fechada el 3 de diciembre, Prieto intentó ponerse en contacto con el comandante de Irún a través de uno de sus secretarios.

[14] Véase Palabras al viento, pp. 233-238. Prieto afirma que el intercambio entre Fernández Cuesta y el republicano Justino Azcarate fue propuesto por Giral y que él se opuso personalmente. Al final, sólo accedió porque contaba con la influencia que Fernández Cuesta, al ser liberado, podría ejercer en el bando franquista para una negociación. Fue tras su salida del Gobierno cuando intentó reanudar los contactos con el líder falangista. Se rindió tras una reunión con Negrín, que se negó a «cubrirlo».

[15] En aras del equilibrio parlamentario, junto con Prieto, Negrín destituyó al ministro comunista que había estado en el origen de los incidentes: Jesús Hernández se convirtió en subcomisario general del Ejército del Centro. Los opositores al presidente señalaron que, de hecho, se trataba de un cargo más importante que el de ministro; las apariencias, al menos, se salvaron. Por otra parte, es imposible seguir a los amigos de Negrín cuando atribuyen gran importancia a la entrada en el gobierno de delegados de la C.N.T. y de la U.G.T. De hecho, González Peña de la UGT y Segundo Blanco de la C.N.T. eran considerados en sus organizaciones como «hombres de Negrín». Su entrada en el gobierno no puede interpretarse como un respaldo a la política de Negrín por parte de las organizaciones centrales: simplemente formaliza su sumisión.

II.8: El abandono de la República

La puesta en marcha del plan de no intervención el 19 de abril, a pesar de un considerable retraso, hizo concebir grandes esperanzas a los gobiernos occidentales; por primera vez, la cooperación efectiva parecía estar a punto de establecerse y de aportar una solución al problema planteado por la internacionalización de la guerra; por primera vez, el control iba a funcionar, lo que permitiría al menos localizar el conflicto. Por supuesto, si hubiera sido posible obtener una aplicación leal del control por parte de todos los implicados, se habrían podido superar las dificultades inherentes a cualquier cooperación internacional. Sin embargo, desde los primeros días, la falta de voluntad de las potencias del Eje fue sorprendentemente evidente. Sólo habían aceptado el control, tras alargar las conversaciones, con la esperanza de que la guerra terminara rápidamente. Después de Guadalajara, la prolongación de la guerra puso en tela de juicio todo el sistema laboriosamente elaborado por el Comité de Londres. Aunque ningún incidente grave perturbó el control terrestre, por lo demás muy laxo, la vigilancia marítima dio lugar a violentas disputas.

El asunto «Deutschland»

Incluso antes de la implantación del sistema de control, ya se habían producido varios incidentes y se abordaron barcos ingleses y franceses. Pero las únicas consecuencias fueron notas de protesta de los gobiernos afectados [1]. El asunto de Deutschland iba a adquirir una dimensión diferente.

Las potencias que iban a participar en el control enviaron buques de guerra al Mediterráneo. Repostaron en puertos españoles amigos. Por ejemplo, la base naval de Ibiza, en las Islas Baleares, sirvió de punto de escala para los buques de guerra alemanes. Tras varios incidentes en mayo del 37, el crucero alemán Deutschland recibió un impacto bastante grave durante un ataque de la aviación republicana a Ibiza, con el resultado de muertos y heridos. El gobierno de Berlín reaccionó enérgicamente: no se contentó con una nota a las potencias controladoras, sino que quiso aprovechar la ocasión para hacer una demostración de fuerza.

La acción naval alemana en los primeros meses de la guerra civil podría haber provocado un conflicto general; pero a principios del verano del 37 los ánimos estaban relajados. Gran Bretaña y Francia ya habían hecho suficientes concesiones; ya no creían que una guerra mundial fuera inminente.

El 31 de mayo, tres buques de guerra alemanes, el acorazado Admiral-Scheer y dos torpederos, bombardean el puerto de Almería por orden de Berlín. Este cañonazo se presentó como una simple operación de represalia. Pero no había ningún punto en común entre ambos acontecimientos: por un lado, un bombardeo realizado dentro de una zona de guerra en territorio enemigo, por otro, una operación espectacular llevada a cabo voluntariamente por una potencia neutral y que adopta la forma más impactante, la de un ataque a una ciudad mal defendida. De hecho, fue una verdadera agresión cometida por una de las grandes potencias encargadas del control marítimo.

Era de esperar reacciones violentas, tanto de los republicanos españoles como de las democracias occidentales. El tono de la prensa aumentó. En Valencia, el Consejo de Ministros de la República Española escuchó a Prieto, Ministro de Defensa, proponer que la flota alemana en el Mediterráneo fuera atacada con aviones de bombardeo. Tal respuesta significaría la guerra contra Alemania. Prieto lo sabe, pero espera que se produzca una guerra europea, que cree que es la única forma de salvar a España. Sin embargo, la mayoría de los miembros del gobierno republicano [2] se negaron a asumir la responsabilidad de dicho conflicto. Al final, Francia e Inglaterra se negaron a reaccionar positivamente, por lo que la provocación alemana quedó sin respuesta. Mejor aún, fueron los alemanes y los italianos los que expresaron su indignación; sus representantes en el Comité de Londres se fueron de rositas. Regresaron a principios de junio.

Tras el bombardeo del Deutschland vino el asunto del Leipzig, atacado, según el gobierno alemán, por un submarino. Alemania e Italia propusieron una manifestación conjunta contra Valencia por parte de los países controladores. Francia y Gran Bretaña acordaron pedir a las dos partes españolas que respetaran los buques de guerra, pero se negaron a unirse a la acción militar, alegando que era imposible identificar al agresor del Leipzig. A su vez, propusieron el envío de una comisión de investigación, pero fueron recibidos con justa indignación por Berlín y Roma; los delegados del Eje constataron la imposibilidad de una vigilancia marítima eficaz y decidieron el 23 de junio abandonarla definitivamente.

En estas condiciones, cualquier control de la tierra resultaba absurdo. El 10 de julio, Portugal, en asociación con los países del Eje, decidió suprimir «las facilidades concedidas para el control de las fronteras». Francia, desesperada, hizo lo mismo el 10 de julio. ¡El plan de control que los poderes del Comité de Londres habían tardado siete meses y medio en elaborar habría vivido exactamente un mes y medio! Mientras tanto, el gobierno de Blum había caído, al ver el fracaso de su política exterior.

El Comité de No Intervención seguía existiendo, pero había perdido la poca autoridad que tenía. Esos dos meses fueron el único momento en casi tres años de guerra en que desempeñó un papel algo efectivo. Su fracaso es una nueva derrota para las democracias occidentales. Frente a los hombres que se enorgullecen de practicar únicamente la «ley fascista de los hechos consumados» [3], han demostrado una vez más, con su abandono, que están dispuestos a pagar cualquier precio para mantener la paz…

Piratería en el Mediterráneo

El verano del 37 estuvo marcado por una nueva serie de incidentes marítimos, ataques a buques mercantes y de guerra españoles o neutrales en alta mar por parte de la aviación y luego de los submarinos. En agosto de 1937, las relaciones internacionales volvieron a ser tensas debido al aumento de estos actos de piratería. Un vistazo a las columnas de los periódicos revela una nueva información de este tipo casi todos los días. El 6 de agosto el petrolero británico British Corporal y el vapor francés Djebel Amour fueron bombardeados por la aviación. El 11 de agosto, un ataque a un buque de guerra británico, el destructor Foxhound, cerca de la costa norte de España. El 13 de agosto el danés Edith fue hundido. El 15 de agosto, el petrolero panameño George Mac Night fue incendiado por un buque de guerra. Al mismo tiempo, los barcos del gobierno español (como el Ciudad de Cádiz, hundido el 16 de agosto) fueron atacados y torpedeados por submarinos de «nacionalidad desconocida» en todo el Mediterráneo e incluso en los Dardanelos.

¿De dónde vienen estos ataques? Los dos gobiernos españoles se culpan mutuamente. De hecho, la mayoría de las víctimas eran buques del gobierno español o buques neutrales, especialmente soviéticos, pertenecientes a potencias favorables a la República Española; algunos de ellos transportaban material destinado a la España republicana. Parte de la prensa, especialmente los periódicos ingleses, señalaron rápidamente al agresor. Los aviones que atacaron los barcos neutrales resultaron ser aviones franquistas, a pesar de las vehementes protestas del personal nacionalista, y probablemente también los submarinos; en su momento, incluso se habló de la nacionalidad italiana de algunos de los atacantes. Esta hipótesis fue confirmada posteriormente por las memorias del Conde Ciano. Declaró sin pestañear que los autores de estos actos de agresión eran buques de guerra italianos, estuvieran o no bajo bandera franquista. El 31 de agosto, Ciano hizo un balance provisional: «Cuatro barcos rusos o rojos hundidos, uno griego capturado, uno español bombardeado y obligado a refugiarse en un puerto francés.

El objetivo era bloquear a la España republicana por mar; el propio Franco lo explicó cuando declaró que «detener el transporte de armas en el Mediterráneo y oponerse a la descarga en los puertos rojos era, para las naciones interesadas en ver el fin de la guerra, el medio más eficaz de acortarla [4]». 4] De hecho, fue una nueva forma de guerra racial en medio de la paz. Por muy tolerantes que sean las potencias occidentales, es difícil que no reaccionen.

«Gran orquestación franco-rusa-británica; motivo: la piratería en el Mediterráneo. Responsabilidad: fascista. «Mientras Ciano escribía estas líneas, la opinión internacional parecía efectivamente conmovida. La causa fue un nuevo incidente marítimo: el intento de torpedeo por un submarino de «nacionalidad desconocida» del destructor británico Havoc. En realidad, se trataba de una nueva acción italiana, cuyo origen indicó Ciano: «El golpe vino de Iride».

Esta vez, parece que Londres ya no está dispuesto a conformarse con protestas platónicas. La tensión creció entre Inglaterra e Italia. El gobierno francés también quiso mostrar más firmeza y decidió que sus cargueros fueran escoltados por buques de guerra hasta el Mediterráneo. Los líderes fascistas se vieron sacudidos por esto por primera vez. He conseguido», dice Ciano, «que se posponga el envío de refuerzos a España. Y señaló el 4 de septiembre: «He ordenado a Cavagnari[5] que suspenda toda acción naval hasta nuevo aviso». Así, la primera reacción firme de los gobiernos occidentales fue suficiente para detener la peligrosa política italiana, y ello a pesar de la presión ejercida sobre Roma por la España nacionalista. «Franco dice que el bloqueo será decisivo si dura todo septiembre. Eso es cierto; sin embargo, debemos suspenderlo». ¿Podría haber una declaración más clara de la voluntad de Italia de no participar en una guerra europea en este momento y en estas condiciones?

Sin embargo, ni el Gobierno francés, donde la influencia socialista había disminuido, ni el Gobierno británico, presidido ahora por Chamberlain,[6] estaban dispuestos a ir demasiado lejos. Se contentaron con presentar al Comité de Londres un proyecto de conferencia que se celebraría en Nyon el 10 de septiembre; las potencias invitadas serían todos los Estados ribereños del Mediterráneo y del Mar Negro [7], más Alemania, menos las dos Españas. El objetivo oficial era debatir las formas de detener la piratería en el Mediterráneo. Pero en una conferencia de este tipo, el procedimiento importa tanto como los temas. La pregunta clave es si Italia participará en las discusiones de buena gana y si será una parte acusada. El Gobierno ruso aprovechó la situación para preparar una nota extremadamente violenta contra el Gobierno fascista. Fue una verdadera acusación. El motivo aducido fue el torpedeo de un barco ruso por el que los soviéticos exigían reparaciones. Italia se negó a participar; Alemania y Albania adoptaron una posición similar. Los líderes de estos países dijeron que si la conferencia fracasaba, la URSS sería la única responsable.

Sin embargo, la reunión se abrió según lo previsto. ¿Fue un éxito? Los estados occidentales lo dijeron. Su prensa celebró el acuerdo de Nyon como una revancha diplomática tras la larga serie de fracasos de los meses anteriores. La decisión de «confiar a las flotas francesa y británica la lucha contra la piratería» parecía anunciar un cambio radical de actitud hacia Italia, y una nueva postura en el conflicto español. El Duce, al conocer estas decisiones, «montó en cólera». Pero no hay que fiarse demasiado de la cólera de Mussolini, ya que era propenso a reaccionar brutalmente ante una primera impresión. Si los occidentales adoptaron una posición enérgica en Nyon, fue principalmente para tener una base para las negociaciones. Los italianos se mostraron inmediatamente satisfechos de que la URSS quedara excluida del control.

Además, los gobiernos británico y francés buscaron la participación de la propia Italia en el acuerdo. Tal vez al dirigirse a Italia en lugar de a Alemania, esperaban enfrentar a las dos potencias; esto es un malentendido de una alianza basada en intereses complementarios y una necesidad mutua de seguridad: Italia podría participar en el control del Mediterráneo sin debilitar el eje Roma-Berlín. Cuando se le pidió, Italia puso una condición: igualdad con Francia e Inglaterra en el control. «En sus memorias, Ciano escribió: «Pasamos de ser lanzadores de torpedos a ser policías del Mediterráneo, mientras los rusos, hundidos hasta el fondo, quedaban excluidos del control.

Ni la piratería italiana ni el bombardeo de Almería consiguieron que Occidente se decidiera finalmente a hacer un gesto a favor de la República Española. El aislamiento político de Rusia, ya marcado por las discusiones de Londres, se acentuó aún más; ésta fue sin duda una de las razones del giro diplomático que dio Stalin, convencido de que no tenía nada que esperar de las democracias occidentales. Este fue el resultado de la política pacifista de Gran Bretaña.

El triunfo de la política de Chamberlain

La política inglesa desde el estallido de la Guerra Civil ha sido poco favorable al gobierno republicano. Edén, al igual que Balduino, no ha mostrado comprensión por las exigencias del embajador Azcarate. Al menos el gobierno británico respetó las formas de la más estricta neutralidad. Pero los conservadores británicos no simpatizaban más que los franquistas con los que todavía consideraban «rojos». Al principio, se ocuparon principalmente de controlar los daños mediando en una paz de compromiso. Dado que esta paz sólo podía garantizarse mediante un acuerdo internacional, o más exactamente mediante un acuerdo mediterráneo, el objetivo de la diplomacia británica era asegurar la paz en el Mediterráneo manteniendo el statu quo.

Estos puntos de vista no se oponían en absoluto a los de Franco, quien, frente a sus aliados italianos, llegó a hacer imperativo el mantenimiento de la integridad del territorio español. Desde finales de 1936, las conversaciones Ciano-Drummond dejaron claro que no se haría nada para cambiar la situación existente en el Mediterráneo. Sin duda, la crisis provocada por la piratería en el Mediterráneo interrumpió las relaciones anglo-italianas. Pero se reanudaron en noviembre del 37, por iniciativa del primer ministro británico Chamberlain. El 16 de noviembre, el gobierno británico decidió, para «proteger sus intereses», reconocer de facto al gobierno de Burgos.

Por ello, envió un representante a la España nacionalista, Robert Hodgson, que en realidad actuó como embajador; asimismo, los «agentes» instalados en las ciudades españolas eran en realidad cónsules. Franco estuvo representado en Gran Bretaña por una de las figuras más importantes del régimen, el duque de Alba, que llegó a Londres el 22 de noviembre. Este intercambio de plenipotenciarios anunciaba un acercamiento, ya en marcha en el ámbito comercial, entre Inglaterra y la España nacionalista. La conquista del Norte, donde los ingleses tenían grandes intereses, fue sin duda el factor determinante de esta evolución. Hodgson pronto tuvo una influencia real en Burgos, y los esfuerzos para alcanzar una paz de compromiso estaban dirigidos a garantizar la victoria de Franco en las condiciones menos violentas posibles.

Pero aquí comienzan las diferencias entre los líderes británicos. Mientras todos ellos consideraban la victoria de Franco inevitable y, al fin y al cabo, útil, había una minoría dentro del gobierno, cuyo representante más influyente era Anthony. Eden, pensar que un acuerdo con el fascismo en el Mediterráneo era un engaño. La aplicación de un acuerdo diplomático entre Inglaterra e Italia presupone la eliminación de esta minoría. Tras una reunión entre Grandi, el embajador italiano en Londres, Eden y Chamberlain, la oposición entre ambos se hizo evidente, especialmente en la cuestión de los voluntarios extranjeros en España. Eden tuvo que dimitir, lo que fue acogido por los diplomáticos del Eje como una victoria. La política británica acababa de dar un giro definitivo: el conde Ciano y Lord Perth, encargado de negocios británico en Roma, preparaban un acuerdo entre Inglaterra e Italia. Ciano quería evitar dificultades al gobierno de Chamberlain, por lo que estaba dispuesto a hacer concesiones. El acuerdo se alcanzó a finales del 37 a pesar de los nuevos incidentes en el Mediterráneo. Pero para que el acuerdo se aplicara, el otro tenía que terminar. A principios de 1938, el desastre republicano en Aragón parecía responder a estas opiniones.

Las últimas vacilaciones francesas

El gobierno de Barcelona aún no había renunciado a toda esperanza ni a la ayuda exterior. El apoyo francés era todavía concebible, especialmente en marzo de 1938, cuando Blum volvió al gobierno. Según Negrín, Blum, incluso antes de hacerse cargo del Ministerio, le pidió que fuera a París para discutir con ciertas personalidades francesas las modalidades de ayuda material. Negrín hizo el viaje y se reunió con Blum, Daladier y Paul-Boncour. Entonces se llegó a un acuerdo sobre el suministro de armas.

De hecho, el segundo gobierno de Blum consideró, en el momento de la campaña de Aragón, ir más allá con la intervención. Ante el colapso republicano, cuando se podía esperar un avance general de los nacionalistas en Cataluña, se habló muy seriamente en Francia de una intervención militar que hubiera supuesto la ocupación de esta provincia española. Sin duda, el gobierno francés esperaba contar con una prenda para la negociación política. Según el propio Blum, los ministros preveían una rápida expedición de unidades mecánicas[8]. Pero en la reunión del Consejo de Defensa Nacional, los militares franceses declararon que no podían actuar sin una orden de movilización. Tampoco hay duda de que una medida de este tipo supondría un grave riesgo de desencadenar un conflicto europeo. Si Francia enviara «in articulo motoris hombres y equipo aéreo, intervendríamos con fuerza», dijo Ciano.

Así, Blum se encontró por segunda vez ante la alternativa de la paz o la guerra. Cuando el agregado militar en Madrid, Morell [9], fue consultado por el Presidente del Consejo sobre la posibilidad de una acción militar, respondió: «Sólo tengo una palabra que decirle: un rey francés haría la guerra». Pero, dice Blum, «no era el rey de Francia».

Al renunciar por segunda vez a la intervención directa, el gobierno francés renunció, en marzo de 1938, a la defensa efectiva del gobierno republicano español. El envío de armas francesas y la libertad de paso concedida a los envíos de material extranjero ya no fueron suficientes para cambiar el curso de los acontecimientos. El gobierno de Blum fue sustituido en abril por un ministerio de Daladier, que incluía a Georges Bonnet, partidario de un acuerdo con las potencias del Eje. Francia, por su parte, se preparó para abandonar el gobierno de Barcelona. Sin embargo, era necesario mantener las apariencias, demostrar que un acuerdo internacional permitiría devolver al conflicto su carácter propiamente español, y llegar por fin a un acuerdo sobre la retirada de los voluntarios, de la que se había hablado en vano desde el inicio del Comité de Londres.

El Plan de Londres

Durante el verano de 1937, el gobierno británico intentó reanudar las conversaciones sobre este tema. El 14 de julio se comunicó a las potencias interesadas un plan que incluía cuatro puntos:

Reanudación del control según un nuevo sistema: instalación de agentes neutrales en los puertos españoles para llevar a cabo el control anteriormente confiado a la marina, y restablecimiento del control terrestre.

Como es necesario que ambas partes se comprometan también a permitir la actuación de los observadores neutrales, se reconocerá a ambos el derecho de beligerancia.
La retirada de los extranjeros se llevará a cabo por ambas partes, bajo el control de la Comisión.

Estas operaciones se llevarán a cabo en el siguiente orden: instalación de funcionarios internacionales en los puertos españoles, retirada de voluntarios, reconocimiento del derecho de beligerancia.
De este modo, el problema de la retirada de los voluntarios y el de los derechos de beligerancia estaban vinculados, tal como Italia y Alemania venían exigiendo desde 1936. Pero lo que habría sido un grave problema jurídico al principio del conflicto tenía un interés y un alcance limitados en julio de 1937. Que las potencias del Eje volvieran a considerar necesario alargar las conversaciones -el plan británico era sólo una «base de negociación»- era bastante normal. Pero, ¿por qué el Gobierno francés se deja llevar de discusión en discusión durante meses y años? La guerra civil comenzó en julio de 1936, el plan de control inglés se presentó un año después; y el 9 de noviembre de 1938, en un artículo en Le Populaire, Blum volvió a plantear la pregunta: «¿Debe aplicarse el plan de Londres?

El plan de Londres nunca se llevó a cabo, principalmente por la oposición rusa a cualquier forma de reconocimiento del gobierno de Burgos, posición que la URSS confirmó en la reunión del Comité de Londres a finales de octubre del 37. Italia, Portugal y Alemania aprovecharon para declarar que no podían votar a favor de la resolución hasta que se lograra la unanimidad.

Las potencias del Eje, sin embargo, se mantuvieron fieles a su actitud del principio e intentaron reiniciar las conversaciones. El gobierno alemán propuso un compromiso: «un gesto simbólico» consistente en la retirada de un determinado número de voluntarios de ambos bandos. El carácter platónico de esta propuesta no despertó mucho entusiasmo en su momento: las conversaciones volvieron a estancarse.

Sin embargo, en el transcurso del verano del 38, se produjo un giro. Los delegados del Comité acordaron preparar la aplicación del plan británico. Inglaterra estaba satisfecha: «La política de no intervención ha logrado su objetivo», declaró Chamberlain [10], mientras que Butler anunciaba en la Cámara de los Comunes: «La fecha en la que se restablecerá el sistema de vigilancia y se pondrá en marcha el sistema de control naval, en su nueva forma, será la fecha en la que la Comisión Internacional para la Supervisión de la Retirada de Voluntarios estará lista para comenzar la enumeración» [11].

El nuevo hecho sigue siendo la unanimidad alcanzada en el Comité de Londres. Esto se debió principalmente a la evolución de la política rusa. Moscú se adhiere ahora al proyecto de control naval. La explicación de este cambio la da en parte el embajador alemán en Moscú, Schulemburg: «El gobierno soviético considera bastante improbable una victoria roja y, por tanto, cree que es mejor preparar a la opinión pública para una paz negociada» [12]. Esta explicación es probablemente sólo parcial. Es cierto que las derrotas republicanas debieron llevar a la URSS a adoptar una política cada vez más cautelosa; pero es probable que el retroceso formara parte de la política rusa en su conjunto. Fue el punto de partida de un desarrollo que conduciría, un año después de la «caída» de España, a la firma del Pacto germano-soviético. Mientras tanto, la prolongación de la guerra redujo la amenaza de un conflicto en Europa Central. Teniendo en cuenta estos peligros futuros, la URSS no quiso separarse abiertamente de las democracias occidentales, con las que tenía intereses comunes.

La retirada de voluntarios

En cualquier caso, el 5 de julio se llegó a un acuerdo en el Comité de Londres sobre el plan de retirada de los voluntarios: tal y como pedía Alemania, se reconocería la beligerancia para ambas partes en cuanto se pudieran retirar 10.000 hombres de cada lado. Dos comisiones están listas. El primero debe encontrar los medios para contar los voluntarios aún distribuidos en las dos Españas. Se pidió al secretario del Comité, Hemming, que obtuviera el acuerdo de las autoridades españolas. Pero la clara hostilidad de Franco [13] le impidió cumplir su misión.

La segunda comisión, mucho más activa, se instaló en Toulouse en agosto. Era la «Comisión de Intercambio de Prisioneros», presidida por el Mariscal de Campo Chetwood. Contribuyó a la organización de numerosos intercambios, y es probable que Chetwood y sus colaboradores, Cowan en la zona republicana y Mosley en la zona nacionalista, contribuyeran eficazmente a preparar el final del conflicto.

Por otro lado, la evacuación de los extranjeros que luchaban en España fue una comedia diplomática por ambas partes. Se llevó a cabo sin ningún tipo de control, pero en medio de ceremonias, desfiles y despedidas patéticas. Negrín se dirige a los combatientes internacionales. Los miembros de la C.T.V. evacuados de España recibieron una sonora bienvenida a su llegada a Nápoles; pero las tropas evacuadas eran en realidad sólo heridos y enfermos, o al menos hombres cansados que, en el lado italiano, serían inmediatamente sustituidos por tropas frescas.

Nadie se engañó: alemanes e italianos acusaron a los republicanos de haber tomado medidas para «camuflar» a sus voluntarios, y Weizsacker pudo escribir :

De hecho, no se produjo ninguna evacuación de voluntarios rojos, se diga lo que se diga. Sólo los heridos franceses fueron atendidos por Francia» [14]. Los portavoces del Eje contrastaron este incumplimiento de los compromisos con la actitud italiana. Es cierto que se evacuó a un cierto número de italianos, 11.000 al parecer, pero hay que decir exactamente en qué condiciones. Según una nota de la Wilhemstrasse, Berti, el comandante en jefe italiano, dio a elegir a Franco entre tres propuestas: el envío de dos o tres nuevas divisiones, el envío de 10.000 hombres para compensar las pérdidas, o una retirada parcial o total de los italianos, medida esta última que era posible al haberse reforzado la capacidad militar del ejército de Franco. Pero ni a Franco ni a Mussolini les gustaba la retirada total, así que decidieron una medida que no podía debilitar el potencial bélico nacionalista: la salida de parte de la infantería se compensaría con el refuerzo de tropas especializadas y de la aviación. Sólo después de este acuerdo se llevaría a cabo una evacuación «ficticia». Los alemanes, que no habían participado en estas negociaciones, por el contrario, desde julio de 1938, habían reconstituido completamente la legión Cóndor.

Así terminaron las discusiones sobre los voluntarios. El Comité de No Intervención seguía existiendo, pero no tenía ninguna función. Su trigésima y última reunión se celebró el 19 de mayo de 1939, tras el final del conflicto. Al comprobar su inutilidad, procedió a disolverse.

Múnich y España: los españoles ante la crisis europea

La condena de la España republicana, aceptada desde el verano de 1938 por Francia y Rusia, fue definitiva después de Munich. En aquel momento, Negrín y Del Vayo, como Prieto en la época de Almería, creían que la guerra europea era inevitable y que era la única posibilidad de victoria para la República. Sin embargo, si la posición diplomática de la República Española se debilitaba, las posibilidades de un conflicto internacional aumentaban considerablemente.

El Anschluss fue el preludio de las grandes anexiones hitlerianas. Luego vinieron las reivindicaciones sobre los territorios checoslovacos de los Sudetes. Sin duda, Italia estaba mal preparada para la guerra y debilitada por la aventura española. Pero su alianza con Alemania era más fuerte que nunca. Por otro lado, Francia e Inglaterra se habían acercado y garantizaban las fronteras de Checoslovaquia. La situación política en Europa es tan tensa que la cuestión española ha desaparecido de la agenda internacional.

Sin embargo, si la guerra estallaba, el gobierno de Negrín estaba decidido a tomar una posición inmediata y forzar la mano de Francia e Inglaterra, poniéndose de su lado y declarando la guerra a Alemania e Italia, cuyas tropas ocupaban parte de su territorio. La República tuvo que revertir una situación cada vez más desfavorable. El abandono político de las grandes potencias provocó un cambio en la actitud de los estados más pequeños, que naturalmente se volvieron hacia el más fuerte. Hasta entonces, el grupo Alemania-Italia-Portugal había estado aislado y en minoría en el Comité de No Intervención; en enero de 1938, Hungría, Austria y Albania, futuras víctimas de las ambiciones fascistas, apoyaron su posición. Once Estados reconocieron entonces el régimen del general Franco de hecho o de derecho [15].

Los republicanos quieren convencer a Occidente de que no son una fuerza revolucionaria peligrosa y que el periodo de anarquía ha terminado. El gobierno de Negrín simboliza el mantenimiento de la autoridad; ya no hay oposición desde la salida de Prieto. El propio Negrín ostenta las responsabilidades esenciales en el Estado: no sólo será presidente del Consejo, sino también ministro de Asuntos Exteriores, de Defensa Nacional y de Interior. Sus amigos querían compararlo con Clemenceau, y sin duda había un deseo similar de identificarse con el país en guerra. La autoridad y la unidad nacionales se afirmaron a costa de las tendencias autonomistas vascas y catalanas; en agosto de 1938, la dimisión del ministro catalán Ayguade y del vasco Irujo, que fueron sustituidos por Moix Regas del P.S.U.C. y el socialista Bilbao Hospitalet, significó el fortalecimiento del poder central, a pesar de las protestas oficiales.

Asimismo, la política de tolerancia religiosa practicada por Negrín se inspiró en el deseo de ganarse las simpatías del mundo occidental. Irujo, mientras fue ministro, luchó por conseguir el libre ejercicio de la religión; hizo que se aceptara con bastante rapidez que «la denuncia de los sacerdotes por el solo hecho de ejercer el sacerdocio» [17] fuera considerada un delito. Se autorizaron las misas privadas y el 15 de agosto del 37, en Valencia, se celebró la primera misa oficial en el edificio de la Delegación Vasca. Por supuesto, esto no significaba que la Iglesia Católica hubiera recuperado sus prerrogativas: el primer entierro religioso autorizado públicamente se consideró una prueba sorprendente de la tolerancia del gobierno. Pero medidas menos espectaculares fueron más eficaces. Por ejemplo, la decisión de Negrín de «eximir los objetos religiosos de las reglas generales de requisición de metales preciosos» y, sobre todo, las medidas del 38, que eximían a los sacerdotes del servicio armado y los colocaban en los servicios de sanidad y caridad, y les autorizaban a entrar en las cárceles para ejercer su ministerio, especialmente con los condenados a muerte. Todas estas decisiones tienden a tranquilizar al extranjero. Es posible llevarse bien con un régimen así, ayudarle a ganar o al menos salvar lo esencial mediante un compromiso honorable.

Así, la crisis checa despierta grandes esperanzas entre los republicanos. En caso de conflicto, la España de Franco pronto se encontraría en una situación militar insostenible. Los nacionalistas no tenían suficientes reservas para mantener un frente adicional. Según el agregado militar en San Sebastián, Von Funck, el propio Franco declaró que «nunca había tenido reservas, y que cada vez que los rojos atacaban, había que parar la ofensiva para poder hacer frente» [18]. Los Pirineos eran una defensa natural, pero Franco sabía que no era suficiente. Envió a miles de prisioneros a las fronteras del norte y del sur para preparar las fortificaciones. Por otro lado, su ejército seguía dependiendo de los suministros de Italia y Alemania. El cese de los envíos de municiones durante la crisis checa ya puso a sus tropas en una situación difícil. Sin duda, en el caso de un conflicto europeo, habría que considerar el colapso de la España nacionalista a corto plazo. Incluso los partidarios de Franco lo sabían, y los alemanes pensaron que el Caudillo se vería entonces «reducido a retirarse y confiar a una personalidad más moderada la tarea de liquidar la guerra civil» [19].

19] Franco no recibió ni ánimos ni promesas de sus aliados; ni siquiera fue informado de la evolución política por el gobierno alemán. El estado mayor nacionalista estaba cada vez más preocupado. El cuartel general de Franco está muy deprimido», dice Stöhrer, «y no oculta su descontento con nosotros. 20] Este descontento estaba vinculado a las manifestaciones malhumoradas contra Suñer, que hicieron temer un resurgimiento de la oposición en la zona nacionalista. Para lograr su victoria, Franco debía asegurarse absolutamente la neutralidad de las grandes potencias, especialmente de Francia, en caso de conflagración europea.

La neutralidad de Franco en la crisis checa

Del 18 al 28 de septiembre, las gestiones diplomáticas de la España nacionalista se dirigieron a conseguir que las potencias occidentales aceptasen, primero, separar el asunto español de la amenazante guerra europea y, después, considerar la neutralidad del gobierno nacionalista, lo que equivaldría a una negativa definitiva por su parte a apoyar a la República española.

Pero la posición de las potencias occidentales es frágil. Su frente no estaba unido. El gobierno de Chamberlain sólo recurriría a la guerra contra el Eje en última instancia. La ayuda rusa a Checoslovaquia era problemática. Por lo tanto, Francia quedaría bastante aislada en caso de guerra y tendría que despejar sus fronteras orientales para lanzar el doble ataque previsto de Cataluña y Marruecos contra la España nacionalista. El Estado Mayor francés preferiría sin duda no tener que luchar contra otro adversario. Así, cuando Jordana y Franco se comprometieron a respetar la más estricta neutralidad en caso de conflicto europeo, los gobiernos británico y francés se complacieron en registrar las promesas hechas directamente por el Caudillo y transmitidas a París y Londres por los Quinones de Léon y el Duque de Alba.

Quedaba por conseguir que esta proclamación de neutralidad fuera aceptada por las potencias centrales, y éste era el punto más difícil. La diplomacia de Franco demostró una gran habilidad en este asunto. En primer lugar, dejó traslucir deliberadamente su temor a una guerra que podría perjudicarle; después, lamentó que sus aliados le dejaran ignorar la evolución de la situación política. En este punto, además, Franco no tuvo dificultad en encontrar motivos para quejarse.

En realidad, Franco no temía que se descuidara a España, sino que se ocupara demasiado de ella en negociaciones en las que no estuviera representado; no era imposible que las Potencias Centrales abandonaran a su aliado español, o que Alemania tuviera sus fuerzas en España y el Mediterráneo disponibles para la acción militar en caso de guerra. La llegada del Deutschland a Vigo, así como la presencia de los italianos en Mallorca, podrían inspirar legítimamente temores en este sentido. Por último, la crisis política europea, al dar esperanzas al campo republicano, podría provocar disturbios, o incluso verdaderas revueltas, en las zonas nacionalistas.

Estos temores permiten comprender la postura neutralista del gobierno de Burgos. Los dirigentes alemanes ya habían sido advertidos de ello el 26 de septiembre y el 27 Jordana informó oficialmente a los embajadores alemanes e italianos de esta decisión. Se trataba, sin duda, de una cuestión de neutralidad benévola. Pero el hecho es que Franco había presentado a sus aliados un hecho consumado. Quería que le aprobaran, pero no les informó hasta después de tomar su decisión.

¿Cómo puede sorprendernos, entonces, la brutal reacción de la diplomacia germano-italiana? Los italianos, en particular, estaban de enhorabuena; sus dirigentes consideraban que los sacrificios hechos por la causa nacionalista debían ser ahora devueltos: «Nuestros muertos deben estar en sus tumbas», escribió Ciano. Los alemanes se mostraron más reservados, pero no por ello se mostraron menos sorprendidos por las prisas de los españoles en declararse neutrales; consideraban este gesto prematuro, por no decir otra cosa. Los italianos y los alemanes también estaban preocupados por el destino de sus tropas que luchaban en España en caso de guerra. Sin duda, Jordana declaró que estas tropas serían consideradas y tratadas como soldados españoles. Pero, ¿podía Francia, en guerra con Alemania, tolerar la presencia de soldados enemigos en un país supuestamente neutral? El reflejo inmediato de Ciano, al conocer la noticia de la neutralidad española, fue prever la evacuación inmediata de las tropas italianas.

A pesar de las precauciones tomadas por el gobierno nacionalista, es evidente que un conflicto europeo pondrá en cuestión todos los éxitos conseguidos hasta ahora. Y los representantes de las dos Españas eran muy conscientes de que su destino estaba más allá de sus fronteras.

Una vez más, la retirada de las potencias occidentales decidiría el destino de España. En agosto-septiembre de 1936, la comedia de la no intervención había jugado a favor de los Estados fascistas; en septiembre de 1938, la rendición de Múnich no sólo entregó Checoslovaquia a Hitler, sino que arruinó definitivamente la última esperanza de la democracia española: «Este amanecer de paz hace sonar la campana de muerte de la tiranía roja. El esfuerzo de nuestros ejércitos pronto conducirá a una paz victoriosa» [21].

A partir de ese momento, de hecho, la primera preocupación de las grandes potencias fue liquidar la guerra de España. Los vencedores de Múnich se dieron cuenta de que, en caso de conflicto general, la España nacionalista sería un mero lastre para ellos si la guerra civil continuaba. Occidente no estaba demasiado descontento con la actitud de Franco en el momento de la crisis de Múnich. Rusia ha renunciado definitivamente al juego. La propia Francia, tranquilizada por la postura del Caudillo, pensó en establecer relaciones diplomáticas con los nacionalistas. A principios de 1939, se pide a Léon Bérard que negocie un reconocimiento de facto del gobierno de Burgos. A pesar de su conocida simpatía por los nacionalistas, se encontró con una evidente falta de voluntad; Franco exigió el reconocimiento de iure, pidió a los franceses la entrega de los bienes españoles en Francia, el material de guerra, el oro del Banco de España, etc.

Sin embargo, al final de la guerra civil, la misión de Pétain reanudó unas relaciones aparentemente cordiales, y todas las exigencias del gobierno de Franco fueron finalmente aceptadas.

A partir de octubre de 1938, la única cuestión que se planteó fue cómo se aseguraría definitivamente la victoria de Franco. Stôhrer explicó cómo «una intervención de las potencias» podría llevar a «los elementos moderados de los rojos a deponer las armas» [22], lo que parecía anunciar, a pocos meses de distancia, la acción de la junta de Casado, que liquidaría las posiciones republicanas.

El proyecto del Stôhrer excluía a los comunistas de las negociaciones y parecía excluir a Negrín. Sin embargo, no cerró la puerta a una solución pacífica del conflicto. En un discurso de trece puntos, expuso las condiciones para un compromiso entre las dos partes. El 1 de octubre de 1938, en un discurso ante las Cortes, aceptó el principio de la mediación. Unos días después, admitió que un plebiscito podría ser una solución. Pero, ¿podría encontrarse realmente «un compromiso aceptable para todos los españoles»? La sola palabra mediación o compromiso provocó una reacción violenta de muchos dirigentes de la España nacionalista. Franco, cada vez que hablaba del tema, era formal: no se trataba de obtener otra cosa que una capitulación. Y el Diario Vasco de San Sebastián tiene esta fórmula gráfica, pero que expone claramente el pensamiento de Franco: «No queremos la tregua del diablo, queremos la paz de la Conquista» [23].

Notas

[1] Sólo el 1 de abril de 1937, Le Temps constató el abordaje del Magdalena y del Cap Falcon por parte de los barcos franquistas, sin que el gobierno francés reaccionara más que con una protesta platónica.

[2] Entre los cuales, según Prieto, estaban los ministros comunistas.

[3] Memorias de guerra del Conde Ciano.

[4] Archivos de la Wilhelmstrasse.

[5] Ministro de Marina italiano.

[6] Chamberlain sucedió a Baldwin el 28 de mayo de 1987 tras la crisis dinástica inglesa provocada por el matrimonio de Eduardo VIII.

[7] Para incluir a la U.S.S.R.

[8] Las declaraciones de Blum a la Comisión de Investigación.

[9] A pesar de sus opiniones de Action Française, fue, por preocupación por la seguridad francesa, uno de los más fieles partidarios de la España republicana.

[10] Citado en Le Temps del 4 de julio.

[11] Cf. Le Temps del 1 de julio.

[12] Nota del 5 de julio de 1938. Archivos secretos de la Wilhemstrasse.

[13] Hasta el 8 de octubre de 1938, Hemming no pudo ir a Burgos, acompañado por el vicealmirante Vaterhouse y el capitán Mackey Hodge.

[14] Archivos de la Wilhemstrasse.

[15] Estos fueron: Alemania, Italia, Portugal, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Albania, el Vaticano, Japón, Manchukuo, Austria y Hungría.

[16] El pretexto para ello fue el desacuerdo sobre los decretos que regulaban la industria de la guerra y la administración de justicia.

[17] Véase el artículo de Garrido en El Socialista,

[18] Archivos de la Wilhemstrasse.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Discurso de Franco en Burgos durante el Día del Caudillo (1 de octubre del 38).

[22] Archivos secretos de la Wilhemstrasse.

[23] Citado en Le Temps, 13 de octubre de 1938.

II.9: La batalla del Ebro y la campaña de Cataluña

• La ofensiva, una necesidad política
• El paso del Ebro
• La batalla de desgaste
• Cataluña antes del atentado
• La pérdida de Barcelona
• El vuelo a la frontera
• La capitulación de Menorca
• El gobierno de Negrín ante el problema de la paz
• Notas

La ofensiva, una necesidad política

El abandono definitivo de la República coincidió con la caída del segundo gobierno de Blum; en ese momento, la victoria de los nacionalistas en Aragón, Cataluña desgajada de la República, dio la impresión de que en cualquier momento podía producirse un colapso, rompiendo el frente republicano. Sin duda, la ofensiva hacia Valencia se había frenado en las líneas de Viver; pero después de un gran esfuerzo militar siempre hay un periodo de reagrupación y reajuste. Además, los ataques a Viver no cesaron hasta el 23 de julio, manteniendo en vilo a las cansadas tropas gubernamentales, debilitadas moralmente por la retirada y por la certeza de que ahora luchaban en su última línea de defensa. La ruptura con Cataluña impidió que cualquier ayuda material procedente de la frontera francesa llegara al sector Centro-Sur: permitir que la batalla comenzara en estas condiciones podría ser desastroso.

Fue entonces cuando, para salvar Valencia, y en un último esfuerzo por reagrupar a las fuerzas republicanas, el Estado Mayor del Gobierno intentó recuperar la iniciativa. Se trata de la ofensiva del Ebro, cuyo lanzamiento sorprendió no sólo a los españoles sino también a las potencias extranjeras, que ya no esperaban ninguna acción republicana a gran escala.

Rojo señaló que se había hecho «necesario un esfuerzo gigantesco tanto militar como internacionalmente». Desde principios de 1938, la tensión entre las potencias occidentales y Alemania había vuelto a aumentar. El Anschluss, la primera anexión del hitlerismo, anunciaba nuevas reivindicaciones. La guerra europea se estaba preparando en Europa Central. Al mismo tiempo, el gobierno de Negrín volvió a ver la posibilidad de internacionalizar el conflicto. Todavía tenía que demostrar a Europa y al mundo que los reveses sufridos no habían hecho flaquear la voluntad de lucha de los republicanos, que la moral de las tropas y de la población seguía siendo sólida, en definitiva, que el movimiento que había despertado al pueblo español en 1936 había sido capaz de resistir el tiempo y las pruebas de la guerra. Tal vez Negrín también quería demostrar que el final del conflicto aún estaba lejos y que los adversarios debían aceptar un compromiso. La ofensiva del Ebro fue, por tanto, una operación tanto política como militar.

Pero, ¿por qué elegir el sector del Ebro, que, al requerir cruzar el río por un punto difícil, presentaba un peligro adicional? Para salvar Valencia, en realidad sólo había dos caminos: o bien un contraataque directo al norte de Sagonte, que permitiría recuperar parte del terreno perdido en los meses anteriores y despejar la capital levantina (pero esta operación se vería seriamente comprometida de entrada por el cansancio de las tropas implicadas, la falta de reservas y las importantes pérdidas ya sufridas en los frentes de Madrid, Extremadura y Andalucía); o bien una acción a gran escala en otro sector esencial, que impidiera la reanudación de la ofensiva nacionalista sobre Valencia. Obligar a las tropas de Franco a desviarse del Levante hacia Cataluña fue el primer objetivo propuesto por el Estado Mayor republicano.

Las fuerzas que iban a participar en el ataque se habían reagrupado en la zona norte; seguían siendo fuertes, admirablemente preparadas para la acción sorpresa que habría que llevar a cabo primero para cruzar el río. Algunos problemas eran evidentemente difíciles de resolver, especialmente la necesidad de hacer pasar material pesado a través del Ebro para lograr el segundo objetivo, una ruptura del frente nacionalista que permitiera la reconquista de parte de la costa mediterránea: sólo un éxito total podría convencer a la opinión pública de que el ejército republicano era todavía capaz de vencer. Pero si la operación fallaba al principio, este fracaso corría el riesgo de convertirse en un desastre. El Estado Mayor había asumido ciertamente un riesgo, pero era un riesgo calculado. Ya no era posible permanecer pasivo: una victoria completa era impensable, dada la relación de fuerzas, pero un éxito local era necesario y posible.

El paso del Ebro

El punto en el que se iba a lanzar la ofensiva ya se había fijado en junio. El general Rojo indicó que las inicialmente vastas ambiciones del Estado Mayor se habían limitado al siguiente objetivo: forzar el paso del Ebro a ambos lados del bucle, ocupar las alturas del sur y avanzar en profundidad.

Esta acción principal, aunque de alcance limitado, se completaría con dos operaciones complementarias, una hacia el oeste en el eje Fayón-Mequinenza, destinada a cortar las comunicaciones de Franco y dificultar la llegada de refuerzos, y otra hacia la costa, que sólo representaría una distracción. En general, las ambiciones del gobierno eran más bien modestas, aunque las fuerzas puestas en acción eran grandes: el ejército del Ebro, reforzado por varias divisiones tomadas del ejército del Este [1]. Pero el tiempo necesario para concentrar a los hombres y las armas, para montar las embarcaciones que permitirían los primeros cruces, y la llegada de los elementos de los puentes que se lanzarían sobre el río, obligaron a retrasar el inicio de la ofensiva. Todo esto se prolongaría durante unos cincuenta días. A pesar de todo, el efecto sorpresa obtenido fue casi total.

Durante la noche del 24 al 25 de julio, los barcos se colocaron discretamente. El ataque de pequeños grupos de asalto encargados de una misión «comando» correspondía tanto a los medios como al mejor uso de los combatientes republicanos. El éxito fue casi total, aunque los servicios técnicos resultaron, como casi siempre en el ejército republicano, insuficientes; así, las transmisiones entre el cuartel general, situado a pocos kilómetros del río, y el 5º cuerpo se cortaron en las primeras horas del ataque.

Las noticias del ataque durante la noche fueron buenas: se pudieron establecer cabezas de puente; se colocaron pasarelas y puentes y se comenzó a cruzar el río al amanecer en dos puntos. Empujando por un lado hacia Villalba, por otro hacia Gandesa y Corbera, las dos ramas de la ofensiva republicana tendían a cerrarse en una bolsa que ocupaba el fondo del bucle, cuyo centro era Mora deI Ebro. Para el día 26, Corbera estaba ocupada y se alcanzaron las afueras de Villalba y Gandesa. La bolsa de Mora del Ebro se despejó en pocos días. La cabeza de puente en el bucle del Ebro tenía ahora unos 20 kilómetros de profundidad y 30 kilómetros de ancho. Al norte, el paso de la 42ª división permitió establecer una cabeza de puente secundaria entre Fayón y Mequmenza, lo que dificultó la llegada de los refuerzos franquistas. En total, 50.000 hombres cruzaron el Ebro, a pesar de la inmediata y violenta reacción de la aviación nacional.

La ofensiva republicana en el Ebro (julio-agosto de 1938)

Pero, una vez más, la ventaja obtenida fue limitada, ya que no había forma de aprovechar este éxito: la concentración de tropas era insuficiente, faltaban reservas y, tras cinco días de duros combates, los hombres que participaban en la batalla estaban cansados. A pesar de los continuos esfuerzos, ni Villalba ni Gandesa pudieron ser ocupadas. Los nacionalistas, replegados en los pueblos, resistieron. En cuanto se encontraron frente a una gran concentración de fuego, los republicanos se vieron obligados a detener sus ataques. En las primeras horas de la batalla, el equipo pesado era escaso, especialmente el blindaje. Para cuando los tanques de 24 toneladas pudieron pasar, ya habían llegado los suministros de ayuda nacionalistas.

Para el día 25, la superioridad aérea de los nacionalistas se hizo evidente. Los bombardeos y ametrallamientos [2] causaron daños considerables a los convoyes que cruzaban el Ebro. Sin duda seguían llegando refuerzos, ya que las travesías nocturnas no podían interrumpirse eficazmente; pero los primeros puentes fueron destruidos tanto por la acción de los bombarderos como por la apertura de los diques que retenían las aguas de los afluentes pirenaicos del Ebro. La situación de las tropas republicanas en la cabeza de puente estaba constantemente amenazada.

La batalla de desgaste

A partir del 1 de agosto comenzó la verdadera batalla; los nacionalistas intentaron obstinadamente empujar a sus adversarios más allá del río; los republicanos estaban decididos a resistir. Los combates así iniciados duraron hasta el 15 de noviembre; las fuerzas gubernamentales demostraron, como lo habían hecho en Teruel, que eran capaces de tenacidad en las circunstancias más difíciles.

Pero el Ejército del Ebro tuvo que librar una batalla de desgaste, una batalla material: por muy valientes que fueran, no podían salir victoriosos de tal enfrentamiento. Es, dice Rojo, «la lucha de la abundancia contra la pobreza». La prolongación de los combates sólo tenía un objetivo: dar la idea en el extranjero de que aún existía un equilibrio de poder en España, en un momento en el que estallaba la crisis de las checas en Europa.

Fue entonces cuando se produjo la reconciliación europea en Múnich y se desvanecieron las esperanzas de una intervención extranjera. A partir de ese momento, la batalla en el Ebro se volvió no sólo inútil, sino peligrosa para los republicanos: «La pérdida de Cataluña -escribió Ulibarri- se decidió en el Ebro. Sin duda, una retirada a la orilla izquierda en los primeros días de agosto habría evitado un fracaso más grave y las enormes pérdidas sufridas por los republicanos posteriormente. Pero el respiro dado a los ejércitos del Centro habría sido demasiado breve y, sobre todo, el abandono de la cabeza de puente habría provocado, después de la proclamación de la victoria, una reacción catastrófica para la moral del ejército y la retaguardia.

Así que, a pesar de las considerables fuerzas puestas en marcha por el bando nacional, el personal de Barcelona se resistió obstinadamente. Quizás el mando republicano estaba más dispuesto a aceptar una guerra defensiva que unas maniobras a gran escala: las tropas que mantenían la cabeza de puente habían obtenido ciertas ventajas; la posesión de los principales observatorios de la región reforzaba singularmente su posición. Los éxitos que habían conseguido en los primeros días, la confusión y las vacilaciones que habían visto en su adversario, aumentaron su valor y su tenacidad.

Al principio de la ofensiva se enfrentaron a fuerzas relativamente pequeñas. Así, a excepción del sector de Amposta, toda la zona de ataque estaba protegida por la 50ª división en solitario. El personal nacionalista confiaba principalmente en la protección natural que ofrecía el río y en la habitual lentitud de las operaciones gubernamentales. En estos dos puntos, se equivocó. Si, en los primeros momentos de la ofensiva, algunos oficiales franquistas se mostraron optimistas, a partir del amanecer del día 25 el tono de los comunicados cambió; las noticias pasaron a ser francamente malas. A pesar de la masa de material lanzada rápidamente a la batalla, toda la artillería disponible, toda la fuerza aérea, pasaron ocho días antes de que se restablecieran las «condiciones normales de batalla» y se estabilizara el frente.

Siete divisiones [3] fueron puestas sucesivamente a disposición del cuerpo de ejército marroquí para restablecer la situación. El general Franco se vio obligado a retirar tropas del Levante, e incluso de otros sectores del frente central, y dirigirlas hacia el Ebro. Como en Teruel, aceptó luchar en el terreno elegido por sus adversarios. Pero aceptó este reto porque estaba seguro de su superioridad material, que cada día era más evidente. En un frente tan estrecho, la victoria sólo podía lograrse aplastando al enemigo con el fuego de la artillería y la aviación. Franco creía que esto era ya posible.

Los republicanos, a su vez, resistieron y enviaron refuerzos. Y durante semanas los dos adversarios persistirían, aportando nuevos recursos, nuevas tropas, hasta que las terribles pérdidas sufridas por ambos bandos obligaron a uno de los combatientes a abandonar el campo. La batalla del Ebro fue aún más sangrienta que la de Teruel. También se convirtió en una batalla de aniquilación; pero esta vez la lucha sería decisiva.

Al principio, la contraofensiva nacionalista se desarrolló favorablemente. La cabeza de puente de Fayon fue reducida; la concentración de tropas y sobre todo de artillería, la «extraordinaria densidad de fuego» permitió una rápida victoria: la 42ª división republicana fue prácticamente aniquilada.

Pero esto sólo fue un éxito local. La batalla decisiva debía tener lugar en torno a la cabeza de puente de Gandesa. Los nacionales sufrieron allí su primer fracaso: el ataque lanzado antes del 10 de agosto contra la Sierra de Pandols encontró una feroz resistencia, «como no se había visto en toda la guerra», dijo Aznar; prácticamente no se consiguió ningún avance. En agosto y septiembre, los ataques se sucedieron, apenas interrumpidos por periodos de calma, que permitieron a las tropas, que sufrieron grandes pérdidas cada vez, reorganizarse. Hubo cuatro ofensivas hasta octubre. En sentido estricto, no se trataba de grandes acciones militares, sino de operaciones localizadas en torno a algunos puntos tomados y retomados por los adversarios. Más que en Teruel, donde la dureza de los combates se debió en gran medida a las condiciones climáticas, la batalla del Ebro, por su duración, su dureza y su obstinación, recuerda a los combates de la Primera Guerra Mundial. Era el Verdún español.

Pero los adversarios no podían soportar indefinidamente un ritmo de destrucción casi ininterrumpido. Las enormes pérdidas en hombres y material condujeron finalmente al agotamiento de la masa de maniobra republicana. A finales de octubre, las reservas eran insuficientes. En el lado nacional, en cambio, se pudieron preparar refuerzos; se formó un nuevo cuerpo de ejército, el del Maestrazgo: confiado al general García Valino, comprendía cinco divisiones.

El 24 de octubre, la Instrucción General 44 enviada a los nacionales les ordenó «reducir la bolsa formada en el Ebro». De hecho, el ataque no comenzó realmente hasta el 1 de noviembre. La escalada de las posiciones republicanas en la Sierra de Caballs se logró por sorpresa. Del 1 al 8 de noviembre se ocupó toda la parte sureste de la cabeza de puente hasta Mora del Ebro. La segunda fase de la ofensiva terminó el 15 de noviembre. Los gobiernos habían perdido todo el terreno ganado desde el comienzo de los combates. Es cierto que el ejército republicano había demostrado que era capaz de luchar y resistir, a pesar de su inferioridad material, pero las pérdidas sufridas, quizás 100.000 hombres muertos, heridos o hechos prisioneros [4], lo habían desangrado y habían preparado sin duda su derrota.

Sin duda, el frente se estabilizó después del 15 de noviembre. Por otro lado, la ofensiva lanzada en Extremadura hacia Cabeza del Buey y Almadén, ofensiva que había progresado rápidamente durante el mes de agosto, fue finalmente detenida por los republicanos, gracias al apoyo de las tropas levantinas. La batalla del Ebro, al atraer a las mejores fuerzas nacionalistas, dio un respiro a la zona central; Miaja aprovechó para reorganizar sus tropas.

Pero desde la victoria aragonesa de Franco, la España republicana estaba dividida. Las tropas de Cataluña no habían tenido tregua, estaban agotadas por los combates que habían tenido que sostener. Necesitarían un largo período de calma y refuerzos en armas para poder presentar un frente unido y sólido a una vasta ofensiva nacionalista, lo que no se les concedería. El cansancio de la guerra se hizo más y más evidente a medida que los fracasos militares continuaban. Los éxitos obtenidos en el Ebro en julio levantaron la moral de la retaguardia durante un tiempo, pero desde entonces, el terreno conquistado había sido recuperado por las fuerzas franquistas. La esperanza del apoyo externo terminó con Múnich. La tesis de Prieto: «Europa nos ha traicionado», es aceptada por muchos.

Para Cataluña, que había sido la cuna de la revolución anarquista y el escenario de las Jornadas de Mayo, la «traición» de Europa parecía ser la condena de la política de Negrín. La revolución había sido abandonada y Europa apostaba ahora por Franco.

Por primera vez, en Cataluña, la parte trasera iba a ceder. Convertir al Barcelona en un nuevo Madrid ya es imposible. Las condiciones ya no son las de 1936. Tampoco la fe.

Cataluña antes del atentado

¿Podemos decir al menos que el gobierno ha recuperado en autoridad lo que ha perdido en popularidad? Eso mismo es discutible. El partido socialista está profundamente dividido, a pesar de la aparente reconciliación entre sus distintas tendencias. El auge comunista ha cristalizado la hostilidad de los demás partidos contra este socio demasiado invasivo. El ejército nunca ha dejado de estar influenciado por la política.

Por otro lado, la falta de productos de importación, la paralización progresiva del comercio, como consecuencia del bloqueo, la falta de dinero, la falta de voluntad de los países extranjeros, fueron paralizando la vida en Cataluña. En un momento en que la industria de guerra debería desarrollarse al máximo, la producción se ralentiza: no hay suficientes materias primas. La producción agrícola también disminuía; muchos agricultores estaban en el frente, otros no entregaban sus productos. En noviembre, ante las dificultades que podía acarrear un tercer invierno de guerra, el gobierno creó un «Comité de Regulación del Abastecimiento», bajo la presidencia del Ministro de Defensa Nacional, que debía coordinar «todas las actividades relativas a la producción y venta de artículos de primera necesidad». En realidad, se trataba de organizar la distribución de alimentos, dando prioridad a los combatientes, luego a las fuerzas armadas en la retaguardia y, por último, a la población civil, empezando por los niños, los enfermos y los trabajadores de las industrias de guerra. Pero esta organización pronto se encontró con dificultades insuperables.

Hay que añadir que en toda Cataluña, y particularmente en Barcelona, los partidarios de Franco siguieron siendo numerosos y activos. Con el colapso de Cataluña, esta quinta columna se manifestaría especialmente en las últimas horas de la defensa de Barcelona. Finalmente, la moral de la retaguardia se vio minada por los incesantes bombardeos sobre la capital catalana. Todo contribuyó a preparar la derrota de la República en Cataluña.

Los cuerpos del ejército de Franco [5] se desplegaron a lo largo de un frente que seguía el Ebro hasta la confluencia del Segre y luego subía hacia los Pirineos, a lo largo del Segre y del Noguera, estando las poblaciones de esta línea de frente, Lérida, Balaguer y Tremp, en manos de los nacionales.

La pérdida de Barcelona

El 23 de diciembre comenzó la ofensiva sobre Cataluña. En principio, las fuerzas republicanas seguían formadas por dos ejércitos; en el norte, desde la frontera francesa, el Ejército del Este [6]; en el sur, el Ejército del Ebro. La inferioridad en hombres y material era tal que, tras la batalla del Ebro, los republicanos eran ya casi incapaces de llevar a cabo ninguna acción ofensiva. Según Ulibarri, a cada brigada le faltaban entre 600 y 1.000 hombres de los 3.600 que se necesitarían para una dotación completa. En total, el mando republicano podía poner 90.000 hombres en línea, pero no tenía reservas.

Fueron los cuerpos 11 y 12 del ejército del Este los que soportarían todo el peso del ataque. Un doble asalto nacionalista condujo a la ruptura del frente del Segre. Tras una débil preparación artillera, un ataque de los blindados italianos provocó una estampida; la 16ª división, puesta en reserva, se retiró en lugar de defender sus posiciones. La brecha así creada dificultó un contraataque a gran escala. El intento realizado el 25 de diciembre se saldó con un fracaso casi total; su único resultado fue frenar un poco el avance de la C.T.V. y de los navarros. Finalmente, para intentar una nueva acción ofensiva, el Ejército del Ebro tuvo que ser reforzado con contingentes del Ejército del Este. Y fue otro fracaso.

La campaña de Cataluña (enero-febrero de 1939)

Los combates llevaban ya diez días. En el ejército republicano, era prácticamente imposible dar relevo a las unidades de combate. El cansancio y la sensación de impotencia se sumaban a la inferioridad material. Los aviones de combate ya ni siquiera intentaron obstaculizar las incursiones de los nacionalistas y sólo aparecieron después de la batalla; los habitantes de Barcelona los apodaron el Arco de Iris. La moral de las tropas, especialmente la de los nuevos reclutas, caía cada día. El colapso se produjo en los primeros días de enero. Mientras el ataque italiano se traduce en un avance sobre Borjas Blancas, los cuerpos nacionalistas de Aragón y Maestrazgo avanzan rápidamente en la zona de Tremp, amenazando con aislar a las fuerzas republicanas instaladas frente a Lérida. Todas las centrales de la zona de Lérida, las más importantes de España, cayeron en manos de las fuerzas de Franco. El cuartel general de Barcelona dio la orden de retirada. La línea de batalla se rompió literalmente; la ofensiva nacionalista se generalizó; los seis cuerpos de ejército se desplegaron utilizando blindaje. A partir del 6 de enero, no se trataba de reacciones ofensivas: «Sólo se trataba de defenderse», dijo Rojo. En realidad, se trataba sobre todo de saber cuánto tiempo podrían resistir los republicanos, de evitar el cerco y el aislamiento, de proteger las carreteras que conducían a la frontera pirenaica. Los nacionalistas ni siquiera necesitaron entablar una batalla de ruptura como habían hecho anteriormente: con seis cuerpos de ejército, ya eran muy superiores en número a las fuerzas reunidas por los siete cuerpos de ejército republicanos; demostraron una superioridad material cada vez más abrumadora. La artillería republicana, según Rojo, se redujo a una sexta parte de la artillería enemiga. Faltaba armamento individual: 60.000 fusiles, insuficientes para armar a todos los combatientes.

Es cierto que todavía es posible un esfuerzo; el gobierno de Barcelona lo ha intentado decidiendo movilizar a todos los hombres en edad de combatir; pero esta movilización, aunque se hubiera llevado a cabo, apenas habría cambiado la situación, ya que no hay armas que repartir. Y esta movilización masiva adquirió a menudo un aspecto absurdo: con el pretexto de llevar al frente tropas que ni siquiera sería posible utilizar, se movilizó a los bomberos de Barcelona, una ciudad que era bombardeada a diario y que sufría hasta cinco o seis alertas diarias. Entre el 20 y el 26 de enero, la vida en la ciudad estaba completamente desorganizada.

De hecho, la batalla por la ciudad estaba perdida de antemano. El Ejército del Ebro, profundamente comprometido con el sur, tuvo que abandonar el triángulo sur defendido por Tarragona para evitar el cerco; la pérdida de esta ciudad anunciaba el colapso del frente. La pérdida de Tarragona anunció el colapso del frente, y aumentó el enorme desorden al provocar el desplazamiento hacia el norte de una multitud de refugiados, que atascarían las carreteras de Cataluña. Ya se amontonaban en Barcelona, durmiendo en los andenes del metro, que servían a la vez de refugios y dormitorios.

Sin duda, los jefes militares, los comisarios y los representantes de los partidos y los sindicatos seguían pensando el 24 de enero en apoyar una larga defensa. Se ha realizado un considerable esfuerzo propagandístico. Por todas partes se desplegaron pancartas y se colocaron carteles: «Cataluña está en peligro. ¡Ganemos esta batalla y ganaremos la guerra! Para ganar esta batalla, primero hay que poder librarla. Las fuerzas encargadas de defender la plaza eran notoriamente inadecuadas. El coronel Romero apenas disponía de unos pocos miles de hombres, procedentes de batallones de retaguardia de dudosa valía o de tropas en retirada desde el inicio de la ofensiva nacionalista, de las que no se podía esperar una alta moral. Además, los guardias de asalto abandonarían el frente en la mañana del 21 de enero.

Finalmente, la población de la ciudad no estaba preparada para una verdadera resistencia. Sin mencionar a los que estaban a favor del franquismo, la gran mayoría de los habitantes estaban claramente cansados y ya no creían en la victoria que tanto habían esperado. La supervivencia se ha convertido en el principal problema de Barcelona. Todo escasea; no hay carbón ni electricidad. Las tiendas están vacías; incluso en el mercado negro hay una escasez generalizada. Las distribuciones del gobierno son demasiado bajas e irregulares. Los mercados ya no están abastecidos; el azúcar ha sido sustituido por la sacarina; apenas queda aceite. Sólo el pan no falta, excepto durante los tres días que preceden a la toma de la ciudad, pero 300 gramos de un pan gris no calman el hambre. El aspecto desolado de la ciudad, en contraste con la alegría y el colorido de los primeros días de la revolución en las Ramblas, nos permite medir la distancia recorrida. Los lugares de ocio cerraron sus puertas, primero los cabarets y los salones de baile, luego, a partir del 14 de enero, los teatros, los cines e incluso los cafés, donde la gente solía acudir a comer. Las últimas tiendas corrieron sus cortinas de hierro. Barcelona, cuarenta y ocho horas antes de la entrada del enemigo», dice Rojo, «parecía una ciudad muerta.

La última línea de defensa que protege la ciudad es la cordillera del Tibidabo. No se defendió seriamente. El día 23 se rompió el frente del Llobregat. En tres días, las negativas a obedecer y las deserciones se multiplicaron. En la mañana del 26 se produjo una derrota casi total; la heroica devoción de algunos grupos [7], que fueron masacrados en el acto, fue completamente inútil. Los distritos portuarios fueron bombardeados por la aviación, la artillería y la marina franquistas. Las tropas de Solchaga y Yagüe convergieron en la ciudad y ocuparon los cuarteles militares de las afueras. A primera hora de la tarde, los tanques llegaron al puerto. Por la tarde, toda la resistencia había cesado. La ocupación de la ciudad en sí sólo les costó a los franquistas una muerte.

Los últimos defensores de la capital se retiraron, ansiosos sobre todo de no ser invadidos por el norte. Desde el 23 de enero, el presidente Negrín y su gobierno, las embajadas y los departamentos ministeriales habían abandonado Barcelona. Sin embargo, no todo pudo ser evacuado; algunos de los archivos fueron destruidos. Y cuando los nacionalistas entraron en la ciudad, no la encontraron vacía de sus habitantes. Muchos, como el ex secretario del municipio, prefirieron esperar a los vencedores. El nuevo alcalde de la ciudad, Miguel Mateu Pla, presidente de la empresa Hispano-Suiza, podrá restablecer rápidamente los servicios esenciales. Lo más difícil sería reorganizar los suministros.

La pérdida de Barcelona no tenía una enorme importancia estratégica para los republicanos, pero la rendición incondicional de la capital de Cataluña tendría un efecto decisivo en la moral de la población de toda la zona republicana. La agonía de la República comenzó ese día.

El vuelo a la frontera

El derrumbe del frente, los rumores que circulan y que acompañan a cualquier catástrofe, han lanzado a las carreteras una multitud de refugiados que se dirigen desordenadamente hacia todos los pasos de la frontera francesa. Según Le Temps del 6 de febrero, 100.000 personas ya lo habían cruzado. Rojo calcula que todavía hay unas 100.000 personas que se apresuran a acudir a las aduanas. «Es un caos», dice. Entre la población civil que huía del avance franquista, una multitud miserable con unos pocos equipajes, se encontraban miles de soldados que habían abandonado la zona de combate; éstos aumentaron el pánico difundiendo los rumores más inverosímiles. Los hombres armados se apoderaron por la fuerza de los coches, que abandonaron en la frontera. Ya no hay orden, ni policía, sólo una gran anarquía. Es el caos de la derrota y la desesperación. ¿Y por qué no debería huir la multitud? Desde finales de enero, no pasa un día sin que se informe del paso a Francia de algunas figuras políticas, Giral, Caballero, Araquistain. Estas cosas se saben e incluso, en el pánico general, se amplifican desproporcionadamente.

Ante la masa de fugitivos, las autoridades francesas se vieron desbordadas. Al principio, dejaron entrar a los refugiados; pero muy rápidamente, se hizo imposible controlar y distribuir estas decenas de miles de fugitivos en el país. El 30 de enero, las autoridades francesas decidieron dejar de admitir por el momento a los hombres sanos y conceder asilo sólo a mujeres y niños. Los hombres que ya habían cruzado la frontera y aún no habían sido dirigidos a ningún punto del territorio fueron agrupados en un campo de concentración, en Argelès, en los Pirineos Orientales, En ese momento, esta decisión produjo un nuevo pánico entre los españoles que esperaban en los puestos de Perthus y Boulou. Algunos de los fugitivos huyeron a Cataluña, que todavía estaba libre. Otros intentaron entrar en Francia de forma clandestina, y muchos lo consiguieron, a pesar de la presencia de tropas senegalesas encargadas de la vigilancia; esta situación no hizo más que complicar la tarea de las autoridades francesas. Del 5 al 9 de febrero, la frontera volvió a estar oficialmente abierta a los soldados españoles. Rojo prometió que el paso fronterizo sería ordenado.

Y en efecto, si no se pudo evitar la estampida de ciertos elementos, hay que señalar, porque es un logro que atestigua, en medio de la anarquía general, el valor definitivo de estas tropas, que los últimos contingentes armados que cruzaron la frontera lo hicieron en buen orden; Los periodistas franceses constataron que su moral había mejorado y que no parecían una tropa derrotada. Entre ellos, 700 de los últimos internacionales, que habían permanecido en Cataluña hasta el último momento, no cruzaron la frontera hasta el 7 de febrero.

Según los acuerdos establecidos con el Estado Mayor Republicano, en cuanto los hombres cruzaron la frontera, ya no fueron considerados como soldados, sino como refugiados; fueron desarmados, sometidos a un registro sumario e inmediatamente dirigidos a los centros de reagrupación, el principal de los cuales seguía siendo Argelès. Ésta pronto resultó insuficiente para acoger a todo el mundo; hubo que crear otra, no muy lejos de allí, en Saint-Cyprien.

El material de guerra fue confiscado por el gobierno francés; si algunos dirigentes españoles habían tenido la ilusión de poder transportar este material a la zona central, se vieron obligados a afrontar los hechos: la zona central, si continuaba la lucha, lo haría con sus propias fuerzas.

En los últimos días, los líderes de la República también cruzaron la frontera. El presidente Azaña llegó a Francia la mañana del 5 de febrero, tres días antes que los últimos miembros del Gobierno y el propio Negrín. Pero ya, entre el Presidente de la República y el Jefe del Gobierno, aparecían diferencias sobre la actitud a adoptar tras la pérdida de Cataluña.

Negrín y su personal intentaron mantener cierto orden y disciplina. Pudieron pensar en mantener cierta resistencia en el extremo norte del país, alrededor de Girona y Figueras, apoyándose en la frontera francesa. Pero es difícil imaginar que un frente regular pueda ser sostenido por tropas que se desmoronan cada día. El servicio de inteligencia había dejado de funcionar; el avance de las tropas nacionalistas, si pudo ser contenido en el sector montañoso, no había cesado en la costa; el propio mando no parecía estar a la altura de las circunstancias: había tenido que ser remodelado en los últimos días: el general Jurado sustituyó a Sarabia al frente de lo que quedaba del grupo de ejército. A pesar de todos sus esfuerzos por mantener la disciplina, el Estado Mayor no pudo evitar el pánico localizado; los carabinieri y las unidades de las fuerzas de seguridad, incorporadas al ejército, habían dado la señal para la estampida. Las medidas tomadas en Figueras para tratar de reorganizar las tropas en retirada sólo fueron paliativos muy inadecuados. Los bombardeos aéreos y el temor a un desembarco nacional en la retaguardia hacían impracticable cualquier organización defensiva. Los consejos de ministros que Negrín celebraba en Figueras carecían de sentido: ¿de qué servían las decisiones que no se podían llevar a cabo? Lo que ha desaparecido o se ha vuelto inservible no es el gobierno, sino los órganos gubernamentales y ejecutivos. Las pequeñas ciudades de Figueras y Girona no pueden albergarlos, ni siquiera hay espacio para instalar oficinas; la llegada de las comitivas de coches oficiales sólo paraliza el tráfico. Muchos funcionarios de Barcelona, que ya no confiaban en el resultado de la guerra, no esperaron la orden del gobierno para cruzar la frontera. En resumen, si todavía había un gobierno, ya no había un Estado.

El 8 de febrero, el personal se trasladó a Le Perthus y el 9 Rojo cruzó a territorio francés en Le Boulou. Ese mismo día, a las 13.50 horas, las tropas de Franco llegaron a la frontera de Perthus. Las últimas tropas republicanas organizadas cruzaron a Francia los días 9 y 10 de febrero. Ya no hay ejército catalán.

La capitulación de Menorca

Al mismo tiempo, la capitulación de Menorca trajo un nuevo elemento a la palestra, la mediación inglesa.

La isla estaba completamente aislada desde que se hizo patente la superioridad marítima de la España nacionalista. El 8 de febrero, el crucero inglés Devonshire llevó a Port-Mahon a un representante de Franco, el coronel San Luis. Se produjo un primer encuentro entre el gobernador de Menorca, González Ubieta, y el capitán del Devonshire, Muirhead-Gould. Ubieta acepta preparar los términos de una rendición con el Coronel San Luis. Durante dos reuniones, a las que asistió el comandante del Devonshire, las dos partes acordaron que se preservaría la vida de los oficiales y funcionarios republicanos y que se aseguraría la evacuación de los que quisieran escapar de la dominación franquista. El Devonshire se hizo cargo de 300 hombres, 100 mujeres y 50 niños.

Sin embargo, todo estuvo a punto de fracasar en el último momento, tras un bombardeo nacionalista que tuvo lugar el 9 de febrero, después de los acuerdos de Port-Mahon. Se pensó que era una traición por parte de los nacionalistas. La base de Franco en Palma describió el bombardeo como un «error». Esto es dudoso: la base de Palma, a pesar de su mando español, estaba controlada por los italianos, que eran hostiles a cualquier acuerdo alcanzado bajo los auspicios británicos. Es cierto que la radio británica negó que el gobierno británico hubiera participado en ningún acuerdo y afirmó que el comandante de Devonshire había actuado por iniciativa propia; Jordana, por su parte, dijo al embajador alemán que no había habido ningún acuerdo anglo-español sobre Menorca. Pero estas son afirmaciones diplomáticas. Obviamente, Inglaterra no se jactaba de una intervención que podía considerarse injerencia en los asuntos españoles; y la alianza de Franco con Alemania era demasiado importante para los gobiernos de esos países como para que se disgustaran abiertamente.

Pero los acuerdos de Menorca fueron significativos: tras la caída de Cataluña, había que plantearse el fin de la guerra.

El gobierno de Negrín ante el problema de la paz

En medio de la catástrofe, surgió este problema esencial, que era un problema político. El 1 de febrero, las Cortes, o lo que quedaba de ellas, se reunieron en Figueras. Negrín contempló claramente ante ellos la posibilidad de restablecer la paz. Pero con un ejército derrotado y un Estado en decadencia, ya no era posible negociar entre partes iguales. A pesar de su moderación, los trece puntos que Negrín había convertido en su programa mínimo en el 38 estaban ya desfasados. Negrín contempla ahora sólo tres puntos como condiciones para la paz: la garantía de la independencia y la integridad nacional; la garantía de la libertad del pueblo español para elegir su destino; la garantía de que una política de autoridad pondrá fin a la persecución después de la guerra.

Es obvio que será difícil obtener satisfacción sobre el segundo punto en una negociación. Y Negrín no parece querer limitarse a la mera exposición de estas condiciones. Por primera vez, la mediación inglesa fue prevista oficialmente por el gobierno republicano. Del Vayo informó de que se había celebrado una reunión en Agullana entre el encargado de negocios británico Stevenson, el embajador francés Jules Henry, Negrín y él mismo. Durante esta reunión, Negrín explicó lo que significaban para él las tres garantías. El primero se refería a «la evacuación de todos los elementos extranjeros del territorio español»; el segundo significaba que «el pueblo español determinaría libremente su régimen político, y sin ninguna presión extranjera». Del Vayo explicó que era improbable que Franco aceptara estas dos propuestas; Negrín admitió que podrían abandonarse en el curso de las negociaciones: aunque el gobierno de Burgos las aprobara en principio, sería improbable que se respetaran después. Sólo quedaba la tercera condición, que Del Vayo expresó con esta concisa fórmula: «Sin represalias». Era difícil ser más conciliador.

Rojo parece confirmar lo que dice Del Vayo cuando habla de acabar con la guerra de la forma más digna y salvar al mayor número de personas posible. Pero ya hay una palabra en el texto de Rojo que subraya el incipiente desacuerdo entre el ejército y el presidente del Consejo; el general habla, en efecto, de una fórmula política a encontrar. Se puede considerar que aceptará preparar la capitulación eliminando a los que son un obstáculo para la paz. Negrín, en cambio, pretendía negociar de gobierno a gobierno, lo que Franco nunca aceptaría. En caso de que la negociación no prosperara, Negrín dio la orden de resistir. «¿Con qué vamos a resistir? ¿Por qué vamos a resistir?», preguntó Rojo.

Para muchos soldados, la guerra había terminado. Le Temps del 9 de febrero informaba de la elección hecha por los oficiales de la casa militar de Azaña: habían decidido unirse a la España nacionalista. El acuerdo era imposible entre los jefes militares, que eran conscientes de la derrota, y el gobierno, que seguía considerando la resistencia.

Notas

[1] El Ejército del Ebro, que debía encargarse del ataque esencial, estaba formado por los cuerpos de Lister (5º), Taguena (15º) y Vega (12º). Los contingentes del ejército del Este incluían las divisiones 27, 60 y 43.

[2] Rojo señala que sólo el 31 de julio aparecieron 200 aviones de bombardeo y 96 cazas.

[3] La 13ª División (Barrón), la 84ª (Galera), la 8ª (Delgado Serrano), la 152ª (Rada), la 4ª de Navarra (Alonso Vega), la 102ª (Castejón) y la 74ª (Arias). Alrededor de la cabeza de puente principal se agruparon las divisiones 82ª y 102ª, al mando de Delgado Serrano, la 13ª y 74ª, al mando de Barron, la 4ª y 84ª. La 105ª división mantuvo el frente hasta la desembocadura del Ebro.

[4] Esta es la cifra que dan los franquistas.

[5] Marroquíes, navarros, italianos, aragoneses, del Maestrazgo y de Urgel.

[6] Su sede está en Solsone. Comprendía los cuerpos 10, 11 y 18. El Ejército del Ebro está formado por los cuerpos 13, 15 y 24.

[7] El 125º batallón de ametralladoras, la 151ª brigada mixta.

II.10: La junta de Casado y la liquidación de la República

• El gobierno de Negrín en Francia
• El regreso del gobierno a España
• ¿Una nueva guerra civil?
• La junta de Casado
• El fracaso de las negociaciones para una paz honorable
• Notas

Como meses antes en las ciudades derrotadas de Málaga, Bilbao y Barcelona, la caída de Cataluña despertó la oposición, el odio y los celos. Los partidarios de la resistencia y de la capitulación se enfrentaron. Se pelean por los medios para huir. Se acusan mutuamente de querer masacres inútiles o de buscar la traición. Los oficiales republicanos esperan que los del bando contrario les muestren cierta indulgencia y piensen en las posibilidades de una capitulación honorable. Los agentes de los extranjeros, los de la quinta columna intrigan. Por fin comienza la lucha entre los que todavía hablan de resistencia y los que quieren la paz inmediata.

Ningún período de la guerra civil ha producido una literatura más abundante y más discutible, memorias, acusaciones, polémicas y alegatos. Paradójicamente, la labor del historiador se ve complicada por la abundancia de material que, obviamente, está destinado a él. Muchos testigos parecen estar pensando sobre todo en salvar sus vidas y sus futuras carreras políticas.

El gobierno de Negrín en Francia

A partir de ahora, el destino del territorio republicano no se discutió en España, sino en Francia, en el consulado español de Toulouse, donde el gobierno de Negrín había encontrado asilo tras la derrota en Cataluña. El presidente Azaña, al igual que su entorno, ya no creía que la lucha pudiera prolongarse, y Negrín intentó en vano convencerle de que su deber era volver a España con él. La ausencia del gobierno fue un factor desmoralizador importante. Y estas interminables conciliaciones acentuaron la convicción en la zona republicana de que todo estaba perdido. De hecho, la situación se agravaba día a día; los incesantes bombardeos aterrorizaban a las poblaciones urbanas; las dificultades de abastecimiento se volvían trágicas. Muchas personas buscan desesperadamente la manera de salir de la trampa de la zona Centro-Sur. El problema de la evacuación estaba en la agenda del gobierno; Negrín le dedicó parte de su tiempo en Toulouse. México ofreció acoger a 30.000 familias. Lord Halifax promete ayuda británica para evacuar a los refugiados amenazados. La empresa Midatlantic firma un contrato de alquiler de las 150.000 toneladas de su flota de transporte. Dos comisiones gubernamentales trabajaron continuamente en ambos aspectos del problema: los medios de transporte y las personas que debían ser evacuadas.

Sin embargo, no es la evacuación lo que el gobierno de Negrín considera la tarea más urgente. En las dramáticas reuniones del gabinete en Toulouse, el presidente, Del Vayo y los comunistas hicieron prevalecer su punto de vista: con o sin Azaña, el gobierno volvería a España para dirigir la «resistencia al exceso». ¿Por qué esta decisión?

Sin duda, según Segundo Blanco, «el Gobierno hace lo que puede, ni más ni menos». Franco, de hecho, no quería negociar con él. Se negó a negociar sobre la base de los tres puntos de Negrín. Lo único que queda por hacer es resistir. Sólo esto puede hacer que los nacionalistas moderen sus exigencias y lleguen a un acuerdo, como desean firmemente los británicos. La resistencia era la única forma de evitar la rendición incondicional. Esto es lo que intenta demostrar Álvarez del Vayo. Para él, Negrín y sus amigos obviamente ya no creían en una victoria militar en un futuro próximo, sino que creían que las fuerzas armadas de la zona centro-sur eran suficientes para prolongar la resistencia durante unos meses; incluso si caía Madrid, las tropas republicanas podrían resistir durante mucho tiempo en el sector montañoso del sureste. Ahora, según ellos, la guerra, desde Munich, es inevitable en Europa. Todavía podría salvar a la República dándole aliados.

Suponiendo que esta tesis sea correcta [1], queda lo más difícil: convencer a los propios españoles de la posibilidad y necesidad de la resistencia. Los ministros presentes en Toulouse aceptaron regresar, excepto Giral. Pero Azaña se quedó en París, respondiendo a Álvarez del Vayo: «Nadie cree en nuestra capacidad de resistencia y los que menos creen en ella son nuestros propios generales. Dimitió el 2 de marzo. Su sucesor «legítimo», Martínez Barrio, presidente de las Cortes, tampoco dio a Negrín la garantía legal de la presidencia y se negó a volver a España.

El regreso del gobierno a España

Nada más llegar al aeródromo de Los Llanos, Negrín convocó una reunión con los jefes militares. Esta conferencia le hizo darse cuenta de las dificultades de la misión que se había propuesto. Tras su presentación, todos los jefes militares, a excepción de Miaja, declararon que la resistencia ya no era posible; era necesario negociar para evitar el desastre. Además de la desmoralización de la retaguardia y de los soldados, Negrín vio un nuevo obstáculo a su política, el derrotismo de los jefes del ejército, expresado durante varias semanas a través de las iniciativas políticas del jefe del ejército del Centro, el coronel Casado.

Oficial republicano de larga data y ex comandante de la guardia presidencial, Casado es uno de los soldados profesionales que componían el personal de Largo Caballero. Se le consideraba un hombre de izquierdas, tenía relaciones con algunos socialistas y anarquistas, pero seguía siendo un oficial, convencido de la importancia de su «misión como soldado», convencido de que era «respetado en el campo enemigo» [2]. Era muy hostil al partido comunista y consideraba que era «el exceso de mandos comunistas» lo que había llevado a las democracias occidentales a abandonar la República. Como militar, consideraba imposible la resistencia. Sin embargo, Franco no negociaría mientras Negrín, Del Vayo y los comunistas dominaran la República. Había que eliminarlos para conseguir una paz honorable [3]. Casado estaba convencido de que los partidarios de la negociación contarían con el apoyo británico una vez desaparecida la influencia comunista. Era necesario, le dijo a Negrín, conseguir el regreso de Azaña y formar un nuevo gobierno de republicanos y socialistas, excluyendo al PC.

De hecho, para entonces ya llevaba varias semanas haciendo contactos políticos con vistas a derrocar al gobierno. Entre los anarquistas, se le relacionó con Cipriano Mera [4], que mandaba un cuerpo de ejército bajo su mando, y con García Pradas, cuya hostilidad al PC nunca había sido negada. Es cierto que la C.N.T. siguió apoyando a Negrín, cuyo portavoz Segundo Blanco estaba dentro del movimiento libertario. Pero la hostilidad de la F.A.I. se impuso en una reunión del comité de enlace C.N.T.-F.A.I.-Juventud Liberal, que el 25 de febrero pidió la formación de «un nuevo gobierno o una Junta de Defensa». Entre los socialistas, el amigo de Caballero, Wenceslao Carrillo, también conocía los planes del coronel y los aprobaba. Reunió a sus amigos en Madrid para intentar arrebatar el liderazgo del P.S. y de la U.G.T. a los partidarios de Negrín que habían permanecido cerca de él en Francia; tras su regreso, multiplicó sus ataques contra González Peña. Otro socialista vino a apoyar el movimiento casadista: Julián Besteiro no era ni un militante ni un hombre de acción, sino la encarnación del socialismo republicano, clasificado en la extrema derecha del partido socialista, este académico no había desempeñado ningún papel importante desde el inicio de la guerra. Se le consideraba un hombre de compromiso ya que Azaña le había pedido que buscara en Londres las bases para una mediación inglesa. Era una personalidad «bien considerada» en Londres y París.

Por último, Casado se puso ciertamente en contacto con diplomáticos extranjeros, especialmente británicos. Domínguez dice [5] que estuvo en contacto frecuente con Cowan, quien se dice que fue el verdadero instigador del complot, llegando a aconsejar al coronel en la elección de sus colaboradores. Hidalgo de Cisneros contó a Del Vayo que el coronel le habló en voz baja de las promesas inglesas [6]…

El gobierno de Negrín es consciente de la situación y de los peligros que conlleva. Intenta convencer o intimidar a sus oponentes visiblemente indecisos. Detrás de Negrín está el considerable poder del PC, sus unidades militares, su policía paralela. Pero los anarquistas quieren extraer concesiones de Negrín, para convencerle de que comparta ciertas responsabilidades con ellos. Según ellos, el gobierno que reside «en algún lugar de la zona republicana» se reduce de hecho al triunvirato Negrín-Del Vayo-Uribe. Consideraron que el nombramiento del jefe del S.I.M., Garcés, como jefe de la comisión que debía seleccionar a las personas que debían ser evacuadas, era una provocación por su parte; insistieron en que la dirección de las operaciones de evacuación no debía quedar «en manos de Negrín y Vayo», y expresaron el temor de que los altos cargos fueran evacuados primero. El 3 de marzo aún mantenían la esperanza de participar en la organización de la evacuación y propusieron a uno de los suyos, González Entrialgo, para el imprescindible puesto de comandante de la base naval de Cartagena. En repetidas ocasiones le dijeron a Negrín que no podían permitir que el poder comunista aumentara mediante la asignación de nuevos mandos. Sin embargo, el 2 de marzo, Negrín hizo su elección y el Consejo de Ministros ratificó una serie de ascensos y traslados en el alto mando. Casado fue nombrado general, pero fue sustituido al frente del Ejército del Centro por el comunista Modeste, también ascendido a general. Miaja [7] recibió una jubilación honorífica con el título de inspector general del ejército; la creación de «unidades móviles de choque», destinadas a renovar los métodos de combate, fue acompañada de ascensos de oficiales comunistas: Lister, Galán y Márquez fueron nombrados coroneles. Finalmente, fueron los comunistas los que recibieron el mando de los puertos, Vega en Alicante, Tagueña en Murcia y, sobre todo, Francisco «Paco» Galán en Cartagena, un puesto codiciado entre todos los demás, que le dio el mando sobre lo que quedaba de la flota.

A los que le acusaron de haber dado un verdadero golpe de Estado y de haber entregado el poder a los comunistas, Negrín respondió que, puesto que el gobierno había decidido la resistencia, era su deber colocar a los partidarios de la resistencia en puestos de mando. La preponderancia de los comunistas es sólo un reflejo de su total adhesión a la política de Negrín. Pero para los opositores al gobierno, las medidas adoptadas sólo tenían un significado: el partido comunista tenía ahora el control exclusivo de la evacuación y el poder único.

¿Una nueva guerra civil?

Las remodelaciones del gobierno no fueron bien recibidas. No sólo los técnicos militares, sino también los cuadros del partido y de los sindicatos y gran parte de la población vieron en ello la toma de posesión de un partido cuyo comportamiento había suscitado muchos odios y resentimientos. Fue una oportunidad inesperada para los conspiradores, que demostraron así su oposición tanto a un golpe de Estado comunista como a la prolongación inútil de la guerra, sus masacres y su miseria. La creciente irritación contra este gobierno de los vencidos después de tres años de guerra civil, provocará una explosión de ira contra Negrín.

Los anarquistas y los socialistas de izquierda que tuvieron que renunciar a sus ambiciones revolucionarias se vengaron finalmente del «partido del orden». Los altos funcionarios y los oficiales de carrera se apresuraron a aprovechar la oportunidad de una paz «honorable». Querían un compromiso en el que Franco reconociera su posición en la jerarquía social. Los líderes de los partidos y los sindicatos querían tener la seguridad de que podrían salir del país. La masa de la población, que ya no creía en nada, se volvió contra los que querían acumular ahora sufrimientos inútiles, contra los privilegiados del nuevo poder; no tenía más que un deseo, terminar la guerra lo más rápidamente posible; esperaba vagamente que Franco se mostrara tanto más inclinado a la clemencia si los comunistas habían sido eliminados. Los agentes de Franco, cada día más numerosos, agitan la discordia.

Fue en Cartagena donde estallaron los primeros problemas, en total confusión. El almirante Buiza ya había informado a Negrín de que la flota abandonaría el país si no se decidía a negociar. A pesar de un viaje especial de Paulino Gómez, el Ministro del Interior, para preparar el terreno, el nombramiento de Galán desató el fuego. Una parte de la guarnición se levantó bajo el liderazgo del jefe de artillería, el coronel Armentia, y se opuso a la instalación del nuevo comandante. Los falangistas, mezclados con los insurgentes, se apoderaron de la radio y difundieron noticias falsas. La flota zarpó para evitar caer en sus manos. Sin embargo, la insurrección fracasa. El coronel Armentia, después de haber dudado durante mucho tiempo, se rindió y luego se suicidó. La 10ª división, al mando del comunista Frutos, marcha sobre Cartagena; en pocas horas, al frente de la 11ª brigada, el comunista Rodríguez ha roto la insurrección. Pero la flota no regresó, decidiendo finalmente, por orden del Almirantazgo francés, dirigirse a Bizerta, donde las tripulaciones fueron internadas: así desapareció uno de los medios de evacuación. El gobierno parece haber entrado en pánico: Hernández, el comisario general, habría dirigido la respuesta por iniciativa propia.

En Madrid, sin embargo, la situación empeoró de repente. Casado se decidió: advertido por Gómez Ossorio, gobernador de Madrid, del contenido de los decretos, se puso inmediatamente en contacto con los partidos para formar una Comisión de Defensa en la que él mismo representaría a los militares. Menéndez, en el Levante, coincidió con él, al igual que Matallana. Miaja se unió al movimiento y aportó su prestigio. García Pradas redactó el manifiesto de los rebeldes. Pedrero, del S.I.M., y el socialista Girauta, director de la Sûreté, forman parte de la trama. Mera aportó el IV Cuerpo y el socialista Francisco Castro una brigada de carabineros. Casi todos los oficiales de Asaltos se reunieron.

La junta de Casado

Reunidos en los sótanos del Ministerio de Finanzas, los conspiradores pasaron la noche del día 5 esperando el golpe. La 70ª brigada, comandada por el anarquista Bernahe López, ocupó los puntos estratégicos de la capital. Cuando sus hombres han completado su movimiento, la radio lanza la proclamación de la Junta. Besteiro habla primero para pedir al gobierno de Negrín que se retire: «El ejército de la República, con indiscutible autoridad, toma en sus manos la solución de un gravísimo problema, esencialmente militar.» Criticando la política de Negrín, le acusa de buscar sólo ganar tiempo, con «la morbosa creencia de que la creciente complicación de los acontecimientos internacionales conducirá a una catástrofe de proporciones universales». Pidió a todos los españoles que apoyaran «al gobierno legítimo de la República, que por el momento no es otro que el ejército». A su vez, Casado se dirige a los españoles «más allá de las trincheras». Ofrece una opción: «O la paz para España o la lucha a muerte». Mera dice que la «misión» de la Junta es conseguir «una paz honorable, basada en la justicia y la fraternidad». Entonces se anunció la composición de la Junta: el general Miaja la presidía, Besteiro era consejero de Asuntos Exteriores, Casado de Defensa, Carrillo de Gobernación, Eduardo Val de Comunicaciones: otro anarquista, González Marín, superviviente de la Junta del 37, Antonio Pérez de la U.G.T., y los republicanos San Andrés y José del Río completaban la formación, de la que fue nombrado secretario el «sindicalista» Sánchez Requena. Se incluyeron todos los sindicatos y partidos del Frente Popular, excepto el P.C.

El gobierno de Negrín, que se encontraba en Elda, totalmente aislado, protegido por un destacamento de 80 soldados dirigidos por oficiales comunistas, inició el día 5 una discusión que duraría hasta la noche del día 6. Sobre el papel, todavía disponía de medios considerables: tres de los cuatro cuerpos de ejército del Centro estaban comandados por comunistas: Barceló, Bueno y Ortega. Asimismo, en Levante, disponía de tres cuerpos para oponerse a Menéndez, en Extremadura de tres divisiones, y en todas las unidades, de oficiales comunistas. A pesar de ello, Negrín no intentó resistirse; hizo un solemne llamamiento a Casado para evitar el derramamiento de sangre y se ofreció a nombrar delegados para «resolver todas las diferencias». Casado respondió amenazando con hacer fusilar a todos los miembros del Gobierno si el general Matallana, retenido en Elda, no era liberado en tres horas. Al mismo tiempo que los oficiales comunistas se alzaban en armas en Madrid contra la Junta, el gobierno abandonaba España. Negrín y Del Vayo vuelan a Francia. Con ellos se fueron los dirigentes comunistas, los políticos como la Pasionaria y Uribe, los militares como Lister, Modesto, Hidalgo de Cisneros, Núñez Maza. Pero la huida del gobierno no impidió el derramamiento de sangre que parecía querer evitar.

En Madrid, el comandante Ascanio, al frente del II Cuerpo (había sustituido a Bueno, que estaba enfermo), se comprometió a cortar la capital del resto de la zona republicana por el norte. Comenzó entonces una lucha triangular, en la que los franquistas se aprovecharon de la situación, los comunistas y los casadistas se acusaron mutuamente, y parece que con razón, de abandonar el frente para ajustar sus cuentas.

El día 7, Barceló tomó el cuartel general de Casado, donde fue atacado por Mera. El día 10, el coronel Ortega, sospechoso a ojos de la Junta, se rindió a las tropas de Casado. Tras su mediación, comenzaron las negociaciones entre el PP, representado por Diéguez, y Casado. El PC exigió que se garantizara la libertad de sus militantes y de su prensa, y la entrada de un comunista en la Junta. Casado aceptó en principio no tomar represalias, pero mandó fusilar al teniente coronel Barceló [8] y al comisario comunista Conesu, a quienes culpó de la ejecución, tras la toma de su cuartel general, de varios oficiales, entre ellos los coroneles Gazolo y Otero. El día 12, una octavilla del PC llamaba a poner fin a los combates fratricidas: «No sólo abandonamos toda resistencia al poder constituido, sino que los comunistas, en el frente, en la retaguardia, en sus puestos de trabajo y en la lucha, seguirán dando el ejemplo de su abnegación y su sacrificio, de su heroísmo y su disciplina.

Esa semana de guerra civil dejó 2.000 muertos. Sin embargo, los únicos combates reales tuvieron lugar en los alrededores de Madrid. En Levante, las tropas leales a Menéndez tuvieron algunas escaramuzas con las tropas acorazadas del comandante Sendín, que estaban dispuestas a cortar las comunicaciones con Madrid. Pero la 45ª División, bajo órdenes de la Junta, ocupó los locales del PC y detuvo a sus dirigentes. El republicano Julio Just negoció el acuerdo entre casadistas y comunistas. En Extremadura, los comunistas Teral y Martínez Cartón se quedaron mirando; los únicos incidentes graves tuvieron lugar en Ciudal Real, donde el gobernador Antona disparó un cañón contra un edificio del PC e hizo detener a Mangada, a pesar de su pertenencia a la Junta.

En resumen, no hay pruebas de que el PC quiera deshacerse de la junta de Casado. Sólo las unidades comandadas por Ascanio atacaron a las tropas casadistas. En otros lugares, los cuerpos dirigidos por los comunistas se contentaron con defenderse. Las iniciativas de Castro Delgado y Jesús Hernández en Valencia no surtieron efecto. La salida del cuartel general comunista el 6 de marzo demostró que el PC se había rendido y que también consideraba inevitable la derrota. Togliatti, Checa y Claudin, de la J.S.U., que permanecieron en España después del día 6, fueron detenidos y luego liberados por orden del general Hernández Sarabia. Parece que no tenían otra misión que asegurar la evacuación de los cuadros; un grupo de unos cincuenta militantes despegó el 25 de marzo de un pequeño aeródromo cercano a Cartagena [9].

El fracaso de las negociaciones para una paz honorable

Esta «guerra civil» había tenido al menos un resultado, el de comprometer definitivamente la consecución del objetivo común a ambas partes: los amigos de Negrín pudieron señalar que la Junta de Casado sólo había asumido la política del Presidente, menos las posibilidades de conseguirla, ya que había renunciado al chantaje de prolongar los combates. Los partidarios de Casado replicarían que fue el levantamiento comunista el que asestó un golpe mortal a las escasas posibilidades de resistencia. En cualquier caso, es un hecho que ya no es posible.

En cualquier caso, con las luchas internas resueltas, la Junta tiene vía libre para negociar. Propone hacerlo sobre las siguientes bases:

Afirmación de la integridad y la soberanía nacionales.
Respeto a todos los combatientes cuyos motivos eran «sinceros» y «honorables».

Garantizar que no habrá represalias fuera de los juicios ordinarios y que los delitos políticos se distinguirán de los de derecho común.
El respeto a la vida y a la libertad de los soldados y comisarios de la milicia que no hayan cometido ningún acto delictivo.

Respeto por la vida, la libertad y la carrera de los soldados profesionales.
Las mismas garantías para los funcionarios.
Veinticinco días de gracia para quien quiera salir libremente de España.
No hay soldados italianos ni marroquíes en la antigua zona republicana.
No cabe duda de que se trata de reclamaciones exorbitantes en las circunstancias en que se hacen. La parte más fuerte del documento es la exigencia de una garantía para los militares y funcionarios: se trata de sellar así, por encima de los combates, la reconciliación entre adversarios de la misma clase. Pero, en general, la Junta sólo pudo ir de desilusión en desilusión. Quiere negociaciones: Franco quiere una capitulación. Quería un tratado: Franco no quiso firmar nada. Y esta fue la primera afrenta: el plenipotenciario de Franco era un oficial «republicano» del ejército del Centro, subordinado de Casado (que pensó por un momento en mandarlo a fusilar), el coronel Cendaños; conocía el texto del memorándum antes de que Casado se lo entregara… Segunda afrenta: Franco se negó a negociar con Casado y Matallana; sólo preveía la rendición y exigía a los oficiales de menor rango que trataran con él. Casado se inclinó y nombró a dos oficiales de estado mayor, el comandante Leopoldo Ortega y el teniente coronel Antonio Garijo, que habían estado adscritos a Miaja durante muchos años (pero a quienes Franco recompensaría más tarde «por los servicios prestados» a la causa nacional). 23 de marzo: los dos plenipotenciarios están en Burgos. Sus propuestas ni siquiera se discutieron. Franco quería que la fuerza aérea se rindiera el 25 y el resto del ejército el 27. Sus representantes, los coroneles Ungria, director de seguridad, y Vittoria, hicieron algunas promesas verbales: aplicación del código de justicia, ausencia de represalias «políticas», posibilidad de que algunos abandonen el país.

Las reacciones de la Junta fueron violentas: Carrillo dice que los republicanos no pueden aceptar nada si no hay un texto escrito. Bestelro replicó: «No he venido aquí para continuar la guerra. Y Carrillo: «Tampoco he venido a traicionar».

El día 25, Ortega y Garijo, de vuelta en Burgos, esperaban convencer a sus interlocutores de que la Junta no podía ir más allá. Pero una orden de Franco interrumpió las negociaciones: la fuerza aérea no se había rendido como él había pedido. La Junta estaba desesperada; algunos anarquistas querían resistir; los militares se oponían. Casado creía que podía evacuar Madrid en tres días. El día 26, la Junta anunció a Franco que la fuerza aérea se rendiría el 27 y pidió que se fijara una fecha para la rendición. La lacónica respuesta de Franco no admitía réplica: las tropas nacionalistas iban a atacar; las tropas republicanas tendrían que desplegar «la bandera blanca», realizar una «rendición espontánea», siguiendo en lo posible «las instrucciones dadas» por los enviados nacionales; los soldados se agruparían en brigadas tras abandonar las armas…

Para este tipo de capitulación, no es necesario un gobierno. La Junta, además, ya no es un gobierno. El Estado republicano se había disuelto: no se había encontrado ningún policía que obedeciera la orden de detener en Madrid al falangista Valdés, que había sido liberado a principios de marzo. En las horas siguientes, los concejales sólo tuvieron que intentar llevar a cabo la evacuación de la forma más rápida y completa posible. «Nuestra preocupación», declaró la Junta en la noche del 26 al 27, fue «la evacuación de los ciudadanos de la zona republicana que deben salir». Se pidió a los gobernadores que dieran salvoconductos a todos los ciudadanos amenazados. La Junta pide barcos en el extranjero, especialmente en Londres y París.

Pero la descomposición estaba demasiado avanzada para poder realizar esta última operación. Los barcos retenidos por Negrín no vinieron, bajo el pretexto de que no habían sido pagados por adelantado, y el Midatlantic entregó su contrato a Burgos. Londres y París no hicieron nada. Mientras 45.000 personas se agolpan en Alicante, sólo saldrá un barco francés con 40 pasajeros.

Ya no hay ejército ni autoridad. Del 27 al 30 de marzo, se produjo una loca carrera hacia el mar de todos los que se habían quedado hasta el último momento para intentar escapar del enemigo.

La Junta celebró su última reunión en la noche del 27: todo había terminado. Carrillo y otros consejeros partieron hacia Valencia durante la noche. Casado, que quería dirigir la evacuación de Madrid durante los días siguientes, se adelantó finalmente en avión. Bandas de jóvenes llevaban insignias nacionalistas y coreaban el nombre de Franco en las calles. La autoridad que quedaba en la España republicana se esforzó por asegurar el traspaso pacífico del poder: en Valencia, por ejemplo, los concejales se ocuparon de un representante de la quinta columna. Casado anunció este acuerdo por radio en un intento de conseguir la calma. El 29 por la noche, el general Miaja abandonó España. Casado y el resto de asesores que le rodeaban ocuparon sus puestos, tras largas discusiones, en el buque de guerra británico Galatea. Los nacionalistas no intentaron detenerlos. Pero detuvieron a Besteiro, que se había quedado en Madrid, y a Sánchez Requena, en Valencia. Aquí y allá, algunos cientos de combatientes murieron o dieron su vida. Cientos de miles de personas abandonaron el frente, pero la mayoría fue finalmente tomada. El dominio de Franco se extiende a toda España. La Guerra Civil ha terminado.

Notas

[1] El razonamiento de Negrín y Álvarez del Vayo parece justificado a posteriori por el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. En febrero, sin embargo, sólo se apoya en frágiles hipótesis. Incluso en caso de guerra, no había pruebas de que los países occidentales pudieran o incluso quisieran proporcionar una ayuda real a la República. Además, los dirigentes españoles contaban con que la URSS estaría en el campo «democrático»: el pacto germano-soviético habría arruinado estas esperanzas. La coyuntura internacional que Negrín y Del Vayo esperaban que les salvara no se materializó hasta 1942. Para seguir a Del Vayo, habría que admitir que la República hubiera podido resistir, o que los comunistas españoles, a diferencia de todos los demás, hubieran aceptado, de 1939 a 1942, unirse al campo de las «democracias» sin tener en cuenta el Pacto…

[2] Casado, Los últimos días de Madrid.

[3] «Negrín terminó diciendo que había fracasado en sus esfuerzos por la paz y que, por lo tanto, no había nada que hacer más que resistir. No se le ocurrió decirnos que, al haber fracasado, había decidido dimitir para que se formara un gobierno que pudiera conseguir lo que él no había conseguido. (Los últimos días de Madrid, p. 119.)

[4] El 16 de febrero ya se había celebrado en Madrid una reunión del Comité de Enlace dedicada al asunto Mera, y sus compañeros le reprocharon que se vinculara a Casado, que se arriesgara a una «acción precipitada» o a un «paso en falso» (Peirats, op. cit. T. III p. 358).

[5] Domínguez, Los vencedores de Negrín.

[6] Álvarez del Vayo, La guerra empezo . , p. 307.

[7] Este último acababa de revelarse como partidario de la negociación.

[8] Eduardo Barceló Llacuri, oficial de carrera, formaba parte del núcleo de oficiales de los gabinetes ministeriales que trabajaban en agosto del 36 en el Ministerio de la Guerra. Fue el comandante de las tropas frente al Alcázar, y más tarde fue uno de los líderes del 5º Regimiento. Los comunistas no son los únicos que lo presentan como un hombre honesto. Peirats recuerda, sin embargo, que como comandante de la 14ª brigada Fue acusado por el comandante de la división del asesinato de dos de sus soldados. Fue acusado de estos hechos y encarcelado en Barcelona, pero fue liberado por la intervención de Cordón.

[9] Castro y Hernández parecen haber luchado en su momento contra la actitud de rendición de su dirección y en particular contra la huida de la Pasionaria. Esto nunca se discutió en Moscú: ellos tenían el apoyo de José Díaz, pero la Pasionaria tenía el de Stalin. Ambas partes testifican que los comunistas esperaban el movimiento de Casado y estaban preparados para ello. Según Hernández, Togliatti pensó que el levantamiento sería sofocado en media hora. Dieguez, según Vanni, dijo que los comunistas podrían haber aplastado a la Junta y afirmó que la orden de liquidación final fue presentada el 12 de marzo por Rita Montagnana, la esposa de Togliatti. En cualquier caso, parece que la URSS no tenía ningún interés en que se prolongara una batalla perdida, que dificultaba su ya tímido acercamiento a Alemania, y que el PC, Parece que a la URSS no le interesaba prolongar una batalla perdida que obstaculizaba su ya tímido acercamiento a Alemania, y que el PC, que en realidad era partidario de detener la guerra, tenía la habilidad de utilizar, sin provocar, la reacción espontánea de los comunistas madrileños; es posible pensar, sin embargo, que a la dirección del Partido también le preocupaba no «arriesgarse a perder» dirigentes -como escribe modestamente Ferrara, biógrafo de Togliatti-.

II.11: Epílogo

• Exilio
• España después de la guerra

Es imposible dar el número exacto de refugiados que salieron de la zona central en la segunda quincena de marzo hacia Francia y el norte de África. En su acusación a Casado, Álvarez del Vayo dice que sólo salieron 2.000, cuando deberían haber podido hacerlo 30.000, pero su argumento se basa en el supuesto de que el gobierno de Negrín tenía mayor autoridad que la Junta de Casado, lo cual es dudoso. La ayuda que necesitaban los republicanos debería haber sido rápida y masiva; los gobiernos británico y francés no respondieron como se esperaba a los llamamientos de Madrid. El gobierno francés en particular, que ya había acogido a los refugiados vascos y catalanes, se mostraba ahora muy reacio: pocos barcos franceses se rendirían al llamamiento de los republicanos; muchos hombres tendrían que huir en el último momento utilizando medios improvisados.

Exilio

Para todos estos refugiados, comienza el terrible calvario del exilio. En el norte de África y en Francia, fueron internados en campos donde experimentaron condiciones materiales y morales muy duras mientras esperaban ser acogidos por un país extranjero o que se les permitiera permanecer en Francia. Sin entusiasmo y sin elegancia, las autoridades francesas concedieron, sin embargo, el asilo que pedían los republicanos derrotados. No discriminaron políticamente. Pero la guerra de 1939 devolvió a una buena parte de estos refugiados a los campos. Y el gobierno de Pétain aceptó entregarlos a Alemania: varios miles de españoles [1] fueron deportados a los «campos de exterminio». Otros, muchos de ellos, especialmente en el suroeste, participaron en la resistencia de los «maquisards» franceses.

Estados Unidos, cuya población condenaba mayoritariamente el franquismo, aceptó sin embargo un contingente muy reducido de refugiados.

Por su parte, la URSS reservó una dolorosa decepción a sus partidarios españoles. Es cierto que el Gobierno ruso aceptó acoger a un gran número de ellos, pero mientras ofrecía a algunos de los dirigentes del PC español unas condiciones de vida privilegiadas, los demás, colocados en unas condiciones de vida nuevas, en un país ajeno en lengua y espíritu, iban a encontrarse en grandes dificultades. No sólo no encontraron en la Rusia del 39 el paraíso prometido por sus dirigentes, sino que a menudo se vieron dispersados, aislados y sometidos a condiciones de trabajo aún más difíciles por el clima, difícil de soportar para los mediterráneos. Los testimonios que tenemos sobre su destino pueden ser sospechosos de parcialidad, ya que proceden de antiguos comunistas que rompieron con su partido; sin embargo, nos hacen comprender el desencanto que, para algunos, se convirtió en hostilidad sistemática y dio nuevo pábulo a las rencillas del exilio.

Estas recepciones difíciles, interesadas o malintencionadas, no hacen más que poner de manifiesto la buena voluntad y la generosidad del gobierno mexicano, que abrió libremente sus fronteras a todos los que deseaban encontrar refugio en el país[2].

Con el exilio llega la era de la controversia. Por supuesto, los partidos republicanos hace tiempo que dejaron de intentar ocultar sus desacuerdos. Al menos pretendieron, mientras duró la guerra, creer en la unidad en la lucha contra un adversario común, el franquismo. Con la derrota, este vínculo desapareció. Por el contrario, los políticos y los militares se encontraron ante un desastre que tuvieron que explicar. Era el momento de las justificaciones. La censura y el deseo de evitar que el adversario explotara las disensiones en el campo republicano habían ocultado muchas diferencias al público en general; pero la derrota hizo desaparecer tales escrúpulos y las discusiones se volvieron agrias entre los aliados de la víspera dentro de los propios partidos, que experimentaron escisiones más o menos profundas, más o menos duraderas en la emigración.

Las rencillas entre los emigrantes fueron siempre dolorosas; al menos aquí se explicaban por la persistencia de las ilusiones sobre las «democracias» entre la mayoría de los dirigentes políticos en el exilio, y la esperanza albergada durante años de que el régimen de Franco se derrumbara desde el exterior. Por supuesto, ni la actividad política de los «gobiernos en el exilio», ni siquiera las guerrillas que continuaron o aparecieron varios años después del final de la guerra civil, justificaban su confianza en el «futuro de la emigración»; pero todos sabían que, tras la guerra mundial, las potencias occidentales podían, si lo deseaban, derrocar a Franco, para quien la victoria militar sólo había sido el principio de graves dificultades económicas y políticas…

España después de la guerra

En cualquier caso, en marzo de 1939, todo lo que quedaba de la zona republicana fue ocupado en ocho días. Franco había anunciado una ofensiva para el 26 de marzo, pero ya no tenía una fuerza organizada al frente. Ya no era una batalla, sino una simple ocupación de posiciones abandonadas. Los nacionalistas podrían haber entrado en Madrid inmediatamente. Esperaron unas horas para dar más solemnidad a la toma de posesión de la ciudad. Fue en Madrid, símbolo de la resistencia republicana y capital recuperada de España, donde tuvo lugar el desfile de la victoria en la Avenida de la Castellana. Se rinde homenaje a los aliados italianos y alemanes, cuyas tropas se colocan a la cabeza del desfile. En todos los demás lugares la ocupación continuó sin dificultad, entre vítores y ceremonias religiosas.

El Caudillo no hizo los gestos de reconciliación que algunos en el campo contrario esperaban de él: la represión no cesó con su victoria. Por el contrario, la aplicación de la ley de responsabilidad política y la instalación de consejos de guerra en toda la antigua zona republicana reforzaron las medidas de reacción. Las detenciones y condenas se multiplicaron. Fue, según Ciano, «una purga seria y muy rigurosa». El moderantismo no se consideró un atenuante; el propio Besteiro, que había querido librar a España de esta violencia, fue condenado a treinta años de cárcel [3]. Decenas de miles de presos darían testimonio del poder del Nuevo Estado a lo largo de los años. El ejército, la policía y las milicias falangistas aseguraron la estabilidad de un régimen «fuerte». Se inculcó a todos el odio a la «revolución roja» e incluso a un sistema liberal condenado por la Iglesia. Si algunos falangistas todavía esperan que un día triunfe el régimen nacionalsocialista, lo que tal vez significaría un progreso social, si algunos «liberales», por hostilidad al régimen, llegan a desear el advenimiento de la monarquía, que todo indica que conservaría un carácter absolutista, los verdaderos ganadores -y esto está cada día más claro- son el Ejército y la Iglesia. La Acción Católica pronto recuperó todo su poder: después de haberse contentado con apoyar el sistema desde fuera, aceptó participar en el gobierno. Es cierto que se habló repetidamente de liberalizar el régimen, que las fronteras se abrieron más libremente, que algunos exiliados políticos pudieron regresar. Pero, en esencia, el sistema no cambia. Pues este régimen, nacido del más puro conservadurismo político, no ha sido capaz de resolver sus problemas económicos.

Endeudada y empobrecida, España perdió parte del ganado que la había enriquecido durante la guerra. En comparación con las cifras de 1935, en 1939 sólo había un 60% de caballos, un 72% de mulos y un 73% de bovinos. En cuanto a los cultivos, el descenso de la producción, calculado en los mismos años, es de aproximadamente un 30% en el caso del trigo, un 35% en el de la cebada, el tabaco y las aceitunas [4], y un 65% en el de la remolacha; si la producción de maíz ha aumentado, es porque ha sido un año excepcionalmente bueno. En la producción esencial, el descenso es evidente y se corresponde con una disminución de las superficies cultivadas [5]. A pesar del esfuerzo realizado por ambas partes en favor de la industria, la producción también ha disminuido, especialmente en el sector textil. Incluso la producción minera cayó en el caso del hierro, el cobre, el plomo y el zinc [6]. La aparente prosperidad de la España nacionalista se esfumó cuando el gobierno de Franco tuvo que hacerse cargo de las regiones superpobladas y mal abastecidas de Barcelona, Madrid y Levante. En cuanto cayó Barcelona, comenzaron las dificultades de abastecimiento: el pan blanco de los años de guerra fue sustituido por el pan gris.

España tendría que abastecerse parcialmente en el exterior. Pero, ¿cómo viviría este país agrícola? Así que el régimen de Franco pretendía practicar la autarquía, como la URSS o Alemania. Sin embargo, lo que es posible, con grandes sacrificios, para las grandes potencias no es posible en el siglo XX para un país subdesarrollado como España.

A pesar de las privaciones impuestas, del mantenimiento de un nivel de vida extremadamente bajo, de la intensa propaganda sobre la «patria española» y el Imperio Ibérico, el gobierno del general Franco pronto sólo tuvo dos opciones: seguir a Alemania e Italia, atando el destino de España a los suyos, o intentar ganarse la amistad de algunas potencias occidentales, especialmente de Gran Bretaña. Por un lado, el reconocimiento de la ayuda recibida durante la guerra civil, la ideología común y posiblemente la satisfacción de ciertas ambiciones políticas; por otro, la necesidad de paz, la influencia anglófila de Portugal.

Los compromisos de Franco al final del conflicto parecen demostrar que eligió una alianza con el fascismo y el nazismo. Su adhesión al Pacto Antikomintern era una garantía de ello. El lugar que ocupó Suñer en la política exterior española parece, a pesar de las reservas que los alemanes pudieran tener sobre él, una prueba de la propia orientación germanófila de la política de Franco. Sin embargo, desde el día siguiente a la Guerra Civil, se produjeron incidentes que permitieron medir los límites que el Caudillo pretendía imponer a sus compromisos internacionales. Se intentó en vano organizar una reunión Goering-Franco, y el fracaso de este proyecto provocó la primera tensión entre los dos países el mismo día después de la victoria conjunta. Más tarde, el encuentro entre Franco y Hitler, tras la victoria alemana en Francia, sería una nueva decepción para el canciller nazi. Probablemente las opiniones de Suñer no habían cambiado y España seguía siendo partidaria de una victoria alemana; pero el envío de la Legión Azul al Frente Oriental [7] fue el único signo positivo de esta adhesión. Los esfuerzos realizados para desvincular a Portugal de la alianza inglesa fueron en vano y la pérdida de influencia de Suñer fue un indicio de cambio. Ciertamente, los españoles pueden considerar que Franco había hecho un favor a su país, tras una agotadora Guerra Civil, al mantenerlo al margen del conflicto mundial. Pero el objetivo era probablemente sólo la estabilidad del régimen, que finalmente se salvó tras la guerra gracias a la protección del vencedor estadounidense.

En cualquier caso, España se habría agotado, ganara quien ganara. Los ingenuos pueden sorprenderse de que después de una guerra civil librada bajo la bandera de la «renovación», la «patria» y la «independencia nacional», España se encuentre más arcaica y aún más dependiente de los demás que antes, de cara al mundo del siglo XXI. Sólo el ejército ha recuperado parte de su retraso gracias a la intervención extranjera, pero eso no impide que siga siendo inadecuado para la guerra moderna. España había retrocedido a su pasado por voluntad de la oligarquía, con la complicidad de las potencias extranjeras.

Ciano, en sus Memorias, escribe: «Señalando el atlas abierto en la página de España, Mussolini dijo: ‘Ha estado abierto así durante tres años; ahora es suficiente. Pero ya sé que debo abrirlo en otra página. El ensayo general realizado en los campos de batalla españoles termina justo cuando la guerra mundial está a punto de comenzar; Hitler ocupa Checoslovaquia; Mussolini está a punto de atacar Albania. Pronto, el pacto Hitler-Stalin y el ataque a Polonia preludian seis años de guerra mundial; la caída de Mussolini, el hundimiento de la Alemania de Hitler, nuevas explosiones revolucionarias de un país, de un continente a otro… Veinte años después, el Caudillo sigue construyendo monumentos a su gloria.

Notas

[1] En particular, el ex presidente Largo Caballero.

[2] La mayoría de los países latinoamericanos de habla hispana se beneficiaron enormemente de la contribución intelectual y cultural de los republicanos españoles, que ocuparon su lugar en empresas, periódicos y universidades. Véase el capítulo de Aldo Garosci sobre los intelectuales en la emigración.

[3] Sólo los miembros de la Junta, Besteiro y Arino, decidieron quedarse en Madrid. Este gesto puede explicarse probablemente tanto por un sentimiento de generosidad como por la esperanza de que, una vez pasadas las primeras turbulencias, pudiera producirse una reconciliación.

[4] Trigo: 1935: 41.000; 1939: 28.699. Cebada: 22.320 y 14.180. Aceitunas: 18.475 y 11.502 (en miles de quintales).

[5] En cuanto a los cereales, pasaron de 8.288.000 a 6.526.000 hectáreas.

[6] Las únicas excepciones fueron el manganeso y el wolframio.

[7] Bajo la dirección del general Muñoz Grande, uno de los leales a Franco.

La Revolución y la Guerra de España [I](1961) – P. Broué, E. Témime

Introducción

Parte 1

1. Oligarcas y republicanos
2. El movimiento obrero
3. El prólogo de la revolución
4. Pronunciamento y revolución
5. Doble poder en la España republicana
6. Las conquistas revolucionarias
7. De la revolución a la guerra civil
8. La liquidación del poder revolucionario
9. El gobierno de Caballero y la restauración del Estado
10. Madrid: ¡no pasaran!
11. La dislocación de la coalición antifascista
12. El gobierno Negrín y la liquidación de la oposición

Introducción

Teníamos diez años en 1936. Para nosotros, la guerra de España fue, en primer lugar, una conmoción, la visión de miles de hombres, mujeres y niños macilentos, a menudo disfrazados, hambrientos: los refugiados españoles. A través de las palabras de los adultos llegaron palabras alarmantes, llenas de angustia: Hitler, los bombardeos, la Quinta Columna, la guerra… Así que la guerra en sí no nos sorprendió: si no lo habíamos entendido, al menos sentíamos que, sencillamente, aquellas multitudes españolas lo habían vivido antes que nosotros. Más tarde, los compañeros españoles para los que la lucha no había cesado nos dijeron que su esperanza había llegado a su fin; Franco sobrevivía al derrumbe de las dictaduras.

Fue el azar de los traslados universitarios lo que nos hizo encontrarnos en el Liceo Condorcet, ambos atraídos desde hace años por la guerra española, donde uno vio el prefacio olvidado y distorsionado de la segunda guerra mundial, y el otro una revolución obrera y campesina desfigurada, traicionada y estrangulada. Sólo coincidimos en la necesidad de trabajar, y precisamente por eso nos comprometimos, cuando aún estábamos a tiempo, a escuchar a los supervivientes, testigos o actores, para escribir una historia de la Revolución y la Guerra de España de 1936 a 1939. Queríamos, contra la ignorancia, el olvido y la falsificación, devolver a esta lucha el rostro más veraz posible, liberarla de la leyenda que la había enterrado tan pronto. Ahora somos conscientes de que este objetivo, una vez conseguido, es sólo un primer paso hacia la redacción de una historia más completa, que requeriría miles y miles de testimonios y, sobre todo, de documentos de archivo, todavía inaccesibles, ya sea en la propia España, en Francia, en Inglaterra, en la URSS o en el Vaticano.

No espere encontrar en nuestro libro más de lo que queríamos, más de lo que podíamos incluir. Los lectores a los que esperamos haber dado una muestra de España tendrán que buscar en otra parte, en los hispanohablantes, las respuestas a las preguntas que se harán cuando empiecen a leer este libro. Les invitamos a buscar en los libros de geografía una descripción detallada de este país que es un mundo aparte, tan africano como europeo. España», dice Joan Maragall, «está lejos del mundo como un planeta aparte. Y sus pueblos, que están en el mundo, parecen olvidados. Aprenderán que España es un «abrigo de paño ribeteado de encaje», que tiene una extensión de 506.000 km2, que su población es de casi 30 millones de habitantes, que «vive con dificultad», que «su producción sólo puede ser suficiente para un pueblo muy sobrio», que «carece de capital y medios de transporte» [1]. Si consultan los libros de historia, aprenderán que los antiguos situaron los Campos Elíseos en España y que Estrabón, el primer geógrafo, se refirió a Andalucía como la «patria de los elegidos», que la España musulmana, con sus técnicas agrícolas y artesanales, sus conocimientos científicos y filosóficos, estuvo a la vanguardia de la civilización en la Edad Media. También aprenderán que los estragos de la Reconquista, ese primer enfrentamiento entre un mundo musulmán próspero pero agotado y un Occidente cristiano bárbaro pero burbujeante, no impidieron que España se convirtiera en la dueña del Viejo y del Nuevo Mundo: el siglo de Luis XIV, en todos los libros, viene después del siglo de la «preponderancia española». Pero también recordarán que la España del Siglo de Oro, como decía Gastón Roupnel, es a la vez «una fuente de orgullo y un valle de miseria, según se piense en sus poderosas gentes o en sus multitudes, en su Corte o en los grandes territorios dolorosos que se extienden de una frontera a otra».

España
Tal vez entonces les resulte más fácil penetrar en esta España que, según nos dicen Dominique Aubier y Manuel Tuñón de Lara, «retrocede a medida que nos acercamos a ella» [2]. Con ellos, podrán seguir los difíciles itinerarios hacia «la unidad subterránea que conforma el esqueleto interior del español, ya sea hablador y andaluz, severo y castellano, astuto como un gallego, interesado como un catalán o trabajador como un vasco». Aprenderán, mientras los siguen, las palabras «que son una flecha sobre la realidad española»: tierra, la tierra «que da la vida, pero no la sostiene», hambre, que traducimos como «hambre», pero «que es a nuestra hambre lo que la rabia es a la ira», castizo, traducido mediocremente como «de buena raza», mientras afirma a diario una sed de dignidad que proclama toda la historia del pueblo español. Quizás también capten, lo que más escapa a la descripción y a la explicación, el lugar que ocupa la muerte en la vida del español, cuya importancia ya le ha sugerido su pasión por los toros. Tendrán que investigar aún más, para penetrar en esta profunda espiritualidad que reúne la fe más fanática y el anticlericalismo más violento. Tendrán que conocer el país de la Inquisición, el país del auto-da-fé, donde se dice que el acto de quemar a un hombre -un moro mal convertido, un judío, incluso un bautizado, un protestante secreto o un espíritu iluminado- es un «acto de fe». Tendrán que demorarse mucho tiempo frente a Goya y los dibujos del Dos de Mayo, meditar sobre la violencia y la muerte de estos hombres con las manos desnudas frente a los fusiles de los pelotones o los sables de los mamelucos. No olvidarán el levantamiento contra Napoleón del pueblo que él llamaba «los mendigos» y se darán cuenta de que mientras los Grandes se inclinaban ante el Conquistador, los campesinos, en sus asambleas de pueblo, declararon la guerra al Gran Ejército y crearon la palabra guerrilla. Pasarían unos momentos sobre el asedio de Zaragoza, conquistado por los franceses en 52 días, casa por casa, piso por piso, y sus 60.000 víctimas, entre ellas mujeres y niños, porque ellos también eran combatientes. Oirán decir al mariscal Lannes: «¡Qué guerra!

Estar obligado a matar a gente tan buena, ¡aunque esté loca! Pues estos «locos» luchaban con los puños y los dientes. Esa violencia la encontrarían en las guerras carlistas, en todas las luchas civiles del siglo XIX, en la represión monárquica que asqueó incluso a los «ultras» franceses que habían venido en nombre de la Santa Alianza a aplastar la Revolución Española -la primera-, en los levantamientos campesinos, en las huelgas y la represión, en las torturas y las «hazañas» de la Guardia Civil inmortalizadas por el Romancero de Federico García Lorca.

Al descubrir esta España, descubrirán miles. Aprenderán que la misma palabra castellana, pueblo, designa a la gente y al pueblo, que el pueblo es una pequeña patria, la patria chica del señor Brenan, que vive una vida propia y casi autónoma. Así podrán seguir mejor, por ejemplo en las obras del Sr. Rama, la difícil construcción de un Estado por encima de una nación inacabada, la vanidad y el carácter artificial de este intento «liberal» en un país donde todavía reinan los señoritos y los caciques.

Porque los caciques, estos déspotas locales, no sólo son los administradores tradicionales de los grandes latifundios, que utilizan su poder delegado para satisfacer su gusto por el poder y aplastar con su arbitrariedad y desprecio a los que emplean y mandan. El «caciquismo» ha penetrado en toda la vida social y política; en la administración, en los partidos y, en cierta medida, en los sindicatos, hasta el punto de que este vicio de una sociedad medieval todavía puede ser segregado espontáneamente por la España del siglo XX.

Sin duda, pues, nuestros lectores comprenderán mejor ciertas características específicamente españolas de esta revolución y de esta guerra, la prepotencia de los señores, seguros de encarnar una raza superior, el desprecio a la muerte y la implacabilidad en la lucha de todos los combatientes, su particularismo y su apego a su ciudad, a su pueblo, a su tierra -lo que llamaremos «individualismo», «indisciplina», «tendencias anarquistas»-, La violencia del fanatismo, el odio, el desprecio que cimenta las jerarquías sociales, pero también la constante afirmación de la dignidad, el lugar que ocupa, en las apuestas de la guerra, la idea que cada uno de los adversarios tiene del hombre -hombre, una interjección y una afirmación-, ya sea para exaltarlo y «liberarlo» o, por el contrario, para alcanzarlo y destruirlo mediante la humillación concebida como sistema.

Las investigaciones preliminares sobre nuestro tema sugirieron muchas rutas «hispanohablantes». Una camarada española, antigua deportada en Alemania, se propuso describir, tras un estudio científico, lo que ella misma había vislumbrado en su vida y en los archivos de los desaparecidos, el largo viaje de estos grupos de campesinos, desde su pueblo al frente, en armas, desde el frente a Francia, desarmados, en los campos, y luego, todavía juntos, en los campos de exterminio. No cabe duda de que ésta hubiera sido una forma perfectamente española de escribir la historia de la Revolución y de la Guerra de España, que nos hubiera acercado a la realidad secreta, al alma colectiva del pueblo durante aquellos terribles años, y también a la comprensión de lo que fue este drama para los millones de individuos que formaban las «masas».

Sin embargo, no es el camino «hispano» que hemos elegido. En primer lugar, porque no somos verdaderos hispanos. En segundo lugar, porque las preocupaciones que nos han unido a este trabajo superan ampliamente el marco de España. No hemos tratado de entenderlo todo, y menos aún de explicarlo todo, ni Boabdil, ni Avicena, ni Don Quijote, ni Torquemada, ni siquiera Ignacio de Loyola. Hemos intentado ceñirnos a los datos más sencillos, quizás, pero sobre todo a los más universales. España es España, por supuesto, pero también es uno de esos países que antes se llamaban «atrasados» y que ahora han sido hipócritamente rebautizados como países «subdesarrollados». Todas las pruebas que el economista moderno aplica a los países para detectar las características del «subdesarrollo» sitúan a la España de 1960, como a la de 1930, en el grupo de las naciones más numerosas y más pobres, aquellas de las que no se puede decir seriamente que su miseria no tenga relación con la opulencia de otras. A pesar de la incertidumbre de las estadísticas españolas, está claro que España apenas alcanza la media mínima de 2.500 calorías diarias per cápita, por debajo de la cual comienza la subalimentación. La mortalidad infantil sigue siendo elevada. La esperanza de vida al año es de 55 años, más que en India, por supuesto, pero mucho menos que en Occidente. La tasa de natalidad sigue siendo alta. El número de analfabetos sigue siendo considerable. La proporción de la «población activa» no supera el 37%, siendo la mayoría agricultores. La situación de inferioridad de las mujeres queda subrayada por el hecho de que sólo el 9,4% de ellas puede clasificarse como «población activa». El trabajo infantil sigue siendo la norma. Las clases medias son numéricamente débiles. La renta media nacional es la mitad de la francesa, con diferencias mucho mayores en la escala social. Según el profesor Birot, Madrid cuenta con 300.000 empleados domésticos por cada 1.800.000 habitantes.

Como en otros países atrasados del mundo, la riqueza mineral y el desarrollo industrial en España están en manos de capitalistas extranjeros, salvo en algunos sectores secundarios. Los grandes terratenientes y los burgueses comerciales constituyen una delgada oligarquía, totalmente centrada en la defensa de sus privilegios. La Iglesia no parece tener otra misión que la que le asignó el poco religioso Napoleón I: hacer que la gente acepte «la desigualdad de las fortunas» y que acepte «que un hombre se muera de hambre al lado de otro que rebosa de riqueza». La enseñanza de la historia en España en 1960, como hace cien, treinta o veinte años, dedica cien páginas a la contrarreforma y sólo una -¡cuál! – a la Revolución Francesa. En resumen, la revolución y la guerra civil sólo fueron un intermedio, sangriento y violento. Simplemente provocaron un «gran temor» y endurecieron el régimen de la clase dominante. La dictadura de Primo de Rivera, que se ejerció (al amparo de la monarquía española) hasta 1931 y la proclamación de la República, fue sustituida por una dictadura más absoluta. El experimento republicano no convenció a nadie, y el débil Estado, que no consiguió reformar España ni siquiera organizarse seriamente, fue la primera víctima de los acontecimientos de 1936. La victoria de los militares eliminó cualquier posibilidad de su resurgimiento inmediato. En el Estado autoritario, el ejército dicta la ley, y nunca se dirá lo suficiente el lastre que supone en estas sociedades esencialmente inestables tener ejércitos que sólo sirven para la guerra civil y para mantener un cierto «orden».

La existencia de una masa de campesinos sin tierra y pobres en el siglo XX, que subsisten al borde de la inanición y se lanzan a la lucha con mayor facilidad porque no tienen nada que perder y todo que ganar, tampoco es una característica propia de España; ni la existencia de una clase obrera aún estrechamente ligada al campesinado, formada principalmente por jornaleros y obreros no cualificados, en la que prácticamente no existe una «aristocracia obrera» capaz de moderar los impulsos combativos de esta masa frugal, pero capaz de sacrificarse. No sólo en España estos obreros y campesinos se han convertido en las tropas de choque de la revolución que la burguesía se ha negado a llevar a cabo por miedo a las consecuencias: el Tercer Estado del siglo XX, aunque se llame «Frente Popular», se está resquebrajando muy rápidamente, en todas partes, bajo el empuje del «Cuarto Estado» de los obreros y campesinos pobres, que luchan por su cuenta. España no es el único país que ha mostrado de forma llamativa la tendencia popular hacia la democracia directa. La misma voluntad de ejercicio del poder por el pueblo en armas se encuentra ya entre los sans-culottes parisinos del año II [3] .

A los que gritan «España eterna» frente a las milicias de la República con sus dirigentes obreros elegidos y sus títulos extravagantes, hay que recordarles la Comuna de París y sus Fédérés, sus oficiales-militantes elegidos, sus «Turcos de la Comuna», sus «Vengeurs de Flourens», sus «Lascars». Porque no sólo en España y Cuba la Revolución es romántica. ¿Es necesario recordar que fue Rusia la que vio surgir en 1905 los primeros «consejos» -en los que, como en España, partidos y sindicatos, sentados de oficio, tenían igual representación- y que la palabra, en ruso, se traduce en soviet? ¿Es necesario, más cerca de nosotros, evocar el papel desempeñado en 1956 por los «Comités Revolucionarios», los «Consejos Obreros» y el «Consejo Central de los Trabajadores», durante la Revolución Húngara?

Además, la revolución y la guerra españolas no fueron ni mucho menos un asunto puramente español. Todos los gobiernos participaron en ella, de cerca o de lejos, la intervención y la no intervención se explican por intereses inmediatos, preocupaciones estratégicas y diplomáticas, pero también intereses generales, de los llamados «históricos». No más que los asuntos de Vietnam o Corea en el pasado, o los de Cuba, el Congo o cualquier otro lugar hoy en día, los asuntos de España podrían resolverse sólo dentro de sus fronteras. En definitiva, estas luchas civiles conciernen a todas las potencias y a todos los pueblos, porque no son más que el aspecto particular, en un marco geográfico preciso, de la crisis que sacudió a la humanidad en el siglo de las guerras mundiales.

Jean Jaurès, que también era historiador, admite que durante la Revolución se habría sentado de buena gana al lado de Robespierre. Sigámosle en este camino de franqueza. El historiador perfectamente objetivo aún no ha nacido, y quien cree que lo hace se miente a sí mismo como miente a los demás. Todas las precauciones tomadas en la investigación y la crítica científicas no suprimen, en última instancia, ni nuestros sentimientos ni nuestros reflejos personales. ¿Por qué ocultarlo? La propia elección del tema revela nuestras tendencias más profundas. También nosotros, habiendo «vivido» nuestro tema, tendíamos a tomar partido: en espíritu en el mismo lado de las trincheras, divergíamos sin embargo espontáneamente, uno estaba más bien de acuerdo con los republicanos avanzados y los socialistas moderados, preocupado como estaba por la organización y la eficacia, por la relación de fuerzas a escala mundial, y el otro con los comunistas disidentes o los sindicalistas revolucionarios, porque pensaba, con Saint-Just, que «los que hacen revoluciones a medias no hacen más que cavar su propia tumba». La división del trabajo entre nosotros es una prueba de ello.

La revolución propiamente dicha es objeto de una primera parte escrita por Pierre Broué, mientras que Emile Témime se dedicó a la guerra propiamente dicha, a sus aspectos internacionales, así como al nacimiento del Estado nacional-sindicalista. Sin embargo, no debe imaginarse que nuestro libro es el resultado de una yuxtaposición de dos presentaciones sobre temas relacionados. Hemos querido que estas dos partes diferenciadas destaquen dos de los puntos de vista -los más importantes a nuestros ojos- desde los que se puede abordar el estudio del tema que nos ocupa. El mayor inconveniente de este método es que da lugar a inevitables repeticiones, que sin embargo hemos reducido al máximo [4]. La ventaja es que esta doble perspectiva puede arrojar una luz más indiscreta sobre los acontecimientos, iluminando su complejidad sin sobrecargar la presentación con observaciones y retrocesos. Durante los tres años que duró nuestra colaboración, confrontamos diariamente nuestros puntos de vista, intercambiamos nuestras notas y archivos, criticamos nuestros documentos e interpretaciones, obligando al «otro» a investigar más y, en la fase final, a escribir sucesivos y enriquecedores ensayos. No queremos que se nos responsabilice si, como primeros lectores, nos creemos con derecho a afirmar que esta colaboración crítica, estas críticas a veces encendidas pero siempre amistosas, son la prueba de la convicción y la seriedad que hemos aportado a nuestra tarea común. Creemos que hemos «hecho balance», al menos en la medida de lo posible, con las únicas fuentes impresas, que ya son enormes, que se han puesto a nuestra disposición. Sea cual sea su origen, hemos intentado juzgarlos como historiadores y eliminar cualquier sesgo, para presentar los hechos con honestidad y con un mínimo de juicios; esperamos haber dejado así a cada uno la libertad de destacar tal o cual aspecto que le resulte primordial. Por eso estaremos encantados de recibir objeciones, críticas, nuevos testimonios, todo lo que, a través de nuestro trabajo y por él, pueda contribuir al conocimiento de la verdad, que sólo puede ser, a nuestros ojos, fruto de una constante investigación.

Queda -y no es el menor de nuestros deberes- agradecer a todos aquellos sin los cuales este libro no habría visto la luz, a Jérôme Lindon, director de Editions de Minuit, a nuestros amigos de Arguments, Edgar Morin y Kostas Axelos, que nos lo presentaron, y sobre todo a los que son coautores con nosotros, a todos los testigos, españoles y no españoles, políticos, escritores y trabajadores, en Europa y América, demasiado numerosos para mencionarlos, que nos respondieron, hurgaron en sus recuerdos y archivos, dedicaron horas a nuestros cuestionarios, buscaron documentos inéditos y testigos desaparecidos. Su única preocupación, a pesar de la diversidad de sus horizontes políticos, era ayudarnos a acercarnos a la verdad. Agradecemos especialmente al Sr. Jordi Arquer, que puso a nuestra disposición su biblioteca y documentación, únicas en este campo, y nos ayudó con sus consejos. Por último, Jean-Jacques Marie nos tradujo documentos rusos.

P. B., E. T.

Notas

[1] Geografía para 4º grado. Cours Varon (A. Colin.)

[2] España, en la colección Petite Planète.

[3] Sobre este tema, véase la tesis de Albert Soboul: Les sans-culotte parisiens en l’an II, un trabajo académico que confirma el trabajo pionero de Daniel Guérin: La lutte de classes sous la II° République; Bourgeois et Bras Nus. Este último autor volvió a desarrollar sus ideas en «Jeunesse du socialisme libertaire».

[4] Para reintroducir cada acontecimiento en su marco cronológico, se pide al lector que se remita al cuadro sinóptico insertado al final del libro.

I.1 : Oligarcas y republicanos

La España de principios del siglo XX es el arcaísmo de Occidente: en este mundo que se uniformiza, es una isla de tradición y sus señores se enorgullecen de haber sabido mantener su «hispanidad» frente a las tendencias políticas y económicas modernas. Sin embargo, fue en este país, profundamente arraigado en su pasado, donde tuvo lugar la última revolución del periodo de entreguerras a partir de 1936. Al igual que Rusia en 1917, España era el eslabón más débil del mundo capitalista, pero ahí acaba la comparación. La revolución española, a diferencia del Octubre ruso, no fue la primera chispa de un incendio que se extendía, sino sólo la última llamarada de un fuego ya extinguido en toda Europa. La Revolución Rusa había anunciado el fin de la Primera Guerra Mundial. La revolución española acabaría ofreciendo a las potencias que se preparaban para la segunda un fértil campo de experiencia. La revolución, convertida en guerra civil, no sería al final más que un preludio y un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial.

Un país aplastado por su pasado

La Rusia de los zares debía su carácter profundamente atrasado al retraso de su desarrollo económico general. España, en cambio, debe su atraso, por una curiosa paradoja, a las consecuencias directas del liderazgo que había tomado sobre las demás potencias europeas al comienzo de los tiempos modernos.

En el momento en que su hegemonía se afirmaba sobre Europa al mismo tiempo que crecía su comercio mundial, su monarquía se centralizaba, sus particularismos regionales se desvanecían: la España feudal retrocedía mientras se perfilaba una nación y un estado modernos. Pero la propia precocidad de esta expansión iba a ser contraproducente. El descubrimiento de América y la construcción de un inmenso imperio en el Nuevo Continente llevaron el germen de la decadencia. Mientras los metales preciosos traídos por los galeones del rey iban a vigorizar Europa occidental, la metrópoli parecía paralizada, convirtiéndose al mismo tiempo en la «fuente de gloria» y en el «valle de la miseria» descrito por los historiadores del siglo XVI. En el siglo XIX, España perdió sus últimas posiciones en el mundo y finalmente sólo fue tocada por la revolución industrial y liberal que estaba transformando la vieja Europa.

Las clases del antiguo régimen siguieron descomponiéndose, pero la formación de la nueva sociedad burguesa en gestación no se completó. El retraso en el desarrollo capitalista y el estrechamiento de las relaciones económicas ralentizaron la formación de la nación, y reforzaron las tendencias centrífugas y el separatismo de las provincias: los empresarios del País Vasco y Cataluña, que en el siglo XIX se habían beneficiado de un limitado desarrollo industrial, soportaban el yugo de la oligarquía castellana con impaciencia, pero sin fuerza para sacudírselo. Las masas campesinas proletarizadas estallan a veces en brotes brutales, verdaderas «jacqueries» en plena era de las máquinas. Todavía unido por mil lazos al mundo campesino, se organizó un proletariado animado por la misma combatividad. Así, en todos los poros de una sociedad compleja, se acumulaban las semillas de la destrucción de un pasado todavía tan vivo y tan pesado que podía, a principios del siglo XX, parecer eterno.

Un país semicolonial

A principios del siglo XX, España era un país esencialmente agrícola. Más del 70% de la población activa se dedica a la agricultura. El campesino español trabajaba con las mismas herramientas que sus antepasados en la Edad Media: en todo el país se seguía prefiriendo el arado. Los rendimientos por hectárea son de los más bajos de Europa, y más del 30% de las tierras cultivables permanecen en barbecho.

La industria, cuando existe, apenas ha salido del periodo de fabricación. La concentración se produce a un ritmo muy lento: sólo la metalurgia del País Vasco presenta todas las características de la gran industria capitalista. En Cataluña, la industria textil, la más importante en términos de producción global, sigue dispersa en una polvareda de pequeñas empresas.

En el mercado mundial, España sólo tiene los productos de su suelo y subsuelo para ofrecer a cambio de los productos manufacturados de las industrias extranjeras. Pero también es, como corolario inevitable, un lugar ideal para el capital extranjero invertido desde hace algunas décadas en los sectores más rentables e importantes: Capital belga (500 millones de francos) en los ferrocarriles y tranvías, capital francés (3000 millones) en las minas, el textil y la industria química, capital canadiense en las centrales hidroeléctricas de Cataluña y Levante, capital británico (5000 millones) que controla toda la metalurgia del País Vasco, El capital estadounidense, recién llegado pero no por ello menos importante, que controlaba la industria telefónica [2], y el capital alemán que, en 1936, ya incorporado a las compañías eléctricas de Levante, pretendía penetrar en la industria metalúrgica.

La guerra de 1914-18 había traído a España una relativa prosperidad al ofrecerle oportunidades. De un plumazo, se ha convertido en un proveedor de productos alimenticios e incluso, hasta cierto punto, de productos manufacturados. Pero el regreso de la paz la excluyó del mercado mundial, donde no pudo competir con las potencias industriales. La crisis mundial la golpeó duramente en 1929; las barreras aduaneras levantadas por las grandes potencias bloquearon la vía de exportación de los productos de su agricultura y provocaron el hundimiento de un mercado interior que ya apenas era capaz de absorber los productos de la industria nacional: quizás incluso más que los países avanzados, los países de estructura semicolonial, como España, se vieron afectados por la crisis de los años 30 y sus consecuencias sociales [3].

Estructura de la sociedad española

La diferenciación social extrema acentúa las más mínimas repercusiones económicas, endureciendo un organismo con posibilidades de adaptación ya reducidas. Con Henri Rabasseire [4], podemos estimar que de los once millones de españoles que componen la población activa del país, hay ocho millones de «pobres» cuyo trabajo apenas asegura su subsistencia: un millón de pequeños artesanos, de dos a tres millones de trabajadores agrícolas, de dos a tres millones de obreros industriales y mineros, dos millones de aparceros o pequeños propietarios rurales. Entre esta masa y el millón de privilegiados que Rabasseire llama «parásitos» -funcionarios, sacerdotes, militares, intelectuales, grandes propietarios rurales y grandes burgueses- se interponen menos de dos millones de hombres de las «clases medias», la mitad de ellos campesinos acomodados, la otra mitad pequeños burgueses, agrupados en los centros más avanzados: Barcelona, Valencia, Bilbao, Santander…

Ninguna expansión es posible mientras esos ocho millones de «trabajadores pobres» no tengan otra posibilidad que asegurar su subsistencia en condiciones de vida uniformes, con un consumo reducido al mínimo estricto, un presupuesto esencialmente dedicado a la alimentación. El desarrollo de las fuerzas de producción en el marco del capitalismo está cerrado al exterior por las barreras aduaneras o la competencia de las grandes potencias, que impiden la apertura de los mercados. A nivel interno, la creación de un campesinado sólido y próspero permitiría la creación de un mercado interior. Pero esto requeriría primero la resolución del problema número uno de España, el de la tierra. Es en el campo donde las oposiciones sociales se hacen sentir con más fuerza y donde se alimentan los odios ancestrales.

La cuestión agraria

En 1931, dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierras, mientras que 50.000 hobereaux poseían la mitad de las tierras de España. Mientras que un millón y medio de pequeños propietarios cuyas tierras no superan una hectárea se ven obligados a trabajar en las tierras de los grandes para poder vivir, 10.000 propietarios tienen más de 100 hectáreas… En algunas provincias, el dominio de los «grandes» es total: en la provincia de Sevilla, el 5% de los propietarios posee tierras que representan el 72% del valor total de las tierras de la provincia; en la provincia de Badajoz, el 2,75% de los propietarios posee el 60% de las tierras. El Duque de Medinaceli, que posee 79.000 hectáreas, y el Duque de Peñaranda, que posee más de 51.000 hectáreas, son comúnmente citados…

Sin embargo, el panorama de la condición de la tierra y los campesinos es mucho más variado de lo que estas crudas cifras podrían sugerir. Los sistemas agrarios varían según las condiciones naturales, incluido el grado de sequía. Estas diversas formas son también el resultado de las antiguas luchas de los campesinos por la tierra. Entre el trabajador intermitente y el pequeño propietario independiente, hay todo un abanico de agricultores, aparceros con arrendamientos más o menos largos y pequeños propietarios obligados a pagar derechos que proceden directamente del sistema feudal medieval. Podemos pues, con Gerald Brenan [5], distinguir dos problemas agrarios esenciales, el de las pequeñas explotaciones del Norte y del Centro, a menudo demasiado pequeñas para la subsistencia de quienes las trabajan, y el de los latifundios del Sur explotados por el trabajo de los jornaleros a los que la abundancia de mano de obra sólo permite ofrecer salarios de hambre.

El pequeño propietario asturiano, que se beneficia del apoyo de vastos pastos comunales, y el agricultor arrendatario del País Vasco, Navarra o el Maestrazgo, sólo experimentan excepcionalmente la miseria, aunque no saben estar cómodos. Pero el campesino de Galicia, en su minúscula tierra, es aplastado por el peso del foro, el residuo de los impuestos señoriales, y el campesino de León, de la vieja Castilla y de la meseta aragonesa se debate con demasiada frecuencia en manos de los usureros. Si el campesino de Levante ha conseguido a veces recomprar la tenencia hereditaria sujeta al pago del censo, el agricultor de las llanuras de regadío de Granada y Murcia tiene que pagar enormes rentas. El pequeño terrateniente catalán gozaba de una relativa tranquilidad, pero su vecino, el «rabassaire» [6], había visto cómo se deterioraba su condición en los últimos años.

En la meseta de Castilla la Nueva, las fincas de los nobles son casi siempre de alquiler. Lo trágico aquí es la brevedad del arrendamiento y su precariedad, la ausencia de obligaciones para el propietario, que puede aumentar los arrendamientos a su antojo y a menudo deja que sus agentes vuelvan a abusar del campesino. Según los registros fiscales de 1929, 850.000 cabezas de familia, de un total de 1.000.000, tenían unos ingresos diarios inferiores a una peseta…

En La Mancha y Estramadura, los latifundios eran más grandes y los pequeños agricultores menos. En las llanuras, el campesino típico es el yuntero, un campesino sin tierra con un equipo de mulas, que cultiva la tierra del terrateniente ausente cuando puede.

Andalucía es el dominio clásico del latifundio. Aquí la renta media anual de un gran propietario es de unas 18.000 pesetas, la de un pequeño propietario de 161 pesetas. Pero la mayoría de los campesinos no son propietarios en absoluto: son los braceros -los «cerveceros» de nuestra Edad Media-, jornaleros que apenas tienen trabajo más que un día sí y otro no y que tienen que vivir todo el año de los míseros jornales ganados trabajando, en las peores condiciones [7], en las grandes fincas, bajo la supervisión del labrador, el mayordomo rapaz, siempre dispuesto a enriquecerse con multas arbitrarias o chantajes. Muchas tierras de cultivo permanecen sin cultivar, ya sea porque su propietario las reserva para la caza o porque quiere mantener las exigencias de los braceros. Porque esta región, que tiene quizás las poblaciones más miserables de Europa, es también la cuna del odio de clases, del esclavo siempre dispuesto a rebelarse contra el amo: los «jacques» tienen hambre de tierra…

Así que, al final, es un puñado de grandes terratenientes el que domina la tierra de España [8]. Los «oligarcas», como los llaman sus opositores, han conservado durante siglos la esencia de sus privilegios y su fortuna a costa del campesinado. La monarquía ha sido su régimen, el único realmente acorde con sus intereses y aspiraciones. Fue para salvarla que consintieron, en 1923, el pronunciamiento que iba a inaugurar la dictadura del general Primo de Rivera. En 1930, fue el consentimiento general del rey y de los oligarcas el que destituyó a Primo y llamó al general Berenguer. En 1931, la proclamación de la República se llevó a cabo sin violencia: fue la «gloriosa excepción» de una «revolución pacífica», como proclamó por el micrófono el gran terrateniente Alcalá Zamora, convertido en presidente. La monarquía dio paso a la República sin que, en esencia, afectara al régimen económico y social. Alfonso XIII abandonó España, pero no abdicó. Casi todos los oligarcas le fueron fieles. Bajo el nuevo régimen político, conservaron los sólidos pilares que siempre habían sustentado su dominio: la Iglesia y el Ejército.

La Iglesia

La Iglesia española también es un anacronismo, parece salida de la Edad Media con sus 80.000 sacerdotes, monjes y monjas. Su poder espiritual y temporal es considerable. Sin embargo, es difícil estimar su riqueza con precisión. Probablemente no sea, como se ha afirmado a menudo, el mayor terrateniente del país, pero no está lejos de serlo. La encuesta del Ministerio de Justicia realizada al día siguiente de la proclamación de la República le atribuía 11.000 fincas, valoradas en unos 130 millones de pesetas. Sus posesiones urbanas no eran menos considerables, y era una potencia en el mundo de los negocios, la banca y la industria, controlando directamente o por medio de testaferros empresas tan importantes como el Banco Urquijo, las minas de cobre del Rif, los Ferrocarriles del Norte, los tranvías de Madrid y la Compañía Transmediterránea.

Bajo la monarquía, y en gran medida bajo la República, fue el maestro de la educación [9]: en este país, que ciertamente tiene doce millones de analfabetos -la mitad de la población-, son sus escuelas las que han instruido y educado a más de cinco millones de adultos. Pero este dominio de la educación está lejos de tener una influencia equivalente. Los disturbios anticatólicos y la quema de conventos e iglesias en mayo de 1931 revelan un fenómeno muy arraigado: las masas populares se han liberado del control de la Iglesia y se vuelven contra ella [10]. 10] Es interesante señalar aquí que sólo en las regiones donde la desigualdad social es menos llamativa, bien porque todos son pobres, como en Galicia, o porque el nivel de vida general es aceptable, como en el País Vasco, Navarra, Levante o Cataluña, y en cierta medida en Castilla la Vieja, la Iglesia conserva audiencia entre las masas rurales. En otros lugares, en la España del latifundio, la Iglesia era vista como instrumento de propaganda y dirección de los ricos, como defensora de un orden social y una propiedad inicuos, como decidida opositora a cualquier mejora social y como enemiga de los trabajadores. El arzobispo de Toledo, monseñor Segura, cuyos ingresos anuales ascienden a 600.000 pesetas, encarna perfectamente el aspecto fundamentalista y reaccionario de la Iglesia española. Este prelado, un «eclesiástico del siglo XIII» que «pensaba que el baño era un invento de los paganos, si no del mismo diablo, y que llevaba un cilicio como un monje anticuado» [11], el primado de España, sería el campeón de la oposición incondicional a la República, el adversario decidido no sólo de toda «subversión» sino de todo liberalismo.

El ejército español

Original en sus estructuras como en su lugar en la sociedad, el ejército español no tiene equivalente en Europa. Derrotado regularmente durante un siglo en la defensa de las últimas posesiones coloniales, se afirma al mismo tiempo como cuerpo político autónomo. En resumen, es un ejército de pronunciamiento – la palabra es española, no por casualidad. Derrotados y humillados por sus repetidas derrotas, los oficiales culparon a los sucesivos gobiernos. La guerra del Rif, contra el líder marroquí Abd-el-Krim, duró de 1921 a 1926: sólo en 1924 le costó a España la vida de 15.000 de sus soldados y sólo pudo concluirse victoriosamente con la intervención de las tropas francesas de Lyautey. Los jefes militares, a pesar de los desastres, fueron capaces de abanderar la reconquista colonial frente a los gobiernos de abandono, y fue en este papel en el que apareció por primera vez en la escena política el teniente coronel Francisco Franco, uno de los líderes de la legión extranjera. Tras la victoria, Marruecos siguió siendo el bastión del Ejército: los generales eran verdaderos procónsules.

Salida honrosa para los hijos de las familias -los señoritos-, la casta de los oficiales, celosa de sus privilegios, el principal de los cuales sigue siendo «pronunciar», encarna a los ojos de los tradicionalistas todas las virtudes españolas. En el estancamiento general, es la única arma real de las clases dominantes, su último recurso y su esperanza suprema. Fue con el consentimiento de los jefes del Ejército que se proclamó la República. Pero el fallido pronunciamiento de uno de sus dirigentes más escuchados, el general Sanjurjo, el 12 de agosto de 1932, demostró que este consentimiento podía ser retirado en cualquier momento, si la República no era dócil a los mandatos de los oligarcas [12].

Sorprendentemente, este ejército, cuya artillería se compone de viejos cañones de 75 mm, cuyos soldados de infantería están equipados con Lebels de 1909, cuyos aviones no podrían resistir a ninguna fuerza aérea extranjera, está abundantemente provisto de ametralladoras. No duraría una semana contra un ejército moderno: sigue siendo capaz de ahogar en sangre un intento revolucionario. Mal alimentados, mal vestidos, mal equipados, sus reclutas están también muy mal entrenados. Los oficiales son de un nivel técnico muy mediocre, siendo los más experimentados los coloniales que sirvieron en las unidades de Marruecos. Sin embargo, tenía su élite, un verdadero ejército profesional, con el Tercio de la Legión Extranjera, organizado durante la guerra del Rif por el general Millan Astray, y sus regimientos marroquíes reclutados entre las tribus montañesas más atrasadas y belicosas. Estos mercenarios, legionarios y moros, fueron las tropas de choque de este ejército de la guerra civil. Cuando, en octubre de 1934, los mineros de Asturias se sublevaron ante la perspectiva de que las derechas llegaran al poder, fueron estas unidades de élite, ajenas a lo «hispano», pero eficaces, las que aplastaron la insurrección obrera en doce días. Algunos de los oficiales que habían sido condenados por sublevarse contra la República dos años antes, bajo el mandato de Sanjurjo, se veían sirviendo en las primeras filas.

Además, son los oficiales los que menos faltan en este ejército. Bajo la monarquía, había 15.000 de ellos, incluyendo 800 generales, es decir, un oficial por cada seis hombres, un general por algo más de 100 soldados. Bajo la República, cada vez había menos oficiales republicanos. El gobierno de Azaña, para liberar a los cuadros, ofreció el sueldo íntegro a los que pidieran la jubilación anticipada: muchos oficiales de izquierdas aprovecharon la oportunidad para abandonar el ejército, cuyo ambiente se había vuelto irrespirable para ellos. La inmensa mayoría de los cuadros, la totalidad de los grandes jefes, son decididamente monárquicos, partidarios de la oligarquía, contrarios a toda evolución, enemigos mortales de la revolución [13].

La burguesía

El dominio del pasado pesa incluso sobre las fuerzas teóricamente nuevas de la joven burguesía española. Como hemos visto, la industrialización de España avanzó a un ritmo muy lento durante el siglo XIX, y en sectores geográficamente restringidos. Esta lentitud y ubicación explican las características de la clase burguesa que se creó. Sólo en Vizcaya y Asturias se formó una verdadera oligarquía financiera, bien representada por el Banco de Vizcaya y el Banco de Bilbao. La mayoría de los historiadores no han dejado de señalar las circunstancias políticas de la aparición de este capitalismo financiero, que floreció tras la derrota del movimiento liberal por la oligarquía agraria de la Restauración. El liberalismo burgués sufre ciertamente de la mediocre implantación de la burguesía en el país, pero también sufre del handicap de haber sido siempre denunciado por sus adversarios como un producto de los extranjeros. A mediados del siglo XX, el burgués liberal debe defenderse primero de ser un afrancesado [14]. Sospechado de no ser más que un portavoz de ideas extranjeras o una fachada del capital extranjero, el burgués español, en su afán de ser aceptado en el círculo de «líderes», ha multiplicado las concesiones, los desmentidos y las capitulaciones.

Los millonarios de Bilbao y Asturias se apresuraron a aliarse con la oligarquía terrateniente y a compartir con ella las sedes del Banco de España[15]. La nueva oligarquía financiera, apenas nacida, estaba unida por mil lazos, tanto personales como económicos, a la aristocracia. El Conde de Romanones, uno de los más importantes estadistas de la monarquía, es un gran terrateniente en la provincia de Guadalajara, el más importante propietario de bienes inmuebles en Madrid, gran accionista de las minas de Peñarroya y de varios bancos importantes. Por lo tanto, la burguesía es incapaz de dar a la economía española el impulso necesario para una transformación profunda, ya que esto implicaría un ataque a los intereses de la oligarquía terrateniente, que en definitiva es sólo un sector de una vasta oligarquía de propietarios.

En vísperas de la revolución, encontró su expresión más vigorosa en Juan March. Antiguo contrabandista que llegó a ser director del monopolio del tabaco bajo Alfonso XIII, este gran financiero e industrial, acusado de traición y fraude por el primer gobierno republicano, era, al mismo tiempo, propietario de vastas fincas rurales, hombre de confianza en los círculos capitalistas ingleses, presidente de la Oficina Central de la Industria Española, donde se sentaba junto a Romanones y Sir Auckland Geddes, Río Tinto, y representantes de los intereses capitalistas franceses, italianos y alemanes. Financió todo lo que se oponía a la República y desempeñó un papel decisivo en los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil, tanto a nivel interno como externo.

La aristocracia española y los partidos conservadores

El aristócrata español era muy diferente del aristócrata inglés, que había sido capaz de integrarse en el movimiento de expansión capitalista. No se preocupaba por hacer prosperar su hacienda como un negocio, sino que se preocupaba principalmente por preservar su autoridad como señor sobre la mano de obra barata que creía tener por derecho de nacimiento. Su única razón de ser es la pertenencia a su casta y no duda en afirmar que es la encarnación de España. Detrás de él están sus antepasados, que le han legado, inseparablemente, nombre, fortuna y autoridad. Es naturalmente monárquico y no conoce otra ley que la de su propia clase.

La mayoría de ellos son partidarios de Alfonso XIII y de la monarquía como principio de preservación social. Fueron ellos los que proporcionaron a los cuadros del «Partido Renovador Español» durante la República, la «cobertura legal de la insurrección» según Ansaldo, dirigida por Goicoechea y José Calvo Sotelo. Este último, tras su regreso del exilio, fue el mascarón de proa de un partido decididamente más abiertamente conservador, «corporativista y autoritario» que monárquico. Todavía joven – nació en 1893 – ya había hecho una brillante carrera política. Fue diputado a los 25 años, gobernador de Valencia al año siguiente y luego ministro de Hacienda bajo la dictadura de Primo de Rivera. A través de Balbo, tuvo repetidos contactos con el gobierno fascista de Roma. Vinculado a todos los círculos influyentes de la oligarquía, especialmente a Mons. Segura, admirador declarado del nacionalsocialismo y del fascismo, notable orador, buen periodista con fama de economista, era, en las Cortes, en la Cámara del 36, el líder de la extrema derecha y uno de los dirigentes de la trama de los generales.

La «Comunión Tradicionalista», el otro movimiento monárquico, tenía sin duda una base popular entre los pequeños campesinos navarros que eran apoyados por un clero fanático. El movimiento «carlista», nacido tras las guerras napoleónicas, lleva más de un siglo reuniendo a los más fanáticos conservadores católicos bajo el lema «Dios, la Patria, el Rey», y conspirando incansablemente para «restaurar» la autoridad «legítima» de sus sucesivos «pretendientes», el último de los cuales es el viejo Alfonso Carlos. Su verdadero líder, Manuel Fal Conde, lo había preparado sistemáticamente durante varios años para un levantamiento armado contra la República.

El 31 de marzo de 1934, Antonio Goicoechea por Renovación Española, Antonio Lizarza por los carlistas y el teniente general Barrera firmaron en Roma un acuerdo con Mussolini en el que el Duce se comprometía a apoyar a su gobierno en el derrocamiento de la República con suministros de armas y dinero. Entre 1934 y 1936, muchos jóvenes de la organización militar carlista de los requetés recibieron formación militar en Italia. En Navarra se acumularon stocks de armas con fondos italianos [16].

Carlistas y alfonsistas, en efecto, se negaron a plegarse al sufragio universal, cuya concepción misma veían como una ofensa a la «hispanidad», y se consideraron investidos de la misión providencial de salvar a España y a la cristiandad amenazada de subversión tanto por los revolucionarios como por los liberales…

Acción popular

La Iglesia en España no siguió inmediatamente a los suyos que querían arrastrarla a los pasos de los conspiradores monárquicos. Parece que fue por consejo del Vaticano, más «político», que la línea más flexible de los jesuitas y su hombre de confianza Ángel Herrera, director de El Debate, se impuso durante la República. Se trataba de crear, supervisar y animar un gran partido católico de masas, negándose a ser calificado de «monárquico» o «republicano», aceptando jugar el partido en el marco del régimen parlamentario, pero proclamando abiertamente su intención de abolir, en la Constitución, toda referencia a la laicidad del Estado [17]. La «Acción Popular» así constituida no era más que la transposición al ámbito electoral, en forma de partido reaccionario y autoritario, de la Acción Católica bajo la supervisión de la jerarquía. Su líder era José María Gil Robles, hijo de un abogado católico, brillante alumno de los Salesianos de Salamanca y periodista de Debate. Elegido por Herrera para dirigir el partido de la Iglesia y de los propietarios, casado con la hija de un rico conde, no le faltaban cualidades para el papel que se le encomendaba: buen organizador, orador capaz y no exento de dotes para la acción, no tomó como modelo a Hitler, al que admiraba por su eficacia pero cuya actitud anticatólica desaprobaba, sino al canciller austriaco Dollfuss y su Estado corporativista.

En 1933, fusionando su organización con otros grupos de derecha, consiguió crear la C.E.D.A. (Confederación Española de Derechos Autónomos): la alianza electoral con los grupos monárquicos le permitió obtener un enorme éxito. De 1934 a 1936, la C.E.D.A. fue el alma de la coalición con los republicanos de derechas, que destruyó sistemáticamente todos los logros del primer gobierno republicano. Estos dos años, bautizados como el bieno negro -los dos años negros- por los republicanos y los socialistas, verían cómo la reforma agraria pasaba a un segundo plano, la reducción sistemática de los salarios, la reincorporación a los puestos de mando de los oficiales monárquicos que habían sido destituidos por un momento. La C.E.D.A. se ensañó con la insurrección de los mineros asturianos y abandonó la coalición de gobierno cuando el Presidente de la República se negó a ejecutar al líder de la insurrección, el dirigente socialista González Peña. La C.E.D.A. se opuso a las modestas reformas a favor de los yunteros propuestas por uno de sus miembros, el Ministro de Agricultura Jiménez Fernández [18]. En 1935, era una candidata al poder, que ahora quería ejercer sola.

La trama militar

Bajo la mirada benévola de Gil Robles, ministro de la Guerra de 1934 a 1935, se desarrolló la conspiración militar con la que contaban los elementos extremistas. Uno de los primeros actos del gobierno surgido de las elecciones de 1934 fue la proclamación de una amnistía para los militares implicados en el pronunciamiento del general Sanjurjo en 1932. Los funcionarios condenados y despedidos fueron reincorporados. En 1934, por iniciativa del mismo Sanjurjo, se creó la «Unión Militar Española», que muy pronto se convirtió en el centro de una conspiración que incluía a la mayoría de los grandes jefes, el general Franco, jefe del Estado Mayor, el general Fanjul, subsecretario de Estado, el general Rodríguez del Barrio, inspector general del Ejército, todos ellos monárquicos y conservadores instalados en los puestos de mando del ejército republicano. Uno de ellos, el teniente general Barrera, rubricó, junto con los monárquicos Lizarza y Goicoechea, el acuerdo con Mussolini.

Bajo el nombre de guerra de «don Pepe», fue el coronel Varela -que pronto sería ascendido a general- quien se puso en contacto con los dirigentes carlistas y dirigió la formación militar de los requetés en Navarra. En el verano de 1935, durante las grandes maniobras en Asturias, Franco, Fanjul y Goded, según uno de los historiadores oficiales del movimiento, sentaron «las bases para la preparación del levantamiento nacional». Los jefes del ejército estaban dispuestos a entrar en acción si el partido de Gil Robles se mostraba incapaz de tomar el poder mediante elecciones.

La Falange

Los ejemplos alemán e italiano llevaron a ciertos círculos de la oligarquía a considerar el uso de instrumentos políticos más modernos que los partidos tradicionalistas.

Incluso antes de 1936, el multimillonario Juan March financió [19] un movimiento que desempeñaría un papel destacado durante la guerra civil. En 1932, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó la «Falange Española», que se convirtió en la «Falange Tradicionalista Española» en 1934 tras su fusión con la «Junta Nacional Sindicalista Ofensiva», y que siguió siendo un grupo minúsculo sin influencia real hasta después de las elecciones de febrero de 1936.

El programa de 26 puntos de la Falange es típicamente fascista: reprocha a los republicanos su timidez frente a la oligarquía, propone la nacionalización de los bancos y de los ferrocarriles, y una reforma agraria radical, pero al mismo tiempo denuncia la doctrina marxista corruptora y disolvente de la lucha de clases, y la opone al ideal de «la armonía de las clases y de las profesiones en un solo destino», el de la Patria y Europa. Sólo su actitud hacia la Iglesia diferenciaba a la Falange del Fascio mussoliniano: un falangista, incluso ateo, respetaba el ideal histórico de España en la Iglesia católica [20]. Los éxitos de Mussolini y Hitler parecían garantizar a los seguidores de José Antonio su inminente victoria; sus sueños imperiales les atraían hacia el Marruecos francés y una renovada soberanía sobre Sudamérica, ese otro producto de la «hispanidad» y el «destino común».

El fundador y líder de la Falange, José Antonio, como se le llama simplemente, es un joven andaluz con un encanto y una juventud, una innegable elegancia de porte y una cierta generosidad que hará que muchos de sus más acérrimos adversarios sientan poca simpatía espontánea por él. Sin embargo, su movimiento aún no se tomaba en serio. Al igual que el fascismo y el nacionalsocialismo, el falangismo sólo se situó en un terreno «social» para combatir mejor a las organizaciones marxistas y oponerse a ellas con las armas del terror y la violencia. Hasta 1936, la oligarquía española se mantuvo reticente ante este movimiento de aspecto plebeyo y confió más bien en Gil Robles para una victoria obtenida en el marco legal de las elecciones: aún no estaba dispuesta a aceptar los inconvenientes de ser salvada por un partido de doctrina y método fascista, que a menudo era tan duro con sus aliados y apoyos financieros como con sus adversarios. En febrero de 1936, la Falange sólo contaba con unos pocos miles de miembros, entre ellos un millar en Madrid. Fue a las elecciones en solitario, sufriendo estrepitosos fracasos. Se mantuvo como una fuerza de reserva, capaz de ser utilizada si la clase obrera amenazaba con volver a tomar las calles. José Antonio, que también se había reunido con Mussolini, estaba en estrecho contacto, en cualquier caso, con los jefes militares y políticos del complot.

Los republicanos autonomistas

Las fuerzas que podían oponerse a estas amenazas eran escasas y, sobre todo, estaban divididas.

Es una de las tragedias de los republicanos y liberales españoles que el carácter incompleto de la nación española, la persistencia de las tendencias autonomistas, ha impedido la constitución de una verdadera burguesía española, a pesar de la existencia de una burguesía vasca y una catalana. Los banqueros del País Vasco y los mayores empresarios catalanes están vinculados a la oligarquía. Todos los elementos pequeñoburgueses que, en los países occidentales, forman la base de los partidos más firmemente adheridos al régimen parlamentario se han volcado en los movimientos autonomistas.

En 1936, juristas como Manuel de Irujo y Leizaola, e industriales como José Antonio Aguirre y Lecube, lideraron el «Partido Nacionalista de Euzkadi» [21], fundado en 1906 sobre una base racial, política y religiosa, perfectamente expresada en su lema: Todo para Euzkadi y Euzkadi para Dios. Los curas rurales proporcionaron un marco sólido a los campesinos vascos, decididamente conservadores. Los capitalistas apoyaron de buen grado con sus subvenciones a un partido antisocialista que había sido capaz de organizar sindicatos católicos «amarillos», la «Solidaridad Obrera Vasca», contra la UGT y los sindicatos comprometidos con la ideología de la lucha de clases, y que les parecía un sólido baluarte que defendía tanto a la Iglesia como a las clases propietarias. El desarrollo industrial de Vizcaya, que seguía sometido a la incompetencia y corrupción del Estado oligárquico, incrementó aún más el atractivo del ideal nacionalista en los primeros años del siglo, que ya estaba firmemente arraigado en las tradiciones milenarias de un pueblo innegablemente original y orgulloso de ello.

Bajo la República, los nacionalistas vascos se aliaron naturalmente con la derecha y los partidos conservadores y reaccionarios. Pero en noviembre de 1933, cuando la mayoría de derechas rechazó el Estatuto de Autonomía previsto para el País Vasco, el partido pasó a la oposición y a una alianza de hecho con los republicanos de izquierda y los socialistas.

Un fenómeno similar ocurrió en Cataluña. También aquí el autonomismo catalán se nutrió de la revolución industrial y del conflicto con la retrógrada oligarquía agraria. La gran burguesía, por supuesto, se mantuvo cauta: necesitaba el mercado español y el apoyo del gobierno central frente a un proletariado inquieto. Sus dirigentes, Cambo y sus amigos de la Lliga, son más oligarcas que catalanes. Pero la pequeña burguesía no tiene las mismas razones para ser tan cautelosa, pues está claro que el catalanismo no tiene ninguna posibilidad de triunfar si no cuenta con el apoyo de los obreros y los campesinos. Su partido, la Esquerra Catalana, era por tanto un partido de masas, nacido en abril de 1931 de la fusión de diferentes partidos y agrupaciones republicanas de Cataluña: se apoyaba en el poderoso movimiento sindical campesino, la «Unión de Rabassaires». Su inspirador y líder, Lhuis Companys, antes vinculado a Salvador Segui, fue durante mucho tiempo el defensor del C.N.T., con el que mantuvo un estrecho contacto. La República se proclamó en Barcelona antes que en Madrid, en 1931, y el 15 de septiembre de ese año se votó el Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, en 1934, el Estatuto de Autonomía fue suspendido, porque los autonomistas, preocupados, iniciaron y fracasaron un levantamiento contra la derecha. Los autonomistas catalanes acabaron en las cárceles con los militantes obreros.

Los republicanos burgueses

En el resto de España, salvo algunas ciudades y las ricas llanuras de regadío de Levante, no hay una base real para los partidos republicanos burgueses en ningún lugar. El Partido Radical de Alejandro Lerroux representaba las aspiraciones de la pequeña burguesía hostil al Ejército y a la Iglesia, encarnando su deseo de una nueva España, libre de los grilletes de la época feudal, allanando el camino para la expansión capitalista creativa. Pero, asustados por la agitación obrera y campesina, los radicales retrocedieron rápidamente y, en 1933, por miedo a la revolución, optaron por aliarse con la C.E.D.A., con la que compartían responsabilidades de gobierno. El partido de Lerroux cayó en el descrédito total tras un escándalo financiero en 1935 [22]. Parte de su personal, detrás de Martínez Barrio, hijo de un obrero y dignatario de la masonería, se unió a los «republicanos de izquierdas» de Manuel Azaña, de los que sólo les separaban algunos matices.

Presidente del Consejo en el 31 de octubre hasta la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, Presidente de la República en 1936, Azaña, para la historia, encarna a los republicanos españoles. Nacido en Alcalá de Henares en 1880, de familia acomodada, brillante alumno del Colegio de los Agustinos de El Escorial, lo que no le impidió ser un ardiente anticlerical desde muy joven, durante mucho tiempo se sintió más atraído por la literatura que por la política. Presidente del «Ateneo» de Madrid, desempeñó un importante papel en la oposición republicana al final de la monarquía y se estableció muy rápidamente en las Cortes, al frente del grupo de diputados de «Acción Republicana». Admirador de la Francia burguesa, soñaba con una república de orden y equilibrio, guiada por notables, sólidamente apoyada por una clase media de campesinos propietarios. La agitación obrera y campesina no lo llevó a los brazos de los conservadores. Por el contrario, le convenció de la necesidad de que los republicanos presentaran un programa de reformas susceptible de ganar suficientes trabajadores para frenar el movimiento revolucionario.

Su primer gobierno decepcionó profundamente a quienes no esperaban nada de la monarquía pero estaban dispuestos a esperarlo todo de la República. La ley agraria sólo abordó el problema del latifundio, descuidando el drama de la vida precaria de los pequeños campesinos. En dos años, sólo 12.000 campesinos, de los millones que tienen hambre de tierra, han recibido un lote, que tienen que pagar, porque los grandes terratenientes son indemnizados.

La reforma del ejército sólo se tradujo en la salida de los oficiales republicanos, que se alegraron demasiado de ser liberados de las filas con la paga completa; los dirigentes monárquicos permanecieron en su puesto. Los esfuerzos del gobierno de Azaña en el campo de la reforma social fueron completamente aniquilados por las consecuencias de la crisis mundial en la economía española. Su legislación anticatólica levantó a gran parte de las clases medias en su contra, sin hacer mella en las ciudadelas del clericalismo. Sobre todo, ante la agitación obrera y campesina, el orden se mantuvo con más firmeza que contra los monárquicos. La «Ley de Defensa de la República» permitía una represión que no tenía nada que envidiar a la de la monarquía. La «guardia civil» heredada de la monarquía permaneció intacta. Fue duplicada por otra fuerza policial, reclutada entre los republicanos, la «guardia de asalto», no menos enérgica en su acción contra los obreros y campesinos.

En enero de 1933, bajo el impulso de militantes anarquistas, los campesinos de Casas Viejas, en Andalucía, se sublevan y proclaman el «comunismo libertario». Azaña y su ministro de Gobernación, el gallego Casares Quiroga, tuvieron una gran responsabilidad personal en la represión que siguió: la guardia civil mató a tiros a veinticinco braceros y quemó sus casas. Cuando Azaña dejó el cargo, el balance de su lucha contra la agitación obrera y campesina era muy elevado. Las cárceles estaban llenas de militantes revolucionarios: 9.000, en su mayoría anarquistas, según los documentos oficiales. Fue este aspecto de su gobierno el que permitió a otro republicano, aunque tan moderado como Martínez Barrio, decir que el régimen que terminó fue de «barro, sangre y lágrimas».

Desacreditado tras su paso por el poder, Azaña recuperaría sin embargo parte de su popularidad gracias a la persecución de la derecha. Aunque no había participado en la sublevación de octubre de 1934, fue procesado y luego encarcelado: recuperó así el prestigio que había perdido en el poder en la oposición. El líder de la «Izquierda Republicana», este hombre «bajo y fornido, de complexión biliosa y verdosa, con los ojos fijos e inexpresivos» [23], al que sus adversarios comparaban fácilmente con un sapo, era un buen orador parlamentario, pero un mal tribuno. Cuarenta mil personas acudieron a Comillas, cerca de Madrid, tras su liberación, a un mitin en el que habló en favor de los presos políticos. Porque volvió a simbolizar la unión de republicanos y socialistas, la república parlamentaria que pedía el apoyo de los trabajadores para una España renovada y modernizada, liberada de la oligarquía.

España y el movimiento obrero

Fue sobre este problema que se produjo la división en las filas de los republicanos burgueses. Lerroux eligió la alianza con la C.E.D.A. por miedo a la revolución obrera. Azaña y Martínez Barrio optaron por aliarse con los partidos obreros y salvar a España de una revolución. Creían que el marco constitucional ofrecía todas las posibilidades para realizar profundas reformas estructurales. Las Cortes, cámara única elegida por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos de ambos sexos, pueden, gracias a la ley electoral que otorga el 80% de los escaños a las listas mayoritarias en las circunscripciones regionales, ofrecer mayorías estables. Los amplios poderes del Presidente de la República, el derecho a elegir y destituir al Presidente del Consejo y el derecho a oponerse a una ley, así como la existencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, les parecen al mismo tiempo una garantía contra las aventuras. En este marco, esperaban completar la obra, apenas iniciada en 1931, de construir un Estado verdaderamente liberal, laico y democrático, y de regenerar la sociedad mediante una reforma agraria que llevara la propiedad a millones de campesinos sin tierra.

No podían esperar llevar a cabo esa tarea sin el apoyo del movimiento obrero, los sindicatos y los partidos. A lo largo del siglo, este movimiento se convirtió en una fuerza decisiva cuya influencia se dejó sentir profundamente en el corazón de España, en el mundo campesino. Es cierto que los campesinos de Euzkadi siguieron apegados a sus tradiciones y al partido nacionalista, los campesinos navarros y del Maeztrazgo formaron la base popular del carlismo, y los pequeños campesinos de Cataluña y Levante votaron fácilmente a los republicanos, ya fueran de derecha o de izquierda. Pero la influencia de los socialistas fue importante en el campo asturiano, entre los trabajadores agrícolas de Castilla la Vieja, entre los agricultores sólidamente organizados, en las huertas [24] de Granada y Murcia. Fueron los anarquistas quienes organizaron e inspiraron las luchas de los subforados [25] de Galicia, las revueltas de los braceros andaluces, las luchas de los campesinos sin tierra de Aragón… El movimiento obrero está en proceso de conquistar a la clase campesina. Se convirtió en un adversario y en una apuesta. Con sus reivindicaciones, incluso las más moderadas, amenaza directamente los intereses vitales de la oligarquía.

Es porque es una fuerza terriblemente explosiva que la pequeña burguesía republicana busca su alianza y su apoyo para su propia política. Les parece indispensable tenerla de su lado, frente a formidables adversarios, para lograr en el campo español ese 1789 que el país no ha conocido y sin el cual no parece posible ningún progreso económico y social serio. Pero el movimiento obrero español también tenía sus propias reivindicaciones y objetivos. A finales de 1935, parecía dispuesta a levantarse tanto contra los oligarcas que querían destruirla como contra los republicanos que pensaban utilizarla.

Notas

[1] En vísperas de la revolución, la Rio Tinto Copper Mining Company obtenía unos beneficios anuales de alrededor de 1 millón de libras, mientras que su capital era de 4 millones de libras. La duquesa de Atholl (Searchlight on Spain) la acusó de haber financiado la rebelión militar suministrando a sus dirigentes libras esterlinas por 40 pesetas, cuando la cotización normal era de 80 a 100 pesetas. También cabe destacar la presencia en España de la gran firma armamentística británica Vickers-Armstrong, estrechamente vinculada a los bancos Zubira y Urquijo.

[2] Traction Light & Electric Power controla nueve décimas partes de la producción de energía eléctrica de Cataluña.

[3] Fue entonces cuando, en represalia por el establecimiento del monopolio del petróleo por el gobierno dictatorial del general Primo de Rivera, el multimillonario estadounidense Deterding retiró su apoyo a la peseta.

[4] España, un crisol político, p. 60.

[5] El laberinto español, pp. 87-131.

[6] Rabassaire: un tipo especial de arrendatario (rabassa morta: raíz muerta) cuyo arrendamiento finaliza cuando las tres cuartas partes de las plantas están muertas. Estas condiciones, relativamente favorables en el siglo XIX, se volvieron catastróficas con los estragos de la filoxera y la introducción de nuevas plantas que requieren más cuidados y duran menos. Bajo la influencia de Gambo y de la derecha, el Tribunal de Garantías Constitucionales derogó la ley aprobada en favor de los rabassaires por el Parlamento catalán en vísperas de la insurrección de 1934.

[7] El trabajo duró desde el amanecer hasta el atardecer. A principios de 1936, la mayoría de los salarios de los trabajadores agrícolas estaban entre 0,60 y 3 pesetas. El trabajo era intermitente y estacional.

[8] Según José Peirats, el verdadero nombre de Santillán era Sinesio García Hernández: nacido en León, emigró muy joven a Argentina, lo que explicaría esta parte de su leyenda.

[9] G. Brenan, op. cit. p. 260.

[9bis] Esta participación, atestiguada por la mayoría de las notas biográficas dedicadas a Durruti después de su muerte, parece ser considerada como secundaria. Federica Montseny, tras nuestra primera edición, señala que la preparación del atentado contra Dato fue en realidad obra de Ramón Archs, que moriría torturado. Uno de los autores del atentado sigue vivo. Uno de los participantes, Ramón Casanellas, huyó a la URSS y se convirtió al comunismo antes de morir en un accidente de moto.

[10] Koltsov, Diario de España, p. 43

[11] Buenaventura Durruti, folleto C.N.T.-F.A.I., Barcelona 1937.

[12] Declaración a Pierre Van Paasen, corresponsal del Toronto Star, reproducida por F. Morrow en Revolution and counter-revolution in Spain, p. 189.

[13] Véase el folleto Discursos a los Trabajadores, Madrid, 1934.

[14] J.-R. Bloch, Spain, Spain, pp. 79-80.

[15] Misión a España, p. 43.

[16] Koltsov, op. cit, p. 73.

[17] Las negociaciones de fusión, iniciadas a principios de año, ya habían dado lugar a un acuerdo el 25 de junio.

[18] Sólo un grupo muy pequeño permaneció fiel a Trotsky y trató de aplicar su «línea» uniéndose a las J.S. Entre ellos estaba G. Munis, citado más adelante.

[19] Koltsov describe al O.U.P. como un «bloque Trotsky-Bukharin», op. cit. p. 24.

[20] Juan Andrade: «Marxistas y anarquistas revolucionarios en la revolución española». La revolución española, 15 de abril del 37.

[21] Cf. Trotsky (Lecciones de España, p. 40): «La C.N.T. agrupa indiscutiblemente a los elementos más combativos del proletariado. La selección se ha hecho a lo largo de muchos años. Consolidar esta confederación y transformarla en una verdadera organización de masas es el deber imperativo de todo trabajador avanzado y sobre todo de los trabajadores comunistas».

I.2: El movimiento obrero

El movimiento obrero español también tenía una fisonomía original. En los demás países europeos, la lucha iniciada en el seno de la Primera Internacional entre los partidarios de Marx y los de Bakunin vio la victoria de los primeros, los que entonces se llamaban «autoritarios»; construyeron los partidos socialdemócratas afiliados a la Segunda Internacional y las centrales sindicales reformistas. En España, en cambio, la victoria de los «libertarios», los amigos de Bakunin agrupados en la sociedad secreta de la «Alianza de la Democracia Socialista», tuvo consecuencias duraderas, marcando durante mucho tiempo al movimiento obrero español con el sello revolucionario de las tradiciones anarquista y anarcosindicalista.

Los anarquistas

Las ideas de Bakunin

Esta victoria no tiene nada de sorprendente: en este país agrícola, donde tantos lazos unen al obrero industrial con el campesino sin tierra y el jornalero, donde la jacquerie, revuelta breve y violenta, y el bandolerismo de los forajidos son la forma ancestral de explosión de la cólera y la venganza populares, las ideas de Bakunin encontraron un terreno favorable.

A sus ojos, sólo el desencadenamiento espontáneo de las fuerzas de los oprimidos podría derrocar el capitalismo, la acción enérgica de una minoría organizada sólo interviene para coordinar las iniciativas de las masas levantadas contra las fuerzas de la represión. A la acción política de los partidos, seductora en los países avanzados, Bakunin y sus amigos opusieron la acción insurreccional, la influencia del ejemplo revolucionario, más acorde con las tradiciones de las luchas de clase españolas: así atribuyeron, en la obra de emancipación, un papel decisivo a los «queridos bandidos», a los «ángeles vengadores de los pobres» que el campesino español aprecia, incluso cuando los teme [1].

Opositores acérrimos al Estado como forma secular de opresión, los seguidores de Bakunin, rechazando «toda organización del llamado poder político provisional o revolucionario»[2], veían el embrión de la sociedad futura, justa y fraternal, en esta «comuna libre», tan cercana a las comunidades campesinas medievales, en la que todo rebelde español encontraba su sueño.

Anarcosindicalismo

La influencia de los teóricos anarquistas, como el célebre pedagogo Francisco Ferrer, y sobre todo la de Anselmo Lorenzo, y la de los sindicalistas revolucionarios de la C.G.T. francesa, se conjugaron para que en 1910 naciera, a partir de los núcleos libertarios catalanes, la Confederación nacional del Trabajo, una organización sindical revolucionaria a la que la represión no impidió liderar la gran oleada de huelgas en Cataluña a partir de 1917.

Por un momento estuvo tentada de adherirse a la Internacional Comunista, como proponían dos de sus dirigentes, los maestros de escuela Andrès Nin y Joaquin Maurin [3], delegados en Moscú y conversos al comunismo, la C.N.T., tras los acontecimientos de Kronstadt, tomó distancia. En su bastión de Cataluña, en los años siguientes, tuvo que sostener una sangrienta lucha contra el gobernador Martínez Anido: cientos de militantes cayeron bajo las balas de los pistoleros y, entre ellos, el secretario de la C.N.T., Salvador Segui [4].

Fue bajo la dictadura de Primo de Rivera, en plena represión, cuando se organizó en 1927 la Federación anarquista ibérica, la F.A.I., tan misteriosa como poderosa, que muy pronto dominó la C.N.T. Organización secreta como la Allianza, formada por grupos de afinidad similares a las logias masónicas bajo la autoridad de un Comité Peninsular clandestino, la F.A.I. se convirtió muy pronto en el alma del centro anarcosindicalista.

No es sólo un grupo anónimo y activo, sino un estado de ánimo típicamente español. Como escribía el sindicalista francés Robert Louzon, conocedor y simpatizante del anarcosindicalismo español: «el «faillisme» es la jacquerie transpuesta al nivel de la lucha obrera por la masa campesina de la que se recluta naturalmente el obrero español, en España como en otras partes, y que se sistematiza, se «teoriza» en cierto modo» [5]. El F.A.I. adoptó el método revolucionario preconizado por el anarquista italiano Malatesta: «tomar una ciudad o un pueblo, poner fuera de juego a los representantes del Estado e invitar a la población a organizarse libremente».

Bajo su impulso estallaron breves revueltas durante la República, violentos brotes locales o regionales que instauraron un efímero comunismo libertario: en el Llobregat en enero del 32, en Casas Viejas en enero del 33, en Aragón en diciembre del 33. Es esto lo que aleja a la C.N.T. de cualquier acuerdo con los republicanos o los socialistas, lo que mantiene en la propaganda del centro la feroz hostilidad de los anarquistas a los «engaños» electorales y parlamentarios.

La C.N.T.-F.A.I.

A partir de 1931, un buen número de dirigentes protestaron contra la política de aventuras y «putsch» que impuso la central sindical. Dirigentes conocidos, el ex secretario general Ángel Pestaña, el director de Solidaridad obrera, Juan Peiro, Juan López, exigieron volver a una acción más propiamente sindical, menos desvinculada de las reivindicaciones inmediatas, y perspectivas de acción a más largo plazo. Su grupo, llamado «trentiste», excluido de la C.N.T., constituyó los «Sindicatos de Oposición» que serían influyentes en Asturias, Levante y en algunos pueblos de Cataluña. Los partidarios de la F.A.I. les acusaron de haberse unido al «reformismo»: sin embargo, en 1934, participaron en la insurrección de Asturias y Cataluña, mientras que la C.N.T. y la F.A.I. se mantuvieron a distancia.

En vísperas de la guerra civil, la F.A.I. parecía estar completamente incorporada a la organización confederal, como demuestran las siglas C.N.T.-F.A.I. y los colores rojo y negro de la bandera común. Sin embargo, detrás de Peiro y López [6], que siempre se pronunciaron a favor de la independencia de los sindicatos de cualquier formación política -incluida la F.A.I.-, los sindicatos de la oposición volvieron a unirse a la CNT. El congreso de Zaragoza, en marzo de 1936, reafirmó solemnemente su objetivo, que era la instauración del comunismo libertario. Sin embargo, la ideología «failliste» había retrocedido: en febrero la C.N.T. no había lanzado la orden de boicot a las elecciones y los «trentistes» reintegrados iban a hacer prevalecer su punto de vista más de una vez en las semanas siguientes.

Independientemente de las innegables dificultades de la C.N.T., lo cierto es que su fidelidad al principio de la lucha de clases, al de la acción directa [7], la ha mantenido como una base obrera combativa y militante con durísimas huelgas en su haber: los metalúrgicos de La Felguera aguantaron nueve meses y los obreros de Zaragoza en 1934 realizaron una huelga general de seis semanas. Sobre todo, la tradición anarcosindicalista hace que el sindicato en España sea mucho más que un arma de defensa en la lucha diaria, una célula viva del organismo social, acaparando muchas veces todo el tiempo de ocio del trabajador, y sobre todo el medio revolucionario por excelencia, la herramienta de transformación social, la agrupación de clase, infinitamente más importante en este sentido que los partidos políticos.

Esta organización tan activa tiene, sin embargo, debilidades evidentes. Frente a la complejidad de la economía moderna, con la interdependencia de sus diferentes sectores, las teorías políticas y económicas del C.N.T.-F.A.I. parecen ser de gran ingenio. Todo está simplificado por los propagandistas que describen la idílica «comuna» que el sacrificio de los militantes dedicados a la muerte debería permitir que floreciera y luego floreciera. Parece que, para algunos, nada ha cambiado desde Malatesta y que no es más difícil implantar el comunismo libertario para siempre, en todo el país, de lo que fue implantarlo durante unas horas en el Llobregat o en Figols.

Líderes anarquistas: Durruti

Además, no son los teóricos los líderes de los anarquistas. Se duda en situar el papel de personalidades tan distintas como Federica Montseny, oradora e incansable propagandista, el formidable publicista Diego Abad de Santillán -un llamativo seudónimo que, según se dice, oculta a un militante argentino[8]-, o Manolo Escorza del Val, un tullido físicamente debilitado y moralmente implacable que, entre bastidores, anima el Comité Peninsular de la F.A.I. y los Grupos de Defensa de la C.N.T. Pues todos ellos son igualmente representativos de lo que es el movimiento libertario español, en toda su diversidad. Ninguno de ellos, sin embargo, alcanzará la fama de Buenaventura Durruti.

Durruti nació en León el 14 de julio de 1896, en el seno de una familia de ocho hijos, de un trabajador ferroviario. A los 14 años era mecánico en un taller ferroviario. Participante activo en la huelga de 1917, tuvo que marcharse a Francia, donde trabajó durante tres años, y luego regresó a España, se afilió a la C.N.T. y se hizo anarquista. Fue entonces cuando se unió a Barcelona, el corazón del movimiento. Allí, en el grupo Los Solidarios, entabló amistad con los que serían sus compañeros de lucha de toda la vida. Durruti, Jover, Francisco Ascaso, «un hombrecillo de apariencia insignificante» [9], y Juan García Oliver, el más «político» de los cuatro, se convertirían en los «Tres Mosqueteros», héroes legendarios del anarquismo español. Terroristas y expropiadores, se apoderaron de una furgoneta de oro del Banco de España para financiar la organización, y participaron en la preparación del atentado contra Dato, el presidente del consejo [9bis]. Fueron Ascaso y Durruti quienes, para vengar la muerte de Segui, fusilaron al cardenal Soldevila en Zaragoza. Tras refugiarse en Argentina, acusados de robo y terrorismo, fueron condenados a muerte y tuvieron que huir de nuevo. Viajaron por Sudamérica antes de esconderse en Francia, donde fueron detenidos justo cuando planeaban un atentado contra Alfonso XIII. Pasaron un año en prisión, amenazados de extradición. Liberados tras una campaña de la prensa de izquierdas, retomaron su vida errante, rechazando el asilo político que les ofrecía la U.R.S.S. Regresaron a España tras la caída de la monarquía y fueron detenidos de nuevo en 1932. Antes de su deportación a África, Durruti encontró la manera de organizar, desde su prisión, el robo de los jueces y la destrucción de las pruebas de un juicio en el que estaban implicados otros militantes. Liberado, y de vuelta a Barcelona, fue activista del sindicato textil cuando estalló la guerra civil.

«Héroe indomable» para unos, «asesino» para otros, ¿quién era este hombre hercúleo de rostro terriblemente expresivo, «una cabeza hermosa e imperiosa que eclipsaba a todas las demás» [10]?

Según sus amigos, «reía como un niño y lloraba ante la tragedia humana» [12].

Probablemente por eso se ha centrado tanto amor y odio en este símbolo del anarquismo español, que gritó en plena Guerra Civil: «No tenemos el menor miedo a las ruinas…». Heredaremos la tierra… Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y ese mundo está creciendo en este mismo instante» [12].

Los socialistas

El oponente de este movimiento anarquista innegablemente original era un movimiento socialista mucho más clásico. El socialismo español no es, de hecho, más que una de las ramas del socialismo europeo, cuyas características específicas provienen esencialmente de un desarrollo relativamente tardío y de su posición largamente minoritaria dentro del movimiento obrero.

Los inicios del Partido Socialista

El pequeño grupo de «autoritarios» excluido en 1872 por los amigos de Bakunin de la sección española de la Internacional iba a ser el núcleo del Partido democrático socialsta obrero, fundado en 1879 en un café por cinco amigos. A través de José Mesa y Paul Lafargue, el pequeño grupo, dominado por la notable personalidad de Pablo Iglesias, cayó bajo la fuerte influencia de Jules Guesde y su rígida ortodoxia marxista. El joven partido se legalizó en 1881, pero sólo contaba con unos mil afiliados y tuvo que esperar hasta 1886 para publicar su primer órgano, el semanario El Socialista. Las condiciones en las que se celebraron las elecciones en la España monárquica, y la ausencia total de reformas sociales, eran poco favorables al desarrollo de organizaciones socialistas comprometidas con la acción parlamentaria y municipal y con la lucha por las reformas, mientras que los anarquistas, que ya eran mayoría entre la clase obrera, sacaban argumentos adicionales para su causa. Sin embargo, su situación minoritaria, la necesidad de explicar incansablemente y de convencer uno a uno a los nuevos adeptos, dotó a la organización socialista de una notable cohesión y disciplina, junto con una alta conciencia de su misión y una voluntad de preservar la pureza de la doctrina, perfectamente encarnada por la bella y severa figura de Pablo Iglesias. En 1888, dos dirigentes socialistas, Mora y García Quejido, habían fundado la Unión General de Trabajadores (UGT). Centralizado, moderado y abiertamente reformista, el nuevo sindicato, fundado con poco más de 3.000 afiliados, tardó más de once años en duplicar su número inicial de miembros.

Sin embargo, desde principios de siglo, el partido socialista y la UGT fueron perdiendo su carácter primitivo de sectas y se convirtieron en verdaderas organizaciones de masas. En Madrid, el primitivo núcleo de impresores se expandió rápidamente para incluir a todas las corporaciones. El éxito de las huelgas metalúrgicas en Bilbao, debido a la dirección socialista de la UGT, afianzó su influencia allí y creó un sólido bastión en la región. La institución de las Casas dei Pueblo, que se extendió durante este periodo, hizo de los socialistas los educadores de miles de militantes obreros. Además, antes de la Gran Guerra, la UGT ganó en casi todas partes en detrimento de los anarquistas, excepto en Cataluña. Desempeñó un papel eminente en la dirección de las huelgas de 1917, y en 1918 ya contaba con más de 200.000 afiliados.

El problema de la adhesión a la Tercera Internacional iba a sacudir al partido socialista hasta el fondo. Los acontecimientos de 1917 en España parecían reivindicar a los socialistas que denunciaban la vía parlamentaria como una ilusión y un engaño. La revolución rusa fascinó a los militantes. Finalmente, tras dos decisiones contradictorias tomadas por dos Congresos Extraordinarios y el envío a Moscú de dos delegados con opiniones divergentes, un tercer Congreso Extraordinario decidió, por 8.880 votos contra 6.025, rechazar las 21 condiciones de adhesión a la Tercera Internacional. Mora y García Quejido, fundadores de la UGT, y Daniel Anguiano, que había regresado de Moscú, rompieron con la organización y llevaron a casi la mitad de los militantes a formar el Partido Comunista Español con Andrès Nin, Maurin y otros elementos de la C.N.T. que se habían convertido al comunismo.

¿Del reformismo a la revolución?

Una nueva crisis sacudió al Partido Socialista bajo la dictadura de Primo de Rivera. El general, que buscaba apoyo en el movimiento obrero, ofreció a los socialistas colaborar con él. Esta sería la ocasión del primer conflicto importante entre los líderes de la nueva generación socialista. Largo Caballero, secretario de la UGT, madrileño por temperamento y con antecedentes «autoritarios», se impuso al liberal Prieto, dirigente socialista de Bilbao, más vinculado a los círculos republicanos. La «colaboración» estaba decidida: Largo Caballero se convirtió en Consejero de Estado e intentó, a través de las comisiones mixtas de arbitraje, ampliar la influencia y las bases de la UGT en detrimento de la duramente perseguida C.N.T.

Durante los dos primeros años de la República, siguiendo el ejemplo de los partidos socialistas occidentales, los socialistas españoles colaboraron con los republicanos en el gobierno. Largo Caballero fue ministro de Trabajo en un gobierno de Azaña que no dudó en perseguir a los militantes de C.N.T. Sin embargo, durante este periodo, aprovechando la mayor libertad de propaganda y organización sindical, beneficiándose del despertar a la vida política y sindical de nuevas capas de trabajadores, la UGT se fortaleció considerablemente. En 1934, contaba con algo más de 1.250.000 afiliados, de los cuales 300.000 eran trabajadores de fábricas, minas y ferrocarriles.

Tras la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, los socialistas parecen dar la espalda a su tradicional actitud reformista como socialdemócratas: la insurrección de octubre de 1934 subraya este giro radical hacia posiciones claramente revolucionarias.

Largo Caballero y la alianza de los trabajadores

En un curioso giro de los acontecimientos, el inspirador de la tendencia «izquierdista» del partido socialista, uno de los responsables de su evolución, fue el secretario de la UGT, Largo Caballero, hasta entonces pilar del reformismo.

Nacido en el seno de una familia obrera pobre de Madrid en 1869, Francisco Largo Caballero tuvo que ganarse la vida desde los 8 años: no aprendió a leer hasta los 24. Escayolista, se afilió a la UGT en 1890 y al Partido Socialista en 1894 y pronto ocupó cargos importantes en ambas organizaciones. Condenado a muerte y luego a cadena perpetua tras la huelga de 1917, fue amnistiado en 1918 tras su elección a las Cortes como diputado: decidido opositor a la pertenencia a la Tercera Internacional y violentamente hostil al comunismo, fue quien propició la adhesión del Partido Socialista Español a la reconstituida Segunda Internacional. Consejero de Estado con Primo de Rivera, ministro de Trabajo en el gobierno republicano de Azaña, fue el adalid de la colaboración de sindicalistas y socialistas con el Estado, el líder del reformismo más abierto. Sin embargo, en febrero de 1934, no dudó en afirmar: «La única esperanza de las masas hoy es una revolución social.

Su experiencia ministerial le había dejado profundamente decepcionado. Como el primero de los socialistas, chocó con Azaña: el personal del ministerio y los altos funcionarios sabotearon abiertamente sus directivas, ridiculizando sus proyectos de reforma. Llegó a la conclusión de que el reformismo estaba llevando al movimiento obrero a un callejón sin salida. Es imposible», dijo, «realizar una pizca de socialismo en el marco de la democracia burguesa. Sólo queda, por tanto, buscar otra vía [13].

El primer resultado práctico de esta nueva orientación fue, ya en 1934, la organización, bajo su impulso, de la «Alianza Obrera», un frente unido de partidos y sindicatos obreros, al que los comunistas y la C.N.T., salvo en Asturias, se negaron a sumarse. Durante la huelga general de octubre de 1934, contra la llegada de la C.E.D.A. al gobierno, fue la Alianza Obrera, a la que el PC se unió en el último momento, la que dirigió el levantamiento revolucionario en Asturias. Durante más de una semana, con armas improvisadas, bajo la dirección de militantes de diferentes organizaciones, los mineros lucharon contra el ejército y las tropas de choque, moros y tercios, comandadas por el general Lapez Ochoa. El movimiento fracasó en el resto de España, en Cataluña como consecuencia de la traición de algunos catalanistas, las vacilaciones de la Esquerra y, sobre todo, la abstención de la C.N.T. en Madrid por falta de preparación seria. La represión que siguió -más de 3.000 obreros muertos, la mayoría de ellos fusilados en el acto, 7.000 heridos y más de 40.000 encarcelados- no consiguió aplastar el sentimiento revolucionario que había inspirado el movimiento. La insurrección de Asturias se convertirá a los ojos de los trabajadores españoles, tanto anarquistas como socialistas, en una epopeya ejemplar, en el primer intento de los trabajadores de tomar el poder a través de las organizaciones de clase, de sus comités revolucionarios, de enfrentar a sus tropas, a los trabajadores armados, en una palabra a su propio Estado contra el Estado de la oligarquía. Su lema: «U.H.P.» (Unión de Hermanos Proletarios) se convierte en la de toda la clase.

Encarcelado, Caballero, este viejo, este «practicante», este administrador del movimiento obrero, comenzó a leer por primera vez. A los 67 años, descubrió los clásicos del marxismo, Marx y Engels, Trotsky, Bujarin, Lenin especialmente. Se entusiasmó con El Estado y la Revolución y con la Revolución Rusa, contra la que tanto había luchado. Estas lecturas y la influencia de los brillantes intelectuales que le rodeaban, Araquistain, Álvarez del Vayo, Carlos de Baraibar, reforzaron aún más las conclusiones extraídas de su propia experiencia. A sus ojos, tanto el «socialismo democrático reformista y parlamentario de la Segunda Internacional como el socialismo revolucionario dirigido por Moscú de la Tercera Internacional están muertos». Pensó en una Cuarta Internacional que tomaría de sus predecesores lo mejor que habían tenido, la autonomía de los partidos nacionales de la Segunda Internacional, la táctica revolucionaria de la Tercera. Multiplica los avances de la C.N.T. y acoge los que le hacen los comunistas que se sienten más atraídos, en realidad, por sus posiciones a favor de la «unidad» que por las perspectivas revolucionarias que ha descubierto tan recientemente.

Pero su evolución fue la misma que la de las amplias masas obreras y campesinas, como él decepcionadas por la República y el reformismo, como él ganadas a la Revolución, incluso y sobre todo después del fracaso de octubre de 1934. Largo Caballero será su hombre. Ningún dirigente obrero tendrá un prestigio comparable al que goza y que los comunistas tratarán de utilizar llamándole el «Lenin español». Jean-Richard Bloch nos dejó un retrato entrañable: «67 años, una vejez robusta… la cabeza «calva»… cuadrada, el rostro macizo, la frente obstinada, la «boca amarga, la forma de la figura bella y fina en su «farsa, los ojos claros… terriblemente cansados» [14].

Escritor mediocre y orador bastante aburrido, debe su popularidad al hecho de ser un dirigente de origen obrero, de innegable honestidad y austeridad de vida. Miles de trabajadores se reconocen en él: al dar la espalda al reformismo, ha dado el mismo paso que ellos. Él es uno de ellos: «No nos traicionará», repiten sus seguidores. Es el hombre de la Casa del Pueblo, el ídolo de los trabajadores madrileños que le escuchan con pasión, el «viejo», como le dicen cariñosamente. Hombre de masas, su autoridad sobre ellas le convirtió en uno de los hombres clave de la escena política española en momentos decisivos.

Indalecio Prieto

Desde 1919, Indalecio Prieto había sido el rival de Larga Caballero en el partido socialista. En 1936, era el único líder socialista cuya autoridad era comparable a la suya, si no entre las masas, al menos en el aparato del partido y en los círculos políticos. Durante mucho tiempo estuvieron enfrentados, temperamentos y personalidades opuestas ciertamente, pero también dos fuerzas distintas, dos caras de España y del socialismo español cuyo antagonismo sería uno de los elementos principales del drama político.

También nacido en 1883 en el seno de una familia muy humilde, Prieto comenzó su vida a los 11 años vendiendo periódicos y alfileres en las calles de Bilbao. Su brillante inteligencia llamó la atención del banquero e industrial Horacio Echevarrieta, que lo convirtió en su confidente. Pronto fue el dueño del gran periódico El Liberal, un líder socialista y un político escuchado por toda la izquierda.

El embajador Bowers lo describió, hablando en Cortes, como «bajo, corpulento, casi calvo, excepto por encima del cuello… Enseguida destacó por el dinamismo de su elocuencia». Menciona sucesivamente «su voz, sonora y matizada», pero también «todas las armas de su elocuencia: el ingenio, la ironía, el sarcasmo, el humor, la invectiva, la mímica» [15].

Koltsov le muestra, en su sillón, «una enorme masa de carne con una pálida mirada irónica… la mirada más atenta de España» [16]. Su flexible y brillante inteligencia, su éxito social -llegó a ser un notable empresario-, sus excepcionales dotes de orador parlamentario, su talento como polemista, le convirtieron en el socialista de los círculos republicanos, al igual que su paciente labor organizativa y su duro trabajo hicieron de Caballero el socialista de las «Casas del Pueblo» y de los trabajadores. A la austeridad, la intransigencia, el sectarismo castellano del yesero madrileño Caballero, Prieto opone el liberalismo del mundo empresarial, el éxito del self-made man, el reformismo conciliador de los sindicalistas bilbaínos, infinitamente más cercano al espíritu de los socialdemócratas occidentales y, en todo caso, de los republicanos españoles.

Por tanto, fue un partido socialista profundamente dividido el que se enfrentó a las dificultades de 1936. Prieto, desde finales de 1935, controlaba la ejecutiva del partido: tenía la confianza de los cuadros y de los elegidos, especialmente de los prestigiosos dirigentes de los mineros asturianos, González Peña y Belarmino Tomás. Es el «hombre del aparato». Pero frente a él, Largo Caballero era el «hombre de las masas». Controla la UGT, goza de amplias simpatías fuera del partido y, a pesar de viejos resentimientos, de un prejuicio favorable dentro de la CNT. El partido oscilaba bajo sus dos influencias contradictorias y cada nuevo problema parecía dar ocasión a un ajuste de cuentas entre estos hermanos de armas, que perseguían políticas opuestas en la misma organización.

C.N.T. y U.G.T.

La reclasificación política que se produjo en las filas de los partidos y sindicatos obreros en los últimos meses de la República dificulta el análisis exacto de las fuerzas en juego: no obstante, es innegable que, más que las propias organizaciones políticas, son los sindicatos los que marcan la pauta: la vida del trabajador gravita en torno a las Casas del Pueblo y las Bolsas del Trabajo, centros de la vida colectiva, que son las verdaderas fortalezas de clase.

Ahora, en este último periodo, la relación de fuerzas entre la UGT y la CNT ha cambiado, las líneas de división entre los dos sindicatos han tomado forma de una manera completamente nueva. Por supuesto, cada uno mantuvo lo que había sido su bastión hasta entonces. Fue la CNT la que organizó a los trabajadores industriales en Cataluña y la UGT sólo tuvo una existencia limitada allí. También fue el C.N.T. quien organizó los braceros de Andalucía. Pero la UGT sigue dominando entre los mineros de Asturias y Río Tinto, los metalúrgicos de Bilbao y en la Comunidad de Madrid. En las zonas donde domina el otro, cada centro ha conseguido organizar fuertes minorías cuya influencia no es despreciable. La UGT tiene organizaciones fuertes en Córdoba, Sevilla, Málaga, en todas las ciudades de Andalucía. Organiza a los jornaleros en las provincias de Badajoz, Cáceres y Sevilla. La C.N.T. ha conseguido imponerse en Madrid, donde controla la mayoría de los trabajadores de la construcción, una de las corporaciones más combativas. Y en Asturias, los metalúrgicos de C.N.T. de La Felguera y Gijón son un serio competidor por la influencia de los mineros de Mieres o Sama de Langreo.

En el País Vasco, si la UGT ganó en Bilbao, fue muy seriamente competida por la nacionalista «Solidarités» y la C.N.T. sólo reclutó en las capas de trabajadores extranjeros. En Valencia, los anarquistas controlan a los estibadores, pero la UGT es poderosa en las fábricas. La Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT controla a los trabajadores de la región central, mientras que los trabajadores de las regiones periféricas más pobres se han unido a la C.N.T. Sin embargo, la orientación radical de la UGT en los últimos años tiende a atenuar la división tradicional que le reservaba la adhesión de las capas más privilegiadas y relativamente más conservadoras del proletariado, mientras que las vacilaciones de la C.N.T. no siempre son propicias para ganar la adhesión de los elementos más decididos.

Sin embargo, en conjunto, las cifras de la UGT, más sólidamente organizadas y supervisadas, parecen más estables que las de su rival confederal, sujetas a fluctuaciones brutales, que varían considerablemente con el éxito o el fracaso de las acciones emprendidas a nivel local. Si a lo largo de los años 35 las dos organizaciones sindicales tenían cifras más o menos equivalentes, de un millón de afiliados cada una, los últimos meses de la República vieron una rápida progresión de la UGT, que alcanzó muy rápidamente el millón y medio de afiliados, mientras que la CNT parecía estancada.

En cualquier caso, la atracción que estas organizaciones sindicales ejercían sobre millones de trabajadores abrió la posibilidad de ver el desarrollo de nuevas corrientes ideológicas, nacidas de las corrientes tradicionales, pero que evolucionaban al margen y en contra de ellas. Los comunistas estalinistas oficiales y los comunistas disidentes del POUM. presentan su candidatura y están dispuestos a competir con la corriente anarquista y la corriente socialista por la dirección de importantes sectores de la U.G.T. y la C.N.T.

Los comunistas

En las páginas anteriores hemos visto el nacimiento del Partido Comunista Español. Durante unos meses, la atracción de la revolución rusa había parecido dar cuerpo al viejo sueño de Víctor Sergio, la unión en el comunismo, en torno a Lenin y a la Tercera Internacional, de las dos corrientes separadas desde Marx y Bakunin, la de los «autoritarios», y la de los «libertarios», la socialista y la anarquista. Los resultados inmediatos fueron mediocres. Unos años después, eran irrisorios.

Tres corrientes se habían unido para fundar el movimiento comunista en España: primero las Juventudes Socialistas, con Andrade y Portela, luego la minoría socialista con Pérez Solís, García Quejido, Anguiano, Lamoneda, Andrès Nin y un poco más tarde el grupo «La Batalla», dirigido por Joaquín Maurin, Pedro Bonet y David Rey, e integrado por militantes de la C.N.T. Dos años después, García Quejido, Lamoneda y Anguiano dejaron el PC para volver a la vieja casa socialista. Bajo la dictadura de Primo de Rivera, el partido se vio gravemente afectado por la represión y debilitado por las luchas internas y los conflictos provocados por las directrices de la Internacional. Si hacia el final de la dictadura recibió la adhesión de militantes de la C.N.T. andaluza liderada por José Díaz y Mije, perdió a los 3.000 militantes de la federación de Cataluña y Baleares liderados por Maurin y Bonet. La Federación Comunista de Cataluña y Baleares se fusiona con el «Partit Communista Català» dirigido por Jordi Arquer y Joan Farré Gasso, para formar el «Bloc Ouvrier et Paysan», al que se unen militantes como Portela y Gorkin, antiguo funcionario de la Internacional Comunista de Moscú, y cuyo secretario general es Maurin. Andrès Nin, secretario de la «Internacional Sindical Roja», se une a la «Oposición de Izquierda» y defiende las posiciones políticas de Trotsky frente a Stalin. De regreso a España en 1931, fundó la «Izquierda Comunista» con Andrade. En cuanto a Óscar Pérez Solís, primer secretario general del partido, inició una evolución que le llevaría… en las filas de la Falange. De 1923 a 1930, el partido nunca tuvo más de unos cientos de miembros y no consiguió celebrar un Congreso… En el Congreso de 1932, los «vencedores» Nin y Maurin, el secretario general Bullejos, Trilla y Adame fueron excluidos a su vez, acusados de haber lanzado erróneamente la consigna oportunista de «defensa de la República» contra el pronunciamiento del general Sanjurjo. En las elecciones de 1933, el PC sólo consiguió un diputado, el Dr. Bolívar, que fue elegido en Málaga, no tanto por su programa como por su fama de «médico de los pobres».

Los comunistas estalinistas : P.C.E., P.S.U.C., J.S.U.

El partido comunista no se desarrolló mucho: en vísperas de la guerra civil, no tenía más de 30.000 miembros. Sus dirigentes eran casi desconocidos, a veces recién reclutados, como el secretario general, José Díaz, que no se incorporó hasta 1929… Jesús Hernández, el «hombre fuerte» de su dirección, tiene 26 años: entró en el partido a los 14 y en el buró político a los 22. Ni él ni sus compañeros Antonio Mije, Martínez Cartón, Uribe han jugado ningún papel real en el movimiento obrero. En ningún momento fueron dirigentes de organizaciones de masas, sino que ascendieron exclusivamente en el aparato del partido que los formó y recompensó, con su ascenso, su flexibilidad para tomar sucesivos turnos. El único miembro de la dirección del PC que goza de verdadero prestigio fuera del partido es una mujer, Dolores Ibárruri Gómez, apodada la Pasionaria, oradora de masas, antigua militante, condenada a quince años de cárcel tras la insurrección asturiana.

Con la excepción de ciertos sectores, Asturias donde tenían una minoría importante entre los mineros, Málaga, Cádiz, Sevilla sobre todo, donde se habían apoderado de ciertos sindicatos, los comunistas oficiales estaban muy aislados en el movimiento obrero español, y todos sus esfuerzos tendían a romper este aislamiento.

El advenimiento de la República española coincidió con el «tercer periodo» de sectarismo escandaloso de la Internacional Comunista: los partidos comunistas de todo el mundo reservaron todos sus golpes a los socialistas llamados «socialfascistas», rechazando cualquier «frente único» con ellos. Hasta el 11 de septiembre de 1934, el Partido Comunista Español calificó a la Alianza Obrera de «punto de encuentro de las fuerzas reaccionarias», y de «santa alianza de la contrarrevolución». Sólo en el último momento cambió bruscamente de rumbo y se unió a la insurrección de octubre. Pero en ese momento se produjo el nuevo giro de la Internacional Comunista. Afirmando que era necesario «ir más allá» y «ampliar» la Alianza Obrera, el PC abogaba por una fórmula totalmente diferente en realidad del «Frente Popular», presentada por Dimitrov en el 7º Congreso de la C.I., la de una alianza con los republicanos-liberales sobre un programa de reformas democráticas. Al mismo tiempo, desarrolló una activa campaña en favor de la unidad sindical y política de la clase obrera. Disolvió los pocos sindicatos que controlaba, que hasta entonces estaban agrupados en una U.G.T. afiliada a la Internacional Sindical Roja, e invitó a sus miembros a afiliarse a la U.G.T. individualmente. En el plano político, el tema de la unidad le permitió avanzar considerablemente. En Cataluña, los restos de su organización oficial prepararon una fusión con otros grupos socialistas catalanes, entre ellos la Federación Socialista de Joan Comorera, que se concretó el 24 de julio de 1936 como «Partido Socialista Unificado de Cataluña» [17].

También fue la época en la que, bajo la influencia de Álvarez del Vayo, lugarteniente de Largo Caballero, se llevó a cabo la fusión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas dentro de las «Juventudes Socialistas Unificadas». Esta fusión, que Largo Caballero no parece haber querido, pero que su política hizo posible, iba a privar al partido socialista y al viejo líder de la UGT de una organización de 200.000 jóvenes militantes, la élite de la joven generación obrera. En efecto, pocos meses después, al término de un viaje a la URSS, toda la dirección de las J.S.U. se incorporó al PC, y su secretario general, Santiago Carrillo, de 20 años, hijo del diputado y sindicalista caballerista Wenceslao Carrillo, antiguo secretario de las J.S. y simpatizante trotskista después de 1934, pronto sería uno de los nuevos dirigentes del PC, dando ejemplo a los «adultos» del partido socialista de la unidad conseguida entre las «juventudes».

Para los comunistas oficiales fue una victoria tanto más importante cuanto que, al mismo tiempo que les aseguraba una base de masas y una palanca de acción en el seno del partido socialista, les daba una ventaja decisiva sobre sus enemigos jurados, los comunistas disidentes, algunos de los cuales habían creído por un momento que podían convertirse en los dueños del pensamiento de las Juventudes Socialistas.

Los comunistas disidentes: el P.O.U.M.

Los grupos que se declaran comunistas pero que se han separado de la organización oficial tienen diversos orígenes. Maurin y sus amigos del «Bloque Obrero y Campesino» se negaron a aplicar la táctica impuesta por la Internacional y a crear, contra la UGT y la CNT, los «sindicatos rojos» de la CGTU. Como todos los movimientos disidentes nacidos durante este periodo de la ruptura con la «derecha», en oposición a la línea «ultraizquierdista» de la Internacional Comunista, el Bloc se negó, sin embargo, a tomar posición sobre las cuestiones rusas y su órgano, La Batalla, defendió a menudo posiciones muy cercanas a las de la prensa oficial estalinista.

Por el contrario, fue sobre las posiciones de la «Oposición de Izquierda» trotskista, nacida de las diferencias en el seno del partido ruso, que se formó la «Izquierda Comunista» de Andrès Nin y Andrade, otros pioneros del comunismo español. Este pequeño grupo de valiosos cuadros se dedicó sobre todo, hasta 1934, al trabajo «teórico» en la publicación de la revista Comunismo. Pero en esa fecha rompieron con Trotsky, que quería que se unieran al Partido Socialista para formar un ala revolucionaria [18], y decidieron fusionarse con el Bloque Obrero y Campesino para formar el Partido obrero de unificación marxista (P.O.U.M.).

Tratado como «trotskista» por sus adversarios [19], repudiado y criticado duramente por León Trotsky y sus amigos, el nuevo partido, cuyas únicas fuerzas reales estaban en Cataluña, apenas superaba los 3.000 militantes en julio de 1936. Pero la debilidad del CPE y de los socialistas catalanes, la valía y el prestigio de dirigentes como Nin y Maurin, la presencia a su frente de auténticos cuadros del movimiento comunista, los Gorkin, Portela, Andrade, Arquer, parecen permitirle muchas esperanzas. En cualquier caso, es un tema que preocupa tanto a los comunistas oficiales como a los dirigentes de la CNT, que excluyen sistemáticamente a sus militantes de sus sindicatos.

Es porque la POUM, que dice representar el verdadero comunismo y proclama su lealtad a las ideas de Lenin, es, para ambas partes, un peligro real en un período revolucionario. Al dilema que se planteaba al movimiento obrero español, alianza con los republicanos o lucha violenta fuera del marco parlamentario, pretendía dar una respuesta: la lucha política por la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Partidario de la Alianza Obrera, criticó la política del Frente Popular defendida por los comunistas estalinistas, que denunció como una política de colaboración de clases, y quiso convencer a los trabajadores españoles -ya espontáneamente revolucionarios- de que la única alternativa a la victoria del fascismo era la revolución. Nadie puede negar que sus posibilidades de conseguirlo son reales… en la medida en que pueda convencer y dirigir a las «masas instintivamente revolucionarias pero políticamente confusas» [20] que siguen a la C.N.T.-F.A.I. [21].

Notas

[1] Véase la figura de Durruti más abajo. Ahí está la raíz de lo que se puede llamar la tradición «Cid-guerillero-brigante».

[2] Congreso de Saint-Imier, 1872.

[3] Victor Serge, hablando de sus primeros encuentros con ellos en Moscú, escribió: «Uno podía ver a primera vista la calidad de este profesor de Lérida, Maurin, y de este profesor de Barcelona, Nin. Maurin tenía el aspecto de un joven caballero tal como los dibujaban los prerrafaelistas; Nin, bajo sus gafas de montura de oro, tenía una expresión concentrada y aligerada por la alegría de vivir» (Memorias de un revolucionario, p. 140).

[4] Salvator Segui, apodado El Noy de Sucre, fue, al igual que José Negre, el primer secretario de la C.N.T., un militante anarquista formado por Anselmo Lorenzo. Al igual que el metallo Pestaña, que le sucedió al frente de la C.N.T., había pertenecido, al principio de su vida militante, al grupo Els Fils de Puta.

[5] La Revolución Proletaria, 25 de enero de 1936.

[6] Pestaña, por su parte, fundó el «Partido Sindicalista». Fue elegido diputado en febrero de 1936.

[7] Los «Comités de Defensa» de la C.N.T. eran verdaderas organizaciones paramilitares.

[8] Según José Peirats, el verdadero nombre de Santillán era Sinesio García Hernández: nacido en León, emigró muy joven a Argentina, lo que explicaría esta parte de su leyenda.

[9] G. Brenan, op. cit. p. 260.

[9bis] Esta participación, atestiguada por la mayoría de las notas biográficas dedicadas a Durruti después de su muerte, parece ser considerada como secundaria. Federica Montseny, tras nuestra primera edición, señala que la preparación del atentado contra Dato fue en realidad obra de Ramón Archs, que moriría torturado. Uno de los autores del atentado sigue vivo. Uno de los participantes, Ramón Casanellas, huyó a la URSS y se convirtió al comunismo antes de morir en un accidente de moto.

[10] Koltsov, Diario de España, p. 43

[11] Buenaventura Durruti, folleto C.N.T.-F.A.I., Barcelona 1937.

[12] Declaración a Pierre Van Paasen, corresponsal del Toronto Star, reproducida por F. Morrow en Revolution and counter-revolution in Spain, p. 189.

[13] Véase el folleto Discursos a los Trabajadores, Madrid, 1934.

[14] J.-R. Bloch, Spain, Spain, pp. 79-80.

[15] Misión a España, p. 43.

[16] Koltsov, op. cit, p. 73.

[17] Las negociaciones de fusión, iniciadas a principios de año, ya habían dado lugar a un acuerdo el 25 de junio.

[18] Sólo un grupo muy pequeño permaneció fiel a Trotsky y trató de aplicar su «línea» uniéndose a las J.S. Entre ellos estaba G. Munis, citado más adelante.

[19] Koltsov describe al POUM. como un «bloque Trotsky-Bukharin», op. cit. p. 24.

[20] Juan Andrade: «Marxistas y anarquistas revolucionarios en la revolución española». La revolución española, 15 de abril del 37.

[21] Cf. Trotsky (Lecciones de España, p. 40): «La C.N.T. agrupa indiscutiblemente a los elementos más combativos del proletariado. La selección se ha hecho a lo largo de muchos años. Consolidar esta confederación y transformarla en una verdadera organización de masas es el deber imperativo de todo trabajador avanzado y sobre todo de los trabajadores comunistas».

I.3: El prólogo de la revolución

Fue el presidente de la República, Alcalá Zamora, católico y conservador, quien puso fin al bienio negro disolviendo las Cortes. En 1935, la coalición gubernamental entre los radicales y la C.E.D.A. se tambalea seriamente. Dos escándalos mancharon a los políticos del partido radical. El descrédito que cayó sobre el partido de centro-derecha fue tal que la C.E.D.A. no podía pensar en continuar la alianza: Gil Robles, que llevaba reclamando el poder para su partido desde el principio de la legislatura, aprovechó la oportunidad. Los ministros cédistas rechazaron el presupuesto, que preveía un recorte de entre el 10 y el 15% de los salarios de los funcionarios y un aumento de entre el 1 y el 3,5% del impuesto de sucesiones sobre los bienes raíces. El gobierno dimitió. Gil Robles reclamó la presidencia del Consejo. Alcalá Zamora se negó: no le gustaba Gil Robles, y no quería ofrecer el poder a un opositor declarado del régimen parlamentario. Pidió a un político de centro, Portela Valladares, que formara un gobierno cuya principal tarea fuera preparar nuevas elecciones. No lo consiguió: las Cortes se habían vuelto ingobernables. Al cabo de pocas semanas, renunciando a preparar seriamente unas elecciones que reforzaran el centro, Portela Valladares se resignó: sometió a la firma del Presidente el decreto de disolución de las Cortes y la fijación de las elecciones para el 16 de febrero de 1936.

La campaña electoral: derecha contra izquierda

Había mucho en juego en las elecciones. Es cierto que los acontecimientos de los últimos años, la insurrección y luego la represión de 1934, la reacción del Bienio Negro y la radicalización de los trabajadores habían endurecido muchas posiciones y creado un ambiente propicio a la formación de bloques electorales irreductiblemente opuestos. Pero es, en este asunto, la ley electoral la que pesará por sus exigencias sobre la estrategia de los distintos partidos, de todos aquellos, en cualquier caso, que quieran jugar a fondo el juego parlamentario. Las circunscripciones previstas son enormes y requieren enormes fondos para las campañas electorales, que sólo pueden aportar las grandes organizaciones. En 1933, la derecha, unida en un frente electoral, obtuvo menos votos que los partidos de izquierda, pero el doble de diputados… Lo recordará: los monárquicos tienen ciertamente dificultades para renovar la alianza de 1933 con la C.E.D.A. y en algunas circunscripciones la «Renovación Española» irá a las urnas contra una lista de la C.E.D.A. Ciertamente la Falange irá a las urnas bajo su propia bandera. En conjunto, sin embargo, la derecha presentaría al electorado un frente unido, incluso ampliado en varios lugares para incluir a liberales de derechas que se habían mantenido al margen en 1933. Realizó un enorme esfuerzo propagandístico: enormes carteles con el retrato de Gil Robles ilustrando las consignas del «Líder» cubrían las paredes del país. El propio Robles dirigió una campaña de extraordinaria violencia verbal, insultando y amenazando a sus oponentes, sugiriendo claramente que su victoria significaría el fin de la República y el advenimiento de un régimen autoritario.

Una coalición electoral de izquierdas respondió a la alianza de la derecha. El 15 de enero de 1936, los partidos republicanos de izquierda, Unión Republicana de Martínez Barrio e Izquierda Republicana de Azaña, junto con el Partido Socialista (y por tanto la UGT), el partido sindicalista de Ángel Pestaña, el Partido Comunista y el P.O.U.M., firmaron el pacto «Frente Popular», en el que se recogía el programa de la coalición electoral así formada. Este programa-pacto de ocho puntos no era tanto un acuerdo sobre un programa común como la aceptación por los partidos obreros del de los republicanos. Junto a las viejas reivindicaciones republicanas de reforma agraria y planes educativos, se pronuncia a favor de reformas del reglamento de las Cortes, reformas de los municipios, por el establecimiento de planes de saneamiento de las finanzas, de protección de la pequeña industria, de desarrollo de las obras públicas. Es un programa liberal que se inscribe en un marco burgués y excluye expresamente las reivindicaciones socialistas de nacionalización de la tierra y de los bancos y de control obrero de la industria. La república que conciben los republicanos -afirmó- no es una república animada por intenciones de clase social y económica, sino un régimen de libertad democrática impulsado por razones de interés público y progreso social.

Este programa innegablemente moderado, en el que, como escribió Ramos Oliveira, «todos los puntos parecían una evasiva» [1], contenía, sin embargo, una reivindicación que obtuvo una amplísima aprobación y permitió una verdadera movilización popular: la de la amnistía total para los insurrectos del 34 y la readmisión con indemnización de todos los trabajadores expulsados de sus puestos de trabajo. Los amigos de Caballero y del P.O.U.M. – partidarios de la Alianza Obrera – justifican su adhesión al Frente Popular por la preocupación de que se libere primero a los 30.000 obreros aún encarcelados y de que se apruebe al mismo tiempo su gesto revolucionario. Es esta preocupación, en cualquier caso, la que explica el voto masivo de los trabajadores a un programa que tiene pocas probabilidades de movilizarlos. Por último, explica el cambio de actitud de los anarquistas. Por supuesto, la C.N.T. y la F.A.I. siguen siendo hostiles a las luchas electorales y, al igual que los sindicatos de la oposición se mantienen alejados del Frente Popular y de la campaña electoral propiamente dicha, por primera vez, sin embargo, se abstienen de lanzar su habitual consigna de No votad, boicot electoral [2]. Los observadores estiman que, por lo general, se perdió un millón y medio de votos como consecuencia de las campañas anarquistas que, en febrero del 36, se dirigieron a las listas del Frente Popular para obtener la liberación de los presos del 34.

Resultado de las elecciones

Fueron estos votos los que sin duda inclinaron la balanza. El 16 de febrero, el Frente Popular ganó con 4.206.156 votos frente a los 3.783.601 de la coalición de derechas y los 681.447 del centro, cifras que, tras las operaciones de revisión llevadas a cabo sin problemas en la Cámara, se convirtieron en 4.838.449, 3.996.931 y 449.320, respectivamente, sobre 11 millones de votantes registrados y 9,5 millones de electores.

El Frente Popular obtiene así una mayoría bastante escasa, que se refleja sin embargo en las Cortes por la aplastante superioridad numérica de los diputados elegidos bajo su égida: son 277 frente a 132 de la derecha y 32 del centro. La ley electoral que favorece a la mayoría juega a favor de la izquierda: la derecha, que ganó votos respecto a 1933, obtuvo menos que los partidos coaligados en el Frente Popular y perdió más de la mitad de sus escaños. En una contienda tan reñida, era inevitable que surgieran agrias disputas sobre presiones y falsificaciones. Ninguno de los dos bandos se libró de esto: es cierto que muchos ciudadanos burgueses debieron dudar a la hora de votar en ciertos distritos proletarios, pero también es cierto que muchos pueblos votaron a favor de la derecha sólo bajo la amenaza directa de la policía o bajo el chantaje del paro por parte de los grandes terratenientes. El historiador no tiene más conclusiones que sacar de estas disputas.

Lo importante, sea cual sea la valoración que se haga de la validez de estas elecciones, es que transformaron profundamente el rostro de las Cortes y, aún más profundamente, el ambiente político del país.

En contra de las expectativas del Presidente de la República, las elecciones han supuesto una aplastante derrota para el centro y el centro-derecha. Políticos como Lerroux y Cambo no fueron reelegidos: los radicales de Lerroux quedaron reducidos a 6 y el mayor grupo de centro, liderado por Portela Valladares, Presidente saliente del Consejo, sólo tenía 14 miembros. La C.E.D.A. sigue formando un bloque sólido con 86 miembros, al que casi siempre se unen los 13 agrarios. Goicoechea fue derrotado, y Calvo Sotelo se convirtió en el portavoz de la extrema derecha, donde Renovación Española sólo contaba con 11 miembros.

No hay forma de saber qué porcentaje del total de votos emitidos para las listas del Frente Popular fue a parar a cada partido. El número de personas elegidas en estas listas simplemente no depende de los votos emitidos para las listas de la coalición, sino de los acuerdos alcanzados entre las organizaciones cuando se elaboraron las listas. Izquierda Republicana de Azaña tenía 84 diputados, Unión Republicana de Martínez Barrio 37, Esquerra Catalana de Companys 38. Los socialistas tenían 90 diputados electos, los comunistas 16, el P.O.U.M. 1, su secretario general Maurin, el Partido Sindicalista 1.

Tras las elecciones

El periodo posterior a las elecciones estuvo marcado por diversos movimientos: entusiasmo, pero también miedo entre los ganadores, pánico o revuelta entre los perdedores. Se difundieron los rumores más diversos: en la derecha, se hablaba de un levantamiento armado de «marxistas» o anarquistas; en la izquierda, se denunciaban los preparativos de un golpe militar. Nada de esto carecía de fundamento: la agitación popular parecía confirmar las afirmaciones del primero, y Portela Valladares revelaría más tarde que el general Franco le había ofrecido el apoyo del ejército para anular las elecciones.

En cualquier caso, Portela Valladares consideró la situación lo suficientemente delicada como para presentar su dimisión sin demora y aconsejar al Presidente que llamara a uno de los líderes del Frente Popular para sustituirle. Azaña formó inmediatamente el nuevo gobierno, compuesto por republicanos burgueses y apoyado por los partidos obreros sin formar parte de él. La negativa socialista a participar -sorprendente a primera vista tras el precedente de 1931- se explicaba por la crisis interna del partido y la pugna que se estaba produciendo entre los partidarios de Caballero y Prieto. Caballero y sus amigos no pudieron impedir, en diciembre de 1935, que el Partido Socialista siguiera a Prieto en su política de alianza con los partidos burgueses en el marco del Frente Popular. Pero le hicieron rechazar a priori cualquier alianza duradera, limitando el pacto a una simple coalición electoral que no les comprometía más allá. Tras el 16 de febrero, Prieto volvió a pedir un gobierno al estilo del Frente Popular, que incluyera a republicanos y socialistas. Caballero, que había jurado no repetir nunca la experiencia de 1931 y no participar jamás en un gobierno de coalición con los republicanos, replicó que, puesto que el programa del Frente Popular era un programa burgués, correspondía sólo a los republicanos burgueses aplicarlo, y que los socialistas no tenían derecho a aplicar otro programa que no fuera el suyo: a lo sumo podían apoyar lealmente con sus votos al nuevo gobierno de Azaña. Y en este punto ganó Largo Caballero.

Esta fue la misma actitud que el Partido Socialista adoptaría en mayo frente al nuevo Gobierno de Casares Quiroga. Uno de los primeros actos importantes de la legislatura fue la destitución del Presidente de la República, Alcalá Zamora, y su sustitución por Azaña. El mandato del Presidente no expiraba hasta finales de año, pero la mayoría del Frente Popular, deseosa de protegerse contra cualquier riesgo de disolución prematura o cualquier posible apoyo dado por el Primer Ministro a un golpe de Estado militar, formuló contra él la única acusación que le permitiría ser depuesto constitucionalmente, a saber, que había disuelto las Cortes sin motivo. La derecha, que tenía buenas razones para estar resentida con Alcalá Zamora, se abstuvo. El Presidente fue depuesto. A muchos observadores les sorprendió que Azaña aceptara mantener su candidatura. El papel de Prieto en la operación sugería que probablemente se trataba de la realización de un plan para forzar la mano de los socialistas: Azaña, convertido en Presidente de la República, podría haber sido sustituido como Jefe de Gobierno por Prieto en un breve plazo de tiempo [3]. En cualquier caso, obtuvo una cómoda mayoría, con sólo 6 opositores, la C.E.D.A. se abstuvo. En efecto, su presencia a la cabeza del Estado podría parecer una doble garantía, tanto contra la reacción como contra la revolución. Está demasiado comprometido para convertirse en el posible cómplice de un golpe de Estado, demasiado apegado al liberalismo económico y político para convertirse jamás en el forraje de la revolución. En resumen, se le podía considerar el punto de encuentro y el símbolo de todos los españoles que aún esperaban evitar la guerra civil.

Al día siguiente de las elecciones, en su primer discurso, hizo un llamamiento a la unión, para la «defensa de la República», de «republicanos y no republicanos, y de todos aquellos que ponen por encima de todo el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida». Pero este llamamiento a los partidarios del orden iba acompañado de medidas inequívocas destinadas a calmar la agitación popular. Prometió «reparar las atrocidades cometidas por los funcionarios públicos» y, sin esperar a la reunión oficial de las nuevas Cortes, hizo que la Diputación Permanente aprobara la restitución de los ayuntamientos destituidos durante el Bienio Negro, el nombramiento de nuevos gobernadores civiles en todo el país y, sobre todo, la ley de amnistía. Se restablece el Estatuto de Autonomía de Cataluña y Campanys regresa triunfante de Madrid a Barcelona… Mientras los obreros de Asturias abandonaban las cárceles, fue detenido el ejecutor de la represión contra ellos, el general López Ochoa. Se retoma la reforma agraria y se estudia un estatuto de autonomía vasca.

En las Cortes, donde cada sesión se convertía en un asunto pugilístico, el gobierno republicano trataba de aprobar las reformas sociales que consideraba que podían satisfacer y apaciguar la ola de reivindicaciones populares que se extendía a diario, tanto por encima como por debajo de la superficie.

Una situación revolucionaria

Al día siguiente de las elecciones, poderosas manifestaciones de masas, sin esperar a la firma del decreto de amnistía, abrieron las cárceles y liberaron a los trabajadores detenidos desde 1934. Ya el 17 de febrero se informó de la apertura de la cárcel de Valencia por manifestantes de la C.N.T. y de la liberación de los condenados en 1934, varios centenares de «liberaciones» en la propia Oviedo, varios miles en toda España. A partir del día siguiente, se iniciaron huelgas en todo el país para la reincorporación inmediata de los trabajadores condenados o despedidos, el pago de sus salarios a todos los trabajadores detenidos durante el bienio negro, aumentos salariales, el despido de tal o cual supervisor, la mejora de las condiciones de trabajo. Además de estas huelgas empresariales, hubo más huelgas políticas, de solidaridad, generales, locales o regionales. Algunos conflictos duraron mucho tiempo y dieron lugar a otros. La patronal contraatacó con cierres patronales y la lucha se hizo más encarnizada.

La situación en el campo era verdaderamente revolucionaria. El Frente Popular había hablado de reforma agraria a los campesinos ávidos de tierras: como escribió el embajador Bowers, «los campesinos, seres simples y frustrados, habían creído que su victoria en las elecciones bastaba para llevarla a cabo» [4]. A partir de finales de febrero, en las provincias de Badajoz y Cáceres, y en los meses siguientes en Estramadura, Andalucía, Castilla e incluso Navarra, los asentamientos se multiplicaron. Las tierras de Alcalá Zamora fueron ocupadas en abril, al igual que las del duque de Alburquerque. Los campesinos se instalaron en las fincas de los grandes terratenientes y empezaron a cultivarlas por su cuenta. Muy a menudo estallaban incidentes sangrientos entre campesinos y guardias civiles. La más grave se produjo en Veste, cerca de Alicante, donde la guardia civil intervino y detuvo a seis campesinos que habían empezado a talar árboles en las propiedades señoriales. Exasperados, los campesinos de Veste, armados con horcas, garrotes y piedras, atacaron a los guardias que se llevaron a sus camaradas. En el tiroteo que siguió murieron dieciocho campesinos.

Ciudades y campos se sumieron en un clima de violencia: iglesias y conventos fueron incendiados a raíz de manifestaciones callejeras o rumores de un «complot» de los monjes. No cabe duda de que el orden establecido y la propiedad están amenazados…

El papel de Caballero

Cada vez más, Largo Caballero se perfila como el hombre de la revuelta ascendente. Desde el 6 de abril, tiene su periódico Claridad, un vespertino brillantemente redactado por un excelente equipo de jóvenes intelectuales. Tenía sus tropas de choque, las Juventudes Socialistas. El 1 de mayo, durante el gran desfile obrero, en lo que Claridad llamó el desfile del «gran ejército de los trabajadores en su marcha hacia adelante, hacia la cercana cumbre del poder», las J.S. de uniforme, y con el puño en alto, corearon consignas por un «Gobierno Obrero» y por un «Ejército Rojo». Caballero multiplicó sus avances ante la C.N.T. e intervino en Zaragoza en una gran reunión con motivo de su congreso. Claridad mantuvo el fervor revolucionario de sus partidarios, prediciendo el inevitable e inminente triunfo del socialismo. En cada discurso, en cada artículo, Largo Caballero machacaba con la misma afirmación: «La revolución que queremos sólo puede lograrse mediante la violencia…». Para establecer el socialismo en España, debemos triunfar sobre la clase capitalista y establecer nuestro poder…». Se ha declarado partidario de la «dictadura del proletariado» [5], que pretende hacer ejercer, no a través de los soviets -se llamen como se llamen-, sino por y a través del Partido Socialista. Él y sus partidarios están esperando a que los republicanos demuestren su incapacidad para resolver los problemas de España antes de tomar el poder. Pero, ¿cómo se lo tomarán? Eso es lo que no está muy claro. El 14 de junio, en Oviedo, invitó a los republicanos a marcharse, para «dejar paso a la clase trabajadora», pero parece impensable que el presidente Azaña pueda llegar a confiarle la jefatura del Gobierno. Pretende instaurar la dictadura del proletariado a través del partido socialista, pero es Prieto quien controla la ejecutiva del partido: ¿cómo puede Largo Caballero esperar que el proletariado tome el poder a través de un partido cuyo aparato se le escapa? Muchos historiadores son duros con él: Gerald Brenan dice que es un «socialdemócrata jugando a la revolución» [6]. Salvador de Madariaga cree que es el miedo provocado por la violencia de sus partidarios lo que hace posible el nacimiento del fascismo. Al afirmar tan a menudo que los obreros no tienen que moderar su acción revolucionaria por miedo a un golpe de Estado militar, hace creer a mucha gente que sólo ese golpe de Estado, obligando al gobierno a armar a los obreros, abriría el camino hacia el poder…

En junio, en cualquier caso, ante la inminencia del pronunciamiento militar, fue a pedir a Azaña que armara a los trabajadores: prueba, sin duda, de su buena fe, pero también de cierta ingenuidad. Lenin, el Lenin ruso, probablemente no hubiera hecho, al menos de la misma manera, lo que hizo el «Lenin español»….

Los esfuerzos de Prieto

Fue su rival socialista, Prieto, quien lanzó las acusaciones más graves contra Largo Caballero. Para él, las huelgas, las manifestaciones, los desórdenes y las reivindicaciones excesivas formaban parte de un «revolucionarismo infantil» que hacía el juego al fascismo atemorizando a las clases medias. Las predicciones de los intelectuales de Claridad, las manifestaciones de la Juventud Uniformada, las encendidas resoluciones a favor de un «gobierno obrero» y de un «ejército rojo» sólo consiguen agravar el miedo de los que tienen y de los que no tienen, cuya imaginación está a flor de piel, Cada vez que se habla de revolución, su imaginación se alimenta de las apasionadas imágenes sugeridas por dieciocho años de propaganda anticomunista sobre el terror de las chekas, los bolcheviques con el cuchillo entre los dientes, las masacres y hambrunas que le tocaron en suerte a Rusia en 1917. Para Prieto, este miedo les llevaría a la desesperación y se echarían en brazos de los generales.

Mientras Largo Caballero interpretaba al líder de la Revolución en Madrid el 1 de mayo, Prieto pronunciaba un sonoro discurso en Cuenca. Se opuso a la anarquía que conduciría al fascismo, que, según él, preparaba su rival, con lo que llamó la «revolución constructiva». La primera tarea razonable y posible, a sus ojos, era la constitución de un gobierno de coalición: junto a los republicanos, los socialistas tendrían la misión de «hacer indestructible el poder de las clases trabajadoras». Lo que hace falta es una reforma agraria profunda y bien llevada, acompañada de un plan de regadío del campo y de una industrialización que sólo es posible en un marco capitalista, que permita absorber el excedente de la población rural. Por eso los trabajadores no deben plantear reivindicaciones que puedan quebrar una economía capitalista incapaz de satisfacerlas. En el mejor de los casos, si consiguieran derrotar la inevitable reacción armada de la oligarquía, sólo acabarían «socializando la miseria». Esta hipótesis es menos probable, a ojos de Prieto, que la otra: un golpe militar preventivo que hay que evitar. El líder socialista indicó cómo sus cualidades harían del general Franco un líder adecuado para tal movimiento [7] e instó a los trabajadores a abstenerse de cualquier cosa que pudiera provocarlo.

El discurso de Cuenca es sin duda un programa gubernamental. El Sol, un periódico republicano burgués, lo saludó como el de un verdadero estadista, comparando a Prieto con Aristide Briand, un socialista que también se había convertido en un «realista». Pero este programa de reformas progresistas y prudentes en el marco del capitalismo encontró poca respuesta por parte de las masas, empujadas cada día a nuevas acciones por la fiebre revolucionaria [8].

Los amigos de Largo Caballero, por su parte, consideraron este programa como una abierta traición, denunciando las palabras de Prieto como una apología del franquismo. Las pasiones se desataron: ya amenazados en Cuenca, Prieto y sus amigos González Peña y Belarmino Tomás fueron recibidos en Écija a tiros por las Juventudes Socialistas y apenas escaparon de la muerte.

En estas condiciones, la ejecutiva del Partido Socialista pospuso el Congreso Nacional, previsto inicialmente para el 29 de junio, hasta octubre. El 1 de julio, la prensa anuncia los resultados de las elecciones a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista -boicoteadas de antemano, impugnadas y denunciadas por la tendencia de Largo Caballero-: triunfan los amigos de Prieto, González Peña es elegido presidente, Jiménez de Asúa vicepresidente y Ramón Lamoneda secretario del partido. La ruptura parecía inevitable.

El terrorismo contrarrevolucionario de la Falange

En una intervención en las Cortes el 16 de junio, Gil Robles enumeró las cifras oficiales que reflejaban el ambiente en el país desde las elecciones: 269 muertos y 1.287 heridos en peleas callejeras, 381 edificios atacados o dañados, 43 redacciones de periódicos atacadas o saqueadas, 146 atentados con bomba. Estas cifras, que son indiscutibles, no pueden atribuirse, como quiere Robles, sólo a los revolucionarios. En efecto, desde febrero, bajo el impulso de la Falange, se desarrolla una acción contrarrevolucionaria sistemática. Es en la calle, como en Alemania y en Italia, donde la Falange asume más claramente su carácter fascista: se trata de disolver el movimiento obrero y revolucionario por la violencia y el terror, de atacar los locales del partido y a los vendedores de periódicos, las reuniones y los desfiles, de asesinar cuando parece necesario para eliminar a un adversario o dar un ejemplo saludable. Los falangistas pasaron a la lucha armada al día siguiente de las elecciones. En Madrid, coches cargados de escuadristas armados con armas automáticas siembran el terror en los barrios obreros. En Andalucía, los pistoleros a sueldo masacran cada día a nuevas víctimas. El objetivo era doble: eliminar al adversario de clase, el militante o el periodista «marxista» o anarquista, o a la persona que les ayudaba, el juez o el policía, y crear un ambiente en el que los amigos del orden no vieran otra solución que poner el destino del país en manos de una dictadura. La desilusión provocada por la derrota electoral llevó a muchos conservadores a abandonar las perspectivas «legales» y a pasar a la acción directa. El avance de la Falange fue fulgurante a partir de febrero: la corriente de derechistas descontentos engrosó sus filas. Los jóvenes del partido de Gil Robles, las Juventudes Acción Popular, dirigidas entonces por Ramón Serrano Suñer, se pasaron a la Falange.

Aunque al historiador no le es posible atribuir con certeza la autoría de crímenes raramente firmados, es más que probable que la Falange y sus pistoleros fueran responsables de algunos de los atentados más famosos: el atentado fallido de Largo Caballero y el del republicano Ortega y Gasset, el que costó la vida al inspector encargado de proteger al vicepresidente socialista Jiménez de Asúa; la explosión, el 14 de abril, de una bomba bajo la tribuna presidencial durante el desfile; el que destrozó los locales del periódico socialista en Oviedo; los numerosos asesinatos políticos, el del periodista Casaus en San Sebastián, el del socialista Malumbres en Santander, el del juez Pedregal, culpable de haber condenado a treinta años de cárcel a un asesino falangista, el del capitán de guardia de asalto Faraudo, asesinado en plena calle del brazo de su mujer, y, por último, el del teniente de asalto José del Castillo, que se había convertido en el hombre a matar a ojos de los falangistas desde las batallas callejeras que habían seguido al atentado del 14 de abril [9].

La preparación del levantamiento militar

A pesar de su creciente importancia en los meses posteriores a las elecciones y en la marcha hacia la guerra civil, la Falange no puede considerarse un factor determinante. Es del ejército de donde la oligarquía, los tradicionalistas, los monárquicos, los conservadores, esperan la salvación. Es su acción lo que los republicanos y revolucionarios temen cada día. Se prepara, prácticamente a la vista de todos, para intervenir y zanjar definitivamente la suerte del movimiento revolucionario. Para los dirigentes del ejército, en efecto, era evidente que la victoria del Frente Popular había desencadenado una crisis revolucionaria que los políticos republicanos moderados de izquierda no eran capaces de superar.

El 17 de febrero, Calvo Sotelo y luego, como hemos visto, el propio Franco, pidieron al Presidente de la República que tomara la iniciativa de un golpe de fuerza anulando las elecciones. Tras la negativa de Portela Valladares, el 20 de febrero, por iniciativa de los dirigentes de la Unión Militar, se celebraron conferencias en toda España entre los jefes militares y los dirigentes políticos de los partidos de derechas. La conclusión fue que no había llegado el momento de actuar, porque las tropas, ganadas por el entusiasmo popular, no estaban absolutamente seguras.

El gobierno fue informado y tomó medidas. Franco, Jefe del Estado Mayor, fue destituido y destinado al mando militar de Canarias. Goded, Inspector General del Ejército del Norte, fue destinado a Baleares, y el General Mola, antiguo jefe de la Seguridad de la Monarquía, que perdió el mando del Ejército de África, fue destinado a Navarra. Franco Mola y los generales Villegas y Varela se reúnen en Madrid, en el piso del diputado monárquico Delgado, para una necesaria aclaración antes de que cada uno de ellos acuda a su nuevo destino.

La conspiración continuó sin obstáculos en estas nuevas condiciones: el coronel Galarza era el enlace entre Madrid y Canarias. Fue el Inspector General del Ejército, General Rodríguez del Barrio, representante personal del General Sanjurjo en la Junta de Dirección. De conformidad con el acuerdo firmado en 1934 con Goicoechea, Lizarza y el general Barrera, Italia proporcionó al movimiento ayuda material, armas y recursos financieros. Juan March estaba en Londres y se encargó de ganar simpatías para el movimiento militar en los círculos de las finanzas internacionales. El general Sanjurjo dejó su residencia en el exilio en Estoril para ir a Alemania en marzo y abril, donde estableció contactos oficiales. El objetivo político seguía siendo tan vago como siempre: las primeras instrucciones escritas de la Junta, en abril de 1936, se limitaban a recordar que el objetivo del movimiento era instaurar una dictadura militar y establecían las recompensas que se darían a los oficiales y suboficiales vencedores. El plan de insurrección se modificó de acuerdo con las nuevas condiciones: Franco, desde Canarias, debía ir a Marruecos y hacerse cargo allí del ejército de África, Mola debía levantar Navarra, González de Lara Burgos y Rodríguez Carrasco Cataluña. Varela y Orgaz encabezarían la insurrección en Madrid. Todo parecía estar en orden y se fijó la fecha de la insurrección para el 20 de abril. Pero el día 18, el general Rodríguez del Barrio comunicó a la Junta que el Gobierno estaba avisado: había decidido trasladar a Varela a Cádiz y a Orgaz a Canarias. Era necesario volver a empezar y reajustar el plan, sobre todo porque dos generales que pasaban por republicanos, Queipo de Llano y Cabanellas, acababan de unirse a la conspiración. Los madrileños están demasiado vigilados.

El centro de la organización de la rebelión se fijó en Navarra, donde Mola gozaba de total libertad de acción y donde los oficiales contaban con la simpatía activa de gran parte de la población. Madrid seguía siendo una preocupación para los generales, que finalmente decidieron confiar el liderazgo de la sublevación allí a los generales Fanjul y Villegas. Cuatro columnas procedentes de Navarra, Burgos y Valencia, donde se esperaba un rápido éxito, debían converger inmediatamente en la capital para apoyar a los insurgentes. Pero había otras dificultades: el general Villegas estaba asustado y evasivo, el Gobierno, que parecía seguir la conspiración día a día, trabajó para confundir la cuestión y sustituyó en Burgos al general González de Lara por un general republicano de gran confianza, Batet. Cada vez es necesario volver a empezar.

Sin embargo, la conspiración progresó: en Canarias, Franco, en el Jaime 1°, mantuvo largas conversaciones con el almirante Salas, que le dio el apoyo de la oficialidad naval; la red de conspiradores se amplió considerablemente con la entrada de muchos oficiales subalternos, que desempeñarían un papel decisivo. Se trataba de identificar, en el ejército, a los cuadros que se opondrían a la sublevación, a los oficiales republicanos o simplemente a los que eran disciplinados y decidieron permanecer leales al gobierno, fuera cual fuera. Había que vigilarlos, neutralizarlos y, si era posible, deshacerse de ellos cuando llegara el momento. Los contactos son estrechos con los líderes políticos de la derecha. Parece ser que Calvo Sotelo era uno de los cabecillas de la trama. Pero los militares no desesperaron de atraer a Gil Robles y a sus amigos a su bando, y resistieron. Los carlistas dieron a Mola su apoyo y la preciosa aportación de sus 7.000 soldados «guerreros», con armas, equipo y entrenamiento regular organizado. Mola sólo aceptó 4.000, que pretendía distribuir entre los regimientos regulares. Pero una nota del 5 de junio, escrita por Mola, provocó una crisis con los carlistas. Mola previó un Directorio de cinco jefes militares para España, que suspendería la Constitución y gobernaría por decretos-leyes, pero se comprometería, mientras durase su poder, a mantener la República. Debía mantenerse la separación entre Iglesia y Estado. El objetivo del movimiento era, según Mola, el establecimiento de una «dictadura republicana». Este programa no convenía a los carlistas, que querían, como mínimo, la adopción de la bandera monárquica bicolor y el rechazo del emblema republicano, la disolución inmediata de todos los partidos y una organización corporativista de España. Mola se negó, y los carlistas le comunicaron que ya no marchaban con él: se abandonó el plan de que los navarros iniciaran el movimiento el 12 de julio. El líder de los requetés, Lizarza, acudió a Sanjurjo, cuyo arbitraje fue aceptado por todos: no habría bandera para las unidades militares en las que los requetés estaban llamados a servir. Este gobierno sería un gobierno militar «apolítico», cuyo primer acto sería abolir toda la legislación social y religiosa y cuyo objetivo sería la destrucción del régimen liberal y parlamentario, para adoptar, en palabras del propio Sanjurjo, «las normas que muchos están siguiendo, modernas para ellos, pero laicas para nuestra patria»[10]. La última dificultad se superó en junio; en las grandes maniobras del ejército marroquí, los conspiradores prestaron el famoso «juramento del Llano Amarillo».

Tras muchas maniobras en falso, la fecha de la insurrección parecía haberse fijado de nuevo, ya que Mola informó a los conspiradores de que tenían que estar listos el 15 de julio. Franco, de Canarias, iba a levantar Marruecos; Goded, de Baleares, Cataluña, y Queipo de Llano, Sevilla. En otros lugares, se confía en los funcionarios en activo: Cabanellas en Zaragoza, Saliquet en Valladolid, Fanjul en Madrid, González Carrasco en Valencia. El día 16, Mola avisó a José Antonio Primo de Rivera de que el levantamiento estaba fijado para los días 18, 19 y 20 de julio. Estas fechas no se aplazarían.

La actitud del Gobierno

La actitud del gobierno durante estos meses decisivos ha sido objeto de numerosas críticas. Sin duda, el gobierno estaba al corriente de lo que ocurría con los jefes militares. Tomó pocas medidas y las que tomó fueron especialmente torpes. ¿De qué servía trasladar al general Franco a Canarias cuando este exilio le acercaba al ejército marroquí, donde era muy popular, y cuando los conspiradores de Madrid podían seguir contando con el Inspector General del Ejército, que permanecía en su puesto? El nombramiento de Mola en Navarra, lejos de debilitar la insurrección, colocó a un peligroso líder en uno de los centros más activos de la conspiración.

Y Goded de Baleares, sin dificultad, encabezó la sublevación de Barcelona. Mejor aún, en una nota fechada el 18 de marzo, el gobierno encubre a los militares conspiradores protestando contra los rumores de golpe de Estado, que considera injustos. Habló de su «dolor» por los «injustos ataques» al cuerpo de oficiales, «fieles servidores del poder constituido y garantía de la obediencia a la voluntad popular», y denunció en las campañas de la prensa socialista, comunista y anarquista «la criminal y obstinada voluntad de socavar el ejército». La timidez de las medidas adoptadas contra los conspiradores y la voluntad declarada del gobierno de hacer la vista gorda probablemente sólo consiguieron que muchos oficiales vacilantes se unieran al golpe de fuerza. El sucesor de Azaña, Casares Quiroga, merece pasar a la historia por el ciego optimismo que demostró al negarse a dar crédito a todas las informaciones y rumores sobre el complot de los generales, culminando con su negativa final a creer las noticias del alzamiento, a pesar de que efectivamente se había producido[11]. Gasares Quiroga seguiría insistiendo en contar al general Queipo de Llano entre los oficiales leales en los que se apoyó para aplastar la sublevación, a pesar de que este jefe comandaba al mismo tiempo a los sublevados en Sevilla…

Hay, sin embargo, cierta injusticia en hacer acusaciones tan duras a los líderes republicanos por su indulgencia con el complot de los generales. Al igual que los grupos políticos a los que representaban y las fuerzas sociales que encarnaban, tanto Casares Quiroga como Azaña vacilaron y titubearon porque estaban atrapados entre dos fuegos. El presidente Azaña había podido exclamar en 1933 que prefería perder el poder tras una lucha justa que ganarlo mediante algún truco. Pero la lucha que tuvo lugar en la España de 1936 no fue ni la lucha justa que él había esperado, ni la justa parlamentaria con la que estaba familiarizado. Era una lucha encarnizada entre clases sociales antagónicas, a la que intentó en vano evitar enfrentarse. El marco parlamentario era singularmente inadecuado para esta tarea: pocos meses después de su elección, las Cortes no eran más que una representación infiel de la nación que las había elegido. Los diputados de derechas, en su mayoría cedistas, representan a votantes que hoy, al menos los más activos, se han unido a los extremistas, y cuyo portavoz ya no es Gil Robles, sino Calvo Sotelo. En cuanto a los votantes del Frente Popular, constituyen ahora, en su mayoría, una fuerza explosiva que sus dirigentes ya no controlan. La victoria del Frente Popular fue su victoria, y quieren desarrollarla, perfeccionarla, concretarla y completarla por los métodos que son espontáneamente suyos, los de la acción directa y la violencia revolucionaria.

La revolución obrera y campesina amenaza a la república parlamentaria del mismo modo que la reacción militar y fascista. La lucha armada entre ellos, la guerra civil, marcaría el final, la quiebra de la política de los Azañas y Casares Quirogas. Por eso trataron de evitarlo, golpeando por turnos a cada uno de los adversarios, procurando no debilitar demasiado a uno para no ceder ante el otro.

Como en el Parlamento, el gobierno deambula por el país, deteniendo alternativamente a falangistas, luego a anarquistas, cerrando alternativamente los locales de unos y de otros, negándose en todo caso a golpear seriamente a los generales porque no podría entonces evitar armar a los obreros, negándose no menos enérgicamente a golpear seriamente al movimiento huelguístico y a la agitación obrera y campesina para no entregarse como rehén a los generales. Atrapado entre fuerzas hostiles, sólo podía jugar un peligroso doble juego: la detención de Primo de Rivera era una concesión a la izquierda, pero el líder falangista recibía todas las visitas que deseaba, y los círculos oficiosos explicaban a quien quisiera escucharles que era la única forma de garantizar su seguridad [12]. Muchos activistas revolucionarios sugieren que al gobierno no le disgusta la amenaza de un complot militar, que por sí solo, como desea Prieto, puede contribuir a frenar el movimiento revolucionario reconduciéndolo a reivindicaciones «razonables».

Todas las críticas dirigidas al Gobierno se refieren a un único defecto: su debilidad. Su única razón de existir es durar, ganar tiempo para evitar el choque que la reducirá a la nada.

Notas

[1] Op. cit. p. 535.

[2] Santillán (op. cit., pp. 36-37) dice estar de acuerdo en este punto con García Oliver en contra de Durruti.

[3] Prieto, en una nota a la prensa, citada por Carlos Rama (op. cit., p. 238), declaró que había rechazado la oferta del presidente Azaña de formar Gobierno, principalmente por la hostilidad que le mostraban «ciertos sectores de su partido», lo que supondría un riesgo de debilitamiento del Frente Popular, cuya «integridad hay que mantener a toda costa».

[4] Mi misión en España, p. 220.

[5] Cf. la resolución de la Agrupación Socialista de Madrid (Claridad, abril del 36): «El proletariado no debe limitarse a defender la democracia burguesa, sino que debe asegurar por todos los medios la conquista del poder político, para realizar desde él su propia revolución social». En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado.

[6] Op. cit. p. 305.

[7] «El general Franco, por su juventud, por sus cualidades, por la extensión de sus amistades en el ejército, es el que puede con las máximas posibilidades, las que le da su prestigio personal, ponerse al frente de un movimiento contra el régimen republicano.

[8] Hay que señalar que el Partido Comunista defendía posiciones infinitamente más cercanas a las de Prieto que a las de Largo Caballero. Cf. el discurso de su secretario general, José Díaz, en Zaragoza el 1 de junio: la huelga -según Díaz- es el «arma poderosa de que dispone (el proletariado) para obtener un aumento de salarios o mejores condiciones de vida». Pero es necesario reflexionar detenidamente antes de embarcarse en una huelga «sobre los medios de resolver los conflictos sin recurrir a ella». Porque», añade, «estamos hoy en un período en el que la patronal provoca y atiza las huelgas por razones políticas de sabotaje y en el que elementos fascistas se introducen como agentes provocadores en algunas organizaciones para servir a los fines de la reacción.» Esta actitud puede contrastarse con la del O.U.P.: «Para la burguesía democrática, la revolución ha terminado. Para la clase obrera, por el contrario, no es más que una etapa de su desarrollo… Todo retroceso de la reacción, todo avance de la revolución, es el resultado directo de la iniciativa y de la acción extralegal del proletariado» (artículo de Andrès Nin en Nueva Era, julio 36, reproducido op. cit. p. 219).

[9]Clara Campoamor dice que Faraudo y Castillo fueron fusilados por haber sido instructores de las milicias socialistas. El falangista Bravo Martínez reclama para la «primera línea» de la Falange el honor de haber llevado a cabo estas ejecuciones.

[10] Lizarza, Memorias de la Conspiración, p. 108,

[11] Le apodaron «Civilón», por un famoso toro que se había escapado en la arena.

[12] Bowers, op. cit. p. 213.

I.4: Pronunciamiento y revolución

• La huelga de la construcción
• El asesinato de Calvo Sotelo
• La insurrección en Marruecos
• El gobierno republicano frente a la sublevación
• El gobierno de Martínez Barrio
• El «movimiento»: éxitos y fracasos
  • Victorias del «movimiento»: Andalucía
  • Victorias del «movimiento»: Zaragoza
  • Un éxito inesperado: Oviedo
  • Fracaso de los militares: la Flota
  • Derrota del «movimiento»: Barcelona
  • Fracaso del «movimiento»: la Flota
  • Fracaso del «movimiento»: Málaga
  • Fracaso del «movimiento»: el País Vasco
  • En Valencia: la guarnición no se levanta
• La situación en la noche del 20 de julio
• Notas

En este mes de julio, cuando debía estallar la insurrección militar, la violencia parecía triunfar en ambos lados del impotente gobierno. No pasa un día sin que se produzca alguna reyerta, algún intercambio de disparos, algún asesinato, alguna manifestación tipo motín… En las Cortes, los diputados son registrados: se tiene cuidado de que no entren armas de fuego en el hemiciclo… En el campo, según el ministro, reina la violencia. En las ciudades, el terrorismo y las represalias mantuvieron a las tropas de ambos bandos bajo presión. El 11 de julio, en Valencia, los falangistas atacaron la emisora de radio y anunciaron: «¡Esto es Radio Valencia! La Falange Española se ha apoderado de este transmisor por la fuerza de las armas. Mañana será lo mismo para todas las emisoras de España. Una gran contramanifestación de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular acabó con asaltos violentos a la sede de la C.E.D.A. y con el ataque al Diario de Valencia. Sin embargo, fue en Madrid, sin disputa posible, donde los disturbios diarios anunciaron con mayor claridad la guerra civil que se avecinaba.

La huelga de la construcción

Desde febrero, Madrid se ha visto sacudida por numerosas huelgas de los sectores más conservadores, de ascensoristas e incluso de camareros. Sin embargo, el paso de los meses cambia el carácter de estas luchas. Parece que a muchos trabajadores les preocupa menos la satisfacción de tal o cual demanda que la propia propiedad de sus empresas. Los trabajadores de los tranvías de Madrid decidieron hacerse cargo de la empresa para gestionarla por su cuenta: inmediatamente recibieron el apoyo de enormes suscripciones. En la capital, bastión de la UGT, la CNT se ha desarrollado considerablemente en los últimos meses. Ahora es, si no la organización más fuerte numéricamente, al menos la más combativa. Eran jóvenes anarcosindicalistas los que ahora dirigían la vanguardia obrera madrileña: David Antona, Cipriano Mera, Teodoro Mora, dirigentes del sindicato de la construcción C.N.T.

Fue el 1 de junio cuando los 70.000 trabajadores de la construcción de Madrid iniciaron su huelga indefinida tras una asamblea general organizada conjuntamente por las dos centrales, que se comprometieron a no reanudar el trabajo hasta que se adoptara una decisión conjunta en una nueva asamblea. Pero los empresarios se resistieron. La huelga se endurece. La gente tiene hambre en los barrios de los trabajadores. Los huelguistas, con las armas desenfundadas, obligan a los comerciantes a servirles, ocupan los restaurantes, comen sin pagar. Los comerciantes, los pequeños burgueses se asustan. La policía se ve impotente ante los números, a pesar de las riñas diarias con los piquetes. La ocasión parece propicia para que los falangistas apliquen su método de violencia contrarrevolucionaria a los masones. Atacaron a trabajadores aislados y luego a grupos frente a las obras ocupadas. El comité de defensa de la C.N.T. del Centro asumió entonces la dirección de la huelga y la organización de la defensa armada de los trabajadores. El gobierno hizo todo lo posible para resolver el conflicto. El 4 de julio, el Ministro de Trabajo adoptó una decisión de arbitraje que, en su mayor parte, satisfizo a los huelguistas [1]. La UGT, tras consultar a sus afiliados, dio la orden de reanudar el trabajo: era necesario poner fin a la huelga, ya que el objetivo esencial se había conseguido, y las reivindicaciones secundarias podían alcanzarse a través de la negociación: como señalaba Domínguez, secretario de construcción de la UGT de Madrid, en Claridad, el conflicto podía «degenerar en un grave peligro para el régimen»… Pero quizá fue precisamente esta consideración la que empujó a la C.N.T. a continuar. La huelga de la construcción superaba ahora el marco de una simple lucha por el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral: la patronal había cedido todo lo que podía, pero la C.N.T. de Madrid, bajo la influencia de los obreros más combativos, quería continuar lo que era en realidad una prueba de fuerza con la burguesía y el Estado, una verdadera huelga insurreccional. Inmediatamente denunció a la dirección de la UGT, a los socialistas y a los comunistas que la apoyaban, como rompehuelgas, como «esquiroles»: ¿no habían decidido por su cuenta reanudar el trabajo, violando la decisión tomada en la asamblea común? El 9 de julio, el periódico monárquico ABC anunció que los trabajadores afiliados a la UGT no habían vuelto al trabajo, por miedo a la violencia de los de la CNT. Se producen peleas entre huelguistas y no huelguistas, cenetistas y ugetistas, todos más o menos armados. Ese mismo día se produjeron cinco muertes en la puerta de los centros de trabajo, tres de la UGT y dos de la C.N.T. Parece que se van a repetir en Madrid las batallas que enfrentaron a los anarcosindicalistas con los socialistas y comunistas en Málaga entre el 11 y el 15 de junio [2].

Los falangistas, a los que uno de sus líderes más capaces, Fernández Cuesta, liberado de la cárcel el 4 de julio, acababa de volver a tomar en sus manos, aumentaron sus ataques con la esperanza de aplastar la huelga. La C.N.T. tomó represalias ametrallando un café que servía de cuartel general de la Falange: tres falangistas de la escolta de José Antonio murieron… El gobierno aprovechó el conflicto entre la UGT y la CNT para intentar decapitar a esta última, que se había aislado y a la que consideraba la más peligrosa. La policía cerró los locales de la C.N.T. y detuvo a los líderes de los albañiles, encabezados por Antona y Mera. Los huelguistas, encabezados por Eduardo Val, del comité de defensa de la C.N.T. del Centro, siguieron luchando por la calle y el acceso a las obras con los trabajadores de la U.G.T., la policía y los falangistas… Es comprensible que, en estas condiciones particulares, incluso ante el creciente peligro de un levantamiento militar, el gobierno se negara a distribuir armas, como le pedía Largo Caballero. «Armar al pueblo», a ojos de los dirigentes, sería primero armar a los masones de la C.N.T. de Madrid, armar a la vanguardia revolucionaria, la fuerza que temían incluso más que a los generales reaccionarios.

El asesinato de Calvo Sotelo

El asesinato, el 12 de julio, del teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, marca, como hemos dicho, una etapa importante en el camino hacia la guerra civil. Después del capitán Faraudo, fue el segundo oficial de este cuerpo asesinado en las mismas circunstancias, probablemente por instigación de los mismos hombres. Sus compañeros reaccionaron bruscamente: los asaltos se habían convertido, en efecto, en el objetivo de los pistoleros falangistas, mientras que los asesinos, en ese ambiente, tenían prácticamente garantizada la impunidad. Así que los asaltos de la compañía de Castillo deciden hacer lo que no hicieron tras el asesinato de Faraudo: deciden vengarse ellos mismos, ya que el Estado que los emplea para mantener el orden es incapaz de protegerlos y de golpear a quienes les disparan en la calle. Para vengarse de la muerte de Castillo, deciden golpear al que consideran el alma del complot y el líder de los asesinos, Calvo Sotelo, que unos días antes había denunciado a del Castillo ante las Cortes como organizador de un atentado contra los falangistas.

Al amanecer del día siguiente, un camión llevó a un grupo de asaltos a la casa de Calvo Sotelo, dirigidos por el teniente Moreno y un comandante de la guardia civil, Fernando Condés. Le dijeron al líder monárquico que habían venido a detenerlo. Calvo Sotelo, preocupado, pidió llamar por teléfono a la policía para obtener la confirmación de la orden. Pero la policía había cortado las líneas telefónicas y él decidió seguirlas. Unas horas más tarde, su cuerpo, acribillado a balazos, es encontrado en el cementerio de Este e identificado en la morgue…

El entierro de José del Castillo y el de Calvo Sotelo constituyen el último desfile antes del combate. Los adversarios se desafían a plena luz del día. Antonio Goicoechea declara sobre la tumba de Sotelo: «Juramos vengar tu muerte». Gil Robles, en un discurso extraordinariamente violento ante las Cortes, dice: «La sangre de Sotelo ahogará al Gobierno». Y, en nombre de los carlistas y de la Renovación Española, Suárez de Tangis lee un documento que constituye la declaración de guerra civil: «Desde el 16 de febrero, vivimos en medio de la anarquía, bajo la influencia de una monstruosa subversión de todos los valores morales, que ha dado lugar a poner la autoridad y la justicia al servicio de la violencia… Los que quieran salvar a España y su patrimonio moral como pueblo civilizado nos encontrarán los primeros en el camino del deber y del sacrificio.

En el ambiente de los meses anteriores se produjo tal avalancha de insultos y amenazas que no es difícil para los amigos del líder asesinado encontrar en los discursos de sus opositores denuncias y ataques que pueden considerarse como provocaciones al asesinato. No dudan en hacerlo. Los asesinos de Sotelo, los vengadores de Castillo, son conocidos: son los quince guardias de la patrulla del teniente. Es evidente que actuaron por iniciativa propia, sin órdenes oficiales. Pero la propaganda de la derecha se desató para responsabilizar directamente del asesinato al gobierno republicano, contra el que se preparaba para levantarse. La muerte de Sotelo proporcionó un pretexto sagrado para un levantamiento que se había preparado desde hacía tiempo. Además, a medida que la amenaza se hacía más evidente, la respuesta también tomaba forma. En toda España, los trabajadores desenterraron las armas escondidas desde 1934 e intentaron conseguir otras nuevas.

El gobierno desplazó a algunos generales, aceleró la desmovilización de los reclutas y detuvo a algunos falangistas, incluidos los que acababa de liberar. Prieto, en El Liberal, habló con firmeza: «Si la reacción sueña con un golpe incruento, se equivoca.

En este ambiente de alarma y preocupación, el Presidente del Consejo permaneció imperturbable. El 14 de julio, un grupo de diputados vascos, entre los que se encontraba el futuro presidente Aguirre, que había denunciado el incidente, le preguntó si era cierto que había mandado detener a Mala, el conocido líder de los conspiradores. Se desmarcó de estos rumores y dijo: «Mala es un general leal a la República» [3]. También respondió con una brutal negativa al gobernador de Huelva que, teniendo pruebas de la actividad subversiva de Queipo de Llano, solicitó autorización para detenerlo. Varios testigos, entre ellos Prieto, afirman que cuando le informaron de la sublevación militar en Marruecos, se limitó a responder: «¿Se están levantando? Muy bien, entonces me voy a la cama.

La insurrección en Marruecos

El ejército en Marruecos está en casa, como siempre lo ha estado. Ya en febrero, las tropas de aquí estaban seguras, mientras dudaban en la península. Las tropas marroquíes, los moros, se reclutan entre los montañeses del Rif. Son unos guerreros formidables, unos salvajes a los que no ha llegado ninguna propaganda, que sólo aspiran a luchar y saquear y así lo han demostrado durante la represión de la insurrección de Asturias. La Legión es un cuerpo de mercenarios de élite, voluntarios de todos los países, desesperados y a menudo convictos, también dispuestos a luchar porque para eso les pagan y eso es lo que han elegido. El movimiento obrero existe, sin duda, y hay organizaciones sindicales fuertes en las ciudades. Sin embargo, no tienen ningún control sobre la población autóctona, que está sólidamente encuadrada y no tiene contacto con los soldados profesionales marroquíes o extranjeros de las tropas de élite del ejército marroquí.

Casi todos los cuadros están en la conspiración. Los agentes en la calle se saludan alegremente al grito de «Café», abreviatura de su lema: «¡Camaradas, arriba Falange española! Se preparaba a plena luz del día -o casi- la conquista de la podrida metrópoli, que debía ser regenerada por las virtudes militares que son prerrogativa de todo ejército colonial. Como hemos visto, durante las maniobras en Llano Amarillo, los líderes hicieron un balance. Todo estaba preparado para que el ejército, que el Estado había tenido la imprudencia de enviar a vigilar Marruecos, se lanzara sobre la República. Aquí, las autoridades civiles son tan débiles frente a los jefes militares que la conspiración sólo se encubre para no dar indicaciones demasiado precisas a la metrópoli. A principios de julio, la policía encontró existencias de armas, uniformes y proclamas en el Casino de Tetuán. El asunto no tuvo seguimiento, aunque los nombres de los líderes conspiradores estaban en boca de todos.

El movimiento salió de Melilla el 17 de julio. A la cabeza de sus oficiales, el jefe designado, el teniente coronel Segui, obtuvo la reunión de los guardias de asalto y depuso al jefe de la guarnición. La legión extranjera asaltó la Maison du Peuple donde se habían reunido los albañiles. Aquí y allá, los soldados y los trabajadores intentaron resistir. Fueron derribados. Dueño de la ciudad en pocas horas, Segui telegrafía la orden de levantamiento a las demás guarniciones. Las comunicaciones se interrumpieron con la metrópoli. Los jefes de la Legión, los tenientes coroneles Yagüe y Tella, los jefes de las tropas moras, los coroneles Bautista Sánchez en el Rif, Sáenz de Burruaga en Tetuán, Mugica en Larache, entraron en acción hacia las 11 de la noche, ocupando los puntos estratégicos, controlando el tráfico, e iniciando una caza de hombres en los barrios populares. Los aviadores de Tetuán se resistieron: derrotados por la artillería, fueron fusilados «de acuerdo con la ley marcial». Se pidió al Jalifa y al Gran Visir que aprobaran la acción de los rebeldes, que ocuparon la alta comisión. Lo hicieron. La huelga desencadenada por los sindicatos fue general el día 18, pero el ejército aportó «voluntarios» indígenas para romperla y duró poco, tras algunas detenciones y ejecuciones… En Ceuta, donde la insurrección fue anunciada por el tocsin, Yagüe tomó el control de la ciudad en dos horas. La heroica resistencia de los trabajadores de Larrache no superó las veinticuatro horas. El día 18, el ejército aplastó toda la resistencia. Su teórico jefe, el general Morato, se enteró de la insurrección por una llamada telefónica desde Madrid… Ahora esperaba a su verdadero líder: Franco.

El gobierno republicano frente a la sublevación

Franco salió de Las Palmas en un avión pilotado por un inglés [4]. Cauteloso, no llegó a Tetuán hasta el día 19, después de desembarcar en el Marruecos francés para conocer el desarrollo de las operaciones. Pero en su nombre, desde Tetuán, se emitió una proclama: «El ejército ha decidido restablecer el orden en España… El general Franco se ha puesto a la cabeza del movimiento y apela al sentimiento republicano de todos los españoles. Un avión gubernamental lanzó seis bombas sobre el cuartel general de Tetuán durante la noche del 17 al 18. La respuesta llegó, amenazante: «Las represalias que llevaremos a cabo serán proporcionales a la resistencia que recibamos.

En la mañana del 18 de julio, el gobierno tuvo que admitir en una nota que «parte del ejército se había sublevado en Marruecos». Especifica: «El Gobierno declara que el movimiento se limita a determinadas zonas del Protectorado y que nadie, absolutamente nadie, en la península, se ha adherido a tan absurda empresa. Ese mismo día, sin embargo, la «absurda empresa» se extendió por todo el país: los militares se levantaron en Málaga y Sevilla. Pero el Gobierno desmintió la información y, en respuesta a los partidos y sindicatos, emitió un segundo comunicado a las 15 horas:

«El Gobierno toma nota de los ofrecimientos de ayuda que ha recibido y, al mismo tiempo que expresa su gratitud por ellos, declara que la mejor manera de ayudar es garantizar el carácter normal de la vida cotidiana para dar un alto ejemplo de serenidad y confianza en los medios de la fuerza militar del Estado… Gracias a las medidas preventivas adoptadas por el gobierno, puede decirse que se ha sofocado un amplio movimiento antirrepublicano. No encontró ayuda en la península y sólo consiguió reclutar algunos partidarios en una fracción del ejército». Tras elogiar a «las fuerzas de Marruecos que trabajan para controlar la revuelta», la nota concluye: «La acción del gobierno será suficiente para restablecer el orden». La radio gubernamental llegó a afirmar que la insurrección había sido aplastada en Sevilla.

Esa misma tarde, el Consejo de Ministros, en el que participaba Prieto, volvió a rechazar la solicitud presentada por Largo Caballero en nombre de la UGT para distribuir armas a las organizaciones obreras. Un comunicado conjunto de los partidos socialista y comunista declaró: «El momento es difícil, no desesperado. El gobierno está seguro de que dispone de medios suficientes para aplastar este intento criminal. En caso de que sus medios sean insuficientes, la República cuenta con la solemne promesa del Frente Popular. Está dispuesta a intervenir en la lucha desde el momento en que se demande su ayuda. El gobierno manda y el Frente Popular obedece.

Por la noche, la C.N.T. y la U.G.T. lanzaron la orden de huelga general. A las 4 de la mañana del 19 de julio, justo cuando toda España se preparaba para luchar, Casares Quiroga entregó al presidente Azaña la dimisión de su gobierno…

El gobierno de Martínez Barrio

Azaña llamó inmediatamente a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, que enseguida formó un gobierno compuesto exclusivamente por republicanos, pero ampliado por la derecha para incluir a los grupos nacionales republicanos de Sánchez Román, que se habían quedado fuera del Frente Popular. En el Ministerio de Guerra, nombró a un militar, el general Miaja.

Los historiadores y comentaristas coinciden en general en que este ministerio fue un último intento de evitar la guerra civil llegando a un acuerdo con al menos algunos de los generales rebeldes. Lo son menos en cuanto al curso de los acontecimientos y al contenido real de los intentos de compromiso. Salvador de Madariaga dijo que Martínez Barrio había reservado carteras para los generales rebeldes. Caballero afirma que Martínez Barrio le contó una conversación telefónica con el propio Mola, a la que otros testigos citados por Clara Campoamor también oyeron apostar a Martínez Barrio. El historiador franquista Bertran Güell afirma que Mola se negó perentoriamente a ser ministro de la Guerra: «Si usted y yo nos pusiéramos de acuerdo, ambos habríamos traicionado nuestros ideales y a nuestros hombres» [5]. Martínez Barrio -ahora presidente de la República en el exilio- protestó contra estas versiones y afirmó en una carta a Madariaga: «En ningún momento buscamos la ayuda de los rebeldes. Creíamos que, ante este cambio de política, cambiarían a su vez de actitud» [6].

Independientemente de que se haya hablado con los generales rebeldes -y parece que sí-, la actitud de algunos de ellos parece confirmar la tesis y las esperanzas de Martínez Barrio. El propio Mola, Aranda en Oviedo, Patxot en Málaga, daban largas y parecían dudar en romper relaciones, por si Martínez Barrio triunfaba y las concesiones de los republicanos eran más claras. Pero el anuncio de la formación del nuevo gobierno tuvo el efecto de una bomba en el propio Madrid. Cientos de miles de manifestantes se reunieron sin esperar la orden de ninguna organización, exigiendo armas para luchar contra los militares. Salvador de Madariaga y Borkenau, que afirmaban que Caballero amenazaba al gobierno con una insurrección socialista armada, coincidían en este punto con Martínez Barrio, para quien su gobierno «murió a manos de los socialistas de Caballero y de los comunistas» [7]. Caballero, en sus memorias, se limita a indicar que la UGT pone como condición de su apoyo al nuevo gobierno el armamento de los trabajadores. Pero Martínez. Barrio, al igual que Casares Quiroga, se niega a lo que, a sus ojos, significaría el inicio de la revolución obrera, el fin de la República parlamentaria. A su vez, dimitió [8].

De las personalidades republicanas abordadas, sólo el Dr. José Giral, eminente académico y amigo de Azaña, aceptó dar el paso decisivo: su gobierno decretaría la disolución del ejército y la distribución de armas a las milicias obreras formadas por los partidos y sindicatos. Al mismo tiempo, firmó lo que parecía ser la sentencia de muerte de la «legalidad republicana», pero que no era más que un reconocimiento del hecho consumado: ahora era la fuerza, la fuerza de los generales y sus tropas, la fuerza de los trabajadores armados, la que regularía el futuro de España. La «legalidad» se esfumó ante el choque de fuerzas sociales.

El «movimiento»: éxitos y fracasos

Los líderes rebeldes no habían previsto una resistencia duradera a su acción. Sin duda, su plan tuvo en cuenta las dificultades particulares que debían superarse en determinadas regiones, pero el mapa de España, tal y como quedaría tras unos días de lucha, ofrecía algunos aspectos muy inesperados. Navarra, tradicional bastión de los carlistas, acogió el movimiento con entusiasmo. Las calles de Burgos y Pamplona se llenaron de voluntarios de las unidades paramilitares carlistas, los «requetes» con sus boinas roídas y sus brazaletes verdes marcados con una cruz. Han bajado de sus montañas, con sus mantas enrolladas sobre los hombros, para asegurar la victoria de «Cristo Rey», como proclaman las inscripciones. Delaprée les vio «escupir con asco cuando se pronunciaban delante de ellos las palabras ‘república’ o ‘unión'». Y añade: «No me extrañaría nada ver un auto-da-fé en una plaza de Burgos» [9]. Aquí las masas populares están con los generales, y los voluntarios acuden a reforzar el ejército de Mola en la marcha hacia la capital. Tal vez sólo la hostilidad apenas velada entre los «boinas rojas» y los «camisas azules» de la Falange rompió la entusiasta unanimidad de esta temprana cruzada.

Julio de 1936

Pero en otros lugares, el éxito y el fracaso dependían de muchos factores, a menudo imprevisibles: la actitud de la policía, de los guardias civiles y de los guardias de asalto, cuya adhesión a uno u otro bando a menudo decidía la victoria, la decisión o la dilación de los gobernadores, la vacilación o la audacia de los jefes militares, la vigilancia o la ingenuidad de los dirigentes obreros. El Movimiento ganó muy rápidamente cada vez que los insurgentes alcanzaron la organización de sus adversarios; también ganó, con un poco de retraso, cada vez que los dirigentes obreros fueron engañados por las declaraciones de lealtad de los oficiales. En este sentido, no es desacertado afirmar que es menos en la acción de los rebeldes que en la reacción de los trabajadores, los partidos y los sindicatos y su capacidad de organizarse militarmente, en una palabra, en su propia perspectiva política, donde está la clave del resultado de las primeras batallas. Cada vez que las organizaciones obreras se dejan paralizar por la preocupación de respetar la legalidad republicana, cada vez que sus dirigentes se conforman con la palabra dada por los oficiales, éstos ganan… Por otra parte, el Movimiento es derrotado cada vez que los trabajadores han tenido tiempo de armarse, cada vez que han atacado inmediatamente la destrucción del ejército como tal, independientemente de las posiciones adoptadas por sus dirigentes, o de la actitud de los poderes públicos «legítimos».

Victorias del «movimiento»: Andalucía

Los insurgentes ganaron rápidamente en Algeciras, donde el gobernador se negó a armar a los trabajadores mientras los militares se declararan leales. Cuando decide detener al jefe de la guarnición, él mismo es hecho prisionero… En Cádiz, la huelga era general desde el día 19 y los guardias de asalto habían repartido armas a los sindicatos, pero el gobernador respondía de la lealtad de los oficiales. El día 20, con la noticia de la caída de Algeciras y la llegada de un buque de guerra insurgente, la guarnición se subleva: al día siguiente, se aplasta toda resistencia y el comandante militar prohíbe las huelgas y las reuniones sindicales. En Córdoba, el gobernador se negó a dar armas a los trabajadores en huelga. La guardia civil y la guarnición, bajo el mando de un oficial republicano, el coronel Cascajo, se levantaron al mismo tiempo y aplastaron toda la resistencia. En Granada, los guardias de asalto se alzaron con la guardia civil y la guarnición: superaron rápidamente la resistencia armada organizada en los suburbios. En Huelva, el gobernador concentró a la guardia civil: los mineros de Río Tinto, movilizados por sus sindicatos, marcharon sobre la Sevilla insurgente. Los guardias civiles que los acompañaban les tendieron una emboscada y los masacraron. Luego pasan a conquistar las minas.

Pero la gran victoria de los insurgentes sería la toma de Sevilla, bastión de las organizaciones obreras. El general Queipo de Llano, al que el gobierno no quería detener, llegó de incógnito a la capital andaluza, donde el mando de la guardia civil fue el único que se ganó el complot. En el cuartel de la guardia se armó y entrenó a los falangistas y señoritos que se ofrecieron a participar en la sublevación. Los grupos de choque así formados atacaron por sorpresa el cuartel de la guardia, que resistió hasta su último cartucho en el edificio y en la central telefónica. Mientras tanto, un pequeño destacamento ocupó la emisora de Radio Sevilla sin luchar. Queipo de Llano tocó allí el himno republicano y luego anunció abruptamente que era el amo de la ciudad. Las organizaciones obreras no reaccionaron, mientras que el general, maestro en el arte del farol, hizo que los mismos camiones militares ocuparan puntos estratégicos y desfilaran continuamente por las calles para hacer creer que las tropas que dirigía tenían una superioridad numérica abrumadora. Cuando, finalmente, la C.N.T. y la U.G.T. comienzan a reunir militantes para la lucha armada, es demasiado tarde: los asaltos han sido masacrados hasta el último, y los primeros refuerzos de soldados marroquíes aterrizan en el aeródromo que los rebeldes tomaron a primera hora. Esta llegada supuso sin duda una ventaja considerable desde el punto de vista militar, ya que los moros eran tropas formidables, bien entrenadas y disciplinadas. Pero también fue una victoria psicológica -una más- para el inteligente general, porque su reputación de crueldad ya no podía negarse y el ruido de su llegada sembró el terror. La resistencia de los trabajadores comenzó demasiado tarde y en las peores condiciones.

En Sevilla, no fue una lucha, sino una masacre. Un memorando del Colegio de Abogados afirma que más de 9.000 trabajadores fueron masacrados [10]. Bertrand de Jouvenel, corresponsal de Paris-Soir, describió el asalto de los moros a un suburbio obrero: «Con un feroz grito de guerra, los hombres se lanzaron a las calles del barrio. Fue una limpieza despiadada con granadas y cuchillos. No hubo piedad. Cuando, al día siguiente, pude adentrarme en las ruinas, vi a los hombres abrazados, atravesados por bayonetas y largas navajas. El barrio de Triana, sin embargo, resistió más de una semana. Una vez «limpiada» Sevilla, los soldados se lanzaron a la conquista de las demás ciudades y pueblos. En todas partes triunfaron los mismos métodos sobre una resistencia feroz y desesperada: Morón resistió durante ocho días, y muchos soldados rebeldes cayeron ante Carmona. Pero en toda la región, el Movimiento triunfó. Las ejecuciones masivas de obreros y militantes aseguraban a veces la sumisión de los vacilantes y tibios de antemano. A menudo las autoridades o los jefes de la guardia civil tomaban la delantera y, como muestra de adhesión a la causa del ejército, hacían ejecutar a los líderes obreros incluso antes de que llegaran las tropas de Queipo. En pocos días, Andalucía fue conquistada: por su decisión, por un hábil uso de los modernos medios de propaganda y por el empleo masivo del terror, Queipo de Llano consiguió asegurarse, a través del aeródromo y de la emisora de radio, una ventaja que los trabajadores no pudieron compensar. Tomados por sorpresa y desorientados, los militantes sólo pudieron, la mayoría de las veces, oponerse a él con un coraje tan indomable como inútil.

Victorias del «movimiento»: Zaragoza

Una victoria similar obtuvo el ejército en Zaragoza, otro bastión obrero. Allí, el jefe de la guarnición, el general San Miguel Cabanellas, era también el líder del complot. Era un masón que se hacía pasar por republicano y, al igual que Queipo de Llano, era partidario de última hora. El 17 de julio, al conocer la noticia de la sublevación marroquí, emitió una proclamación de lealtad a la República y declaró el estado de sitio para hacer frente a los «intentos fascistas». Tuvo que ceder ante la amenaza de huelga general esgrimida por la C.N.T., pero rápidamente incorporó a sus tropas a los falangistas y señoritos. El gobernador rogó a los dirigentes obreros que no alteraran el orden, se negó a armar a los trabajadores y predicó la calma. Ante su insistencia, los dirigentes de la C.N.T. invitaron a los trabajadores a volver a casa. Y en la mañana del día 19, un ejército depurado reforzado por militantes de derechas y la guardia civil ocupó la capital de Aragón, instalando cañones y ametralladoras. La radio dijo: «No estamos marchando contra la República. Trabajadores, sus demandas serán respetadas». Sigue circulando el rumor, hábilmente mantenido, de que Cabanellas «marcha contra los fascistas».

También en este caso, los dirigentes obreros sólo se dieron cuenta de lo que les ocurría cuando la policía empezó a detener a los suyos. Durante el día 19, la C.N.T. y la U.G.T. lanzaron la orden de huelga general e intentaron organizar la resistencia armada en los suburbios, donde las tropas no se habían atrevido a penetrar. Los guardias civiles atacaron una concentración organizada por los Jeunesses libertaires y le infligieron grandes pérdidas. Sin embargo, se necesitó más de una semana para poner fin a la huelga general, cuyos líderes obreros, bajo tortura, se negaron a informar de la orden. Uno de los dirigentes de la C.N.T. de Zaragoza, Chueca, reconocía la ingenuidad de los dirigentes sindicales que habían perdido el tiempo en palabrerías e incluso se habían creído las promesas del gobernador, que no había sido capaz de prever «algo más eficaz que los treinta mil trabajadores organizados en los sindicatos de Zaragoza»[11]. Casi todo Aragón cayó en manos de los rebeldes durante estos días.

Un éxito inesperado: Oviedo

Los planes de Mola no habían previsto el éxito en Oviedo, en el corazón de la Asturias obrera, donde los militantes socialistas y anarcosindicalistas tenían una sólida tradición de combate, experiencia en la lucha armada, cuadros entrenados y algunas armas. Fue una edición especial, no sujeta a censura, del periódico caballerista Avance la que, desde la tarde del día 18, anunció el levantamiento. Inmediatamente, los mineros se reunieron en sus locales sindicales, improvisaron unidades y desenterraron las armas escondidas desde el 34 de octubre. Bajo su presión, los partidos y sindicatos formaron un Comité Provincial que se encargó de apoyar y controlar la acción del gobernador Liarte Lausin, de cuya lealtad algunos sospechaban.

El coronel Aranda, jefe de la guarnición, se apresuró a tranquilizar a los dirigentes obreros y republicanos: se proclamó fiel a la República y desautorizó solemnemente a los facciosos. El día anterior, sin embargo, había hecho transportar al cuartel todas las armas disponibles y había ordenado en secreto a la guardia civil de la provincia que marchara sobre Oviedo. Pero fue ignorado – y confiado. Mejor aún, cuando llegaron peticiones de refuerzos desde el amenazado Madrid, los dirigentes socialistas acordaron, a sugerencia suya, formar tres columnas de mineros y enviarlas en tren a la capital. Mil seiscientos jóvenes en Sama de Langreo y varios cientos en Mieres se unieron a la tropa de dinamiteros de Oviedo… De estos 3.000 hombres, comandados por oficiales de Asaltos, apenas 400 tenían armas de fuego, fusiles y carabinas. En León, el general Gómez Caminero hizo distribuir 300 fusiles. El refuerzo para Madrid era importante, pero Oviedo había perdido su guardia obrera.

A pesar del optimismo de los dirigentes socialistas, la preocupación era cada vez mayor. Aranda, de hecho, ha consignado a los soldados al cuartel, cuyos centinelas defienden las afueras. Se sabía que estaban armados, mientras que las pocas armas en manos de los mineros se habían ido a Madrid. El Comité Provincial estaba dividido: los republicanos y los socialistas de derechas seguían confiando en el coronel. Pero los dirigentes de la C.N.T. sabían que había transportado las armas al cuartel; junto con los comunistas y los socialistas de izquierda agrupados en torno a Javier Bueno, el director de Avance, se negaron a prolongar un juego que consideraban peligroso. Exigieron a Aranda pruebas de su lealtad: la distribución de las armas almacenadas a las milicias obreras, la apertura de los cuarteles, la amalgama de soldados y trabajadores armados. Aranda dudó. González Peña le ruega que entregue una ficha a los extremistas, se ampara en la autoridad de Prieto para conseguir la distribución de armas. Aranda replica que está esperando una orden del Ministro de la Guerra para hacerlo. Mientras tanto, los guardias están en marcha hacia Oviedo. Con algún pretexto, Aranda logró salir de la sala donde se encontraba el Comité, en el Palacio del Gobernador. A continuación, se reúne con sus tropas, tiene ocupado el monte Narranco y coloca dos cañones frente al Palacio. El Comité se dispersó mientras los soldados ocupaban los puntos estratégicos. La treta del coronel tuvo éxito: los mineros armados estaban lejos y él había ocupado la capital sin disparar un solo tiro. Sin embargo, los suburbios fueron alertados y cubiertos con barricadas. En los pueblos mineros, los grupos de guardias son detenidos, atacados o desarmados. En Gijón la guarnición también se levantó tras proclamar su lealtad, pero fue inmediatamente rodeada por los metaleros de La Felguera, que habían sido llamados al rescate por el improvisado comité de defensa en la Casa del Pueblo en torno a Segundo Blanco. Una de las dos columnas de mineros que se dirigían a Madrid, advertida de la sublevación en su retaguardia, dio media vuelta, se apoderó del arsenal de Trubia y completó el cerco a la capital asturiana. La toma de Oviedo por los sublevados no supuso la caída de Asturias, pero inmovilizó a decenas de miles de trabajadores, casi desarmados. La destreza de Aranda y la ingenuidad de algunos dirigentes fijaron allí combatientes cuya ausencia se sentiría cruelmente en otros lugares.

Fracaso de los militares: la Flota

Junto a estos éxitos, esperados o inesperados, los generales iban a sufrir también reveses. En primer lugar, un accidente les privó de uno de sus líderes. Sanjurjo debía llegar desde Estoril, donde un avión había ido a recogerlo el día 20. La hélice se rompió al despegar, el avión ardió y Sanjurjo murió.

Pero los reveses en el resto de España no fueron casualidad. El desembarco masivo de tropas marroquíes, previsto en el plan para las horas siguientes a la insurrección, no se produjo, porque la flota no se reunió. Sin embargo, su participación había sido meticulosamente estudiada y ultimada hasta el último detalle durante las maniobras frente a Canarias, en las reuniones entre los almirantes y Franco. Casi todos los oficiales fueron ganados para el Movimiento. Pero fueron las tripulaciones las que debían derrotar el plan: más politizados quizás, porque a menudo eran de origen obrero, los marineros supieron organizarse contra los preparativos de sus jefes, en cualquier caso mejor que los soldados. En casi todos los barcos se formaron pequeños núcleos clandestinos, compuestos por ocho o diez suboficiales y marineros socialistas o anarquistas, que aseguraban, en los puertos de escala, el enlace con sus organizaciones. En el crucero Libertad funcionaba un Consejo Central de Marineros. Advertidos por él, los delegados de los consejos del Cervantes, el Almirante Gervera, el España y el Velasco pudieron reunirse con él en Ferrol el 13 de julio para decidir las medidas a tomar contra la sublevación de los almirantes. El día 14 lograron establecer contacto con el Consejo de Marineros del Jaime 1°. En Madrid, Balboa, suboficial destinado en el Centro de Señales Navales, detuvo al jefe del centro, una de las figuras clave de la conspiración. A través de él y de las radios de cada barco, las tripulaciones estarían informadas, minuto a minuto, de los avances del complot y estarían preparadas para contraatacar a sus comandantes.

La tripulación del torpedero Churruca, que el día 19 había transportado un tabor de marroquíes a Cádiz, se sublevó el día 20 y fusiló a los oficiales. A continuación, las tripulaciones del Almirante Valdés y del Sánchez Bercaiztegui siguieron su ejemplo y zarparon de Melilla hacia Cartagena. En San Fernando, las tripulaciones de los dos cañoneros y de un crucero fueron finalmente aplastadas por la artillería de costa y, en Ferrol, el Almirante Gervera, inmovilizado por las reparaciones, y el España, sin munición, fueron recuperados por los sublevados de los marineros. Pero los del Jaime 1°, informados por radio de que su barco había puesto rumbo a Ceuta, se amotinaron en alta mar, y luego, tras tomar el control del acorazado después de una sangrienta batalla, se unieron al cuerpo principal de la flota en la bahía de Tánger, cuya historia, en esos pocos días, era idéntica a la suya. En todas partes había comités de marineros que, después de haber ejecutado a la mayoría de los oficiales, obligaban a los que quedaban a prestar su servicio bajo sus órdenes. En lugar de asegurar el enlace y la llegada de refuerzos desde Marruecos a la península, los buques de guerra impidieron su llegada. La acción de los marineros, que alteró gravemente el plan de los generales, aparece así como uno de los acontecimientos más importantes de los días de la sublevación [12].

Derrota del «movimiento»: Barcelona

Fue en Barcelona donde los militares sufrieron su más grave derrota, infligida por los trabajadores catalanes, ayudados, es cierto, por el apoyo, en el momento decisivo, de parte de la guardia civil y de la guardia de asalto. Así, fueron los obreros los que salieron victoriosos de las jornadas de lucha, a pesar de que la burguesía republicana, por su autonomismo, había adoptado aquí una actitud más decididamente hostil a los militares que en el resto de España.

En los días anteriores, los dirigentes de la C.N.T. habían mantenido, de hecho, un contacto casi permanente con el gobierno de la Generalitat y los dirigentes de la Esquerra: el dirigente anarquista D.A. de Santillán podría evocar más tarde «las noches pasadas en el Ministerio de la Gobernación». Sin embargo, no obtuvieron las armas que exigían. Santillán, que había pedido que los hombres de la C.N.T. recibieran incluso mil fusiles, escribió: «Los mil fusiles no nos fueron entregados; por el contrario, algunos de los que nuestros hombres habían incautado fueron retirados» [13]. En la tarde del 18, los militantes se apoderaron de todo lo que encontraron, armas de caza en las tiendas, dinamita en las obras. En la noche del 18 al 19, grupos de estibadores anarquistas recogieron todas las armas de los barcos del puerto. Los dirigentes, Durruti, García Oliver, no dudaron en intervenir personalmente a riesgo de ser linchados por sus propios partidarios, para evitar cualquier incidente entre la policía y los trabajadores, llegando incluso a aceptar la devolución de algunas de las armas incautadas por los estibadores.

Sin embargo, los guardias de asalto distribuyeron a grupos de trabajadores armas tomadas de los estantes de sus cuarteles. Día y noche, los trabajadores montaban guardia alrededor de sus locales y sus oficinas.

El plan de los insurgentes dirigidos por Goded, que había volado desde Mallorca y que haría arrestar inmediatamente a los oficiales republicanos, se llevó a cabo meticulosamente. Desde hacía varias semanas, la guardia de asalto había visto una afluencia de jóvenes voluntarios, señoritos y falangistas. Los 12.000 hombres del cuartel debían converger en la Plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad, a la señal. El 19. Al amanecer, las tropas del cuartel de Pedralbes inician la marcha. Por toda la ciudad, tras otra noche de vigilancia, los trabajadores, equipados con armas improvisadas, les esperan. Las unidades del cuartel de Atarazanas, las que ocupan el gobierno militar y la Capitanía General permanecieron, por el momento, en sus edificios.

Pero para los barceloneses, que eran muchos, era el momento -tanto tiempo temido, por fin deseado y esperado- del ajuste de cuentas. Desde la Barceloneta, desde los barrios del puerto, se apresuraron a bloquear el camino a los insurgentes. Mal armados, cuando no con las manos desnudas, sin una dirección centralizada, sólo conocían una táctica, que era precipitarse hacia delante, y sufrieron grandes pérdidas. Pero los muertos y los heridos son sustituidos inmediatamente y los soldados son arrollados por la multitud. Los militantes obreros estaban en primera fila y cayeron por docenas. El secretario de las J.S.U. catalanas, Francisco Graells, el secretario de las Juventudes del P.O.U.M., Germinal Vidal, el secretario de los grupos anarquistas de Barcelona, Enrique Obregón, cayeron en la Plaza de Cataluña, donde los insurgentes ocuparon los edificios más importantes, el Hotel Colón, la central telefónica, el Eldorado. Allí iban a ser verdaderamente asediados: el coraje era tan contagioso como el miedo, y los cálculos de los soldados profesionales se derrumbaron ante una multitud que no temía a la muerte, ante esas masas que se lanzaron a la intemperie bajo el fuego de las ametralladoras y la tomaron, dejando cientos de cadáveres en las plazas y calles.

A primera hora de la tarde, el coronel Escobar de la Guardia Civil -el coronel Ximenes de L’Espoir de André Malraux- trajo a los trabajadores el apoyo de 4.000 soldados profesionales. El Hotel Colón fue arrasado y el Hotel Ritz cayó inmediatamente después. Fue en ese momento cuando llegó la noticia de la unión de varias unidades a la «causa del pueblo» y de la victoria, en el aeródromo del Prat, de las fuerzas leales dirigidas por un oficial republicano, el teniente coronel Díaz Sandino. Los hombres de la C.N.T. se hicieron cargo de la central telefónica. Los combates continuaron, pero la insurgencia había recibido una terrible paliza y, cada vez con más frecuencia, los soldados se amotinaban aquí y allá.

En la mañana del lunes 20, los cañones de quién sabe dónde, tomados por asalto o entregados por los soldados, fueron puestos en acción frente a la Capitanía General. Un oficial improvisado, antiguo artillero, el estibador Lecha, comandó el bombardeo. La resistencia parecía inútil: el general Goded hizo izar la bandera blanca mientras los atacantes, dirigidos por un antiguo oficial, Pérez Farras, entraban en el edificio. La mayoría de los oficiales asediados fueron masacrados en el acto, Goded, que apenas pudo escapar de la furia popular [14], fue llevado a la Generalitat donde, a petición del Presidente, accedió a hacer una declaración por radio: «Informo al pueblo español de que el destino ha estado en mi contra. Soy un prisionero. Lo digo por todos aquellos que no desean continuar la lucha. Ahora están liberados de cualquier compromiso conmigo» [15].

A partir de ese momento, el juego estaba en marcha. En muchos cuarteles, los soldados se amotinaron. En el fuerte de Montjuich, fueron ellos los que, después de haber disparado a sus oficiales, distribuyeron las armas a los trabajadores. En otros lugares, los oficiales prefirieron suicidarse. El cuartel de Atarazanas fue el último en caer. Fue bombardeada con los pocos aviones de que disponía Díaz Sandino, pero finalmente fue tomada en un asalto en el que murió Francisco Ascaso. Durante mucho tiempo, antes de partir hacia el frente, los combatientes marchaban en procesión hasta el lugar donde había caído el militante anarquista, símbolo de todos los que habían dado su vida durante esos tres días.

Fracaso del «movimiento»: la Flota

A partir del día 18, en Madrid, la C.N.T., en pie de guerra ya que el edificio estaba en huelga, decidió reabrir por la fuerza sus locales cerrados por la policía, comenzó la requisa de coches y la búsqueda de armas. David Antona, secretario de su Comité Nacional, fue liberado en la mañana del día 19; se dirigió al Ministerio del Interior y amenazó con lanzar a sus hombres al asalto de las cárceles para liberar a los militantes que seguían encarcelados allí. Los dos grandes centros lanzaron la orden de huelga general. En la sede de la UGT, Carlos de Baraibar organizó apresuradamente una red de inteligencia con la ayuda de carteros y ferroviarios de todo el país que permitiera a Madrid conocer, minuto a minuto, la situación exacta de las provincias. Los socialistas desenterraron y distribuyeron las armas que habían sido guardadas clandestinamente desde 1934. En las calles se levantaron las primeras barricadas. Los primeros disparos se intercambian con desconocidos que disparan desde un convento de la calle Torrijos. Las primeras milicias obreras ya están patrullando, ¡y todavía no se ha movido nada en los cuarteles!

Los militares, de hecho, perdieron un tiempo precioso. Durante la jornada del 19, no se produjeron ataques de los regimientos que, sin embargo, estaban totalmente controlados por los conspiradores. El regimiento Pardo se levantó y abandonó inmediatamente la capital en dirección norte, sin duda para reunirse con Mola. En Getafe, hubo una pelea en el cuartel de artillería entre rebeldes y «leales». En todas las unidades, los rebeldes atacaron primero a los oficiales hostiles al Movimiento: el teniente coronel Carratala, amigo personal de Prieto, fue asesinado. El bastión de los rebeldes era el cuartel Montana, donde estaba reunido el jefe militar de la conspiración, el general Fanjul, con oficiales de otras unidades, señoritos y falangistas. Pero, dudando o esperando refuerzos, Fanjul perdió el tiempo: arengó a sus seguidores y declaró el estado de sitio. Al final de la jornada, renunciando a una salida, dio la orden de disparar contra la muchedumbre aglomerada en las afueras de Montana: una verdadera provocación que despertaría la ira popular. Mientras tanto, en el Parque de Artillería, un oficial leal, el Teniente-Coronel Gil, hizo distribuir 6.000 fusiles; tenía 60.000 de ellos sin calzones, porque los rebeldes, siendo precavidos, los hicieron desmontar y transportar a Montana.

Sólo el día 20 comenzarán los combates decisivos. Los altavoces transmiten la noticia de las victorias de Barcelona y la rendición de Goded desde cada esquina… Los insurgentes fueron definitivamente reducidos a la defensiva. Dos cañones de 75 mm, y luego un cañón de 155 mm, comenzaron a bombardear el cuartel. Pronto llegaron los aviones del aeródromo de Cuatro Vientos, donde la rebelión había sido aplastada, para reforzarlos. Alrededor de las 10, los asediados izan la bandera blanca. La multitud que avanzaba a toda prisa fue acribillada por el fuego de las ametralladoras. La ira surge contra lo que se toma como una traición. Sin embargo, el mismo escenario se repitió dos veces, reflejando en realidad la lucha que tenía lugar dentro del cuartel… A pesar de los oficiales leales presentes, que pensaban que la aviación y la artillería bastarían para que los hombres de Fanjul se rindieran, los atacantes se lanzaron en masa y tomaron el cuartel, a costa de grandes pérdidas. Fanjul y algunos oficiales, protegidos por un destacamento de asaltos, fueron encerrados en un carro blindado y llevados, pero casi todos los asediados fueron asesinados en el acto, mientras que los trabajadores se repartieron las armas de los vencidos.

Al día siguiente, el pueblo perfecciona su victoria. Mientras pequeños destacamentos limpiaban las calles de Madrid, persiguiendo a los pacos, francotiradores que aún resistían en iglesias, conventos o tejados, columnas improvisadas se lanzaron por toda la capital sobre Guadalajara, donde la guarnición se había sublevado y que recuperaron, También reconquistaron Toledo, mientras los insurgentes se refugiaban en la antigua fortaleza del Alcázar, y Cuenca, que el albañil Cipriano Mera, liberado de la cárcel dos días antes, reconquistó con 800 hombres y una ametralladora. Estas columnas y otras, formadas apresuradamente, marchan por la sierra, hacia Mola, hacia Aragón, hacia Sigüenza, hacia Valencia y hacia Málaga. La guerra ha comenzado.

Fracaso del «movimiento»: Málaga

Las vacilaciones de los insurgentes en Madrid habían dado tiempo a los trabajadores para organizarse. Quizás un error más grave, el de interrumpir una acción ya iniciada, provocaría un grave fracaso en Málaga, plaza importante en las relaciones con Marruecos. Las fuerzas de los militares parecían abrumadoras. Sólo los guardias de la tormenta son hostiles al levantamiento. Los trabajadores no tenían armas. La acción comenzó el 17 de julio: al frente de una compañía, el capitán Huelin marchó hacia el gobierno militar y se enfrentó a los asaltos. El coronel al mando de la guardia civil fue detenido por sus hombres cuando intentaba agitarlos. A las 8 de la tarde, por orden del general Patxot, las tropas salieron del cuartel y ocuparon el centro de la ciudad. Pero al día siguiente, el general dio la orden de retirada y las tropas volvieron a los cuarteles. ¿Temía haber ido demasiado lejos y quedarse aislado por falta de información sobre la insurrección en el resto del país? O, como sugirió el propio Martínez Barrio, o como aseguran Foss y Gehraty, ¿fue la formación del gobierno de Martínez Barrio y la esperanza de un acuerdo lo que le hizo retroceder? En cualquier caso, las organizaciones de trabajadores aprovecharon la oportunidad que se les ofrecía. Los trabajadores, que no tenían armas, prendieron fuego a las casas que rodeaban el cuartel y luego lo rociaron con dinamita. Asfixiados, rodeados, amenazados de muerte en el fuego, los soldados se rindieron a los asaltos: el capitán Huelin fue linchado por la multitud.

Fracaso del «movimiento»: el País Vasco

También fueron las vacilaciones de los rebeldes las que explicaron su fracaso en el País Vasco. La guarnición de Bilbao no se movió. La guarnición de Santander fue rodeada en el acto. El general que iba a comandar la sublevación en Guipúzcoa rehuyó en el último momento. Sobre todo, los nacionalistas vascos, a través de un llamamiento radiofónico de Manuel de Irujo el 18 de julio y de un comunicado oficial del partido al día siguiente, pusieron en juego su autoridad y llamaron a sus partidarios a luchar por la defensa de la República.

En San Sebastián, el coronel Carrasco aseguró su lealtad al Comité del Frente Popular y a los diputados nacionalistas vascos que habían acudido a cuestionarle. Pero el cuartel Loyola se levanta bajo las órdenes del teniente coronel Vallespin. Carrasoo prometió devolver la guarnición a la obediencia y envió a su ayudante de campo, que no regresó. Entonces propone ir en persona al cuartel. Los diputados aceptan. Tampoco regresa. Los guardias civiles que hasta entonces se habían declarado «leales» se alzaron a su vez el día 21 con los agentes que habían detenido y atacaron los locales de la C.N.T. Pero los trabajadores se movilizaron. La ciudad estaba cubierta de barricadas… Los guardias fallaron frente a la Casa C.N.T. y se retiraron al hotel María Cristina, que fue tomado por los trabajadores el día 23. El cuartel de Loyola, bombardeado por un tren blindado, se rindió el día 28, tras las negociaciones entre los oficiales y los diputados nacionalistas vascos, que no pudieron hacer cumplir las promesas que habían hecho: la mayoría de los dirigentes del Movimiento fueron fusilados en el acto. El coronel Carrasco, hecho prisionero, fue secuestrado dos días después y fusilado sin juicio.

En Valencia: la guarnición no se levanta

Valencia fue un caso especial: los soldados de su guarnición no se sublevaron. Sin embargo, no se unieron a la revolución.

Los primeros rumores de sublevación llegaron a la capital levantina en la tarde del 18 de julio. El gobernador se negó a dar armas a los sindicatos y les aseguró que los líderes de la guarnición estaban fuera de toda sospecha. Durante la noche del 18 al 19 de julio, las organizaciones obreras y los partidos republicanos movilizaron a sus miembros. La C.N.T. y la U.G.T. lanzaron la orden de huelga general el día 19 a partir de la medianoche. Por la noche se produjo el primer incidente: unos obreros de la construcción atacaron un convento dominicano que se sospecha que alberga un depósito de armas.

En la mañana del día 20, el comité de huelga de la C.N.T. dio a sus militantes la orden de bloquear los alrededores del cuartel. Los partidos del Frente Popular formaron un Comité Revolucionario al que invitaron a los delegados del comité de huelga de la C.N.T. El gobernador seguía dudando. Un oficial de la Guardia Civil, socialista, el capitán Uribarri, se puso al frente de los que querían forzar su mano y evitar una rebelión en el cuartel. Los delegados de la C.N.T. pusieron condiciones al Frente Popular para su apoyo: querían la movilización de las fuerzas obreras en torno al cuartel, la «amalgama» inmediata entre las tropas «leales» y los trabajadores, mediante la constitución de «grupos de intervención» sobre la base de un asalto por cada dos militantes, la ocupación por estas unidades de todos los puntos estratégicos (Correos, Teléfonos, Radio-Valencia) de la ciudad, el envío de un ultimátum a la guarnición y el asalto inmediato del cuartel en caso de que los generales se negaran a entregar las armas. El comité aceptó las propuestas de la C.N.T. y se transformó en el «Comité Ejecutivo Popular». Pero el general Martínez Monje se negó a entregar las armas, firmando el fin de una huelga general que, a sus ojos, no tenía razón de ser, ya que seguía siendo, con sus hombres, leal al gobierno, y lo hizo saber públicamente en un comunicado emitido por Radio-Valencia. Sin embargo, las tropas permanecieron confinadas.

La impresión general era que el ejército dudaba: los conspiradores sabían que los insurgentes habían sido derrotados en Barcelona y Madrid y tenían, en cualquier caso, un gran interés en ganar tiempo. En la ciudad aumentaron los enfrentamientos entre trabajadores y falangistas y los ataques a conventos e iglesias. Los marineros de los buques de guerra anclados en el puerto se levantaron contra sus oficiales y confraternizaron con los estibadores. Fue en ese momento cuando Martínez Barrio y otros tres líderes republicanos, Ruiz Funes, Espla y Echevarría, llegaron a Valencia con una delegación de poder del gobierno de Giral. Durante dos semanas más, en un ambiente revolucionario, se enfrentarán tres poderes distintos: el del Ejército, el de la «Junta Delegada» de Martínez Barrio y el del Comité Ejecutivo Popular. El asalto a los cuarteles, que en la mayor parte de España tuvo lugar entre el 18 y el 21 de julio, no se produciría en Valencia hasta principios de agosto.

La situación en la noche del 20 de julio

En la noche del 20 de julio, excepto en Valencia, se tomaron las posiciones. Es cierto que los combates continuaban en las barricadas, en las calles de A Coruña, donde los obreros luchaban con adoquines; en los suburbios de Zaragoza y Sevilla, en los alrededores de los cuarteles, en San Sebastián, Gijón, Santander, cerca de Algeciras, donde acababan de desembarcar los destacamentos rebeldes, y en casi todas partes, donde los francotiradores de uno u otro bando mantenían una lucha desesperada. Sin embargo, se trata, en general, de operaciones de limpieza. Cada bando tiene ahora su territorio y está completando su conquista.

Fue un verdadero boletín de victoria que Franco telegrafió a Queipo: «España está salvada: las provincias de Andalucía, Valencia, Valladolid, Burgos, Aragón, Canarias y Baleares están unidas a nosotros. El general es bastante optimista. En realidad, el pronunciamiento como tal fracasó. Los rebeldes no sólo han sufrido terribles reveses, sino que han desencadenado la revolución obrera que su acción pretendía evitar. Uno tras otro, han perdido a algunos de sus líderes más confiables y capaces, Calvo Sotelo, Sanjurjo, Goded, José-Antonio Primo de Rivera [16], que cayó en la cárcel de Alicante a manos de los milicianos. Sobre todo, sus derrotas, al destruir la leyenda de la invencibilidad del ejército en las luchas civiles, les privaron de su principal activo, el miedo. Ya no se enfrentaban a un débil gobierno del Frente Popular, sino a una revolución. El pronunciamiento había fallado. La guerra civil comenzó.

Notas

[1] Se aumentaron los salarios (un 5% para los que tenían menos de 12 pesetas y un 10% para los demás) y se concedió la semana de 40 horas. La C.N.T. exigía, además de un aumento mayor, una semana de 36 horas, un mes de permiso remunerado y el reconocimiento de las enfermedades profesionales, incluido el reumatismo.

[2] En Málaga, el conflicto había enfrentado a los activistas de la industria salinera de C.N.T. en huelga con los pescadores de UGT. El 10 de junio, los primeros asesinaron al comunista Andrés Rodríguez, jefe de la UGT. Un ataque al líder de la C.N.T. Ortiz Acevedo le costó la vida a uno de sus hijos. El día 11, antes del funeral de Rodrlguez, un socialista, Ramón Reina, fue asesinado a tiros. El gobernador hizo cerrar los locales de los dos centros. Hasta el día 15 no cesó la violencia, y la C.N.T. y la U.G.T. condenaron los ataques de ambos bandos.

[3] Lizarra, Los Vascos y la República española, op. cit. p. 31.

[4] Capitán Beeb, contratado por el famoso ingeniero Juan de la Cierva.

[5] Bertran Güell, op. cit. p. 76.

[6] Prólogo a la 4ª edición de España de S. de Madariaga.

[7] ibid.

[8] En un discurso radiofónico en el primer aniversario del Movimiento, Franco afirmó que Martínez Barrio quería «formar un ministerio que reivindicara al ejército, restaurara el orden y consiguiera la retirada de las tropas». Según él, este ministerio «fue traicionado por las hordas criminales que sus predecesores habían armado».

[9] Delaprée, Mort en Espagne, p. 22.

[10] Memorándum reproducido por Peirats, La C.N.T. en la Revolución española, T. I, p. 182-186.

[11] En la tormenta, p. 71.

[12] Véase el informe del encargado de negocios alemán Voelckers del 23 de septiembre de 1936: «La deserción de la marina frustró por primera vez los planes de Franco. Se trató de un fallo organizativo muy grave que amenazó con el colapso de todo el plan, que sacrificó innecesariamente a las guarniciones de las grandes ciudades que, en vano, esperaban que se diera una orden y que, sobre todo, hizo perder un tiempo precioso.

[13] Santillán, Por qué perdimos la guerra.

[14] Por una ironía de la historia, fue -si creemos la Dépêche de Toulouse del 26 de julio de 1936- la militante comunista Caridad Mercader quien, en esas circunstancias, salvó la vida del general Goded. Ahora se acepta generalmente que esta mujer estuvo involucrada en el asesinato de Trotsky por Jacson-Mornard, un agente del N.K.V.D., que en realidad era su hijo, Ramón Mercader.

[15] Companys, tras su fracaso en 1934, había hecho una declaración similar en la radio.

[16] José Antonio Primo de Rivera fue juzgado por un Tribunal Popular ante el que se defendió libremente y con gran habilidad. Fue condenado a muerte y ejecutado el 18 de noviembre de 1936. Anteriormente, el Consejo de Ministros republicano había examinado una propuesta transmitida por la Cruz Roja para un intercambio entre el líder falangista y el hijo de Largo Caballero, Paco Largo Calvo. Largo Caballero decidió rechazar la propuesta nacionalista.

«A los que gritan «España eterna» frente a las milicias de la República con sus dirigentes obreros elegidos y sus títulos presumidos, hay que recordarles la Comuna de París y sus Fédérés, sus oficiales-militantes elegidos, sus «Turcos de la Comuna», sus «Vengeurs de Flourens», sus «Lascars». «

I.5: El doble poder en la España republicana

Donde la insurrección fue aplastada, no fue derrotada sola. Entre su ejército sublevado y las masas armadas del pueblo, el Estado republicano se hizo añicos. El poder se ha desmoronado literalmente y, allí donde los militares han sido aplastados, ha pasado a la calle, donde los grupos armados resuelven sumariamente las tareas más urgentes: la lucha contra los últimos cuadros de la insurrección, la depuración de la retaguardia, la subsistencia. Por supuesto, el gobierno republicano permaneció y ninguna autoridad revolucionaria se alzó como rival declarado en esta zona que los corresponsales de izquierda llamaron rápidamente la zona «lealista». Pero la autoridad del gabinete del Dr. Giral apenas se extendía más allá de la zona de Madrid, donde sobrevivía menos por su propia acción y prestigio que por la de las organizaciones obreras, la UGT, cuya red de información y comunicaciones aseguraba por sí sola los vínculos del gobierno con el resto del país «leal», y el Partido Socialista, cuya ejecutiva tenía su sede permanente en el Ministerio de Marina, donde Prieto, ministro sin título, había fijado su residencia.

Sin embargo, poco a poco, entre la calle y el gobierno, aparecieron nuevos órganos de poder que gozaban de una autoridad real y que a menudo pretendían ser de ambos. Son los innumerables comités locales y, a nivel regional y provincial, los verdaderos gobiernos. En ellos reside el nuevo poder, el poder revolucionario que se organiza apresuradamente para afrontar estas enormes tareas inmediatas y lejanas, la continuación de la guerra y la reanudación de la producción en medio de una revolución social.

Para el extranjero, periodista o activista que cruzaba la frontera, atraído por los acontecimientos, España ofrecía un espectáculo insólito, a la vez insólito y confuso, siempre colorido. Estaba experimentando la revolución que los generales habían querido evitar, pero que, al final, habían provocado. Inicialmente una reacción defensiva, se ha convertido en una fuerza ofensiva y agresiva. Reacción espontánea, nacida de miles de iniciativas locales, adopta también mil caras en las que el observador superficial u hostil sólo ve anarquía o desorden, sin captar su significado más profundo: que los trabajadores tomen en sus manos su propia defensa y, por tanto, su propio destino, el nacimiento de un nuevo poder.

Barcelona es el símbolo de esta situación revolucionaria. Para el excelente observador Franz Borkenau, es el «bastión de la España soviética» -en el sentido primitivo del término- de la España de los consejos y comités obreros. En efecto, no sólo ofrece la apariencia de una ciudad poblada exclusivamente por trabajadores, sino también la de una ciudad en la que los trabajadores tienen el poder: se les ve por todas partes, en las calles, delante de los edificios, en las Ramblas, con sus fusiles colgados al hombro, sus pistolas en el cinturón, con su ropa de trabajo [1]. Se acabaron los bicornios de la Guardia Civil, muy pocos uniformes, ni burgueses ni señoritos: la Generalitat ha «desaconsejado», según dicen, el uso de sombreros. Se acabaron las discotecas, los restaurantes y los hoteles de lujo: incautados por las organizaciones obreras, sirvieron de refectorios populares. Los mendigos habituales han desaparecido, asumidos por las organizaciones sindicales de asistencia social. Todos los coches llevan banderines, insignias o iniciales de organizaciones de trabajadores. Por todas partes, en edificios, cafés, tiendas, fábricas, tranvías o camiones, hay carteles que indican que la empresa ha sido «colectivizada por el pueblo» o que «pertenece a la C.N.T.». Los partidos y sindicatos se instalan en grandes edificios modernos, hoteles o sedes de organizaciones de derecha. Cada organización tiene su propio periódico y emisora de radio. Salvo la catedral, que fue cerrada, todas las iglesias fueron incendiadas. La guerra civil continuaba y cada noche caían nuevas víctimas: «Las Ramblas», escribe J.-R. Bloch, «no dejaban de vivir a un ritmo doble. Las Ramblas de día, llenas de flores, pájaros, paseantes, cafés, coches y tranvías. Y al caer la tarde, los puestos de flores desaparecieron, los vendedores de pájaros se alejaron, los cafés cerraron, las Ramblas de noche, el reino del silencio y del miedo, algunas sombras furtivas arrastrándose por las paredes» [2].

Madrid, unos días después, ofrece al viajero de Francia un espectáculo diferente. También aquí, es cierto, los sindicatos y los partidos están instalados en bonitos edificios, han organizado sus propias milicias, pero los trabajadores armados son escasos en las calles, casi todos con el nuevo uniforme, el «mono», el mono azul. Los antiguos uniformes no han desaparecido; desde el 27 de julio, la policía regular ha reanudado su servicio normal en las calles. Todas las iglesias están cerradas, pero están lejos de ser quemadas. Hay menos comités, pocos rastros de expropiación. Los mendigos habituales llegan a las esquinas. Los restaurantes y locales nocturnos más elegantes funcionan como «antes». La guerra, que está muy cerca, ha detenido el curso de la revolución.

Entre estos dos extremos, la España republicana ofrece toda una gama de matices, de una ciudad a otra, de una provincia a otra. Un análisis detallado los hará más claramente visibles.

El poder de los grupos armados

Un rasgo, en todo caso, es común a toda la España republicana y ha llamado la atención de los observadores extranjeros sobre todo en estos días, y es lo que la gran prensa extranjera de la época llama el «terror anarquista» o el «terror rojo». El mismo día de la victoria, los trabajadores armados desencadenaron una sangrienta purga.

Se daban todas las condiciones para esa explosión, para la que se había preparado durante seis meses de excitación y violencia diaria. La esperada o temida lucha desata y desencadena los odios y terrores acumulados. Todos luchan sabiendo que no hay más salida que la victoria o la muerte y que el camino de la victoria pasa primero por la muerte de los enemigos.

En la zona «republicana» apenas quedan fuerzas del orden, no hay cuerpos de policía. Sus miembros se han pasado a las filas de los insurgentes o se han fusionado con los de los combatientes. En todas partes, desde el 18 o el 19, la huelga es general y continuará al menos una semana más: los trabajadores están en la calle desde la mañana hasta la noche, con las armas en la mano. En las primeras horas, sólo los militantes estaban armados. Pero en cuanto se tomaron los cuarteles y se distribuyeron las armas, todo el que quería estar armado tenía ahora un arma: varias decenas de miles de fusiles se distribuyeron por todas partes, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Málaga… Las puertas de las cárceles se han abierto para los presos políticos, pero también, a menudo, para los presos «de derecho común». Cuando ya no hay gendarmes, cuando todo el mundo puede llevar un arma sin llamar la atención, los días son buenos para el hampa.

Así, el «terror» que todos los observadores describen es un fenómeno complejo sobre el que han confundido, a menudo deliberadamente, varios elementos. En primer lugar, es indudable que existe un movimiento espontáneo, un verdadero «terrorismo de masas», tanto por el número de ejecutores como por el número de víctimas. Un reflejo nacido del miedo, una reacción de defensa ante el peligro, similar a la que condujo a las masacres de septiembre durante la Revolución Francesa, corresponde a las exigencias así como a las inevitabilidades de la guerra revolucionaria.

Oficiales, guardias, falangistas, señoritos, son fusilados en el acto, cada vez que no hay un militante responsable lo suficientemente conocido o una unidad policial fiel para evitar la matanza y proteger a los vencidos.

Los rumores alarmistas y la ansiedad colectiva provocaron otras masacres: fue al enterarse de las matanzas perpetradas en Badajoz por las tropas rebeldes, y al creer en una revuelta de los presos, cuando la muchedumbre madrileña tomó la cárcel Carcel Modelo. Fue después de la exasperación provocada por los bombardeos, el 27 de julio, y en un ambiente de enfermiza sospecha creado por los discursos de Queipo de Llano en Radio Sevilla, cuando la turba de Málaga tomó la cárcel para ejecutar a los presos rebeldes. En la misma perspectiva, el terror se convierte tanto en una acción preventiva como en una palanca para la acción revolucionaria.

Las columnas de milicianos que llegaban a los pueblos reconquistados a la rebelión y querían seguir su camino no conocían otra forma de asegurar su retaguardia que la limpieza sistemática, la liquidación inmediata sin juicio de los enemigos de clase bautizados como «fascistas» en las circunstancias: en Fraga, la columna Durruti, a su llegada, ejecutó a treinta y ocho de estos «fascistas»: el cura y el latifundista, el notario y su hijo, todos los campesinos ricos. Así, a los ojos de algunos, se crearon las condiciones para una verdadera revolución, al desaparecer los hombres de las clases dirigentes del antiguo régimen. También en este caso, el terror es inseparable de la guerra civil y la revolución.

Fueron reacciones similares, aunque más organizadas, las que llevaron la amenaza de los paseos a las ciudades en las semanas siguientes al levantamiento. El paseo seguía casi siempre el mismo escenario siniestro: la víctima, designada por un comité de «vigilancia» o «defensa» de un partido o sindicato, era detenida en su casa por la noche por hombres armados, llevada en un coche del pueblo y fusilada en un rincón aislado. Así perecen, víctimas de verdaderos ajustes de cuentas políticos, los curas, los patronos, grandes y pequeños, los políticos, burgueses o reaccionarios, todos aquellos que, en un momento u otro, han tenido un encontronazo con una organización obrera, los jueces, los policías, los carceleros, los delatores, los torturadores, los pistoleros o, más sencillamente, todos aquellos a los que una reputación política o una situación social designan de antemano como víctimas. La «frontera de clase» no siempre fue suficiente protección: en Barcelona, por ejemplo, también fueron fusilados militantes obreros, el secretario del sindicato de estibadores UGT, el comunista Desiderio Trillas, denunciado por la CNT como el «cacique de los muelles», y el jefe de la sección de UGT en la fábrica Hispano-Suiza.

Este ambiente es, por supuesto, propicio para la venganza personal, así como para los actos de bandolerismo, el saqueo y los asesinatos de villanos. Probablemente, debido a su multiplicación, los partidos y sindicatos, después de haber organizado todos los paseos, reaccionaron contra su práctica y comenzaron a «organizar» la represión. Como la tradición responsabiliza a los anarquistas de la mayoría de los crímenes, es justo señalar que no fue el menor de ellos, Juan Peiro, quien en Llibertat, denunció los crímenes cometidos «escondiéndose detrás del movimiento revolucionario,. . escondiéndose detrás de la impunidad creada por el ambiente», y afirmó la necesidad, «en nombre del honor revolucionario», de «poner fin a esta danza macabra de todas las noches, a esta procesión de muertos», a «los que matan por matar»[3]. 3] La C.N.T. de Barcelona dio ejemplo haciendo ejecutar en el acto a uno de sus militantes, Fernández, secretario del sindicato de alimentación, culpable de haber satisfecho una venganza personal durante esos días.

Terror contra la Iglesia Católica

El incendio y el saqueo de conventos e iglesias, las detenciones y ejecuciones de sacerdotes y religiosos, que marcaron estas primeras semanas, deben considerarse desde una perspectiva diferente. Se ha dicho -y en gran medida es cierto- que a menudo se trataba de represalias, en Barcelona, donde muchos insurgentes se atrincheraron en las iglesias, en Figueras, donde los curas dispararon a los trabajadores desde la catedral, y en todas partes donde los pacos, los pistoleros solitarios, se beneficiaron de la complicidad de los establecimientos religiosos.

Pero el movimiento contra la Iglesia católica es más profundo que una simple reacción a la melé. Hay, por supuesto, algunas iglesias saqueadas por ladrones comunes. Pero, sobre todo, fueron estos tesoros los que financiaron las primeras actividades revolucionarias: los milicianos de Gerona se apoderaron de 16 millones de pesetas en joyas del palacio episcopal de Vich, y las entregaron al Comité Central.

De hecho, los frecuentes acontecimientos espectaculares, como las exhumaciones grandiosas de cadáveres y esqueletos, demuestran que estas iniciativas responden -más allá de las simples acciones de represalia- a la voluntad de llegar al pasado de una fuerza que los revolucionarios consideran su peor enemigo. Al fusilar a los sacerdotes y quemar las iglesias, los obreros y campesinos españoles no sólo intentaban destruir a los enemigos y al símbolo de su poder, sino extirpar definitivamente de España todo lo que, a sus ojos, encarnaba el oscurantismo y la opresión. Un ferviente católico, el ministro vasco Manuel de Irujo, confirma tal interpretación cuando dice: «Los que queman iglesias no muestran así sentimientos antirreligiosos; es sólo una manifestación contra el Estado y, si se me permite decirlo, ese humo que se eleva al cielo es sólo una especie de apelación a Dios ante la injusticia humana» [5].

El poder de los comités

El sindicalista francés Robert Louzon describió así el espectáculo que esperaba al viajero de Francia a principios de agosto:

«En cuanto cruzas la frontera, te paran hombres armados. ¿Quiénes son estos hombres? Trabajadores. Son milicianos, es decir, trabajadores vestidos con sus ropas ordinarias, pero armados -con fusiles o revólveres- y, en sus brazos, las insignias de su función o del poder que representan… Ellos son los que… decidirán… no dejarte entrar, o remitirte al «Comité».

«El Comité, es decir, el grupo de hombres que se sientan allí en el pueblo vecino y que ejercen todo el poder allí. Es el Comité que ejerce las funciones municipales habituales, es el Comité que ha formado la milicia local, la ha armado, le proporciona alojamiento y comida con los recursos que obtiene de una contribución impuesta a todos los habitantes, es el Comité que autoriza la entrada o la salida de la ciudad, Es él quien ha cerrado las tiendas fascistas y quien lleva a cabo las requisas necesarias, es él quien ha hecho demoler el interior de las iglesias, para que, según el cartel que aparece en todas ellas, la iglesia, ahora «propiedad de la Generalitat», se destine a instituciones populares» [6].

En todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos de España funcionaban comités similares con diferentes nombres: Comités Populares, de Guerra, de Defensa, Ejecutivos, Revolucionarios o Antifascistas, Comités Obreros, de Seguridad Pública… Todos ellos se formaron al calor de la acción, para dirigir la respuesta popular al golpe militar. Su modo de designación variaba infinitamente. En los pueblos, en las fábricas o en las obras de construcción a veces eran elegidos, al menos sumariamente, durante una asamblea general. En cualquier caso, siempre se cuidó de representar a los partidos y sindicatos, incluso donde no existían antes de la revolución, porque el Comité representaba a todos los trabajadores y a todas sus organizaciones al mismo tiempo: en más de un lugar, los elegidos «arreglaban» entre ellos quién representaría a un sindicato o a otro, quién sería el «republicano» y quién el «socialista». En las ciudades, muy a menudo se han designado los elementos más activos. A veces es el electorado en su conjunto el que elige a los hombres que formarán parte del Comité en cada organización, pero lo más frecuente es que los miembros del Comité sean elegidos por votación dentro de su propia organización, o simplemente designados por los comités directivos locales de los partidos y sindicatos. Es raro que los comités hayan sido ratificados por una votación más amplia a los pocos días de su nombramiento: el Comité Revolucionario de Lérida tendrá, sin embargo, su membresía consagrada por una «Asamblea Constituyente» compuesta por representantes de los partidos y organizaciones sindicales de la ciudad, a los que debe rendir cuentas. Pero, de hecho, la «base» sólo tenía un control real sobre los comités de pueblo o de empresa. En el nivel superior, la voluntad de las organizaciones es preponderante.

La representación de los partidos y los sindicatos en los comités varía de un lugar a otro. A menudo, el Comité del Frente Popular era simplemente ampliado por los representantes de las organizaciones centrales. A veces -cuando los municipios eran socialistas- el consejo municipal, ampliado por cooptación de dirigentes de la C.N.T., se convertía en un Comité. En Cataluña, y pronto en el Aragón reconquistado, muchos comités están compuestos exclusivamente por militantes de la C.N.T.-F.A.I. o de las Juventudes Libertarias: sin embargo, los de las ciudades incluyen representantes de la U.G.T, En Lleida, sin embargo, el P.O.U.M. consiguió que los republicanos, que habían apoyado al comisario de la Generalitat contra los sindicatos, fueran excluidos del Comité, que quedó así restringido a las organizaciones obreras. La representación de los diferentes grupos era a veces igual y a veces proporcional. Pero, en la mayoría de los casos, correspondía al equilibrio real de poder en las empresas. Los socialistas dominaban en Santander, Mieres y Sama de Langreo, pero cada localidad minera tenía su propia fisonomía política. Los nacionalistas vascos comparten la junta de Bilbao con los socialistas, pero dominan todas las demás juntas del norte. Los anarquistas son los amos en Gijón como en Cuenca. En Málaga, socialistas y comunistas, representados a través de la UGT, fueron superando a la C.N.T. En Valencia, los sindicatos tenían dos delegados mientras que los partidos sólo uno. En Castellón, la CNT tenía 14 representantes y la UGT 7, los socialistas y comunistas no tenían representación propia, pero los republicanos y el P.O.U.M. tenían 7 delegados cada uno. En Cataluña, el C.N.T.-F.A.I. lideró los Comités de las grandes ciudades, con la excepción de Sabadell y Lleida [7].

Todos los Comités, independientemente de sus diferentes nombres, orígenes y composición, tenían una característica fundamental en común. Todos ellos, en los días siguientes a la sublevación, tomaron todo el poder a nivel local, atribuyéndose funciones tanto legislativas como ejecutivas, decidiendo soberanamente en su región no sólo sobre problemas inmediatos como el mantenimiento del orden y el control de los precios, sino también sobre las tareas revolucionarias del momento, socialización o sindicalización de las empresas industriales, expropiación de los bienes del clero, de los «facciosos», o más sencillamente de los grandes terratenientes, reparto entre los aparceros o explotación colectiva de la tierra, confiscación de las cuentas bancarias, municipalización de la vivienda, organización de la información, escrita o hablada, de la enseñanza, de la asistencia social. Para utilizar la llamativa expresión de G. Munis, en todas partes se han creado «comités de gobierno» cuya autoridad se basa en la fuerza de los trabajadores en armas y que, de buena o mala gana, son obedecidos por los restos de los cuerpos especializados del antiguo Estado, guardias civiles, aquí y allá, guardias de asalto y funcionarios varios. A este respecto, no se puede rendir mejor homenaje a la autoridad de los Comités que el testimonio de uno de sus más decididos opositores de la época, Jesús Hernández, dirigente del Partido Comunista Español: «El Comité era una especie de poder turbio, sombrío, impalpable, sin funciones determinadas ni autoridad expresa, pero que ejercía, en una dictadura despiadada, un poder incuestionable, como un verdadero gobierno» [8].

Lo que es cierto a nivel local ya no lo es del todo a nivel regional, donde chocan o coexisten poderes de diversos orígenes.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña

Su nacimiento

El 21 de julio, al final de los combates en Barcelona, los revolucionarios, dueños de la calle, fueron llamados al Palacio de la Generalitat. El líder anarquista Santillán cuenta: «Nos presentamos en la sede del gobierno catalán con las armas en la mano, sin haber dormido durante varios días, sin habernos afeitado, dando realidad a la leyenda que se había formado sobre nosotros por nuestra apariencia. Algunos de los miembros del gobierno de la comunidad autónoma estaban temblando, lívidos, en esta reunión en la que faltaba Ascaso. El Palacio de Gobierno fue invadido por la escolta de combatientes que nos había acompañado» [9]. El presidente Companys les felicitó por su victoria: «Sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque sólo vosotros habéis derrotado a los soldados fascistas… Has vencido y todo está en tu poder. Si no me necesitáis, si no me queréis como presidente, decidlo ahora, y me convertiré en un soldado más en la lucha antifascista. Si, por el contrario, me creéis cuando digo que sólo dejaré este puesto cuando esté muerto para el fascismo victorioso, entonces quizás con mis compañeros de partido, mi nombre y mi prestigio, pueda serviros…» [10].

Sin duda, el Presidente no tenía muchas opciones. Como escribió su teniente Miravittles unas semanas más tarde: «La C. C. de las Milicias nació dos o tres días después del movimiento, en ausencia de toda fuerza pública regular y cuando no había ejército en Barcelona. Por otra parte, ya no había guardias civiles ni guardias de asalto, pues todos habían luchado tan arduamente, unidos a las fuerzas del pueblo, que entonces formaban parte de esa misma masa y permanecían estrechamente entrelazados con ella» [11].

El verdadero poder es el de los trabajadores armados y los Comités de Organizaciones en las calles de Barcelona y los Comités de Gobierno en las ciudades y pueblos. Los socialistas y comunistas, por boca de Comorera, propusieron al Presidente la constitución de «Milicias de la Generalitat» que compitieran en las calles con los hombres de la C.N.T. y el P.O.U.M. [12]. Companys no les siguió: la batalla le parecía demasiado desigual, su persona, en este día, su «nombre y prestigio», como dijo, eran, de hecho, todo lo que quedaba en Cataluña del Estado republicano. De la aceptación o el rechazo de sus servicios depende la suerte del Estado, sus posibilidades de restauración en los próximos meses. Los líderes de la C.N.T. acordaron continuar la colaboración. El día anterior, tras una animada discusión, el Comité Regional había dicho: No hay comunismo libertario, primero aplastamos a la facción. Santillán comenta su decisión en estos términos:

«Podíamos estar solos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar nula la Generalidad e imponer en su lugar el verdadero poder del pueblo, pero no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros y no la deseábamos cuando podíamos ejercerla nosotros a costa de los demás. La Generalitat seguiría en funciones con el presidente Companys a la cabeza, y las fuerzas populares se organizarían en milicias para continuar la lucha por la liberación de España. Así nació el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, en el que integramos a todos los sectores políticos, liberales y obreros» [13].

Composición y función

En la sala contigua al despacho presidencial, los delegados de las organizaciones se reunieron y formaron inmediatamente el Comité Central, que incluía delegados de los moderados, tres de la Esquerra, uno de los «rabassaires» y uno de Acción Catalana. El P.S.U.C., en vísperas de su constitución oficial, tenía un representante. El P.O.U.M. también tenía uno. La F.A.I. estaba representada por Santillán y Aurelio Fernández, la C.N.T. por García Oliver, Asens y Durruti, que sería sustituido a los pocos días por Marcos Alcón. La UGT, diez veces menos numerosa, también tenía tres representantes.

Este fue un primer resultado bastante paradójico. La poderosa C.N.T., cuya victoria total acababa de reconocer Companys, aceptó una representación igualitaria para la exigua UGT catalana. ¿Fue esto pura generosidad, como sugiere García Oliver [14]? ¿O se trata de un deseo de la CNT de ser tratada de la misma manera en las regiones donde es minoritaria, un gesto político, como afirma Santillán[15]? Ambos factores pueden haber estado en juego. Añadamos que es probable, en el contexto de la rivalidad que surgió durante las jornadas revolucionarias entre el P.O.U.M. y la C.N.T., que los dirigentes libertarios no estuvieran descontentos de tener, con los cuatro delegados de los republicanos catalanes, los tres de la U.G.T. y el del P.S.U.C., un serio margen de maniobra. En el Comité Central, el P.O.U.M. era mucho más claramente minoritario que en los otros centros importantes de Cataluña. Y, como señala Santillán, fue por voluntad de la C.N.T.-F.A.I. que se adoptó este modo de representación en el Comité Central.

Fruto de un compromiso, nacido de las negociaciones entre los dirigentes del partido y los sindicatos, sancionado oficialmente por un decreto gubernamental, el Comité Central es, pues, por las circunstancias de su nacimiento, un órgano híbrido. Sentado permanentemente en presencia de cuatro delegados del gobierno y actuando en su nombre, podría aparecer, en algunos aspectos, como un órgano gubernamental anexo, un comité de acuerdo con poderes delegados. En realidad, salvo en Barcelona donde está en contacto con las direcciones de los partidos y sindicatos, su base en el país está constituida por los «Comités de Gobierno», los poderes revolucionarios locales de los que es al mismo tiempo la expresión suprema. Esto es lo que deja claro Santillán cuando escribe:

«El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Cataluña. El gobierno de la Generalitat siguió existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo sólo obedeció al poder que se había constituido en virtud de la victoria y la revolución, porque la victoria del pueblo fue la revolución económica y social» [16].

De hecho, nada se escapó de la competencia y la autoridad del Comité Central, como demuestra aquí Santillán: «Establecimiento del orden revolucionario en la retaguardia, organización de fuerzas más o menos vigiladas para la guerra, formación de oficiales, escuelas de señales y señalización, abastecimiento y vestuario, organización económica, acción legislativa y judicial, el Comité de Milicias lo era todo, se ocupaba de todo, la transformación de las industrias de paz en industrias de guerra, la propaganda, las relaciones con el gobierno de Madrid, la ayuda a todos los centros de lucha, las relaciones con Marruecos, el cultivo de las tierras disponibles, la sanidad, la vigilancia de las costas y las fronteras, mil problemas diferentes. Teníamos que pagar a los milicianos, a sus familias, a las viudas de los combatientes, en una palabra, a unas cuantas docenas de individuos, nos enfrentábamos a las tareas que requiere una costosa burocracia para un gobierno. El Comité de la Milicia era al mismo tiempo un Ministerio de la Guerra, un Ministerio del Interior y un Ministerio de Asuntos Exteriores, que inspiraba organismos similares en el ámbito económico y cultural» [17].

Como órgano de poder político, tanto legislativo como ejecutivo, el Comité se organizó creando comisiones de trabajo y comités ejecutivos especializados que pronto desempeñaron el papel de verdaderos ministerios. Alrededor de la secretaría general administrativa, encargada de la propaganda, que dirigía un joven dirigente de la Esquerra, antiguo militante de extrema izquierda, Jaime Miravittles, estaban el Comité de Organización de la Milicia, bajo la responsabilidad de Santillán, el Comité de Guerra, encargado de la dirección de las operaciones militares, que dirigía García Oliver, el Comité de Transportes, a cargo de Durán Rosell, de la UGT, y Alcón, de la CNT, el Comité de Abastecimiento dirigido por el chusquero José Torrents, la Comisión de Investigación, un verdadero Ministerio del Interior, dirigido por el anarquista Aurelio Fernández, la Comisión de Industrias de Guerra, dirigida por el catalanista Tarradellas. Alrededor de ellos se crearon otros servicios: la Comisión Escolar Unificada, cuyo secretario era el maestro-sindicalista Hervás del P.O.U.M., y diversos servicios técnicos: estadística, municiones, censura, radio y prensa, cartografía y escuelas especializadas. Gobierno obrero de la Revolución Obrera, el Comité Central se dota de la estructura necesaria.

Conflicto de poderes en Valencia

La situación no estaba tan clara en Valencia al mismo tiempo. Mientras la guarnición y los trabajadores en huelga seguían observándose mutuamente, la Junta Delegada, dirigida por Martínez Barrio, oponía la autoridad insurreccional a la autoridad legal del gobierno republicano, que quería conseguir el fin del asedio al cuartel, la reanudación del trabajo y la vuelta a la legalidad. A partir del día 21, se esfuerza por convencer a los delegados del Comité Ejecutivo de que la huelga debe cesar, ya que la guarnición es fiel. Pero esta iniciativa levantó mucha desconfianza: se sabía que Martínez Barrio y Mola eran masones como el general Monje, jefe de la guarnición.

Se sospecha que el delegado del gobierno intenta alcanzar un compromiso con el ejército que no ha podido lograr durante las pocas horas de su ministerio el 19 de julio. Las discusiones se animaron en las revueltas de Valencia, donde ya no se veían oficiales ni sacerdotes en las calles y donde el Comité Ejecutivo dirigía una policía obrera que coexistía con la policía regular. El 23 de julio, Espla, en nombre de la Junta Delegada, anunció la disolución del Comité Ejecutivo Popular y declaró que asumía las funciones de gobernador civil, asistido por un consejo consultivo formado por un representante de cada partido y sindicato. El Comité estaba dividido: la C.N.T., el Partido Socialista, la U.G.T. y el P.O.U.M. querían rechazar el ultimátum gubernamental. Izquierda Republicana y el Partido Comunista creían que el Comité debía dar ejemplo de disciplina y someterse a la autoridad legal del gobierno, encarnada en Valencia por la Junta Delegada.

Finalmente, el Comité Ejecutivo Popular se negó a disolverse. El Comité de Huelga de C.N.T.-U.G.T., su ala de marcha, decidió publicar un diario llamado C.N.T.-U.G.T., reanudar el trabajo en todos los sectores de la alimentación y organizar un comité sindical para garantizar el abastecimiento, pero la Junta Delegada confió el abastecimiento al municipio. Continuó las negociaciones con la guarnición, cuyas manifestaciones diarias exigían su salida contra las tropas rebeldes…

En Madrid, el ministro de la Gobernación aseguró a Antona, secretario de la C.N.T., que al menos se podía contar con la neutralidad de la guarnición valenciana. Pero las armas que prometió no llegaron. La C.N.T. de Madrid envió entonces ametralladoras y fusiles a Valencia; de Barcelona también llegaron armas para equipar a las nacientes milicias. La guarnición seguía encerrada en los cuarteles y se prohibía acercarse a ellos. El Comité Ejecutivo amenaza con asaltar el cuartel, pero siempre pospone la decisión. Una nueva manzana de la discordia surgió a la hora de enviar fuerzas a Teruel, donde la amenaza del ejército rebelde se hacía patente. El Comité Ejecutivo propuso una amalgama basada en tres milicianos por un guardia civil. La Junta impuso la proporción contraria de tres guardias civiles por cada miliciano. La columna salió, pero antes de Teruel, en Puebla de Valverde, los guardias civiles masacraron a los milicianos y se pasaron al enemigo…

Ahora los acontecimientos cobrarían vida propia. Los disturbios comenzaron en los cuarteles: al comienzo de la segunda semana de huelga, el regimiento de ingenieros de Paterna se amotinó contra sus oficiales, bajo el liderazgo de un suboficial, el sargento Fabra. Los amotinados engrosaron las filas de la milicia, que también recibió el apoyo diario de los soldados que habían escapado de los cuarteles con sus armas. No obstante, el Comité de Huelga de la C.N.T.-U.G.T. acabó dando la orden de reanudación del trabajo, excepto en el transporte, para el 27 de julio. La reacción de los trabajadores le demostró que había juzgado mal la situación: los trabajadores se negaron a obedecer y continuaron la huelga. La C.N.T. y la U.G.T. se alinearon… El Comité Ejecutivo encargó a una mesa de tres miembros, López, de la C.N.T., Tejón, de la U.G.T. y un joven oficial, el teniente Benedito, la preparación del ataque al cuartel, fijado para el 1 de agosto. El 31 de julio, Radio Sevilla anunció el levantamiento de la guarnición y la caída de Valencia en manos de los sublevados… En realidad, se habían alzado tres regimientos, pero los soldados se amotinaron contra los oficiales mientras los milicianos se lanzaban al asalto. La guarnición fue desarmada, los oficiales sospechosos detenidos y juzgados, los soldados desmovilizados y la milicia se hizo cargo de las armas. El gobierno capituló entonces: se disolvió la Junta Delegada, se reconoció la autoridad del Comité Ejecutivo Popular, siendo el nombramiento de su presidente, el coronel Arin, como gobernador civil, sólo el reconocimiento de un estado de cosas.

A partir de entonces, el Comité Ejecutivo Popular, que rápidamente extendió su autoridad a toda la provincia, desempeñó un papel similar en todos los aspectos al del Comité Central en Cataluña. Andrès Nin, durante una reunión en Valencia, creyó poder saludar en ella al «gobierno de la revolución proletaria de Levante». Creó un Consejo Económico, con plenos poderes, y organizó columnas de milicianos para varios frentes. Sus comisiones, las de Orden Público, Justicia, Agricultura y Hacienda, tomaron el nombre de «ministerios». El general Miaja, antiguo ministro de la Guerra de Martínez Barrio, enviado por Giral para comandar la región militar, confesó al comandante Martín Blázquez su impotencia frente a la autoridad de un «teniente mocoso», Benedito, delegado de Defensa del Comité Ejecutivo: el general encarnaba un poder republicano fantasmal, mientras que el teniente representaba el nuevo poder «soviético».

Otros gobiernos revolucionarios

Otros organismos asumieron el poder en otras partes de España. En Asturias, en los pueblos y ciudades mineras, estaba en manos de los Comités de Obreros y Campesinos. A nivel de la provincia se enfrentaron dos autoridades rivales, la del Comité de Guerra de Gijón presidido por Segundo Blanco de la C.N.T., y la del Comité Popular de Sama de Langreo dirigido sucesivamente por los socialistas González Peña, y luego Amador Fernández. Cada uno de ellos había organizado sus Comités de Guerra, Transporte, Abastecimiento y Sanidad: el Comité de Sama de Langreo, según el testimonio de Aznar, fue capaz de movilizar a 20.000 hombres en seis días en septiembre. Fue durante este mes cuando los dos Comités se fusionaron en un Comité de Guerra, creado en Gijón, pero presidido esta vez por un socialista, Belarmino Tomás.

En Santander, los socialistas dominaban un Comité de Guerra donde las comisiones funcionaban como verdaderos ministerios, con plena soberanía. Sin embargo, los anarquistas desafiaron la autoridad del presidente Juan Ruiz en varias ocasiones.

La Junta de Seguridad Pública de Málaga se impuso gradualmente en toda la región después del 20 de julio. Un Comité de Vigilancia dirigía la represión, mientras que los comités de trabajadores se encargaban de la sanidad y los suministros, y los comités de mujeres se ocupaban de los problemas de los refugiados. Sus patrullas armadas fueron eliminando las unidades de la guardia civil leal. Sólo él tenía autoridad suficiente para detener las masacres de presos en las cárceles. El 19 de agosto, Delaprée escribió: «Aquí, los consejos obreros y de milicias tienen todo el poder. El gobernador civil es, en sus manos, sólo una máquina de hacer firmas. Es un girondino pálido, que tiembla frente a los montañeses, para los que nuestro pueblo no era más que un niño pequeño» [19]. En septiembre, el Comité de Salvación Pública se compone oficialmente, como un verdadero ministerio, con las carteras de Guerra, Interior, Justicia y Confiscaciones. Su presidente, el maestro socialista Francisco Rodríguez, fue nombrado gobernador civil: la legalidad consagró el poder de facto.

Fue en Aragón donde se estableció finalmente el poder revolucionario regional más original. Allí, los cuadros republicanos, como hemos visto, se habían unido en su conjunto a la sublevación militar. La reconquista de gran parte del campo aragonés por parte de las milicias catalanas fue acompañada en cada pueblo por medidas revolucionarias radicales. Mientras que las autoridades y los guardias civiles huyeron o fueron masacrados, la asamblea general del pueblo juzgó a los prisioneros «fascistas» y eligió el comité del pueblo que lo dirigiría, apoyado por la milicia armada. La mayoría de los Comités así elegidos eran predominantemente, si no totalmente, anarquistas: no podía existir ninguna forma de colaboración entre ellos y las autoridades republicanas totalmente liquidadas. A principios de octubre, cerca de la sede de Durruti en Bujaraloz, se celebró un congreso de comités de ciudades y pueblos. Eligió un «Consejo de Defensa», compuesto íntegramente por soldados de la C.N.T. y presidido por Joaquín Ascaso, que se instalaría en Fraga. El Consejo de Defensa, de acuerdo con los dirigentes de las columnas anarquistas, ejercía una autoridad indivisible sobre Aragón: como comité supremo, que representaba a todos los comités, era el único órgano regional de la España revolucionaria resultante de la federación de comités locales y que extraía su autoridad de ellos. Fuertemente atacado en el momento de su formación por los comunistas, que lo calificaron de organismo «cantonalista» y «faccioso», no sería reconocido durante muchos meses por el gobierno. También fue el órgano de poder revolucionario cuya existencia duró más tiempo.

Un caso especial: el País Vasco

En las provincias vascas, la situación era muy diferente a la del resto de España. El Partido Nacionalista Vasco, que sin duda era mayoritario allí, se posicionó en contra de la sublevación militar el 19 de julio y, unos días después, se unió al Frente Popular.

Sus objetivos, sin embargo, pusieron una enorme distancia entre él y los partidos y sindicatos obreros cuyos militantes, en toda España, estaban haciendo una revolución. Los nacionalistas vascos son ardientes defensores de la Iglesia y de la propiedad y desde las primeras horas estarán en oposición directa a la mayoría de las tropas de sus «aliados» del Frente Popular y de los sindicatos. Las juntas de defensa que se formaron en todas las provincias vascas fueron órganos de lucha contra la insurrección militar y, al mismo tiempo, baluartes contra la revolución. En La Nación de Buenos Aires del 7 de septiembre de 1936, el dirigente vasco Manuel de Irujo sitúa perfectamente las dificultades de su partido en ese momento, escribiendo: «Los partidos extremistas de la dictadura del capital y del proletariado estaban organizados en requetes y milicias y nos habían cogido desprevenidos al principio.» Además, en todas las juntas en las que tenían mayoría, los nacionalistas vascos exigieron los puestos de «comisarios de orden público», para «imponer la disciplina y el respeto en la retaguardia» [20]. 20] Así, el comisario de orden público de la Junta de Guipúzcoa intentó, en primer lugar, poner fin a los paseos y defender la propiedad vigilando las orillas. Para asegurar el mantenimiento del orden y la defensa de los bienes, los nacionalistas organizaron sus propias unidades, las Milicias Vascas, dirigidas por el comandante Saseta: reclutados entre los militantes nacionalistas, firmemente supervisados por los capellanes, llevaban la bandera y hablaban la lengua vasca. En pocas semanas, consiguieron recuperar casi todas las armas de San Sebastián que habían sido sustraídas a los trabajadores tras la toma del cuartel de Loyola.

El derrumbe del Estado republicano en el País Vasco permitió la creación, no de un poder revolucionario, sino de un nuevo Estado específicamente vasco, un Estado burgués defensor de la propiedad y de la Iglesia que, al mismo tiempo que organizaba la defensa del país contra los enemigos militares de las libertades vascas, dirigía la lucha contra el movimiento revolucionario interno [21]. A mediados de septiembre, la dirección del Partido Nacionalista Vasco decidió dar el paso decisivo de formar un Gobierno Vasco bajo su control[22].

Los inicios de un nuevo aparato estatal

Durante los primeros días, la mayoría de los Comités funcionaron sin especialización ni división de poderes. El Comité, o incluso la asamblea de la aldea, era a la vez un órgano deliberativo, un tribunal y un consejo de guerra. Obreros y campesinos armados hacen guardia, patrullan, controlan, requisan, detienen y ejecutan. Sin embargo, muy pronto, al menos en las grandes ciudades, aparecieron organismos especializados.

Se trataba, en primer lugar, de unidades encargadas de las funciones policiales: el objetivo era mantener el orden revolucionario, tanto contra los opositores a la revolución como contra sus aprovechados, los agentes del terror ciego. Las unidades de guardias civiles o asaltos que permanecieron fieles fueron severas. Fueron depurados, pero sólo inspiraron una confianza limitada, y en la mayoría de los grandes centros los Comités crearon comisiones especiales para controlar a los antiguos y organizar nuevos cuerpos de policía. En Barcelona, la Comisión de Investigación, dirigida por Aurelio Fernández, tenía derecho a recibir denuncias, investigar, registrar y detener a los sospechosos. Poco a poco fue imponiendo su autoridad a la «policía privada» de los sindicatos y los partidos. En Málaga, fue el Comité de Vigilancia, en otros lugares fueron las Comisiones de Orden Público, los Consejos de Seguridad, que, con distintos nombres, aseguraron la organización del terror en la retaguardia.

Al mismo tiempo, las unidades de milicia, que pronto se llamaron «Milicias de Retaguardia», se especializaron en las funciones propias de la policía.

En Barcelona, fueron las famosas «Patrullas de Control», comandadas por el anarquista Asens. Estaban formados por 700, luego 1.100 militantes obreros, la mitad designados por la C.N.T.-F.A.I., la otra mitad por las demás organizaciones, y equipados, en el momento de su creación por el Comité Central, con medios modernos de comunicación y de transporte. La Patrulla de Control de Gijón, la Brigada de Trabajadores Sociales de Lleida, la Guardia Popular Antifascista de Castellón son cuerpos del mismo tipo.

A pesar de la reticencia de los anarquistas a dividir lo que Santillán llama el «poder revolucionario total», la misma evolución se producirá en el ámbito de la Justicia. Los Tribunales de Justicia se cerraron, los magistrados fueron asesinados o huyeron, los «vigilantes» pulularon y los Comités se vieron desbordados de trabajo. En Barcelona, milicianos de la C.N.T., dirigidos por el abogado Samblancat, saquearon el Palacio de Justicia, arrojando expedientes y crucifijos por las ventanas. Crearon un Comité de Justicia compuesto por juristas profesionales, en su mayoría abogados de izquierdas, cuyo primer acto fue despedir a todos los funcionarios de su departamento, y el segundo constituirse en tribunal revolucionario. A principios de agosto aparecieron tribunales revolucionarios de otro tipo en Valencia, Castellón y Lleida: los jueces, fiscales y el presidente eran militantes nombrados por los partidos y los sindicatos [23]. Sus decisiones eran severas y el procedimiento sumario, pero en general se respetaban los derechos de la defensa. También saben absolver y, en cualquier caso, en este aspecto, representan un claro avance sobre la práctica de los paseos.

Las milicias

Sin embargo, en el contexto de la guerra, la construcción de un nuevo ejército es la tarea más urgente. En todo caso, fue la necesidad la que dio lugar a los nuevos órganos de poder.

Las milicias nacieron por iniciativa de los partidos y los sindicatos y son, en un principio, sólo estas organizaciones en armas. El nombre de cada uno recuerda su origen, ya sea el nombre de un oficio (Artes gráficas, Madera), o un emblema político (Caballero o Claridad de la U.G.T., Carlos Marx del P.S.U.C., Lenin o Maurin del P.O.U.M., Mada o Companys de la Esquerra).

En Barcelona, fue el Comité Central el que organizó la primera columna el 24 de julio, de 3.000 hombres, comandada por Durruti y asistida por el comandante Pérez Farras, y en la que la única fuerza organizada estaba formada por unos pocos soldados voluntarios equipados con morteros y ametralladoras. En los días siguientes, las otras columnas, formadas bajo la égida del Comité Central, estaban de hecho bajo la influencia de las organizaciones políticas y sindicales. Santillán, que actuaba en nombre del Comité Central, parecía haber luchado en vano contra el espíritu de partido en las milicias y sus consecuencias, a menudo lamentables, rivalidades por las armas y los hombres, enfrentamientos a veces sangrientos. En Valencia, fue el Comité Ejecutivo el que tomó la iniciativa: la «Columna de Hierro», la «Desperada», la «Columna de Acero» y la «Columna Fantasma» se crearon bajo sus auspicios, pero las influencias políticas también jugaron un papel decisivo. La «Columna Fantasma» estaba dirigida por socialistas, la «Columna de Hierro» era la más infame de las columnas anarquistas. En Madrid, cada organización tendrá sus propias tropas, cuyo único vínculo es el gobierno, que se contenta con suministrarles, como puede, armas y equipos y pagar sus salarios. Son los Comités Nacionales de cada partido o sindicato, el Comité de Defensa de la C.N.T. del Centro, los que asumen la organización. En este caso, Izquierda Republicana se distinguió creando un «Regimiento de Acero» y el Partido Comunista el «Regimiento 5», que se convertiría en el famoso Quinto, pero que no dejaba de ser más que una unidad miliciana, apenas diferente de las demás.

Es difícil dar cifras precisas de las milicias. Rabasseire estima en 100.000 el número total de milicias de combate: 50.000 de la C.N.T., 30.000 de la U.G.T., 10.000 de la P.C., 5.000 de la P.O.U.M., a los que hay que añadir 12.000 asaltos, algunos cientos de guardias civiles, algunos miles de soldados y sólo 200 oficiales. A principios de septiembre, el Boletín de la C.N.T.-F.A.I. contabilizaba 22.000 milicianos en Cataluña y Aragón, de los cuales 4.000 eran antiguos guardias, 2.000 del P.S.U.C. y de la U.G.T., 3.000 del P.O.U.M., 13.000 de la C.N.T. Valencia, por su parte, envió 9.000 milicianos a los distintos frentes, 4.000 de ellos a Teruel. En Madrid, los hombres armados pasaron muy rápidamente al frente, pero en Cataluña, Santillán estimó que quedaban 60.000 fusiles en manos de las Milicias en la retaguardia, y admitió la impotencia del Comité Central para reforzar los efectivos de las Milicias de combate: Durruti tendría que hacer una expedición contra Sabadell para obtener la entrega de la decena de ametralladoras que el P. S.U.C. mantuvo allí, y la gente de la C.N.T.-F.A.I. mantendría durante mucho tiempo las cuarenta ametralladoras y los pocos tanques que tanto faltaban en el Frente de Aragón en Barcelona.

Los líderes de las primeras columnas eran activistas políticos y sindicales. Pocos de ellos tienen antecedentes militares. En Barcelona, eran trabajadores: los anarquistas Durruti, Jover, Ortiz, los militantes del P.O.U.M. Rovira, Arquer, Grossi [24], los militantes del P.S.U.C. Trueba y Del Barrio. Fueron apoyados por algunos soldados de carrera: el comandante Pérez Farras, el comandante Pérez Salas, que comandaba la columna de la Esquerra, el comandante Martínez y el capitán Escobar, asesores técnicos de Santillán, dirigentes en Barcelona de la Unión Militar Antifascista Republicana.

El capitán Bayo, aviador, comandó la expedición a Mallorca y un coronel navarro, Jiménez de La Deraza, organizó la artillería. Los suboficiales desempeñaban un papel más importante en la supervisión de las milicias: después de Pérez Farras, el ex sargento Manzana era el cerebro militar de la columna Durruti. Por supuesto, los pocos antifascistas extranjeros que se presentaron como técnicos fueron recibidos con los brazos abiertos. En Valencia, fueron los oficiales subalternos, el capitán Uribarri, guardia civil y socialista, y el teniente Benedito, quienes comandaron las primeras columnas, que se organizaron junto al sargento Fabra, el héroe de la sublevación de Paterna. En León, el general Gómez Caminero dirigió a los mineros, pero fue hecho prisionero. En Asturias, había muy pocos oficiales alrededor de González Peña y las columnas estaban comandadas por militantes obreros: el minero socialista Otero, de Mieres, el metalúrgico de la C.N.T. Carrocerra. En Madrid, las primeras columnas socialistas estaban comandadas por oficiales retirados: el teniente coronel Mangada era el más popular, pero su estrella decayó rápidamente tras los primeros reveses. El 5º regimiento sólo contaba con unos pocos oficiales y suboficiales al principio [25]. El C.N.T. reclutó a algunos oficiales de carrera, el teniente coronel Del Rosai y el médico-comandante Palacios, que dirigieron sus dos primeras columnas. Pero aquí también se necesitaban nuevos líderes: los albañiles Mora y Cipriano Mera, que sólo tenía treinta y seis días de servicio militar en su haber. Málaga, que contaba con un buen oficial, el teniente coronel Asensio Torrado, era el lugar preferido para las milicias con nombre pegadizo: el destacamento «Pancho Villa» competía con el destacamento «Ametralladora» en los anuncios de guerra.

La masa de milicianos desconocía los rudimentos del manejo de las armas y las normas más elementales de protección. Ciertamente, fue por falta de armas, pero también por falta de líderes que la movilización obrera fue abandonada: los reclutas no pudieron ser equipados, entrenados o supervisados. Las milicias tienen diferentes fisonomías según la ideología que anima a sus creadores. Las columnas anarquistas están comandadas por «delegados políticos» flanqueados por «técnicos militares». En las columnas socialistas de la UGT, el P.O.U.M., el P.S.U.C. y el 5º regimiento, son los oficiales los que mandan, flanqueados por «comisarios políticos». En Cataluña, el Comité Central intentó unificar la organización. Diez milicianos forman una «mano» que es comandada por un «delegado» elegido. Diez manos forman una «centuria» cuyo «delegado general» obedece directamente al «jefe de columna». Las milicias de la C.N.T. de Madrid se organizan sobre la base de manos, centurias y batallones de 20 hombres, y los delegados de los batallones forman, junto con el representante del Comité de Defensa y el delegado general, el mando de la columna. En el 5º Regimiento, los oficiales y comisarios eran, en principio, nombrados por el mando, pero Lister diría que fue «elegido». En todas las columnas, los cuadros y soldados recibían una paga uniforme de 10 pesetas diarias. No se exigía a los hombres ninguna marca externa de respeto, y ya no había insignias de rango. Pero el 5º Regimiento se enorgullecía de haber restablecido el saludo militar, y hacía un punto de honor, al igual que las columnas del P.O.U.M., de desfilar en filas impecables, mientras que las milicias de la C.N.T. marchaban en total -y hábil- desorden.

En Madrid, el 5º Regimiento centró todos sus esfuerzos iniciales en la formación de cuadros: los primeros aprendices fueron reclutados entre los dirigentes del «Socorro Rojo». En Barcelona, el Comité Central encargó a García Oliver la organización de una «Escuela de Guerra Popular» [26] y tandas de 2.000 voluntarios recibieron una formación militar acelerada en el cuartel Bakunin.

Así, poco a poco, se va formando una fuerza armada cuya eficacia en las batallas callejeras y en el entusiasmo no se puede negar. Es realmente la realización del viejo eslogan del «pueblo en armas» y, por el momento, parece estar completamente fuera del control del gobierno.

El poder del Estado

El gobierno, efectivamente, permanece. El presidente Giral, habiéndose resignado a armar a los obreros, ha luchado, allí donde conserva una pizca de autoridad, para hacer respetar las formas y la legalidad, para preservar, si no un aparato de Estado -está demasiado dañado- al menos el principio mismo de su propia legitimidad. Parece que ha jugado su última carta en las provincias del Este con la Junta Delegada de Martínez Barrio, Ruiz Funes y Carlo Espla. Ésta había contribuido ciertamente a asegurar el abastecimiento de Madrid, y había ayudado en Levante a formar las milicias que habían reconquistado Albacete y marchado sobre Andalucía, pero había perdido la batalla política contra el poder revolucionario, tanto en Valencia como en Murcia, Alicante y Cartagena… Tras su disolución, parece haberse convertido, en palabras de Borkenau, en un «monumento a la inactividad», que sólo puede sobrevivir gracias a su docilidad a las exigencias de partidos, sindicatos, milicias y comités.

Sin embargo, el gobierno existía ante todo a los ojos de los extranjeros, a cuyos ojos intentaba encarnar la legalidad. Fue el Gobierno el que, en agosto, cediendo a las presiones de las potencias extranjeras, ordenó a la flota abandonar la rada de Tánger sólo cuarenta y ocho horas después de que el doctor Giral asegurara a los valencianos que los rebeldes no recibirían ayuda de África, de donde la armada republicana, según él, les impedía llegar. El gobierno también manifestó su existencia a través de las ondas, y curiosamente parecía persistir en un sueño de conciliación con algunos de los generales sublevados. El 29 de julio, en nombre de la República, Martínez Barrio volvió a hacer este solemne llamamiento: «Que los que nunca debieron tomar las armas las entreguen, restableciendo así la vida normal en el país». Y al día siguiente, Prieto, el portavoz oficioso, no dudó en afirmar que el gobierno no había perdido toda esperanza de conciliación: «Las fuerzas del gobierno -dijo- no se han empleado hasta ahora tan a fondo como para repeler a un adversario extranjero.»

En Madrid, pocos días después de la revolución, el gobierno consiguió arrebatar el control de las calles a las milicias obreras y devolvérselo a su policía: el pase gubernamental sustituyó al carné sindical y a los pases de los comités. La policía fue diezmada, pero se hicieron esfuerzos para reconstituirla. La Sûreté, bajo la dirección de Manuel Muñoz, reclutó a militantes socialistas de confianza: los guardias de asalto que formaron el «Escuadrón del Amanecer», el «Lince de la República» formado por asaltos y militantes socialistas, jugaron un papel importante en la represión. El tipógrafo socialista García Atadell se convirtió en el jefe de la pronto famosa «Brigada de Investigación Criminal», que pasó a llamarse, a la moda de la época, «Milicias Populares de Investigación». Un republicano del partido de Azaña, Sayagües, organizó los «servicios especiales» en el Ministerio de la Guerra. Todas estas autoridades policiales coexistieron, por supuesto, con el Comité Provincial de Investigación formado a principios de agosto por representantes de todos los partidos y con lo que empezaban a llamarse las «tchekas» de los partidos, pero no por ello dejaron de ser un instrumento apreciable de la acción gubernamental.

La situación es más difícil en el ámbito militar. El gobierno no tiene ejército. Consiguió recuperar varios miles de fusiles de Madrid cambiándolos con los milicianos por revólveres. El decreto del 31 de julio, que preveía el pago de los salarios de la milicia por parte del Estado previa presentación de un certificado de partido y de unión, consagró ciertamente su debilidad, pero también representó un primer signo de recuperación.

Fueron los partidos y los sindicatos los que organizaron las milicias, como los suministros, pero lo hicieron en nombre del Estado y, en cierto modo, por delegación. En el Ministerio de la Guerra, de donde salió el 7 de agosto el general Castello, internado por enfermedad mental, un puñado de oficiales republicanos, miembros de la guardia presidencial, agregados militares de los ministros, el teniente coronel Sarabia, los comandantes Menéndez, Hidalgo de Cisneros, Martín Blázquez, Díaz Tendero, los capitanes Cordón y Ciutat organizaron la dirección de las milicias, reclutaron oficiales, distribuyeron municiones: Al mismo tiempo, eran un embrión de personal, al que los jefes de columna recurrían cada vez más a menudo. El 4 de agosto se crearon los «Batallones de Voluntarios». El día 20, Martínez Barrio, de nuevo, fue encargado de su contratación, junto con Ruiz Funes. De esta manera, el Estado esperaba crear una fuerza armada y afirmar su autoridad con más audacia…

Es cierto que esta autoridad estaba siendo socavada a pocos kilómetros de Madrid, y nada en las afueras de la capital protegía a un ministro en ejercicio del peligro de ser detenido. Sin embargo, se mantuvo una continuidad: el gobierno reconoció a los Consejos y Comités Revolucionarios porque no podía hacer otra cosa, pero siguió intentando encuadrarlos, al menos sobre el papel, en el marco del Estado republicano. Cuando nombra a Arin Gobernador de Valencia o a Rodríguez Gobernador de Málaga, no añade nada a la autoridad de la que gozan, no añade nada a la suya, pero mantiene un principio. Y si el desdichado general Miaja, nombrado por él, se vio obligado a chasquear los talones frente al «azul» Benedito que representaba al Comité Ejecutivo en Valencia, su presencia como gobernador militar en una Capitanía General que ni siquiera tenía un coche a su disposición no dejaba de ser una muestra de la voluntad de aguante del Estado republicano, a la espera de días mejores. En Cataluña, a pesar de la sólida base popular de que gozaba el partido del presidente Companys, el gobierno de la Generalitat tenía ciertamente menos autoridad efectiva que el Comité Central. Sin embargo, sigue «decretando» la formación de las milicias que hacen guardia frente a sus oficinas, la formación del Comité Central, del que quiere hacer sólo un comité de «enlace», y «nombrará» al miembro elegido del Comité como Comisario de Defensa… Formalidades inútiles ya que todos estos decretos no hacen más que ratificar decisiones ya tomadas por los organismos del poder revolucionario… No, ya que salvaguardan el principio mismo de la legalidad republicana. El gobierno no gobierna, pero sigue existiendo.

Es el gobierno de la Generalitat el que primero intenta retomar su acción. Casanovas de l’Esquerra formó un gabinete el 2 de agosto, que incluía a tres representantes del P.S.U.C.: Comorera, ministro de Economía, Ruiz, ministro de Abastecimiento, y Vidiella, ministro de Comunicaciones. La operación, sin embargo, estaba tan evidentemente dirigida contra el Comité Central que la C.N.T. y el P.O.U.M. reaccionaron enérgicamente: temiendo el descrédito y el aislamiento de su partido en la clase obrera, los ministros del P.S.U.C. presentaron su dimisión el día 8.

Casi al mismo tiempo, el gobierno de Madrid intentó, movilizando a tres clases que esperaba apoyar con oficiales y suboficiales leales, dotarse de la fuerza armada que sólo él no poseía en su zona. Los milicianos y las organizaciones obreras, a excepción del partido comunista, reaccionaron violentamente. La columna de Caballero amenazó con marchar sobre Madrid para impedir esta reconstitución del ejército regular. Claridad declaró sin tapujos el 20 de agosto: «Pensar que hay que sustituir por otro tipo de ejército a los que realmente luchan y que, en cierta medida, controlan su propia acción revolucionaria, es pensar en términos contrarrevolucionarios.» En Barcelona, 10.000 reclutas reunidos a la convocatoria de la C.N.T. votaron una resolución que decía: «Queremos ser milicianos de la libertad, no soldados con uniforme». El ejército ha demostrado ser un peligro para el país, sólo las milicias populares protegen las libertades públicas: milicianos, sí; soldados, nunca.

Los reclutas, en los cuarteles, queman los papeles y las órdenes de movilización… En Cataluña, la Generalitat aceptó la incorporación de nuevos reclutas a las milicias. En otros lugares, los partidos y los sindicatos presionaron para que se eligieran «Consejos de Obreros y Soldados» en los cuarteles y en las nuevas unidades; se puso un nuevo obstáculo a la reconstitución de un ejército regular.

La conclusión de este primer conflicto abierto entre las dos potencias pone de manifiesto la debilidad del gobierno de Giral. Como dice Juan López, seis semanas después de la insurrección «todas las articulaciones del Estado estaban rotas, ninguno de sus órganos políticos funcionaba»; ni Giral ni Companys tenían fuerzas para «volver a juntar los pedazos rotos, para hacer funcionar de nuevo los órganos del Estado, para recrear un nuevo Estado centralizado» [27].

Notas

[1] A todos los observadores les ha llamado la atención el apego de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, a sus armas. Delaprée (op. cit., p. 21) nos muestra a una mujer que regresa del mercado, con su hijo, su bolsa y su fusil en los brazos. Koltsov (op. cit., p. 17) dice que no se bajan las armas ni en los restaurantes ni en los teatros, a pesar de los carteles que aconsejan dejarlas en el guardarropa. El 8 de agosto comentó: «Los trabajadores se han apoderado de las armas, no las dejarán tan fácilmente.

[2] J.-R. Bloch, op. cit. p. 45.

[3] Juan Peiro, citado por Brenan, op, cit. p. 323.

[4] Fernández había disparado a un hombre y a una mujer que le habían denunciado a la policía.

[5] Recogido por Loewenstein, Un católico en la España republicana, p. 98.

[6] La Revolución Proletaria. «Notas sobre Barcelona», 10 de agosto de 1936.

[7] En Sabadell, el Comité estaba presidido por el antiguo «trentista» José Moix, miembro del P.S.U.C. y de la U.G.T. En Lleida, José Rodes, del P.O.U.M., fue tanto presidente como comisario de orden público.

[8] Negro y Rojo, p. 233.

[9] Santillán, op. cit. p. 168.

[10] García Olivier, En la tormenta, p. 251.

[11] Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1936.

[12] Benavides, Guerra y Revolución en Cataluña, p. 190.

[13] Santillán, op. cit. p. 169.

[14] Ibid, p. 255. Dice que los anarquistas se negaron a «imitar a los peces grandes que no dejan dormir en paz su deseo de devorar a los pequeños».

[15] «De este modo -escribió- mostramos nuestro deseo de colaborar como hermanos, y de que en el resto de España y en las regiones donde pudiéramos ser minoría, se nos trate con la misma consideración y respeto con que nosotros mismos habíamos tratado a los que más o menos habían colaborado en la victoria» (p. 255).

[16] Ibid. p. 170 y ss.

[17] Ibid.

[18] Martin Blazquez, Total Civil War, p. 201.

[19] Delaprée, op. cit. p. 70.

[20] En San Sebastián, tras la toma del cuartel, los hombres de la CNT eran los dueños de la calle. Manuel de Irujo escribe: «Nos habíamos convertido en virtuales prisioneros de los poseedores del botín de Loyola… sometido al control de la C.N.T.» (citado por Lizarra, p. 53).

[21] La expresión «guerra en dos frentes» procede del propio Irujo (Lizarra, op. cit., p. 95), que habla no sólo de «los militares sublevados», sino también de «elementos extremistas introducidos en la casa».

[22] Véase a Manuel de Irujo comentando el ofrecimiento de una cartera en el gobierno de Caballero que le hizo Álvarez de I Vayo: «El lector puede imaginar mi sorpresa al ser invitado a formar parte del gobierno en el mismo momento en que se constituía revolucionariamente el gobierno autónomo de Euzkadi» (citado por Lizarra, op. cit. p. 81).

[23] El Tribunal Revolucionario de Lleida estaba compuesto íntegramente por obreros, un tercio designado por el P.O.U.M., un tercio por la U.G.T.-P.S.U.C., un tercio por la C.N.T.-F.A.I. El presidente Larrocca, de la C.N.T., y el fiscal Pelegrin, del P.O.U.M., eran ambos ferroviarios.

[24] Delaprée hizo un entrañable retrato de Grossi, «el valiente de los valientes», minero asturiano y jefe de guerra (op. cit., p. 55).

[25] Enrique Castro Delgado, líder del CP, fue el primer comandante del 5º Regimiento. A su lado había un militante, antiguo suboficial, Barbado, un oficial portugués refugiado político y un único oficial profesional, Márquez (véase Hombres made in Moscu, de Castro Delgado, pp. 281-293). En octubre, Castro fue sustituido por Lister, un albañil: a partir de entonces, los jefes de los trabajadores serían los protagonistas. Entre ellos, el carpintero Modesto, es un antiguo cabo de la Legión (Fischer, Hombres y política, p. 543). En cuanto a Enrique Lister, activista comunista que se había refugiado en la URSS antes de la guerra civil, tras ser condenado por huelga, había trabajado en la clandestinidad de Moscú y luego había seguido cursos de formación militar (Ludwig Renn, Der Spanische Krieg, p. 192).

[26] Condiciones de admisión: saber leer y escribir, tener conocimientos básicos de aritmética, ser propuesto por una unidad de milicia; a partir de la segunda promoción, prueba de dos meses de presencia en el frente. El ciclo de estudios duró dos meses, con quince días de cursos teóricos al principio, seguidos de un periodo de formación y luego de especialización. Dos tercios de los oficiales de primera clase murieron en el frente.

[27] Citado en Cataluña 36-37, pp. 59-80.

I.6: Las conquistas revolucionarias

• El problema de la Iglesia
• Propiedad industrial
• Colectivización en los campos
• Las colectivizaciones y el problema del poder
• Esfuerzos de liderazgo económico
• Economía, política y guerra
• Notas

La revolución española nació de una profunda crisis social. Al atacar, en su acción espontánea, el funcionamiento de un Estado republicano que sustituían por el suyo propio, los obreros españoles se habían propuesto algo más que una revolución política. Su actuación en las semanas siguientes a la sublevación constituyó una revolución social, en todos los ámbitos. A su manera, ruda y algo brutal, sin duda, atacaron los grandes problemas de España: la estructura oligárquica del Estado, el ejército, la iglesia, las bases económicas de la oligarquía, la propiedad industrial y la propiedad de la tierra [1].

El problema de la Iglesia

El problema de la Iglesia se «resolvió» al menos tan radicalmente como el del Ejército en toda la España «republicana», salvo en el País Vasco. Como señalaba un memorándum enviado por Manuel de Irujo a Caballero [2] unos meses más tarde, todas las iglesias estaban cerradas al culto, habiendo sido incendiadas una gran parte de ellas, especialmente en Cataluña. Los altares, las imágenes y los objetos de culto fueron destruidos; las campanas, los cálices, las custodias y los candelabros fueron confiscados por las autoridades revolucionarias, fundidos y utilizados con fines militares o industriales. Las antiguas iglesias se utilizan ahora como garajes, mercados, establos y refugios. Los edificios se han transformado permanentemente con la instalación de tuberías de agua, azulejos, mostradores, balanzas, barandillas, puertas, ventanas y tabiques. Todos los conventos fueron vaciados y los edificios utilizados de la misma manera. Sacerdotes y religiosos fueron detenidos en masa, encarcelados, fusilados: sólo dos escaparon a la despiadada represión en Lérida, porque se sabía que habían votado al Frente Popular. Los que consiguieron huir se escondieron, arriesgándose a ser detenidos y ejecutados en todo momento. Pocos de ellos tuvieron la oportunidad de una «vida civil»: sin embargo, aquí y allá, se citó a una ex monja que se había casado o a un ex monje que se había unido a la milicia [3]. En la práctica, la prohibición del culto se ha extendido a la posesión privada de imágenes u objetos de culto, como crucifijos, misales, etc. Las milicias revolucionarias de la retaguardia persiguieron a sus poseedores, los registraron y los arrestaron.

Todas las escuelas confesionales fueron cerradas, y los locales y la enseñanza fueron asumidos localmente por los Comités o los sindicatos. En Cataluña, los edificios pertenecientes a las escuelas religiosas fueron entregados a los representantes del «Comité de la Nueva Escuela Unificada», fundado en «los principios racionalistas del trabajo humano y la fraternidad», el «sentimiento de solidaridad universal» y la voluntad de «abolir toda clase de privilegios». En muchos lugares se crearon escuelas antiguas y nuevas en locales nuevos, en las lujosas villas de los grandes terratenientes, en conventos, en puestos de la guardia civil, etc. El experimento aquí fue demasiado breve para poder apreciar sus resultados. En Barcelona, en cualquier caso, el número de niños escolarizados aumentó un 10% entre julio y octubre de 1936.

Propiedad industrial

Las bases económicas del poder de la Iglesia fueron destruidas en pocos días de revolución: también, en la mayoría de los casos, las de la burguesía. Ambos aparecen ante los revolucionarios triunfantes como aliados de los generales en ascenso: las «conquistas revolucionarias» son tanto una cuestión de exigencias ideológicas como de necesidad práctica.

Ya en las semanas anteriores al levantamiento, muchos empresarios habían huido, refugiando su capital, contribuyendo así a aumentar el estancamiento económico [4]. La victoria de la revolución y el terror que se apoderó de los jefes y gerentes de las empresas bancarias e industriales paralizaron el funcionamiento de un aparato económico que ya estaba singularmente deteriorado desde el inicio de los combates. Por último, y sobre todo, la revolución de julio de 1936 tenía sus objetivos sociales: los obreros tomaron las fábricas y los campesinos los campos porque ese era, a sus ojos, el objetivo último, la culminación victoriosa de su acción revolucionaria [5].

Haría falta un libro entero para describir la extraordinaria variedad de soluciones adoptadas por los trabajadores españoles para acabar con la «explotación del hombre por el hombre» [6]: todo ello puede parecer incoherente y bastante utópico. Un estudio detallado, sin embargo, sólo da ganas de profundizar en el conocimiento de este florecimiento de iniciativas, no siempre exitosas, pero casi siempre de generosa inspiración.

La industria pesquera fue colectivizada en Gijón bajo la dirección de un Comité de Control Sindical que entregó el pescado a los Comités de Abastecimiento de los Trabajadores. Ni los trabajadores ni los pescadores recibían un salario: los Comités de Abastecimiento les daban los alimentos previa presentación de una libreta de consumo. En Laredo, todas las embarcaciones fueron incautadas bajo la dirección de un comité de economía de doce miembros, seis de la C.N.T. y seis de la U.G.T.

Es a través de este comité que se pasan todos los peces capturados. Una vez deducidos los gastos y el 45% para la mejora del equipo, el resto del producto de la venta se reparte a partes iguales entre todos los «trabajadores del mar». El pescador de Lareda ganaba 64 pesetas a la semana, mucho más que en la época de los armadores y mayoristas.

La colectivización de los cines de Barcelona fue tanto propuesta como modelo por la C.N.T. como ridiculizada por sus opositores. Todos los cines de la capital están agrupados en una única empresa dirigida por un comité de diecisiete miembros, dos de los cuales son elegidos por la asamblea general y los otros quince por los trabajadores de las distintas categorías profesionales. Los miembros elegidos, liberados de su trabajo, reciben el salario de sus compañeros de la misma calificación. Los salarios varían en función de las entradas semanales, ya que los ingresos se distribuyen según un coeficiente diferente para cada categoría (1 para el sanitario, 1,5 para un operario). El límite máximo semanal está fijado en 175 pesetas, y los beneficios que se obtengan irán a parar a la caja del sindicato. Cada trabajador se considera propietario de su puesto de trabajo: se necesita una mayoría de tres cuartos en una asamblea general para decidir una sanción. Se prevé un mes y medio de vacaciones anuales, incluidos quince días en invierno. En caso de enfermedad o desempleo, el trabajador percibe su salario íntegro, y en caso de invalidez, un salario proporcional a sus gastos, que en ningún caso puede ser inferior al 75% de un salario normal. Los beneficios se destinarán principalmente a la construcción de una clínica y una escuela.

En Puigcerda, según Lauzon, el comercio minorista se ha colectivizado en una cooperativa con 170 socios que reciben un salario uniforme de 50 pesetas semanales para los hombres y 35 para las mujeres[9].

La diversidad de las soluciones adoptadas en los casos citados como ejemplo pone de manifiesto la dificultad del problema de los salarios. Es interesante observar que las soluciones varían entre dos extremos, el salario uniforme de inspiración anarquista en Puigcerda y el mantenimiento total de la jerarquía existente. Los trabajadores del tranvía de Barcelona buscaron un compromiso, reduciendo el número de categorías de empleados de once a cuatro e introduciendo una pensión única. Sin embargo, el abanico era a veces muy abierto: en el Hotel España de Valencia, la cocinera ganaba casi cuatro veces más que la camarera, una hilandera especializada en una fábrica de Barcelona recibía 90 pesetas, mientras que un ayudante percibía 50 pesetas y un aprendiz 32.

También hay que destacar el constante mantenimiento a la baja de los salarios de las mujeres, incluso en el marco de la aplicación de los principios anarquistas de la igualdad, y la constante preocupación de los trabajadores españoles por todo lo que se puede llamar el establecimiento de medidas de seguridad social, pensiones, jubilación, vacaciones, prestaciones por desempleo.

Colectivización en los campos

Los anarquistas de Puigcerda que colectivizaron los comercios no tocaron las fincas de la Cerdaña. Este es un primer ejemplo de la extrema diversidad de soluciones en este ámbito.

En realidad, durante y después de la Revolución, hubo un amplio movimiento de colectivización rural, que sigue siendo uno de los temas más controvertidos entre los testigos y los actores. Para algunos, especialmente los anarquistas, la colectivización fue el resultado de un poderoso movimiento de asociación voluntaria provocado por la propaganda y el ejemplo colectivista de sus grupos. Para otros, comunistas o republicanos, la colectivización agraria fue, en la mayoría de los casos, impuesta por la fuerza, bajo el terror, por las milicias y los grupos de acción anarquista. Los observadores «neutrales» no estaban menos divididos: el socialista Prats, el obrero independiente Fenner Brockway y el republicano italiano Rosselli cantaban las alabanzas de las colectivizaciones aragonesas, que creían que eran sin duda el resultado de la voluntad campesina. Por otra parte, Borkenau, que no simpatizaba mucho con los temas de la propaganda comunista, pensaba que, salvo en la provincia del Canal, la colectivización se había impuesto a los campesinos mediante el terror.

Hay que admitir que hay serios argumentos a favor de ambas tesis. En primer lugar, la forma de explotación colectiva no era nueva. Las confiscaciones de tierras que se produjeron antes de la guerra civil fueron casi siempre seguidas por el inicio de la explotación colectiva. Las dos organizaciones sindicales campesinas, la de la C.N.T. y la de la U.G.T., se habían declarado a favor de la colectivización -voluntaria, es cierto. Los más firmes opositores a la colectivización, los comunistas, tendrían que crear una nueva organización campesina desde cero en el Levante para combatir el movimiento [10]. Por último, las colectividades nacidas en el verano de 1936 duraron a veces hasta el final de la guerra civil, reconstituyéndose en algunos casos tras su disolución [11].

Además, Andalucía, que podría haber sido la tierra elegida para las colectividades, se encontró muy pronto en manos de los generales, y ni el Levante, ni Cataluña, ni Aragón ofrecían condiciones especialmente favorables para estos experimentos. Sabemos que a menudo dieron lugar a enfrentamientos violentos, que se renovaron con frecuencia durante 1937 entre «colectivistas» e «individuos».

También en este caso, la realidad tenía muchas caras. La masacre de los grandes terratenientes, que a menudo marcó el inicio de la colectivización de la tierra -especialmente con Durruti y su columna-, no significó que ésta no fuera voluntaria: creó las condiciones materiales para ello, ya que la tierra fue así ofrecida, así como las condiciones psicológicas, ya que abrió una posibilidad que había estado cerrada hasta entonces. El terror es una de las palancas de la revolución, y la discusión sobre si es voluntario o forzado tiene poco sentido. Por último, toda colectivización era al mismo tiempo «voluntaria» y «forzada», siempre que fuera decidida por una mayoría. Los que no tenían nada que perder ciertamente «obligaron» a los que poseían algunas tierras. Por último, añadamos que las colectivizaciones tuvieron sin duda menos opositores en las primeras semanas de la revolución que después de varios meses de funcionamiento, en las condiciones desfavorables de la guerra y bajo la amenaza constante de la requisición.

En Cataluña, el movimiento se topó con la hostilidad de los Rabassaires. La C.N.T. adoptó allí una actitud cautelosa, que queda perfectamente ilustrada por la resolución adoptada el 5 de septiembre por su Sindicato Agrario: «Pensamos que si tratáramos de forzar la colectivización de todas las tierras inmediatamente, incluidas las adquiridas con tanto trabajo y abnegación, tropezaríamos con una serie de obstáculos que nos impedirían alcanzar normalmente nuestro objetivo final. La conferencia campesina convocada en Barcelona por la C.N.T. invitó a sus militantes a respetar la pequeña propiedad privada, a buscar sobre todo convencer al campesino por el éxito ejemplar de los experimentos de colectivización rural.

Las colectivizaciones catalanas fueron de muy diversa índole: colectivizaciones que involucraban a todos los habitantes, como la de Hospitalet de Llobregat con 1.500 familias a lo largo de 15.000 km, o la de Amposta con 1.200 colectivistas, ambas exclusivamente C.N.T., o C.N.T.-U.G.T. o C.G.T. U.G.T. o C.N.T. sólo, coexistiendo con propiedades individuales, basadas exclusivamente en tierras confiscadas a grandes terratenientes (Vilaboi, 200 colectivistas; Seros, 360), o mediante la colectivización de pequeños lotes individuales, o sobre ambas bases (Lérida, 400 colectivistas; Orriols con 22 familias de aparceros; Granadella, cerca de Lérida, con 160 colectivistas sobre 2.000 habitantes; Montblanc, cerca de Tarragona, con 200 colectivistas sobre 16.000 habitantes). En cualquier caso, como islas en medio de la pequeña propiedad, eran la excepción más que la regla.

El caso más frecuente en Levante fue el de las colectividades fundadas conjuntamente por la C.N.T. y la U.G.T.: así, Villajoyosa, en la provincia de Alicante, donde no sólo se colectivizó la tierra, que daba sustento a algo menos de 4.000 personas, sino también la hilandería, que empleaba a 400 trabajadores, y la industria pesquera, que daba sustento a 4.000, Ademuz y Utiel, en la provincia de Valencia, que agrupaban a 500 y 600 familias respectivamente. En la provincia de Castellón, el pueblo de San-Mateo tiene la originalidad de tener dos comunidades, una de la C.N.T. y otra de la U.G.T. La comunidad de Sueca, en la provincia de Valencia, forma la Cooperativa Popular Naranjera para la venta de sus naranjas, un intento de librarse de los intermediarios comerciales que está destinado a crecer [12].

Por último, cabe destacar el caso tan citado de Segorbe, una gran ciudad de unos diez mil habitantes en la comarca de las huertas, donde se ha creado una «comunidad de productores agrícolas y afines». La afiliación y la renuncia son gratuitas, ya que cada uno aporta o retira su parte. Pero la vida del afiliado está estrictamente regulada por el comité administrativo elegido que gestiona la comunidad, distribuye el trabajo y paga los salarios en función de la «familia» (hombre soltero: 5 pesetas; mujer soltera: 4; cabeza de familia: 5 pesetas; su acompañante: 2, etc.). ¿Cómo se vivía en Segorbe? Un observador dispuesto, el jornalero independiente Fenner Brockway, dice: «Más que nada, estoy encantado con mi visita a la comunidad agrícola de Segorde. No lo describiré en detalle, pero el espíritu de los agricultores, su entusiasmo, la forma en que contribuyen al esfuerzo común, el orgullo que sienten por ello, es admirable.

La visita a las comunidades aragonesas llevó al socialista italiano Rosselli a escribir desde el mismo punto de vista: «Las evidentes ventajas del nuevo sistema social refuerzan el espíritu de solidaridad entre los campesinos, animándoles a un mayor esfuerzo y actividad» [13].

Bajo la dirección de los anarquistas, el movimiento de colectivización abarcó más de las tres cuartas partes de la tierra, casi exclusivamente en las comunidades afiliadas a la C.N.T.: había más de 450, que agrupaban a unos 430.000 campesinos. Los «colectivistas» son mayoritarios con diferencia: todos en Penalba, Alcaniz, Calanda, Oliete, 2.000 de 2.300 en Mas de La Matas, 3.700 de 4.000 en Aleorlza. En teoría, los pequeños propietarios pueden sobrevivir siempre que cultiven ellos mismos sus tierras y no utilicen mano de obra contratada. El ganado para consumo familiar sigue siendo propiedad individual. La Federación de Campesinos hizo grandes esfuerzos para organizar granjas de demostración, viveros y escuelas técnicas rurales. Los defensores de la tesis colectivista afirman que los rendimientos aumentaron entre un 30 y un 50% entre 1936 y 1937, pero es imposible verificar estas cifras, que no se basan en estadísticas rigurosamente controladas.

El aspecto más curioso, aunque quizás menos significativo, del experimento libertario de Aragón fue la aplicación sistemática de los principios y teorías anarquistas sobre el dinero y los salarios. El salario es, de nuevo, un salario familiar uniforme: 25 pesetas a la semana para un solo productor, 35 para una pareja con un trabajador, 4 pesetas más por cada hijo a cargo. Pero no hay dinero, sólo vales – vales – que pueden cambiarse por productos en las tiendas de la comunidad. El sistema funciona. El experimento, sin embargo, no fue muy concluyente, ya que las comunidades, para abastecerse del resto de España, tuvieron que utilizar el dinero teóricamente suprimido, a discreción…

El anarquista Souchy describe la vida en el pueblo de Calanda, en el Aragón libertario, en estos términos:

«En la plaza del pueblo, frente a la iglesia, hay una flamante fuente de granito. Sonsocle lleva las iniciales de la C.N.T.-F.A.I. Lo que antes era la iglesia es ahora una tienda de comestibles. Todavía no están terminadas todas las estanterías.

«La carnicería está situada en una dependencia de la iglesia, un establecimiento higiénico y atractivo, como nunca ha conocido el pueblo. Nada se compra con dinero: las mujeres reciben carne a cambio de vales… porque pertenecen a las comunidades, y esto es suficiente para obtener carne y otros alimentos.

«El pueblo tiene 4.500 habitantes. La C.N.T. domina. Setecientos cabezas de familia pertenecen a ella. La comunidad tiene 3.500 miembros, el resto son individuos… El pueblo es limpio y acogedor, y rico. El pueblo, limpio y acogedor, es rico. Hay 23.000 pesetas en la tesorería. Produce aceite (750.000 kilos anuales), trigo, patatas y fruta… En el pasado, había unos pocos grandes terratenientes. El 19 de julio fueron expropiados.

«Los colectivistas y los individuos conviven pacíficamente. Hay dos cafés en el pueblo: uno para los particulares, otro para los colectivistas… No hay escasez de tela y ropa, ya que se ha intercambiado aceite con una fábrica textil de Barcelona.

«El trabajo es intenso y faltan manos, porque muchos jóvenes, todos miembros de la C.N.T., están al frente… Aquí todo está colectivizado, excepto los pequeños comerciantes que querían seguir siendo independientes. La farmacia pertenece a la comunidad, al igual que el médico. Este último no recibe ningún dinero. Se mantiene como los demás miembros de la comunidad.

«El mejor edificio del pueblo, un antiguo convento, es para la escuela, que funciona según los métodos de Ferrer. En el pasado, sólo había ocho profesores. La comunidad ha designado a diez más.

«Los particulares también se han beneficiado de la colectivización: no pagan ni alquiler ni electricidad. El pueblo tiene su propia central eléctrica, alimentada por una cascada.

«Los colectivistas están contentos. Antes, los campesinos pasaban hambre en abril, mayo y junio. Ahora es mejor.

«Antes había una sucursal bancaria. Ahora está cerrado. Se han confiscado setenta mil pesetas que el ayuntamiento ha utilizado para comprar productos.

«Los agricultores trabajan en grupos de diez. El terreno está dividido en zonas. Cada grupo, dirigido por un delegado, trabaja en su zona. Los grupos se forman según la afinidad. La comunidad es una gran familia que cuida de todos» [14].

Sin embargo, a este panorama optimista, si no idílico, contrapongamos el dibujado a posteriori por el periódico comunista Frente rojo:

«Bajo el reinado del último Consejo de Aragón, ni los ciudadanos ni la propiedad podían contar con la más mínima garantía. No se obligó a ningún campesino a unirse a las comunidades. Los que se resistieron sufrieron las penas del terror en sus cuerpos y en sus pequeñas propiedades. Miles de campesinos emigraron, prefiriendo dejar su tierra que soportar los mil métodos de tortura del Consejo… Se confiscaron tierras, anillos, medallas y hasta ollas, e incluso grano, y comida cocinada, y vino para el consumo familiar… En los consejos municipales se instalaron conocidos fascistas y líderes falangistas. Con los carnés sindicales, actuaban como alcaldes y concejales, como agentes del orden público, personas que venían del bandolerismo y que hicieron de él una profesión y un sistema de gobierno» [15].

La verdad debe estar, sin duda, a igual distancia de la imagen rosada del paraíso libertario de Souchy y de la imagen negra del infierno anarquista del Frente Rojo.

Las colectivizaciones y el problema del poder

Las diferencias sobre el alcance y el significado de las colectivizaciones cubren en realidad las diferencias políticas. Los partidarios del Frente Popular -republicanos, socialistas, comunistas- pensaban, junto con José Díaz, que en los primeros momentos estaban «justificados» por el hecho de que los grandes industriales y terratenientes habían abandonado las fábricas y los campos y había que hacerlos producir» [16]. Todos los que creían que España en 1936 no estaba viviendo una revolución social sino que debía seguir siendo una república democrática y parlamentaria, condenaban las «colectivizaciones» y las «sindicalizaciones», que a sus ojos constituían un peligro para la unidad del frente entre la clase obrera y sus aliados campesinos y pequeñoburgueses. El Partido Comunista insiste en la necesidad de defender al «pequeño industrial» y al «pequeño comerciante». Embarcarse en esos juicios», declaró José Díaz, «es absurdo y equivale a ser cómplices del enemigo» [17].

Ahora bien, a pesar de la participación activa de la UGT en el Levante, fue esencialmente la masa de militantes de la CNT la que asumió la responsabilidad de la colectivización y la sindicalización. Dueños del poder local, de la noche a la mañana, tras el derrumbe del Estado republicano y de sus fuerzas de represión, pasaron inmediatamente, según el esquema trazado por Malatesta, a la destrucción del régimen de la propiedad burguesa y, a pesar de la cautela de sus dirigentes -no hay comunismo libertario-, se pusieron a construir la nueva sociedad libertaria.

Pero se trataba de una tarea infinitamente compleja, para la que no estaban preparados, y a la que tuvieron que enfrentarse armados únicamente con nociones simplistas y principios generales utilizados hasta ese momento en su propaganda y su crítica al sistema capitalista. A falta de directrices precisas ante una situación imprevista, los sindicatos y los militantes tomaron iniciativas, sin otro criterio que lo que Andrade llama, con razón, «fantasía anarquista igualitaria». Sin embargo, no bastó con convertir las fábricas en propiedades colectivas, «bienes sociales» según una expresión frecuente, para establecer una nueva economía y hacerla funcionar. El problema del crédito seguía existiendo. Se necesitaba dinero, divisas para las compras en el extranjero, capital de trabajo para las empresas colectivizadas. El gobierno de Madrid, poseedor del oro, rechazó cualquier crédito, incluso cuando Cataluña ofreció los mil millones de depósitos de sus cajas de ahorro como garantía. Por lo tanto, la mayoría de las empresas colectivizadas vivían del dinero en efectivo incautado durante la revolución. Los Comités del Gobierno intentaron ayudarles en el día a día, utilizando medios improvisados: embargo de las cuentas bancarias de los «facciosos», incautación y venta de joyas u objetos preciosos que habían pertenecido a los rebeldes, a iglesias y conventos. Pero el problema se reabre constantemente [18].

Con la salida de los bancos, el crédito y el comercio exterior del sector colectivizado, gracias al gobierno, se desarrollaron tendencias hacia lo que puede llamarse «capitalismo sindical». El 17 de mayo de 1937, una comisión de la C.N.T. en Barcelona los caracterizó claramente:

«La desmesurada preocupación por colectivizarlo todo, especialmente las empresas que poseen reservas monetarias, ha despertado entre las masas un espíritu utilitario y pequeñoburgués… Al considerar cada colectividad como una propiedad particular, y no sólo como un usufructo, se han ignorado los intereses del resto de la colectividad…

Las empresas colectivizadas sólo se preocupan por su pasivo, lo que produce un desequilibrio en las finanzas de las demás empresas.

En un interesante estudio, Juan Andrade[19] puso de manifiesto algunas de las consecuencias más graves de una situación que se ajustaba perfectamente a las concepciones tradicionales de la C.N.T.: «Espontánea, sin ningún plan de conjunto, la aplicación de estas medidas -tanto la sindicalización como la colectivización- tuvo como resultado la colocación de los trabajadores en situaciones materiales muy diferentes»[20].

En una fábrica que, en vísperas de la revolución, contaba con grandes existencias y reservas monetarias, el trabajo continuó con normalidad, con aumento de los salarios. Los beneficios se destinan al mantenimiento de la fábrica, a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y a las obras sociales de la empresa. Pero una fábrica deficitaria o sin existencias en el momento de la insurrección no puede funcionar normalmente ni garantizar el pago de los salarios. Algunas empresas simplemente vivirán gastando sus reservas financieras poco a poco. Habrá empresas ricas y pobres: los salarios variarán considerablemente de una rama de la industria a otra e incluso de una fábrica a otra. La colectivización conduce a las mismas desigualdades y absurdos que sus defensores habían criticado en el sistema capitalista. En cualquier caso, no conduce ni al socialismo ni al comunismo libertario.

La colectivización de la tierra tampoco conduce a un sistema de producción coherente y satisfactorio. Por supuesto, resuelve muchos problemas y, sin duda, a menudo permite al campesino vivir mejor, trabajar más racionalmente y aumentar la producción. Pero para que este progreso sea serio y duradero, para que el ejemplo sea inspirador, sería necesario proporcionar a estos campesinos, que son los más miserables de Occidente, un apoyo que la industria no es capaz de dar. Medidas tan radicales como la venta de joyas incautadas por el Consejo de Aragón en favor de las comunidades sólo cubrían una mínima parte de las necesidades. Se necesitaba maquinaria agrícola, fertilizantes y agrónomos para que la colectivización de la tierra no se presentara, muy rápidamente, como una simple colectivización de la miseria. Como señala Borkenau, la revolución española «se quedó en el callejón sin salida de discutir si la tierra de los propios campesinos sería de propiedad individual o colectiva».

El problema de la tierra se redujo en España en aquella época, con la supresión de facto de los cánones feudales, al de la desamortización de las tierras de los grandes propietarios, fueran o no «facciosos». En este sentido, a la revolución española le faltó lo que a la rusa el «Decreto de la Tierra»: quince días después de la ejecución por la columna Durruti de treinta y ocho «fascistas» de su pueblo, los campesinos de Fraga aún no se habían decidido a tocar su tierra, que no habían compartido ni elegido explotar colectivamente. Están esperando. Después de las milicias confederales, pueden venir las milicias comunistas o republicanas a reclamar que los terrenos no han sido legalmente incautados, o -¿por qué no? – guardias civiles que exigirán la devolución de las tierras a los herederos de los fascistas fusilados. Porque queda claro, incluso para un campesino aragonés, que no todos ven el problema agrario con los ojos de Durruti. A principios de agosto, un decreto del gobierno de Giral concedió a los campesinos y aparceros que llevaban al menos seis años cultivando la tierra el derecho a comprarla a plazo o mediante alquileres amortizables. Aunque este decreto no tenía ninguna importancia en aquel momento, ya que nadie pagaba alquileres ni arrendamientos, significaba que la propiedad privada seguía existiendo y que había un gobierno que reconocía sus derechos, aunque todos los títulos se hubieran quemado en una gran hoguera en la plaza del pueblo. El paso del tiempo no tarda en subrayar esta obviedad: el campesino ha tomado la tierra, pero tras el primer momento de entusiasmo, no está seguro de poseerla correctamente ni de habérsela ganado. No tardó en volver su animosidad contra los milicianos que requisaban, imponían o robaban y ya no estaba muy seguro de que los nuevos «amos» quisieran realmente mejorar su suerte.

La revolución, tan vigorosa en sus inicios en el campo, pareció empantanarse allí por falta de una verdadera dirección.

Esfuerzos de liderazgo económico

La insurrección rompió todas las estructuras económicas y sociales: las regiones industriales quedaron aisladas de sus proveedores de materias primas, las regiones productoras de sus mercados. Sin materias primas, las fábricas textiles de Cataluña pronto estarían funcionando sólo tres días a la semana, y los agricultores de Levante se preguntaban cómo iban a vender su excelente cosecha. Las ciudades ya no estaban abastecidas y la hambruna amenazaba. Cuando la huelga terminó, la recuperación fue lenta, los jefes y directivos estaban huidos, encarcelados o muertos, algunos de los trabajadores estaban en el Frente y otros en las organizaciones de la retaguardia. La tarea era inmensa: había que asegurar el abastecimiento, redistribuir las fuerzas productivas, reorganizar los mercados. Sobre todo, había que equipar y armar a las milicias.

La autoridad de los sindicatos y de los comités permitió resolver las dificultades inmediatas. La Junta de Bilbao emite asignaciones pignoradas sobre productos alimenticios. Barcelona vivió durante quince días sin dinero, a base de requisas y vales. Fueron los sindicatos los que se hicieron cargo de los 4.000 taxistas en paro -desde la requisa de sus instrumentos de trabajo- y consiguieron reclasificarlos. Fue una decisión del Comité Central apoyada por la autoridad de la C.N.T. y aplicada por las Patrullas de Control que limpiaron las aceras de Barcelona del enjambre de vendedores y comerciantes que las habían bloqueado tras las jornadas revolucionarias. Al cabo de unos días, las ciudades estaban abastecidas. En Madrid, desde el 25 de julio, una comisión mixta de concejales y trabajadores de los mercados distribuyó 20.000 raciones diarias. En Barcelona, el Comité Central confió al rabino Torrents la responsabilidad del Comité de Abastecimiento: el 24 de julio, prohibió toda requisa individual, hizo abrir las tiendas e inventarió las existencias.

Gracias al apoyo de las Patrullas de Control y de la Comisión de Investigación, y a los informes de los Comités de Gestión y Control Obrero, pudo disponer de informaciones serias y ejercer un control eficaz, castigando las infracciones con fuertes multas: el abastecimiento esencial de los milicianos y de los habitantes de las ciudades estaría asegurado sin un aumento apreciable de los precios. El Comité de Abastecimiento intervino directamente en el circuito comercial, haciéndose cargo del abastecimiento de hospicios, hospitales y restaurantes populares de Barcelona: en agosto alimentó hasta 120.000 personas al día en los restaurantes abiertos previa presentación del carné sindical, consiguiendo en septiembre reducir esta cifra a unas más razonables 30.000, excluyendo a los milicianos, por supuesto.

Fueron comités similares, la mayoría de las veces C.N.T.-U.G.T., los que en Valencia, Málaga, Asturias y en la mayoría de las ciudades se hicieron cargo de la milicia y de los parados, y establecieron contactos directos con los comités de los pueblos. Sin embargo, no todos ellos tenían la autoridad del Comité de Abastecimiento de Barcelona, que era a la vez una Intendencia y un Control Económico, cuyas decisiones tenían fuerza de ley en los puertos y mercados de Cataluña.

Todo esto se hizo con verdadero entusiasmo y buena voluntad por ambas partes. Es cierto que las milicias, que al principio vivían completamente de los campesinos, no siempre fueron bien recibidas y hubo muchos incidentes. La columna de Durruti se vio obligada a evacuar el pueblo de Pina: prueba de que sabía inclinarse y de que no era una horda de saqueadores. Muchos campesinos venden con más gusto, sin subir sus precios, porque ahora tienen la seguridad de no compartir el beneficio de sus ventas con el propietario.

Es la misma buena voluntad y el mismo entusiasmo que preside -se diga lo que se diga- la improvisación o el aumento de la producción en las industrias de guerra. En Asturias, los trabajadores habían tomado el arsenal de Trubia; el trabajo se reanudó allí el 25 de julio. Lo mismo ocurrió en Toledo. En Cataluña, la situación era trágica, porque no había fábricas de material de guerra y había que reconvertir las empresas químicas o metalúrgicas a toda prisa. Algunas fábricas de ingeniería mecánica no podían funcionar, porque los ingenieros habían destruido o se habían llevado los planos y nadie era capaz de sustituirlos. El coronel Jiménez de la Bareza, antiguo director del arsenal de Oviedo, y dos de sus ingenieros, huidos de Navarra, se pusieron manos a la obra con el contratista Tarradellas de l’Esquerra, los trabajadores de la C.N.T. y Vallejo de la industria del metal. Vallejo de la industria metalúrgica y Martí de la industria química. El Hispano Suiza fue convertido. Por supuesto, al cabo de dos meses, los resultados eran mínimos, pero a pesar de ello habían montado fábricas de cartuchos, proyectiles, espoletas de bombas y blindajes. Las dificultades, además, se debían a la situación política y económica general: se necesitaban divisas para el imprescindible acero extranjero, e incluso para los talleres vascos y los carbones asturianos. Las fortunas «incautadas» financiaron los primeros esfuerzos, pero el plazo sólo se retrasó.

Todos estos problemas sólo pueden resolverse con una política global de liderazgo económico. Los órganos de poder revolucionarios se ocupan de ello: en Málaga, Valencia y Asturias se crean consejos económicos. El Consejo de Defensa de Aragón dedicó una parte importante de su trabajo a la dirección de la economía de la provincia. En Cataluña, el Consejo Económico, creado el 11 de agosto y sancionado por un decreto gubernamental como «órgano director de la vía económica», estableció un programa que constituía un verdadero plan de transformación socialista del país [21].

La presencia en él de los más eminentes especialistas en temas económicos del movimiento obrero, Andrès Nin y Santillán, fue vista por muchos como una señal de que el Consejo Económico sería el cerebro de la transformación económica y social de Cataluña, el órgano de centralización y planificación económica. Gracias a la autoridad del Comité Central y de las milicias obreras, el Consejo Económico ejercería efectivamente el papel regulador y orientador que se le asignó durante varias semanas. Sin embargo, muy pronto se encontró con el problema político de la moneda y el crédito, al igual que los demás órganos de poder revolucionario.

Economía, política y guerra

La revolución se estancó en Cataluña, donde había alcanzado su máximo desarrollo. Los problemas económicos no pueden resolverse independientemente de los políticos. Los órganos de control se reducen a funciones parasitarias. Toda una burocracia floreció sobre la base de los nuevos Comités y Consejos. Santillán escribe: «Hemos sido un movimiento anticapitalista y antipropietario. Vimos en la propiedad privada de los instrumentos de trabajo, de las fábricas, de los medios de transporte, en el aparato capitalista de distribución, la causa principal de la miseria y la injusticia. Queríamos la socialización de toda la riqueza para que ni un solo individuo quedara fuera del banquete de la vida. Hemos hecho algo, pero no lo hemos hecho bien. En el lugar del antiguo propietario, hemos puesto a media docena que consideran la fábrica, los medios de transporte que controlan como su propiedad, con el inconveniente de que no siempre saben organizar una administración y conseguir una gestión mejor que la del antiguo» [22].

Seis meses después de la revolución, la economía española atravesaba terribles dificultades. Era común escuchar acusaciones sobre la «anarquía» de las «colectivizaciones» y «sindicalizaciones», y la «incompetencia» de los nuevos líderes improvisados. No todo lo que aparece en estas acusaciones está mal. Pero para hacer una valoración justa de los logros revolucionarios, no debemos descuidar el terrible peso de la guerra. Pues las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles tuvieron, en los primeros meses, importantes y profundas consecuencias. Los nuevos principios de gestión, la supresión de los dividendos, permitieron una bajada efectiva de los precios, que al final sólo fue anulada por la vertiginosa subida de las materias primas, que una economía capitalista tampoco habría podido evitar en condiciones similares. La mecanización y la racionalización, introducidas en muchas empresas y ahora exigidas por los propios trabajadores, han aumentado considerablemente la productividad. Los trabajadores hicieron enormes sacrificios con entusiasmo porque, en la mayoría de los casos, estaban convencidos de que la fábrica les pertenecía y de que estaban trabajando -¡por fin! – para ellos y sus hermanos de clase. Fue realmente un nuevo soplo de aire el que pasó sobre la economía española con la concentración de empresas dispersas, la simplificación de los circuitos comerciales, todo un edificio de considerables logros sociales para los viejos trabajadores, los niños, los inválidos, los enfermos y toda la mano de obra.

La gran debilidad de las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles es, más que su improvisación, su carácter inacabado. Porque la revolución, apenas nacida, debe defenderse. Es la guerra que aplastará las conquistas revolucionarias antes de que hayan tenido tiempo de madurar y probarse a sí mismas en una experiencia diaria de contratiempos y progresos, de tanteos y descubrimientos.

Notas

[1] Las comparaciones entre la revolución rusa del 17 y la española del 38 llevan a idénticas conclusiones. Cf. Andrès Nin: «El estallido de la rebelión del 19 de julio aceleró el proceso revolucionario provocando una revolución proletaria más profunda que la propia revolución rusa» (op. cit. p. 230) Y Trotsky: «El proletariado ha manifestado cualidades de lucha de primer orden. Por su peso específico en la economía del país, por su nivel político y cultural, estuvo desde el primer día de la revolución, no por debajo, sino por encima del proletariado ruso de principios de 1917» (op. cit. p. 71). Uno de los signos de la profundidad de la revolución es, sin duda, la participación masiva de las mujeres, presentes en todas partes, tanto en los Comités como en las milicias: si la revolución es efectivamente, como dice Trotsky, «la acción directa de las capas más profundas de las masas oprimidas más alejadas de toda teoría», hay que admitir que éste fue efectivamente el caso en la España de 1936.

[2] Citado en Lizarra, op. cit. pp. 201-202.

[3] Ejemplo: un titular de A.B.C. del 4 de septiembre: «Alicante. Un cura se casa, otro se afilia al Partido Comunista».

[4] Santillán calcula que se retiraron 90 millones de pesetas de los bancos catalanes en los quince días anteriores al levantamiento.

[5] A los ojos de los anarquistas, después de la destrucción del Estado, ésta era la etapa final, la que lo resolvía todo.

[6] Una de las medidas de mayor impacto psicológico inmediato fue la restitución, sin reembolso, de todas las necesidades de la vida en las casas de empeño. Tanto Malraux como Delaprée hablan del «ruido» que hacen las 3.000 máquinas de coser así «devueltas» a las mujeres catalanas.

[7] La Revolución Proletaria, 25 de agosto de 1936.

[8] Este era uno de los orgullos de los revolucionarios españoles que habían conocido la revolución rusa: a Andrés Nin le gustaba contar a sus compañeros que la vuelta al funcionamiento normal de los servicios públicos había sido incomparablemente más rápida en Barcelona 36 que en Moscú 17.

[9] Véase su monografía sobre la colectivización en Puigcerda en La revolución proletaria del 25 de junio de 1937.

[10] Tanto la UGT de Levante como la Federación Campesina de la UGT están controladas por militantes caballeristas. Los comunistas fundan un sindicato de campesinos dirigido por F. Mateu.

[11] Ejemplo de Hospitalet de Llobregat, citado por Peirats.

[12] Véase la obra de Peirats, t. I, cap. xv.

[13] En Giustizia e Liberia, citado por Morrow, p. 144.

[14] Extracto de «Chez les Paysans d’Aragon», citado por Jean Bermer en L’Anarchie, número especial de Crapouillot, p. 44.

[15] 14 de agosto de 1937.

[16] Discurso ante el Comité Central el 5 de marzo de 1937, Tres Años de Lucha, p. 297.

[17] Ibid. p. 298.

[18] El gobierno, a través del sindicato UGT, controla los bancos y tiene acceso al crédito, como tiene acceso al oro. Estas dos armas le permiten frenar e impedir, a su antojo, el funcionamiento de las empresas colectivizadas. También en este caso, los problemas económicos sólo podían resolverse, al menos provisionalmente, en el terreno político, el del Poder. Durruti tocó el tema cuando habló de marchar sobre el Banco de España, y Santillán también cuando, fiel a la tradición de los anarquistas «expropiadores», soñó con un gigantesco asalto a sus bodegas.

[19] «L’intervention des syndicats dans la révolution espagnole», Confrontation internationale, septiembre-octubre de 1949, pp. 43-48. Es él quien reproduce las conclusiones de la comisión de la C.N.T. de Barcelona. La expresión «capitalismo sindical» está tomada de La Batalla.

[20] Ibid. p. 46.

[21]

1. – Regulación de la producción en función de las necesidades de consumo.
2. – El monopolio del comercio exterior…
3. – Colectivización de la gran propiedad agraria que será explotada por los sindicatos campesinos y sindicalización obligatoria de los campesinos individuales.
4. – Devaluación parcial de la propiedad urbana mediante la imposición de impuestos y la reducción de los arrendamientos.
5. – Colectivización de las grandes industrias, los servicios públicos y el transporte público.
6. – Incautación y colectivización de empresas abandonadas por sus propietarios.
7. – Ampliación del régimen cooperativo en la distribución de productos. Control obrero de las operaciones bancarias, incluida la nacionalización de los bancos.
8. – Control sindical de los trabajadores de todas las empresas que siguen funcionando en régimen privado.
9. – Rápida reclasificación de los desempleados.
10. – Supresión rápida de los distintos impuestos para llegar a un impuesto único.

[22] Después de la Revolución, p. 121.

I.7: De la revolución a la guerra civil

Si hemos de creer a varios historiadores nacionalistas, el general Mola, en la noche del 20 de julio, da por perdida la causa rebelde y sólo continúa la lucha porque ya no controla a los requetés y falangistas que ha puesto en marcha. De hecho, este pesimismo se explicaría: el pronunciamiento había sido aplastado en las zonas más importantes, los centros industriales y comerciales de Madrid y sus alrededores, en la parte más activa del Norte, en Asturias y el País Vasco, y en toda la costa oriental. Además, la contraofensiva de las milicias obreras en los días siguientes a su victoria en los centros urbanos pareció desarrollarse en su favor. Las milicias catalanas se lanzan a la conquista de Aragón y baten las murallas de Zaragoza y Huesca. Las milicias madrileñas detienen la marcha de los hombres de Mola en Somosierra y Guadarrama. Madrid se salvó. Pocos días después, la reconquista de Albacete por las tropas leales y las columnas de milicianos permitió restablecer las comunicaciones entre Valencia y Madrid. La reconquista de Badajoz, que cortó las fuerzas insurgentes en dos, privó a Mola de cualquier ayuda inmediata de Franco o Queipo de Llano. La caída del último cuartel de Gijón daría a los trabajadores el control del mayor puerto de guerra del Norte. La flota, instalada en el puerto de Tánger, controlaba el estrecho e impedía la llegada de refuerzos del ejército marroquí a la península.

El equilibrio de poder militar

Los rebeldes, cuya situación estratégica era desfavorable, sólo tenían una ligera superioridad en términos de equipamiento y de mano de obra. La marina -como hemos visto- estaba en contra de ellos. Las fuerzas aéreas, ciertamente pequeñas, se dirigieron al campo popular. Mola, para toda la zona norte, sólo cuenta con una docena de aviones viejos incautados por sorpresa en el aeródromo de León. Es cierto que el número de tropas a disposición de los generales era mayor. Rabasseire los estima en 15.000 oficiales, suboficiales, 38.000 legionarios y «moros» en Marruecos, 30.000 guardias civiles, 30.000 requisitoriados, casi todos con Mola, y unos 70.000 regulares. Pero todas estas tropas están lejos de ser utilizables. Los jóvenes reclutas de los regulares han hecho a menudo causa común con los obreros y parece que se duda en contratarlos. Era necesario mantener grandes fuerzas en la retaguardia [1]. La lucha continuó durante semanas en Galicia y Andalucía. Las tropas marroquíes sólo llegaron en pequeñas manadas.

A principios de agosto, los generales rebeldes sólo se comprometían con pequeñas columnas de número reducido: 3.000 sobre Badajoz, 10.000 en Estremadura, 20.000 para el primer ataque a Madrid. A lo largo de este periodo, los diplomáticos alemanes se hicieron eco de las preocupaciones de la zona nacionalista: faltaba dinero y se necesitaban armas. Las aguerridas y disciplinadas tropas de los moros y del Tercio eran, sin duda, una baza importante; sin embargo, nada indicaba que fueran capaces por sí solas de decidir la victoria.

Por otra parte, las milicias obreras y campesinas revelan muy rápidamente sus debilidades y los límites de su eficacia. Su valor, su entusiasmo y su espíritu de sacrificio los convirtieron en tropas imbatibles en las calles de sus ciudades y pueblos. Pero en la guerra comienzan las dificultades. La organización militar es, la mayoría de las veces, un auténtico caos. Es Durruti quien atestigua: «Hasta ahora tenemos un número muy grande de unidades diferentes, cada una con su propio jefe, su propio número -que varía de un día a otro en proporciones extraordinarias-, su propio arsenal, su propio tren de tripulación, sus propios suministros, su propia política particular con respecto a los habitantes y, muy a menudo, su propia manera particular de entender la guerra» [2]. Jean-Richard Bloch, describiendo lo que él llama la «etapa picaresca» de la guerra civil, escribió: «La primera imagen que ofrece la guerra civil es la de columnas dispares, que luchan de forma particular, cada una de las cuales se reparte un sector de operaciones, vive en él, se abastece y evoluciona en él de forma a veces independiente» [3]. Por lo tanto, en el «frente» eran posibles todo tipo de sorpresas: al desplazarse, uno se encontraba detrás de las líneas enemigas, caía en emboscadas detrás de sus propias líneas, no sabía a qué bando pertenecían las unidades cuyo paso comunicaban los aldeanos. No fue hasta el 26 de agosto cuando se constituyó en el frente de Aragón un Comité de Guerra formado por doce personas, oficiales y activistas políticos, cuya autoridad seguiría siendo muy ilusoria.

No era posible un plan global. Las partidas formaban o reforzaban una columna para una incursión concreta, pero una vez terminada la expedición, todos volvían a casa. Los milicianos protestaron contra quienes querían que no sólo hicieran guardia, sino que también cavaran trincheras. Además, se iban a casa entre dos rondas de guardia y cualquiera que se negara a dormir mientras estaba de guardia por la noche era considerado una especie de maníaco. Una columna que se aleja de su base pierde a la mayoría de sus milicianos: quieren dormir en casa por la noche… Durruti decía que «hacían todas las piruetas de la gran guerra: el bebé enfermo, la mujer dando a luz, la madre moribunda» [4]. En campo abierto, las milicias se mostraron rápidamente ineficaces. Sus éxitos iniciales se lograron a costa de enormes pérdidas. Los hombres no sólo no sabían cómo protegerse, sino que tampoco querían hacerlo: el jefe de la columna anarquista hizo un punto de honor al marchar a la cabeza de sus hombres en campo abierto. Así murió Ascaso, así morirá Mora. Se desprecia la «técnica» de los militaristas, porque el entusiasmo y el espíritu de sacrificio del militante parecen ser lo esencial, como lo fueron en las luchas callejeras. Los militantes no saben mantener, y a menudo ni siquiera saben manejar sus armas, y cuando las tienen, se deterioran y se lesionan por la inexperiencia. Las armas y la munición son escasas. En los frentes de Aragón y Madrid, las unidades relevadas entregaron sus armas a los recién llegados. En Oviedo, el mando militar prohibió disparar al enemigo fuera de un ataque general…

Ciertamente, las armas improvisadas, como los cartuchos de dinamita, hábilmente manejados por los mineros -los dinamiteros- resultarían formidables. Frente a Oviedo, en agosto, los milicianos lograron romper las defensas nacionalistas con camiones blindados -de cemento- cargados de voluntarios armados con lanzallamas. Eran medios improvisados, capaces de lograr un efecto sorpresa, pero incapaces de inclinar la balanza de forma decisiva.

Además, los milicianos no saben escatimar sus municiones como tampoco saben escatimar sus vidas: desperdician sus cartuchos contra los aviones, incluso contra los barcos. Estos hombres, que no son soldados profesionales, no están entrenados ni supervisados. Muchos líderes improvisados se mostraron incapaces. Muchos oficiales «republicanos» traicionaron, se volvieron contra sus hombres, sabotearon, activa o pasivamente. Los artilleros hicieron bombardear a sabiendas a sus propios milicianos. Incluso los oficiales «leales» siguen siendo sospechosos: se les desobedece precisamente porque son oficiales y no se confía en ellos.

Durante los meses de julio y agosto, fue quizás la unidad de mando la que más cruelmente faltó. Fue tras la rebelión cuando se tomaron las primeras iniciativas estratégicas exitosas. Después, cada uno se encerró en su región. Anarquistas y nacionalistas se vigilaron mutuamente en el País Vasco: Mola, en las primeras semanas, pudo darles la espalda tranquilamente. Los catalanes, que atacaban vanamente Zaragoza sin artillería, apenas perturbaron los planes de un enemigo que apuntaba a Madrid [5]. Todo el mundo parecía estar librando su propia guerra sin preocuparse de la que se libraba en la provincia vecina.

Al final, las fuerzas en juego parecían neutralizarse en un equilibrio precario. Mola tropezó contra la Sierra como los catalanes contra el Zaragoza. Los mineros bloquean Oviedo, pero Aranda se prepara para un asedio que amenaza con durar. Comienza el asedio al Alcázar de Toledo.

Los guardias civiles insurgentes del 19 de julio se han encerrado en la antigua fortaleza con provisiones, municiones y rehenes. Los milicianos que los asediaron, como habían asediado las sospechosas guarniciones de Valencia y de otros lugares, dispararon al azar contra sus gruesos muros. No fue hasta el día 34 del asedio que se trajo un cañón. Pero no bombardeó inmediatamente el Alcázar, sino que se limitó a destruir las casas circundantes para aislarlo y cortar por completo los contactos de los sitiados con el mundo exterior. En Gijón los dos cuarteles fueron tomados a finales de la segunda semana de agosto, literalmente dinamitados por los mineros. Nadie en Toledo se atrevió a tomar la iniciativa de tales medios, porque el coronel Moscardó, que mandaba a los sitiados, se negó a soltar a los cerca de 600 rehenes, mujeres y niños acorralados en los barrios populares durante la retirada y que iban a vivir durante varias semanas espantosas en la oscuridad y el hedor de los sótanos. Louis Delaprée, al verla por primera vez el 24 de agosto, después de 34 días, escribió: «En las pequeñas y tortuosas calles de la ciudad, en cuanto se ve una de sus cuatro torres entre dos tejados, hay que pegarse a una pared… Por todas partes, montones de sacos de tierra bloquean la vista. Milicianos con grandes sombreros de paja en la cabeza, escondidos detrás de estas barricadas, vigilan a los vigías desde 50, 40, a veces 20 metros de distancia. De vez en cuando, cansados de intercambiar balas, se lanzan insultos. Uno acaba por no saber si está asediando o siendo asediado». [6]. Los rojos», escribió Henry Clérisse, «sólo tenían que querer aplastar a la heroica guarnición. El hecho es que no querían hacerlo. Sólo el 3 de agosto se trajo una pieza pesada, un cañón 420. Hasta el final, los sitiadores intentaron salvar la vida de los rehenes, ofreciendo a cambio la promesa de vida a todos los sitiados, que se negaron obstinadamente. Sucesivamente, el comandante Rojo, antiguo profesor de la Escuela Militar, el padre Camarasa, canónigo de Madrid, y el encargado de negocios chileno, trataron de convencerles durante estas pintorescas treguas, descritas por Malraux y Koltsov en términos casi similares: los milicianos insultaban a los guardias mientras se distribuían cigarrillos y cuchillas de afeitar.

Durante unas breves semanas, el conflicto español reflejó la batalla en torno al Alcázar. Ninguno de los dos bandos parecía capaz de ganar.

El desglose de la balanza

Pero este equilibrio se vio pronto alterado por la intervención extranjera. Portugal había sido durante mucho tiempo uno de los centros de la conspiración: fue, desde los primeros días, una de las bases de la insurrección. El Hotel Aviz de Lisboa servía de relevo para las comunicaciones telefónicas entre Burgos y Sevilla. Los rebeldes se movían libremente entre España y Portugal y sus primeros aviones alemanes tenían su base en territorio portugués, en Cala, a 2 km de la frontera. Por otro lado, el gobierno de Salazar entregó a todos los refugiados «de izquierdas» a los rebeldes. Italia, por su parte, envió los primeros aviones prometidos a los rebeldes a finales de mes. A principios de agosto, Alemania también entregó material de guerra, que fue desembarcado en Lisboa. Las flotas alemana e italiana intentaron proteger el paso de las tropas moras de Marruecos a España, interponiéndose entre la flota republicana y los transportes nacionalistas. Junkers y Caproni proporcionaron el primer «puente aéreo» [8] que permitió la victoria de Queipo.

El bando republicano no recibió una ayuda comparable. Las primeras entregas de aviones decididas por el Ministro del Aire francés provocaron una protesta: el gobierno del Frente Popular francés cedió a la presión británica y a la campaña de prensa desatada contra él. El 27 de julio, prohibió la entrega de armas a España y luego lanzó la idea de «no intervención», que Inglaterra y la URSS aceptaron[9]. A partir de ese momento, sólo los rebeldes serían suministrados con armas y municiones de forma continua y sustancial, ya que Alemania e Italia, aunque también se unieron al Comité de No Intervención, no detendrían sus entregas [10].

La República Española estaba ahora aislada, y los generales rebeldes se beneficiaban de una conjunción internacional de facto. Bajo la presión de las amenazas de Franco y las exigencias de Roma y Berlín de respetar el «Estatuto de Tánger», los gobiernos de Londres y París obtuvieron de Giral la evacuación del puerto de Tánger por la flota republicana en los primeros días de agosto [11]. El día 4, los primeros contingentes masivos marroquíes desembarcan en Tarifa. A partir de entonces, las comunicaciones ya no se verían obstaculizadas entre Marruecos y España: a los nacionalistas ya no les faltarían soldados ni equipamiento.

La ofensiva nacionalista

Entonces podrían lanzar su primera gran ofensiva e intentar unir sus dos zonas. El 6 de agosto, las tropas marroquíes de Franco atacaron hacia el oeste: la complicidad de Portugal protegería su flanco izquierdo cuando giraran hacia el norte para unir fuerzas con las tropas de Mola. Las columnas avanzaron sin encontrar ninguna resistencia real, siguiendo los caminos principales y eliminando, después de haberlos rodeado, los bloqueos precarios instalados en su ruta por iniciativa de los comités de campesinos u obreros. El 11 de agosto, la columna Tella capturó Mérida, que estaba completamente minada, pero que no explotó. La columna Yagüe, 1.500 hombres motorizados con algunas baterías de artillería ligera, cruzó Sierra Morena el día 7, llegó a Badajoz el 13 y la tomó el 14. Para el día 12, el jefe de los asaltos de Badajoz, el comandante Ávila, había cruzado la frontera portuguesa, denunciando el dominio de la ciudad por «la chusma armada». En la mañana del día 13, fue el alcalde de Badajoz quien huyó a su vez. Cincuenta milicianos encerrados en la catedral resistieron los ataques de los moros durante dos días y se suicidaron cuando se les acabó la munición: el heroísmo de los combatientes no pudo compensar la traición de los jefes militares y el caos creado por la revolución.

Los nacionalistas se volcaron entonces en el frente norte, donde Mola, que contaba con un gran número de tropas, los «requetes» de boina roja, cubiertos de medallas y escapularios sagrados, temía quedarse sin munición. El 1 de agosto, el marqués de Portago, su enviado personal, estuvo en Berlín pidiendo aviones. El día 8, el embajador alemán en París transmitió su petición de 10 millones de cartuchos. El material y las municiones llegaron a Portugal. El cruce con el Sur asegura la parte trasera. El 15 de agosto la ofensiva tomó forma. El día 19, San Sebastián estaba casi rodeado, la columna Beorlegui estaba a las puertas de Irún. Los moros de Franco entraban ahora por Badajoz para reforzar las tropas de Mola.

La marcha sobre Badajoz (julio-agosto del 36)

Este es el comienzo de la Batalla de la Fortaleza [12]. Aquí la milicia luchó de espaldas al mar contra un ejército claramente superior. La aviación alemana apoyó la ofensiva de Mola. Su repentina aparición, el ametrallamiento sobre el terreno y el bombardeo provocaron el pánico en las filas de los milicianos en campo abierto. Pero en los pueblos estaban dispuestos a colgarse de todas las paredes. No siempre ocurre lo mismo con su mando. En las filas de los defensores se produjeron las mismas desavenencias que en Badajoz. Los hombres de la C.N.T., dispuestos a defenderse hasta el final, amenazaron con fusilar a los rehenes si los bombardeos aéreos continuaban, y querían destruir completamente las ciudades para no dejar al enemigo más que ruinas, si finalmente tenían que ceder. Los elementos moderados del Frente Popular, principalmente los nacionalistas vascos, en cambio, querían preservar las ciudades y sus habitantes y se negaban a tomar represalias contra los rehenes. Las milicias vascas defenderían la Iglesia y los bienes contra las milicias anarquistas hasta el final. La resistencia fue feroz frente a Irún, en Rentería, bajo la dirección política de un comité obrero de metalúrgicos y la dirección militar de un antiguo oficial, voluntario francés, Jacques Menachem. Las autoridades intentaron salvar a los 180 rehenes encerrados en el fuerte de Guadalupe, que finalmente fueron liberados [13].

Finalmente se rindieron: el Comisario de Guerra cruzó la frontera francesa tres días antes de la caída de Irún. Pero los comunistas y el C.N.T. lucharon hasta el último cartucho, con un puñado de voluntarios internacionales. Cuando se les acabó la dinamita, los ocho defensores del Fuerte Marcial, que resistieron durante 60 horas a los moros, hicieron rodar piedras contra los atacantes. Los últimos milicianos que cruzaron el puente internacional el 4 de septiembre mostraron con sorna sus cartucheras vacías. Un tren de municiones enviado por los catalanes fue detenido por las autoridades francesas. Cajas con 30.000 cartuchos esperaban en Barcelona a que el Douglas prometido por el gobierno los transportara a Irún. La ciudad estaba en llamas: los nacionalistas sólo habían conquistado ruinas.

La tragedia de Irún pareció agudizar las contradicciones en el campo republicano. El 8 de septiembre, San Sebastián fue, según el corresponsal de Havas, escenario de «verdaderos combates callejeros». Los militantes de la CNT irrumpieron en el Kursaal donde había rehenes. El gobernador, un oficial carabinero socialista, el teniente coronel Ortega, intentó entablar negociaciones con Mola: su hijo iba a Francia para ir a la zona nacionalista. Se rumorea que ofrece a los rebeldes la promesa de respetar a los rehenes, las casas y los monumentos y de devolver San Sebastián si los nacionalistas conceden previamente la amnistía a los combatientes. No se ha publicado nada oficialmente sobre estas negociaciones. Pero el día 11, los aviones nacionalistas lanzaron octavillas sobre la ciudad: «Mantened el orden en vuestra ciudad. Te doy 48 horas de respiro. Estoy dispuesto a escuchar la voz de los nacionalistas vascos». Los rehenes, custodiados, fueron trasladados a Bilbao. En San Sebastián, la situación es confusa. La radio nacionalista anuncia el asesinato de Leizaola, la detención de Irujo por los anarquistas. Maurice Leroy envió un cable a Paris-Soir el día 11 diciendo que Irujo era «dueño de la situación», y el día 13 que los anarquistas eran «dueños de la ciudad». En realidad, los nacionalistas vascos ganaron. Los revolucionarios fueron derrotados en esta guerra civil, dentro de la propia guerra civil 14. La policía y las milicias vascas disparan sumariamente a los «saqueadores» e «incendiarios». El día 14 los republicanos evacuaron San Sebastián por la carretera de Bilbao que dejaron libre los carlistas. Ese mismo día, inmediatamente después de su salida, las tropas de Mola entraron en la capital guipuzcoana, donde quedaron cincuenta guardias para asegurar la continuidad de la ley y el orden.

Amenaza para Madrid

El equilibrio de poder, sacudido por la masiva ayuda alemana e italiana, era tal a principios de septiembre que la mayoría de los observadores esperaban la caída de Madrid a corto plazo: parecía improbable que los milicianos pudieran hacer frente a los soldados profesionales, los tanques y la aviación que tenían enfrente. Pero la esperada ofensiva se pospuso. Franco fue cauto y lo retrasó por los refuerzos que había que enviar al Norte: parecía querer concentrar fuerzas suficientes para golpear sólo cuando fuera seguro. Pero sobre todo, un elemento sentimental intervino en el curso de las operaciones militares. Desde principios de agosto, la prensa nacionalista y los periódicos simpatizantes de la rebelión en el extranjero cantaban las hazañas de los cadetes de la Escuela Militar de Toledo. En realidad, sólo una decena de cadetes estaban en las filas de los defensores de la fortaleza [15]. Pero la heroica defensa de los guardias civiles fue presentada por esta propaganda como obra de los cadetes, que simbolizaban así la resistencia de la juventud española a la dominación «roja»: los «cadetes del Alcázar» se convirtieron en leyenda[16]. Con la formación del gobierno de Caballero, la presión de los sitiadores aumentó: el edificio, bombardeado esta vez, estaba en ruinas. Los guardias seguían resistiendo en los túneles subterráneos. Pero los suministros de alimentos comenzaron a disminuir y el suministro de agua a agotarse [17]. Franco desestimó la posibilidad de una marcha sobre Madrid para intentar liberar el Alcázar [18]. Su ejército atacó hacia el sur, a lo largo del valle del Tajo. El 4 de septiembre, la vanguardia marroquí del coronel Yagüe entró en Talavera de la Reina.

Los milicianos resistieron aquí y allá, pero en otros lugares se dejaron llevar por el pánico y huyeron en medio de una terrible estampida, de la que Malraux dio una notable imagen. Dos columnas de motos enviadas desde Madrid para reforzar Toledo fueron rodeadas por sorpresa y exterminadas. El 27 de septiembre, la vanguardia marroquí del general Varela entró en Toledo. Al anochecer, una sección de moros se unió a los hombres de Mascarda. El Alcázar fue entregado. Los sitiadores del día anterior, asediados a su vez en las casas de los alrededores, caen uno tras otro. La capital está ahora amenazada. El mundo entero espera su caída y terribles represalias.

La marcha sobre Toledo (agosto-septiembre de 1936)

El terror

La insurrección militar comenzó en todas partes con la detención, el asesinato o la ejecución tras un juicio sumario de oficiales o soldados republicanos [19]. La «purga» así emprendida fue acompañada en todas partes por la liquidación sumaria de todo lo que pudiera considerarse un sindicato, un partido obrero o simplemente un dirigente republicano [20]. El paseo, también aquí, era la norma, con la diferencia de que nadie exigía su fin, porque sus organizadores, los requetés y falangistas, eran también los dueños del orden público. Las masacres de presos se convirtieron en un fenómeno cotidiano, la única forma, al parecer, de hacer sitio en las siempre abarrotadas cárceles[21]. La voluntad de destruir al adversario es tan evidente como en las filas contrarias. Entre los republicanos, es masivo, público y espontáneo. Aquí se organizó y dirigió, justificada por todos, incluidas las más altas autoridades eclesiásticas, como el arzobispo de Toledo, que proclamó que era por amor al Dios de nuestros padres que había armado la mano de media España contra el «monstruo moderno, el marxismo o comunismo, una hidra de siete cabezas, símbolo de todas las herejías»[22]. Pasaron varios meses antes de que tuviéramos indicaciones precisas del «terror blanco» que se desató en toda la zona nacionalista.

Los métodos utilizados por el ejército rebelde para planificar sus conquistas son más conocidos: a los corresponsales de guerra se les permite ir al frente, mientras que las prisiones les están obviamente prohibidas. Los soldados moros, reclutados entre las tribus más primitivas, llevan la delantera. Violan a las mujeres, castran a los hombres, lo que, a ojos de Brasillach y Bardèche, es una «operación de tipo casi ritual». Pero las otras tropas no se quedaron atrás: las mujeres fueron las víctimas preferidas de un sadismo generalizado; no sólo fueron violadas, sino sistemáticamente humilladas, rapadas, pintadas con minio, purgadas con aceite de ricino. El general Queipo de Llano está orgulloso de ello. Declaró en Radio Sevilla el 23 de julio: «Las mujeres de los rojos también han aprendido que nuestros soldados son hombres de verdad y no milicianos castrados; las patadas y los gritos no los salvarán» [23].

La prensa internacional está llena de ejemplos dados por corresponsales cuyas simpatías suelen estar con los rebeldes. Bertrand de Jouvenel relató en el Paris-Soir del 23 de julio la ejecución de los ferroviarios que habían defendido a Alfera contra las exigencias de la columna Escamez [24]. La entrada de los nacionales en Badajoz fue acompañada de una verdadera carnicería. El corresponsal especial de Havas informa que hay cadáveres en la catedral, al pie del altar, y que «en la plaza principal yacen los cuerpos de los partidarios del gobierno, ejecutados en serie, alineados frente a la catedral». Los corresponsales del New York Herald y de Le Temps describieron esta carnicería, que los oficiales nacionalistas trataron de justificar diciendo que les era imposible vigilar a los prisioneros. Una columna de fugitivos fue conducida a la frontera portuguesa, llevada a la ciudad y masacrada en el lugar. El corresponsal de Le Temps hablaba de 1.200 ejecuciones, de aceras cubiertas de sangre en las que todavía se bañaban las gorras, o del momento en que todavía se disparaba a la gente en la plaza principal. Brasillach reconoció que «era un método duro» y añadió que «todo combatiente era fusilado porque, mientras no hubiera movilización general, era militante» [25]. El terror es el medio para vencer la resistencia de las masas. En todo caso, así lo entendieron los líderes de la rebelión. El 30 de julio, Franco dijo a un periodista del News Chronicle que estaba dispuesto, si era necesario, a «fusilar a media España». El 18 de agosto, Queipo de Llano: «El 80% de las familias andaluzas están de luto y no dudaremos en recurrir a medidas más rigurosas. Y el coronel Barato dice al corresponsal del Toronto Star: «Habremos establecido el orden cuando hayamos ejecutado a dos millones de marxistas.

La huida masiva de los campesinos ante cada ataque nacionalista demuestra, en cualquier caso, que los jefes militares han conseguido su objetivo y que sus tropas inspiran un profundo terror. Un despacho de Delaprée describe este «inmenso éxodo» de los campesinos de Extremadura, «empujando sus cerdos y cabras por delante, las mujeres arrastrando sus mocosos» [26]. Sin embargo, en esta multitud consternada, los hombres, estos «campesinos de caras bronceadas, blusas cortas y grandes sombreros», exigieron inmediatamente el fusil que ya no soltarían, ni para comer ni para dormir, y volvieron a luchar. Porque el terror es un arma de doble filo: decenas de miles huyen por las carreteras, pero otros tantos obreros, campesinos e intelectuales cogen un arma para luchar, como sea, pero luchar. Todas las preocupaciones y aspiraciones anteriores parecen desvanecerse ante esta voluntad desesperada de resistir, de bloquear el camino, de ganar. A lo que les parece una máquina de guerra altamente entrenada y equipada, hay ahora miles de personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para oponerse a otra máquina, no menos eficiente: las consignas de «disciplina», de «mando único» encuentran eco. Debemos, a toda costa, luchar y aguantar. En primer lugar, y para no perecer, había que acabar con el caos nacido de la multiplicidad de autoridades y de los conflictos de poder, establecer una disciplina, construir un mando, adaptar las milicias a su tarea vital: la guerra.

Notas

[1] Sin embargo, fueron las milicias políticas, en particular las de los falangistas, las que parecieron dedicarse a la labor de «limpieza».

[2] Citado en Cataluña 36-37, pp. 18-19.

[3] J.-R. Bloch, op. cit. p. 127.

[4] Citado en Peirats, vol. I, p. 221.

[5] Según Koltsov, Durruti le dijo a Trueba: «Toma toda España, pero no toques Zaragoza: la operación de Zaragoza es mía» (op. cit. p. 45). Todos los grupos tenían más o menos esta mentalidad.

[6] Delaprée, op. cit. p. 77.

[7] Clérisse, op. cit. p. 189.

[8] Véase la segunda parte, capítulo II.

[9] Ver Parte 2, Capítulo I.

[10] El gobierno español no hizo nada para movilizar a la opinión simpatizante en el extranjero contra la no intervención. Fue el socialista de Los Ríos, hablando en su nombre, quien insistió en que Léon Blum renunciara a su dimisión y permaneciera en el poder tomando la iniciativa de la no intervención (véase la parte 2, capítulo I). El 9 de agosto, el presidente Giral declaró: «El gobierno español no quiere ninguna intervención extranjera en la lucha que está llevando a cabo, ya sea abierta o encubierta, directa o indirecta, ya sea que favorezca a un bando o a otro.

[11] Véase el capítulo V.

[12] Este fue, en efecto, el período de los asedios. A Oviedo, Toledo y La Cabeza se les unió Irún y luego San Sebastián.

[13] El 25 de agosto, el teniente coronel Ortega ya había liberado a un cierto número de rehenes «por humanidad», entre ellos el conde de Romanones, que se refugió en Francia.

[14] No parece que los dirigentes de la C.N.T. hayan tomado realmente la iniciativa de resistir a las autoridades vascas. M. Leroy, en el Paris-Soir del 14 de septiembre, informó de una dramática reunión en la que el gobernador Ortega, ayudado por el comunista Larrañaga, se enfrentó a los dirigentes de la C.N.T. Gesgobu y Orthiano: la decisión de evacuar fue el resultado. Gala Díez, la dirigente de la C.N.T. (En la tormenta, p. 30), escribe: «Podemos afirmar que la evacuación de San Sebastián fue la más tranquila, ordenada y eficaz de todas las que se realizaron en tan poco tiempo. Esto significa aceptar la responsabilidad por ello. Sin embargo, reprocha a los nacionalistas vascos que hayan dejado a los sublevados las «riquezas de la iglesia» y las «cosas útiles de las fábricas, talleres y casas comerciales». Y añade: «Cuando nuestros compañeros quisieron destruirlos, se opusieron con las armas en la mano, y tuvimos que ceder para evitar una lucha fratricida.

[15] Clérisse precisa que la guarnición estaba compuesta por 650 guardias civiles, 150 asaltos del 14 Tercio de Madrid, una docena de oficiales y ocho cadetes.

[16] Véase el libro de Massis y Brasillach Les Cadets de l’Alcazar. Los autores relatan, por ejemplo, este episodio especialmente dramático: el 26 de julio los milicianos amenazaron por teléfono al coronel Moscardó con fusilar a su hijo si no entregaba la fortaleza. Moscardó se negó y su hijo fue ejecutado. Basándose en el testimonio de Matthews y en la crítica comparativa de los distintos relatos sobre este asunto, Pedro Isasi afirma en El Socialista (26 de septiembre de 1957) que este episodio fue inventado, ya que el joven Moscardó fue, según él, asesinado en el asalto a Montana, y su familia quedó libre. También afirma que el teléfono exterior del Alcázar estaba cortado desde el 22 de julio. Matthews, en la edición inglesa de su libro El yugo y las flechas, admite que se equivocó sobre la muerte del joven Moscardó en el asalto a Montana. Hugh Thomas, después de haber confrontado las tesis y entrevistado a varios testigos, concluye que la tesis nacionalista es válida (The Civil War in Spain, p. 203).

[17] Según uno de los sitiados (Paris-Soir, 30 de septiembre), las reservas de carne de la fortaleza consistían en 98 caballos y 12 mulas.

[18] De todos los historiadores nacionalistas, Aznar es el único que aprueba la iniciativa de Franco. Todos los demás consideran que los desvíos por el Alcázar evitaron la caída de Madrid.

[19] En Madrid, el teniente coronel Carratala, en Valladollid, el general Molero. Más tarde fueron fusilados el general Datet -vencedor de la sublevación catalana de 1934- y el general de aviación Núñez del Prado, y más tarde, en Zaragoza, los generales Salcedo, Corridad Pita, Romerales y Campis. Prueba de que todo el ejército no estaba con los rebeldes.

[20] Véase al respecto la Memoria del Colegio de Abogados de Madrid, reproducida por Peirats. Clérisse lo confirma.

[21] Bahamonde, Jean de Pierrefeu.

[22] Louis Martin-Chauffter, en Rebelión y catolicismo, ha dado numerosos ejemplos de persecución por parte de los nacionalistas: templos quemados, pastores fusilados…

[23] Citado por V. Alba, op. cit. p. 331.

[24] Véanse, en particular, las ejecuciones masivas durante la conquista de Andalucía en el Journal y en el Paris-Soir. En cada pueblo, según B. de Jouvenel y Leroy, las arenas se transformaron en fosas comunes. Triana fue limpiada «con granadas y cuchillos». Siguieron las ejecuciones de rehenes, cuyos cadáveres permanecieron expuestos durante días. Véase también el informe de Henry Danjou sobre el asalto a Mérida por parte de los legionarios, la ejecución de los militantes obreros que la defendieron, y el de Anita López, el Alma del Comité.

[25] La emoción causada por estos informes de prensa en la opinión internacional será considerable. En el futuro, la censura sería más severa en la zona nacionalista, de la que se filtraría poca información o documentos sobre la represión. Robert Bru, operador de Pathé-Nathan, fue detenido en Sevilla, acusado de haber transmitido fotos de Badajoz a Francia.

[26] Delaprée, op. cit. p. 89.

I.8: La liquidación del poder revolucionario

Badajoz, Irún, Talavera, Toledo son los escenarios de una campaña de verano desastrosa para los revolucionarios, la condena también de una dualidad de poder que tiene gran parte de la responsabilidad de estos reveses militares. Para hacer la guerra, se necesita una sola potencia. La dualidad entre el poder de los Comités y el del Estado es un obstáculo para la conducción de la guerra. El único problema, en el otoño de 1936, es saber cuál de los dos poderes, republicano o revolucionario, se impondrá.

Comités y soviets

Creando, a todos los niveles, organismos de tipo «consejo», órganos de lucha, luego organismos de poder, a los que llamaron consejos, comités o juntas, los obreros y campesinos españoles habían retomado, sin saberlo, a su manera y a su estilo, la tradición de las revoluciones obreras y campesinas del siglo, la de los «consejos de obreros, campesinos y soldados», la de los Soviets de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, la de las Räte de la revolución alemana de 1918-1919 [1].

La tradicional división de la clase obrera española explica perfectamente que la forma inicial de organización del poder revolucionario, tras el 19 de julio, fuera el resultado de acuerdos entre partidos y sindicatos. Sin embargo, como hemos visto, los Comités representaban en sus inicios mucho más que la suma de representantes de diferentes organizaciones. Más que comités de enlace, eran la expresión de la voluntad revolucionaria de miles de militantes, y eso independientemente de su afiliación política. La mejor prueba de ello es la hostilidad o indiferencia, respecto a las instrucciones de sus propios partidos, de muchos militantes que se habían mostrado mucho más dóciles, durante las primeras semanas, con sus Comités. Pero esta situación no podía continuar indefinidamente. Para que los Comités se convirtieran en verdaderos soviets, tendrían que haber dejado de estar compuestos por líderes organizativos -nombrados o elegidos- y convertirse en órganos elegidos y revocables en los que la ley de la mayoría, y no la regla de los acuerdos en la cumbre, desempeñara un papel democrático. En ningún lugar de España ocurre esto. Los obreros y campesinos españoles nombraron sus comités de forma espontánea. Pero con igual espontaneidad los ponen bajo la égida de los partidos y los sindicatos, que no están decididos, por su parte, a ceder a un nuevo organismo la autoridad y el poder que han podido conquistar gracias al hundimiento del Estado.

Ningún partido o sindicato defiende el poder de los comités de gobierno, ni su transformación en soviets. Santillán, hablando del Comité Central, escribía: «Había que fortalecerlo, apoyarlo, para que cumpliera aún mejor su misión, ya que la salvación estaba en su fuerza, que era la fuerza de todos», y confesaba su fracaso: «En esta interpretación, quedamos aislados frente a nuestros propios amigos y camaradas»[2]. André Nin, que conocía la revolución rusa, afirmaba que los Comités no podían convertirse en soviets, porque España no los necesitaba [3].

Así, poco a poco, los Comités dejarán de ser verdaderos organismos revolucionarios, porque no se transformarán en una expresión directa de las masas levantadas. Volvieron a los «comités de entendimiento», en los que la acción de los obreros y campesinos se hacía sentir cada vez menos, a medida que nos alejábamos de las jornadas revolucionarias y del ejercicio directo del poder en la calle por parte de los obreros en armas, en las que, por el contrario, la influencia de los aparatos partidarios y sindicales se hacía preponderante.

Por lo tanto, es a estos últimos a quienes les corresponderá, en última instancia, la tarea de resolver el problema del poder, tal como se plantea en el otoño de 1936, en el curso de la revolución y ante la guerra civil. ¿Qué autoridad debe sustituir a la otra? ¿Quién debe tener el poder? El gobierno del Frente Popular, con sus funcionarios, sus magistrados, su policía, su ejército, en una palabra un aparato estatal reconstituido… ¿O un gobierno de Consejos y Comités, con sus comités regionales y locales, sus consejos de fábrica, sus milicias de combate, sus comisiones de investigación, sus patrullas de control, sus tribunales revolucionarios? ¿Un gobierno basado en el respeto a la propiedad privada, emanado de la asamblea elegida en febrero con el programa liberal del Frente Popular? ¿O un gobierno que emana de los Consejos y Comités y que se propone la tarea revolucionaria de realizar el socialismo con sus matices, «autoritario» o «libertario»?

El contexto internacional

Esto plantea el problema mismo de la revolución. ¿Debe continuar o no? ¿Debe detenerse o no? Las pequeñas diferencias de opinión sobre estas cuestiones se convierten rápidamente en oposiciones irreconciliables. La búsqueda de la revolución a toda costa conlleva el riesgo de perder la guerra. El deseo de detener la revolución lleva directamente a combatirla y, por tanto, a cambiar por completo los datos de la guerra civil.

Es evidente que en 1936 la correlación de fuerzas a escala mundial estaba lejos de ser tan favorable a la revolución española como lo fue a la revolución rusa en 1917-19. La URSS había dejado de ser el motor del movimiento revolucionario mundial. Es el momento en que Stalin emprende la liquidación de la vieja guardia de los bolcheviques, decapita al movimiento comunista internacional en una serie de juicios y purgas. Alemania, donde la revolución obrera había sido una amenaza durante más de una década, veía ahora su movimiento obrero, sus partidos y sus sindicatos, aplastados bajo el talón de hierro del nazismo. El régimen fascista de Mussolini es indiscutible en Italia. No quedan perspectivas revolucionarias cercanas en Europa del Este. Inglaterra es perfectamente estable. Francia es la única excepción, donde la gran ola de huelgas de junio de 1936 acaba de terminar. Sin embargo, parece que el gobierno del Frente Popular del socialista Léon Blum lo ha detenido definitivamente. Al socialista revolucionario Marceau Pivert, que afirmaba en junio de 1936 que «todo era posible» y que veía en la acción de la clase obrera española [4] un ejemplo revolucionario a seguir en Francia, Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, le respondió que no todo era posible y que había que saber poner fin a una huelga cuando se alcanzaban sus objetivos. La amenaza hitleriana pesaba mucho en los argumentos de quienes predicaban la moderación: estaba claro que ni el Partido Socialista S.F.I.O. ni el Partido Comunista aceptarían ir más allá de los límites del programa «radical-socialista» del Frente Popular, del que constituían el ala obrera. Además, es poco probable que sus tropas se vean desbordadas en un futuro próximo. En Francia no existen formaciones políticas o sindicales equivalentes a la C.N.T.-F.A.I., el P.O.U.M., cuyo papel es esencial en el movimiento español. La clase obrera francesa demostrará de mil maneras su simpatía por la revolución española. Pero sólo lo conoció a través del Populaire, l’Humanité, o Paris-Soir [5], que le dieron imágenes esencialmente poco diferentes. Los amigos franceses de la C.N.T. y del P.O.U.M. sólo pueden oponer a los grandes órganos del Frente Popular o a la gran prensa la propaganda dispersa de los periódicos episódicos y de las reseñas confidenciales, emanadas de organizaciones minúsculas, violentamente enfrentadas entre sí. Los revolucionarios españoles se sienten solos.

Por supuesto, es posible discutir interminablemente las posibilidades que tenían de compensar este aislamiento con una audaz política revolucionaria [6]. Se puede estar de acuerdo con Trotsky en que la revolución española abrió la posibilidad de una inversión del equilibrio de poder a escala mundial, y que su derrota preparó el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que el sentimiento de aislamiento fue uno de los elementos que determinó la actitud de los revolucionarios españoles, muchos de los cuales renunciaron a seguir la revolución. No en vano, las razones de la política de no intervención eran los temores de los capitalistas británicos y franceses por sus intereses inmediatos en España y, a más largo plazo, en sus propios países [8]. Londres y París pueden considerar apoyar, con mucho cuidado, una España democrática y republicana, pero no una España revolucionaria. Todo el mundo, incluidos los anarquistas, es perfectamente consciente de ello en España. Razón o pretexto, el argumento es contundente: no hay que asustar a los posibles proveedores. La política de la URSS también trabajará en la misma dirección: el asunto español, a los ojos de Moscú, no debe proporcionar, a cualquier precio, la oportunidad de aislar a la URSS y separarla de las democracias occidentales. Si añadimos que Stalin no tiene el menor deseo de apoyar un movimiento revolucionario del que considera a algunos de los animadores, anarquistas y comunistas disidentes del O.U.P., como sus peores enemigos porque son posibles competidores del monopolio de los PC sobre la clase obrera, podemos comprender que la U.R.S.S. no tuviera ninguna dificultad en adherirse al Comité de No Intervención en cuanto se formó.

Por supuesto, el contexto internacional no lo explica todo. Pero sólo eso explica la rapidez con la que el débil partido republicano de la pequeña burguesía española, aplastado en julio de 1936 entre los generales sublevados y los obreros en armas, consiguió reconstruir su Estado. Pues fue el contexto internacional el que proporcionó a los verdaderos artífices de esta reconstrucción del Estado republicano, los socialistas y comunistas, y en gran medida los anarquistas, sus argumentos más eficaces a favor de la «respetabilidad» de España, el respeto a la propiedad y las formas parlamentarias contra la revolución de los Comités y las colectivizaciones.

Los partidarios de la restauración del estado republicano

Los estadistas republicanos no parecen capaces de librar la batalla que les corresponde. Los mismos que habían sido ministros de Casares Quiroga y luego de Martínez Barrio formaron el gobierno de Giral. Hemos visto que se esfuerzan por perdurar, por asegurar la supervivencia de una apariencia de legalidad. Pero son incapaces de imponer su autoridad, y las tropas revolucionarias se les escapan por completo [9].

Sólo los dirigentes obreros, en la medida en que toleran al gobierno, impiden su desaparición. Sólo ellos podían, por su prestigio, devolver cierta autoridad a un gobierno legal. Esto es lo que Prieto entendió perfectamente. Seguía firmemente convencido, incluso más después de la revolución que antes, de que España tenía por delante un largo período de desarrollo capitalista normal. Los «excesos revolucionarios», a sus ojos, comprometen cada vez más el futuro del país. La única tarea realista para él era construir un sólido régimen republicano apoyado por un fuerte ejército: sólo así podría obtener, contra los generales y sus aliados, la ayuda de las «democracias» de Londres y París. Así, escribió en El Socialista: «Esperamos que la valoración de la revolución española por parte de algunos demócratas cambie, pues sería una pena, una verdadera tragedia, comprometer estas posibilidades (de ayuda) acelerando el ritmo de la revolución que, por el momento, no nos conduce a ninguna solución positiva. Su preocupación por conservar la simpatía occidental le llevó a declarar en una entrevista a Havas el 2 de septiembre que estaba «encantado de que el gobierno francés haya tomado la iniciativa con sus propuestas de no intervención».

Verdadero ministro sin título, Prieto fue sin embargo el primero en darse cuenta de la gravedad de la situación. En una entrevista con Koltsov, el 26 de agosto, reconoció francamente la impotencia del gobierno. Como antes de la revolución, pensaba que los socialistas debían participar en las responsabilidades gubernamentales. Pero el estado de ánimo de las masas es tal que llega a propugnar, sin vacilar, la formación de un ministerio encabezado por su antiguo adversario Largo Caballero, el único cuyo nombre y prestigio podrían suscitar la indispensable confianza popular. «Mi opinión sobre él es conocida por todos. Es un tonto que quiere ser inteligente. Es un desorganizador y un mensajero que pretende ser un burócrata metódico. Es un hombre capaz de llevar todo y a todos a la ruina. Y, sin embargo, hoy es el único hombre, o al menos el único nombre útil para poner a la cabeza de un nuevo gobierno. Al afirmar que está dispuesto a entrar en ese gabinete, para trabajar bajo la dirección de Caballero, dijo: «No hay otra salida para el país. Tampoco hay otra salida para mí si quiero ser útil al país» [10]. Siempre lúcido y pesimista, declaró pocos días después a Álvarez del Vayo que un gobierno de Largo Caballero sería la «última carta» del régimen[11].

Prieto y sus amigos no fueron los únicos en el campo obrero que defendieron el moderatismo y la lealtad al régimen republicano. El Partido Comunista Español y su filial, el P.S.U.C. -más libres en sus movimientos, porque no tienen que contar, como el Partido Socialista, con una oposición interna- han tomado a menudo posiciones aún más claras ante ellos [12]. Después del 19 de julio, la mayoría de sus militantes siguieron la corriente revolucionaria, participando y apoyando la acción de los Comités de Gobierno. Sus dirigentes, en cambio, apoyaron todos los intentos republicanos de preservar el Estado. En Valencia, el Partido Comunista desaprobó al Comité Ejecutivo Popular en su oposición a la Junta Delegada de Martínez Barrio. En Barcelona fue Comorera, líder del P.S.U.C., quien trató de empujar a Companys a resistir a la C.N.T., y luego participó en el gobierno de Casanovas, formado para eliminar el Comité Central, a principios de agosto. La dirección del PC no ocultó esta política. Aprobó el intento de Giral de reconstituir el ejército y emitió un memorando al respecto.

La prensa comunista internacional no siempre entendió esta política a primera vista. El Daily Warker del día 22 afirmaba que estábamos «avanzando hacia la República Soviética Española», mediante el triunfo de la «milicia roja». Sin embargo, rápidamente se rectificó el tiro. El 3 de agosto, L’Humanité, a petición del PC español, declaró que el pueblo español no luchaba por la instauración de una dictadura del proletariado», y que «sólo conocía un objetivo: la defensa del orden republicano, con respeto a la propiedad».

El 8 de agosto, Jesús Hernández declaró: «No podemos hablar hoy de una revolución proletaria en España, porque las condiciones históricas no lo permiten… Queremos defender a la modesta industria que está en problemas, tanto y quizás más que al propio trabajador». Los objetivos del Partido Comunista están claramente expuestos por su secretario general, José Díaz: «Sólo queremos luchar por una república democrática con un amplio contenido social. No se puede hablar actualmente de la dictadura del proletariado, ni del socialismo, sino sólo de la lucha de la democracia contra el fascismo» [13].

Sin embargo, esta actitud firme está lejos de ser decisiva. Ni el PC ni el S.U.P. fueron, en estos meses de verano, capaces de influir realmente en el curso de los acontecimientos.

Los socialistas de izquierda en la encrucijada

Largo Caballero y sus amigos tenían ideas menos claras sobre el problema del poder que Prieto y el Partido Comunista: el programa de la Agrupación Socialista de Madrid, aprobado en abril bajo la influencia de Araquistain, afirmaba, como hemos visto, que la instauración del socialismo en España sólo podría lograrse mediante la «dictadura del proletariado». Pero son hostiles a la creación de soviets [14], una forma de organización específicamente rusa a sus ojos, y no explican más en julio o agosto que en abril o mayo cómo esperan lograr la «dictadura del proletariado» a través de un partido socialista cuyo aparato sigue firmemente en manos de Prieto.

La escisión formal se ha evitado: no por ello es menos real; a través de la UGT y de Claridad, Largo Caballero lidera una política propia, diferente a la del partido socialista. Claridad criticó con rigor los decretos de movilización de Giral, los opuso a las tesis de Lenin sobre el «pueblo en armas», denunció a quienes querían separar la guerra de la revolución, criticó amargamente al Mundo obrero y acusó al PC de dar cobijo y protección a los reaccionarios. Esta oposición, sin embargo, no llegó muy lejos: el 23 de julio, Largo Caballero declaró a Carlo Reichmann que la constitución de un «gobierno puramente socialista» sólo figuraría en el orden del día tras la victoria sobre la insurrección. En sus visitas diarias a los milicianos del frente, en su actividad en la UGT, aparecía más bien como un aliado voluntariamente crítico del gobierno. En un momento en que sus tropas en todo el país participaban en los comités del gobierno, no parecía tener otra ambición que la de seguir siendo el todopoderoso secretario general de la UGT.

Pero las derrotas de agosto modificaron profundamente esta actitud. También para él parece plantearse el problema de la eficacia, el del poder. El 27 de agosto, expondrá sus puntos de vista a Koltsov. No tuvo palabras suficientemente duras para la «negligencia» del gobierno de Giral, al que acusó de no tener siquiera la voluntad de derrotar a los rebeldes y de estar compuesto por «gente incapaz, estúpida y perezosa». Afirma: «Todas las fuerzas populares se unen fuera del marco gubernamental, en torno a los sindicatos socialistas y anarquistas… La milicia popular no obedece al gobierno y, si las cosas siguen así, tomará el poder por sí misma». Es en esta perspectiva que ahora critica lo que ha sido su propio defecto: «Los partidos obreros deben barrer lo más rápidamente posible a los burócratas, a los funcionarios, al sistema ministerial del trabajo y pasar a nuevas formas revolucionarias de dirección. Las masas nos tienden la mano, nos exigen el liderazgo gubernamental, y nosotros, pasivamente, nos retraemos de esta responsabilidad, y no hacemos nada»[15].

Así, a través de las palabras de Largo Caballero al periodista ruso, surge otra concepción del poder, opuesta a la de Prieto, la de un «gobierno obrero» que rompe con la legalidad y las formas republicanas del Estado.

Los anarquistas frente al poder

Es la primera vez en la historia que los anarquistas pueden jugar un papel tan importante: de hecho, al menos en Cataluña, todo depende de ellos. Pero la confrontación de sus ideas con la realidad social fue brutal. Oponentes resueltos del Estado, al que consideran la última forma de opresión, los anarquistas siempre se han negado a hacer una distinción entre un Estado «burgués» o un Estado «obrero» del tipo del Estado ruso nacido de los soviets en 1917. Ahora bien, el hundimiento del Estado republicano en julio creó un vacío que la acción espontánea de los militantes de la C.N.T. contribuyó a llenar con la creación de un embrión de nuevo Estado, el del Comitésgouvernement. Las necesidades de la guerra mandan imperiosamente: se necesita un poder y ningún anarquista aboga seriamente por la Federación de Comunas Libres.

Sin embargo, el movimiento anarquista en España ya no está en la primera revisión de sus principios. La participación masiva de sus militantes en las elecciones de febrero, una reacción contra los vanos y sangrientos intentos de insurrección «failliste» de los años 30, es contraria a sus tradiciones y a su doctrina y constituye ya una importante concesión a una nueva corriente reformista, cercana al «trentismo», que se está desarrollando en sus filas. Desde los grupos de la F.A.I. hasta los sindicatos de la C.N.T., de una región, de una localidad a otra, las reacciones anarquistas variaron durante los días decisivos. En Madrid, la C.N.T. se situó en la vanguardia de la lucha por la revolución en las semanas previas a la insurrección, mientras que la C.N.T. catalana, frente a la amenaza del pronunciamiento, se alió de hecho con el gobierno de Companys. Tras las jornadas revolucionarias, los líderes libertarios mantuvieron animadas discusiones: ¿van a tomar el poder o no? En el Comité Regional de la C.N.T. se impuso la tesis defendida por García Oliver, rechazando, por el momento, el «comunismo libertario, que significa dictadura anarquista», y apostando por la «democracia, que implica colaboración» [16].

La solución catalana -la constitución del Comité de Milicias junto a la Generalitat- es, por fuerza de las circunstancias, un compromiso entre sus principios y las necesidades del momento. Sin embargo, como hemos visto, el Comité Central se convirtió rápidamente en un segundo poder. Son los libertarios quienes la controlan, quienes dirigen sus principales comisiones y quienes asumen las responsabilidades más importantes. Lo mismo ocurre en los comités de gobierno local. Esta realidad parece contradecir las afirmaciones públicas de los dirigentes de la C.N.T. Durante mucho tiempo se creyó en Barcelona que su hostilidad de principio a cualquier forma de Estado o de poder, incluso revolucionario, no resistiría el ímpetu victorioso que les impulsó tras las jornadas de julio. Se cree que sólo toleraron por prudencia la supervivencia de la Generalidad, pero que trabajan en su «extinción silenciosa». Se repite que sólo esperan la caída de Zaragoza para liquidar el poder republicano en Cataluña y Aragón.

En Madrid, en el reparto del poder, la C.N.T. se ha dado una parte respetable: tiene su policía, su «cheka», sus partisanos y sobre todo sus columnas, un verdadero ejército independiente. La colaboración con los demás partidos y sindicatos se reduce al mínimo. Pero esta situación tampoco puede prolongarse: la supervivencia del gobierno, el peligro que se cierne sobre la capital, plantea el problema del poder. La C.N.T. de Madrid propuso la constitución de una «Junta de Defensa Nacional» compuesta por representantes de la C.N.T. y de la U.G.T., excluyendo a los dirigentes republicanos. A nivel local y regional, juntas similares, «encarnación del impulso revolucionario», constituirían el eslabón, el organismo aglutinante que les parece imposible no establecer: de hecho, la pirámide de los Comités de Gobierno estaría coronada por un poder único, a su imagen y semejanza. Manteniendo su hostilidad a las «formas de gobierno democráticas y burguesas», los anarquistas parecen dispuestos a constituir, bajo la presión de las necesidades de la hora, un organismo que sería, aunque no llevara el nombre, un verdadero «gobierno obrero.»

Esta es, en cualquier caso, la valoración que hace el O.U.P. de la evolución de la CNT. Para este partido, que dice inspirarse en las ideas de Lenin sobre la dictadura del proletariado, no hay lugar en la España de 1936 para una república democrático-burguesa. El conflicto es entre el fascismo y el socialismo. Para él, ya no se trataba de formar un gobierno del Frente Popular, sino «un gobierno obrero decidido a llevar a término la lucha contra el fascismo y a dar el poder a la clase obrera, en sus distintos partidos y sindicatos, y sólo a ella». En un mitin en Barcelona el 6 de septiembre, Andrès Nin dijo: «La dictadura del proletariado significa el ejercicio del poder por la clase obrera. En Cataluña podemos afirmar que la dictadura del proletariado ya existe.» Se trata, pues, a su juicio, de constituir un «gobierno obrero» para toda España, a imagen y semejanza del Comité Central y del Comité Ejecutivo Popular. Este gobierno debe ante todo «afirmar su intención de transformar el impulso de las masas en legalidad revolucionaria y de orientarlo en la dirección de la revolución socialista».

La O.U.P. se congratula también de que el «instinto revolucionario» de la C.N.T. haya prevalecido sobre su tradicional apolitismo y su hostilidad de principio hacia cualquier gobierno[17]. La consigna de las Juntas le parecía responder a las necesidades del momento, el de la guerra y el de la revolución: al lanzarla, los anarquistas habían dado, según él, un paso hacia la concepción marxista del poder. Así, de Largo Caballero a Andrès Nin, pasando por la C.N.T., parece surgir una concepción idéntica: la de un gobierno revolucionario de partidos y sindicatos obreros.

La formación del gobierno de Largo Caballero

El 4 de septiembre, un breve comunicado anuncia la dimisión de Giral y la formación de un nuevo gobierno del Frente Popular, presidido por Largo Caballero. El propio Giral había pedido a Azaña que nombrara al secretario general de la UGT como su sucesor. Esta es la versión oficial. Pero otra versión circuló de boca en boca en los círculos políticos y sindicales de Madrid [18].

En un principio, estaba la emoción provocada por la caída de Badajoz, bastión socialista, perdido al principio de la insurrección, luego recuperado por las milicias. Los puntos de vista de Caballero, tal y como se los había explicado a Koltsov, coincidían con los de la C.N.T. Bajo el lema popular de la Junta Nacional C.N.T.-U.G.T., se forjaron vínculos en Madrid entre los militantes de las dos centrales. Largo Caballero, más tarde, diría simplemente: «Se hablaba en ciertos círculos de tomar los ministerios y de detener a los ministros. Según Rabasseire y Clara Campoamor, una reunión conjunta de dirigentes de UGT y CNT dio lugar a la creación de un Comité Provisional encargado de dar el «golpe» y a la instalación de una Junta presidida por Largo Caballero con representantes de los partidos socialista y comunista, de la F.A.I. y, por supuesto, de la CNT y la UGT.

Azaña, advertido, según Campoamor, por Álvarez del Vayo, portavoz del Comité, se negó a avalar lo que suponía el fin de la legalidad y amenazó con dimitir. Fue la intervención del embajador de la URSS, Marcel Rosenberg, que estaba en Madrid desde el 24 de agosto, la que evitó la crisis al frenar al Comité, que había decidido ignorar la dimisión de Azaña.

En el curso de apasionadas discusiones con los miembros del Comité Provisional, el embajador de la URSS habría señalado las incalculables consecuencias internacionales de un gesto que, al provocar la dimisión del presidente, desarmaba a los diplomáticos españoles, quitaba el argumento de la «legalidad» a los amigos de la España republicana y parecía reivindicar la propaganda rebelde al presentar a los ojos del mundo un gobierno de «rojos» que ya no se ampararía en ninguna ficción republicana o parlamentaria. En lugar del «gobierno obrero» proyectado por los sindicalistas de las dos centrales, Rosenberg habría propuesto un gobierno del Frente Popular, presidido también por Caballero, con ministros republicanos, al que Azaña sólo podría dar su aval ya que se respetarían las formas. Los argumentos de Rosenberg eran sólidos: la conclusión del Pacto de No Intervención había puesto al «viejo» contra la pared: hasta el 24 de agosto, parecía haber contado con la intransigencia de Berlín para frustrar los planes de París y permitir que España escapara del bloqueo. Pero después de esa fecha sólo tenía dos opciones. Hay que llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, establecer el gobierno obrero y denunciar la «traición» a la revolución española por parte del gobierno del Frente Popular francés y del gobierno de la URSS mediante la no intervención, o agrupar a todas las «fuerzas políticas» en un programa de guerra común, lo que implica el mantenimiento de las formas republicanas y la detención de la revolución, pero abre la posibilidad de una ayuda material de París y Moscú, esta última en un plazo relativamente corto…

Largo Caballero eligió. El 1 de septiembre, Claridad escribió que Francia, «hábilmente asistida por Inglaterra, había sido más eficaz de lo que algunos podrían suponer». De hecho, una guerra internacional sólo puede favorecer al fascismo y este peligro, por el momento, ha disminuido. Dispuesto a asumir el poder al frente de un gobierno obrero, Caballero aceptó la oferta que le hicieron desde todos los frentes: sería el jefe de un gobierno fuerte -de eso se trata- que gozaría de la confianza de las masas y podría recibir apoyo externo, ya que se mantendría en el marco del Estado republicano. Al hacerlo, renuncia -temporalmente, a sus ojos- a la búsqueda inmediata de la revolución para ganar primero la guerra. Cree que su personalidad, su prestigio y su acción, el peso de su organización, son las garantías de que el cese de la lucha revolucionaria no puede marcar en ningún caso el inicio de una acción contra ella.

Los anarquistas, sin embargo, rehuyeron. Las masas», escribe Solidaridad obrera, «se sentirían frustradas si siguiéramos cohabitando en instituciones cuya estructura es de tipo burgués. La C.N.T., según Antona, no puede renunciar a su actitud «insurreccional» frente a cualquier «gobierno». Por lo tanto, no participará, aunque prometió su apoyo y delegó en un comisario de cada departamento ministerial para que lo represente. Largo Caballero formó, sin ella, el gobierno del Frente Popular que Prieto llevaba meses propugnando, y que parecía un compromiso aceptable con su posición original. Además, todas sus exigencias fueron satisfechas en este marco, aunque, según Koltsov, fue «extremadamente doloroso para todos aceptar confiarle la dirección del gobierno» [19].

Tal y como había exigido, Largo Caballero combinó la presidencia con las funciones de Ministro de Guerra. Dos de sus amigos de la UGT ocuparon los puestos clave, Galarza en Interior y Álvarez del Vayo en Exteriores. Prieto fue ministro de Marina y Aire, sus amigos socialistas Juan Negrín y de Gracia fueron respectivamente ministros de Hacienda y Trabajo. Los comunistas, después de haber rechazado su participación, cedieron ante Caballero que lo exigía: Uribe era ministro de Agricultura y Hernández de Instrucción Pública. Cinco republicanos completaron el gobierno. José Giral fue ministro sin cartera, prueba, declaró, «de que el nuevo gobierno es una prolongación del anterior». En cualquier caso, el nuevo presidente declaró que estaba «formado por hombres que han renunciado a la defensa de sus principios y tendencias particulares para unirse en torno a una única aspiración: la defensa de España contra el fascismo».

La participación de la UGT y el apoyo de la CNT deberían darle normalmente la autoridad que Giral no tenía. Pero su programa era el mismo, la «unión de fuerzas que luchan por la legalidad republicana», «el mantenimiento de la república democrática». Destinado a liquidar la dualidad del poder, lo refleja: su dirección socialista es una concesión a los trabajadores, su programa una prenda de «respetabilidad» para los poderes.

Su negativa a colaborar no parece, a primera vista, debilitar a la C.N.T., porque los representantes de los poderes revolucionarios regionales se inclinan ante ella. En Valencia, el 8 de septiembre, en una reunión organizada por la UGT, el Partido Socialista y el Partido Comunista, fue Juan López, eminente dirigente de la C.N.T., quien dio la adhesión y el apoyo del Comité Ejecutivo Popular al nuevo gobierno y a su programa.

La disolución del comité central de las milicias

El 26 de septiembre, los revolucionarios catalanes se retiraron a su vez. El presidente Companys logró la operación que había intentado en vano con Casanovas a principios de agosto: la formación de un Gobierno de la Generalidad en el que había representantes de todos los partidos y sindicatos obreros. El republicano Tarradellas lo presidió. La Esquerra recibió las carteras de Hacienda, Interior y Cultura, los Rabassaires de Agricultura, el P.S.U.C. de Trabajo y Servicios Públicos. Los dirigentes revolucionarios también tenían puestos importantes: la Economía, el Abastecimiento y la Sanidad fueron a parar a los anarquistas -ciertamente en segundo plano- y la Justicia a Andrès Nin.

Comentando el acontecimiento unos años más tarde, el moderado Ossorio y Gallardo escribió: «Companys, que había reconocido el derecho de los trabajadores a gobernar e incluso se había ofrecido a renunciar a su cargo, manipuló las cosas tan hábilmente que consiguió, poco a poco, reconstituir los órganos legítimos de poder, transferir la acción a los Consejeros, reducir las organizaciones obreras a su papel de auxiliares, ayudantes, ejecutores… La situación normal se restableció»[20]. Por su parte, alrededor de la misma época, Santillán escribió: «Después de varios meses de lucha y de incidentes desesperados con el gobierno central, reflexionando sobre los pros y los contras de una independencia de Cataluña, interesados, más que nunca, en la victoria en esta guerra que habíamos iniciado con tanto ardor y fe, diciéndonos una y otra vez que no nos ayudarían mientras el poder del Comité de Milicias, órgano de la revolución popular, fuera tan manifiesto… no teniendo otra disyuntiva que la de ceder o agravar las condiciones de la lucha. …tuvimos que ceder. Por lo tanto, decidimos disolver el Comité de Milicias. Y concluye: «Todo para obtener armas y ayuda financiera, para continuar nuestra guerra con éxito» [21].

La formación del nuevo Consejo de la Generalitat supuso, de hecho, el abandono de los órganos del poder revolucionario. El Comité Central fue anexado al Departamento de Guerra encabezado por el Coronel Díaz Sandino. El Consejo Económico y la Comisión de Investigación estaban adscritos y subordinados a los corresponsales. Los anarquistas justifican su «cohabitación en instituciones de tipo burgués» con diversos argumentos. Destacan el término «Consejo» utilizado, a petición suya, para el nuevo gobierno. A sus ojos, la presencia de representantes de la C.N.T. es una garantía, una legalización de las conquistas revolucionarias.

Solidaridad obrera escribió el día 27: «Ya no era posible para el bien de la revolución y el futuro de la clase obrera que persistiera la dualidad de poderes. Era necesario que, de forma sencilla, la organización que controla a la inmensa mayoría trabajadora se elevara al nivel de las decisiones administrativas y ejecutivas. Y la revolución proletaria, poco sospechosa de simpatizar con la corriente «reformista» de la C.N.T., concluye su análisis del acontecimiento bajo la pluma de Antoine Richard afirmando: «Esta penetración de los viejos organismos por los nuevos organismos nacidos en la lucha y creados para la Revolución marca un paso serio hacia la conquista del poder.» [22]

El P.O.U.M. había establecido, como condiciones para su participación, una «declaración ministerial de orientación socialista» y «la intervención activa y directa de la C.N.T.». Por ello, aceptó la nueva combinación gubernamental, declarando: «Vivimos una etapa de transición en la que la fuerza de los hechos nos ha obligado a colaborar directamente en el Consejo General con las demás fracciones obreras. La insuficiencia del programa presentado, la importancia de la participación de los republicanos, que subrayó, no le impidieron concluir que Cataluña tenía una «potencia claramente proletaria». Y, en contradicción con su política del día, hizo un nuevo llamamiento: «De la formación de los Comités de Obreros, Campesinos y Soldados, por los que no cesamos de luchar, surgirá la representación directa del nuevo poder proletario.

Este optimismo será rápidamente desmentido por los hechos. La formación del Consejo de la Generalitat, con el apoyo de la C.N.T. y el P.O.U.M., es en realidad la sentencia de muerte del poder de los Comités. El 1 de octubre, el Comité Central de las milicias se disolvió y se adhirió, mediante un manifiesto, a la política del nuevo gobierno. El día 9, un decreto emitido por el Consejo, con la aprobación de Nin y de los ministros de la C.N.T., disolvió, en toda Cataluña, «los comités locales, cualquiera que sea su nombre o título, y todos los organismos que se hayan constituido para abatir el movimiento subversivo». El Presidente del Consejo Tarradellas comentó el decreto, anunciando la sustitución de las Comisiones en sus «funciones de gobierno» por consejos municipales compuestos en las mismas proporciones que el Consejo de la Generalitat… Todas las organizaciones obreras aprobaron la disolución: el órgano del P.O.U.M. en francés llegó a escribir: «Estos Comités revolucionarios, Comités Ejecutivos Populares o Comités de Salvación Pública, no representaban más que una parte de las organizaciones obreras, o las representaban en una falsa proporción… Se puede lamentar, evidentemente, la supresión de su iniciativa revolucionaria, pero hay que reconocer la necesidad de codificar… las distintas organizaciones municipales, con el fin de sustituirlas uniformemente, así como de ponerlas bajo la autoridad del nuevo Consejo de la Generalitat» [23].

El 17 de septiembre, Andrès Nin acompañó al presidente Companys en una gira por Lleida: se sumó a sus esfuerzos para convencer a sus amigos del Comité Revolucionario de que debían ajustarse a la nueva organización del poder, integrándose en un Ayuntamiento en el que estarían en minoría, y en el que entrarían los republicanos, que hasta entonces se habían mantenido al margen…

La entrada de Aragón en el orden republicano

En estas condiciones, la situación de los dirigentes del Consejo de Defensa de Aragón se hizo difícil. Violentamente atacado por los comunistas y los socialistas, calificado de «organismo ilegal» por el P.S.U.C., no reconocido por las autoridades republicanas de Madrid y Barcelona, el Consejo no pudo mantener su posición de poder revolucionario independiente. Dentro de la propia C.N.T., su presidente, Joaquín Ascaso, fue objeto de duros ataques por parte de algunos dirigentes: Mariano Vázquez, secretario del Comité Nacional, le acusó de «infantilismo revolucionario» y «donquismo». Se vio obligado a dar marcha atrás: en los últimos días de octubre, el C.N.T. propuso a los partidos del Frente Popular la ampliación del Consejo. El 31 de octubre, una delegación, encabezada por Ascaso, fue a ver a Caballero. Según el informe dado por la prensa de la C.N.T., destacó las circunstancias excepcionales del nacimiento del Consejo, en una situación caótica creada por la inexistencia de los poderes públicos y la ocupación del territorio por columnas de milicias catalanas. Confirmó el acuerdo que acaban de dar los sindicatos y los partidos del Frente Popular a una reorganización del Consejo, que en adelante estará abierto a los representantes de todas las organizaciones, en proporción a su número. Caballero, por su parte, reconoce en el Consejo de Aragón las atribuciones del gobernador civil y de las diputaciones provinciales, y delega en él, dada la excepcionalidad de la situación, las competencias gubernativas en materia de mantenimiento del orden, reconstrucción económica y organización del esfuerzo militar. Las dos partes están de acuerdo en que un plebiscito determinará la naturaleza del régimen aragonés en el futuro. Joaquín Ascaso, al dejar la Presidencia, afirma:

«El propósito de nuestra visita era presentar nuestros respetos al Jefe de Gobierno y asegurarle nuestra adhesión al gobierno del pueblo. Estamos dispuestos a aceptar todas las leyes que promulgue y, por nuestra parte, pediremos al Ministro toda la ayuda que necesitemos»[24]. El Consejo de la Generalitat pudo entonces dar al Consejo de Aragón un certificado de respetabilidad: «Las conversaciones con el presidente Azaña, con el presidente Companys, con Largo Caballero», declaró, «han destruido cualquier sospecha que pudiera haber surgido de que el gobierno constituido (en Aragón) era de carácter extremista».

Así se eliminó el último obstáculo serio a la concentración de poder: todos los demás organismos regionales se sometieron sin dificultad. Los vascos, inicialmente decididos a formar su gobierno sin esperar a la votación del Estatuto de Autonomía por parte de las Cortes, aceptaron ocupar su lugar en el nuevo marco legal. Tras la votación del Estatuto Vasco, el 1 de octubre José Antonio de Aguirre fue elegido presidente de Euzkadi el 7 de octubre y juró su cargo bajo el árbol de Guernica. Manuel de Irujo se incorporó al gobierno de Largo Caballero, cuyo programa no contradecía en absoluto el del gobierno inspirado por los nacionalistas vascos[25].

La entrada de los anarquistas en el gobierno central

Sin embargo, quedaba por resolver el problema del gobierno central. ¿Se formaría una Junta de Defensa Nacional, como seguían exigiendo los periódicos de la C.N.T.? Los republicanos y los socialistas se oponen decididamente a ello. ¿Debe el C.N.T. unirse al gobierno de Caballero? La UGT, el Partido Socialista y el Partido Comunista lo exigían: la CNT, de hecho, como ellos, ejercía parte del poder sin asumir las responsabilidades. Pero los nuevos reveses militares y la amenaza a Madrid aceleraron los acontecimientos. Durante una reunión del Frente Popular en Valencia el 20 de octubre, el líder de los estibadores de la C.N.T., Domingo Torres, se declaró partidario de la participación de los anarquistas en un organismo de dirección de la lucha, aunque se llamara «gobierno», porque lo esencial era primero ganar la guerra. El 22 de octubre, Solidaridad obrera levantó una esquina del velo que cubría las negociaciones al afirmar que «el gobierno presidido por Largo Caballero carece de la participación de las fuerzas proletarias» de la C.N.T. y al denunciar a los grupos que «rechazan la participación de las fuerzas sindicales que simplemente reclaman sus derechos en la proporción que les corresponde». Según Caballero, los anarquistas pidieron seis carteras, mientras que él sólo les ofreció cuatro. No se trataba de un programa: el 30 de octubre, Caballero dijo en una entrevista con el Daily Express: «Primero, ganar la guerra, y luego podemos hablar de la revolución». El 23 del mismo mes, Juan Peiro, en una intervención en Radio C.N.T.-F.A.I., había precisado la nueva posición anarquista, idéntica en todos los aspectos: «Los que hablan, a partir de hoy, de implantar sistemas económicos y sociales acabados son amigos que olvidan que el sistema capitalista tiene… ramificaciones internacionales y que nuestro triunfo en la guerra depende en gran medida del calor, la simpatía, el apoyo que nos llegue del exterior…». La discusión sobre el número de carteras perdió todo su sentido; el 4 de noviembre, Largo Caballero remodeló su ministerio para incluir a cuatro representantes de la C.N.T., García Oliver, que pasó a ser ministro de Justicia, Federica Montseny, de Sanidad, Juan López, de Comercio, Juan Peiro, de Industria. La tarea de justificar esta entrada desde el punto de vista de la teoría recayó en Santillán, opositor a la colaboración (13 de septiembre):

«La entrada de la C.N.T. en el gobierno central es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país. El C.N.T. siempre ha sido, por principio y convicción, antiestatista y enemigo de toda forma de gobierno… Pero las circunstancias… han cambiado la naturaleza del Gobierno y del Estado español… El gobierno ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase obrera, al igual que el Estado ya no es el organismo que divide la sociedad en clases. Ambos dejarán de oprimir al pueblo con la intervención de la C.N.T. en sus órganos. Así, en la prueba de la lucha por el poder, los dirigentes anarquistas encontraron el lenguaje de los socialdemócratas más reformistas… Para justificarse más tarde ante sus amigos, García Oliver, uno de los «tres mosqueteros», antiguo convicto que llegó a ser ministro de Justicia, escribió: «La burguesía internacional se negó a proporcionarnos las armas que necesitábamos… Teníamos que dar la impresión de que los amos no eran los Comités Revolucionarios, sino el gobierno legal: si no, no tendríamos nada. Tuvimos que ceder a las inexorables circunstancias del momento, es decir, aceptar la colaboración gubernamental.» Y Santillán, el primero en justificar esta política en 1936, sería también el primero, en 1940, en hacer una amarga crítica de la misma tras la derrota: «Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución si no se triunfaba, previamente, en la guerra. Sacrificamos la propia revolución sin comprender que este sacrificio implicaba también el sacrificio de los objetivos de la guerra» [26].

Un factor político: la ayuda rusa

Desde el gobierno obrero proyectado a finales de agosto hasta el gobierno del Frente Popular realizado a principios de noviembre con la participación de los anarquistas, el camino fue rápido. Esto se debe, en gran medida, a que los dirigentes socialistas de izquierda, como los de la C.N.T., tienen en mente, cuando hablan de ayuda exterior, otro tipo de ayuda que la -problemática- de los países occidentales. El gran acontecimiento de septiembre, que coincidió con la formación del gobierno de Caballero y que hace plausible el papel atribuido a Rosenberg en la «crisis», fue la decisión de la URSS de proporcionar ayuda material a la República Española.

De hecho, fue a principios de septiembre cuando se hicieron los arreglos técnicos para este apoyo en Moscú. Los primeros oficiales rusos estaban allí, junto con Rosenberg. Los primeros aviones llegarían en octubre. Fue la ayuda rusa la que salvaría a Madrid al permitir que las milicias y el joven «ejército popular» creado por el gobierno de Largo Caballero se equiparan con armas y municiones modernas. Fue también la que, a partir de entonces, condicionó en gran medida la política del gobierno y de los partidos del Frente Popular, en base a los consejos o exigencias dictados tanto por los representantes oficiales de la URSS, Rosenberg y el Cónsul General en Barcelona, Antonov-Ovseenko, como por sus portavoces oficiosos, delegados de la Comintern, o dirigentes del Partido Comunista o del PSCU, que sacaban de ella popularidad y autoridad. Se inició un nuevo periodo bajo la bandera del «antifascismo».

Notas

[1] Véanse las obras recientes sobre estos temas, además de las clásicas. Sobre Rusia: Oskar Anweiler, Die Rätebewegung in Russland (1905-1921), Leiden, 1958. Sobre Alemania: W. Tormin, Die Geschichte der Rätebewegung in der deutschen Revolution (1918-19), Dusseldorf, 1954.

[2] Op. cit. p. 70.

[3] Afirma: «En Rusia, no había ninguna tradición democrática, ninguna tradición de organización y de lucha, en el proletariado. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Entendemos la importancia de los soviets. El proletariado no tenía sus propios organismos. Los soviets fueron una creación espontánea que, en 1905 y en 1917, adquirió un carácter totalmente político. Nuestro proletariado ya tenía sus propios sindicatos, partidos, organizaciones. Por eso los soviets no surgieron entre nosotros.

[4] Véanse a este respecto sus artículos «¡Revolución en España! Por otra parte, la dirección del S.F.I.O., bajo la pluma de Séverac, había negado el 13 de agosto la existencia de una guerra de clases en España: «Las numerosas supervivencias de los privilegios del antiguo régimen no han permitido todavía al mundo del trabajo tomar plena conciencia de sus intereses y de su misión». En este punto, hay un acuerdo total con el P.C.F.

[5] Jean-Richard Bloch es el único periodista comunista que habla del Comité Central presentándolo tal como es y no como un vago órgano de enlace. El 6 de agosto, L’Humanité destacó las declaraciones de Giral: «Los comunistas son hombres de orden». El 16 Gabriel Péri comentando la entrada del P.S.U.C. en el gobierno – una operación dirigida, como hemos visto, contra el Comité Central – escribió: «La dirección de la C.N.T. se ofendió por ello sin ninguna razón válida». El lector de L’Humanité buscaría en vano una sola «razón» invocada.

[6] Cf. Trotsky, (op. cit., p. 69): «Las revoluciones no han triunfado hasta ahora gracias a los protectores extranjeros que les proporcionan armas. Los protectores extranjeros suelen estar del lado de la contrarrevolución. ¿Es necesario recordar las intervenciones francesas, inglesas y estadounidenses contra los soviéticos? Las revoluciones triunfan sobre todo con la ayuda de un programa social que da a las masas la posibilidad de apoderarse de las armas en su territorio y de desmantelar el ejército enemigo.

[7] «La dictadura de Franco significaría la inevitable aceleración de la guerra europea… La victoria de los obreros y campesinos españoles haría temblar, sin duda, a los regímenes de Mussolini y Hitler.» (Trotsky en El caso de León Trotsky, p. 303.) Algunas declaraciones de dirigentes de la C.N.T. se hacen eco de esto. Durruti, por ejemplo, dice: «Estamos dando a Hitler y Mussolini muchos más problemas con nuestra revolución que todo el Ejército Rojo de Rusia. Estamos dando un ejemplo a la clase obrera alemana e italiana de cómo luchar contra el fascismo. No espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Quizás los conflictos de intereses entre los imperialismos puedan tener alguna influencia en nuestra lucha… Pero no esperamos ninguna ayuda. (Citado en Morrow, op. cit. p. 189.)

[8] Uno de los políticos ingleses más lúcidos y conscientes, Winston Churchill, expresa claramente estas preocupaciones en su Diario Político: «Una España fascista resucitada, en completa simpatía con Italia y Alemania, es una especie de desastre. Una España comunista extendiendo sus tentáculos traicioneros por Portugal y Francia es otra, y que muchos considerarán peor. Todo lo que está sucediendo en este momento está aumentando el poder de las fuerzas malignas que amenazan en ambos extremos la existencia misma de la democracia parlamentaria y la libertad individual en Gran Bretaña y Francia» 10 de agosto (p. 61). Tras constatar que «la Rusia soviética se aleja decididamente del comunismo», lo que abre la perspectiva de que establezca «más contactos con Occidente» (p. 58), ve en España la presencia de los trotskistas «bajo la forma del P.O.U.M., secta que realiza la quintaesencia de la fetidez» (p. 67). De nuevo, en abril del 37, pinta un panorama sombrío de lo que sería un «éxito trotskista y anarquista» (p. 114), subrayando por otro lado que la victoria de Franco no perjudicaría en absoluto los intereses franceses y británicos, y que le aseguraría su independencia de Roma y Berlín.

Irujo (Lizarra, op. cit., pp. 68-59) ha señalado que la constitución de las Juntas de Defensa vascas, cuyo carácter conservador hemos señalado, fue el resultado de las «exigencias imperativas» de los embajadores y diplomáticos, y en particular del embajador francés Herbette.

[9] Cf. Azaña: «La obra revolucionaria se inició bajo un gobierno… que no quiso ni pudo apoyarla», y, más adelante: «Un gobierno que aborrece y condena los acontecimientos pero que no puede impedirlos ni reprimirlos» (La velada en Benicarló, p. 96). Casares Quiroga, en «mono» y sandalias, partió hacia el frente, donde se encontrarían muchos periodistas. Un simple miliciano, «intenta redimir sus pecados», dice Koltsov (op. cit., p. 59).

[10] Koltsov, op. cit. p. 74. No hay razón para discutir la exactitud del informe de Koltsov, verificada por la actitud posterior de Prieto.

[11] Álvarez del Vayo, La guerra empezo en España, p. 218.

[12] Desde hace un año, los oradores comunistas son tan moderados que, en la campaña electoral de febrero, los socialistas, para ridiculizarlos, lanzaron el falso eslogan: «Para salvar a España del marxismo, vota comunista».

[13] En el seno de la clase obrera están, en todo caso, claramente a la defensiva en relación con los militantes de la C.N.T. y del P.O.U.M. Dejan el gobierno de Casanovas porque la C.N.T. protesta. Para estos partidos, que se referían a la URSS en su propaganda en cada ocasión, la adhesión de Moscú al pacto de no intervención era un obstáculo importante.

[14] Véase el capítulo III.

[15] Koltsov, op. cit. pp. 76-77.

[16] Citado por Peirats, op. cit. T. I, p. 161. Véase también Souchy, Nacht aber Spanien, pp. 95-96, y Bolloten, The grand Camouflage, pp. 152 y ss.

[17] No se puede excluir la influencia del P.O.U.M. como factor en las posiciones de la C.N.T. Enrique Rodríguez, uno de los representantes del P.O.U.M. en Madrid, fue llamado en septiembre para defender las opiniones de su partido sobre el poder. Ahora bien, estas opiniones parecen coincidir con las de la organización madrileña de la C.N.T.

[18] Rabasseire (op. cit., p. 98) se hace eco de ello. Clara Campoamor lo detalla en su libro (págs. 148-145), Koltsov (págs. 85-86) da cuenta, en línea con la tesis oficial, pero ni siquiera intenta armonizarlo con las declaraciones anteriores de Caballero y Prieto. Según él, es Caballero el candidato de Azaña y Prieto es hostil a su candidatura. La única afirmación plausible en este relato es que fue Álvarez del Vayo quien presionó a Largo Caballero para que hiciera concesiones.

[19] Koltsov, ibid, p. 86.

[20] Vida y sacrificio de LIuys Companys, p. 172.

[21] Santillán, op. cit. pp. 115-118

[22] La Revolución Proletaria, 10 de octubre de 1936.

[23] La Revolución Española, 14 de octubre del 36. Hay que tener en cuenta que las iniciativas de Nin no eran su responsabilidad personal, sino que reflejaban la «línea» de la dirección del P.O.U.M.

[24] Peirats, op. cit. T. I, p. 229.

[25] El primer gobierno incluía, además de los nacionalistas vascos, a republicanos, socialistas y un comunista, Juan Astigarrabia. En ese momento, no había ninguna crítica a Astigarrabia en las filas del PC, aunque José Díaz le acusaría más tarde (16 nov. 37) de haber sido «prisionero del gobierno dirigido por los nacionalistas vascos, representantes de los grandes industriales, de los grandes capitalistas, de los bancos». El programa del gobierno insiste en la libertad de culto y el respeto al orden y a la propiedad. En el ámbito social, promete que «el trabajador tendrá acceso al capital, a través de la coadministración de empresas».

[26] Santillán, op. cit. p. 116.

Observemos, expresado desde dos puntos de vista opuestos, una concordancia en la apreciación de la actitud de los socialistas revolucionarios de Madrid y de los anarquistas de Barcelona que se niegan a tomar el poder. Para Trotsky: «Renunciar a la conquista del poder es dejárselo voluntariamente a los que lo tienen, a los explotadores. La base de toda revolución ha consistido y consiste en llevar al poder a una nueva clase y darle así todas las oportunidades para llevar a cabo su programa»… «La negativa a conquistar el poder devuelve inevitablemente a cualquier organización obrera al pantano reformista y la convierte en el juguete de la burguesía». (Lecciones de España, p. 66.) Azaña, por su parte, escribe: «Como reacción a la rebelión militar… surgió un levantamiento proletario que no iba dirigido contra el gobierno… Una revolución debe tomar el mando, instalarse en el gobierno, dirigir el país según sus puntos de vista. Pero no lo hicieron… El viejo orden podría haber sido sustituido por uno revolucionario. No lo era. No quedaba más que impotencia y desorden…» (La velada en Benicar) (La velada en Benicarló, p. 96).

I.9: El gobierno de Caballero y la restauración del Estado

• El gobierno contra los Comités
• Reforma judicial
• La reconstitución de la policía
• La militarización de las milicias
• La «legalización» de las conquistas
• La retirada de los anarquistas
• El ascenso comunista
• Evaluación de esta restauración
• Notas

Llama la atención que Largo Caballero, tan criticado en su propio partido, haya sido capaz de convertirse en pocas semanas en el hombre providencial, en la «última carta» como decía el propio Prieto [1]. La deserción de las Juventudes Socialistas supuso un golpe bastante duro para su posición personal y fue, finalmente, la impotencia y el descrédito de los republicanos y la negativa o incapacidad de los anarquistas para tomar el poder lo que le convirtió en el «salvador supremo». Estaba mal visto por la mayoría de los dirigentes del partido, pero su popularidad como viejo luchador le convertía en el único líder capaz de servir de enlace entre moderados y revolucionarios, de unir a los trabajadores a un gobierno regular, imponiendo su autoridad a los partidos, los sindicatos y los comités.

Conseguiría efectivamente lo que Giral y Prieto no habían podido hacer antes que él: rejuveneciendo las instituciones del Estado mediante la legalización de ciertas conquistas revolucionarias, la incorporación de los cuerpos y hombres del poder revolucionario, consiguió salvarlas y conseguir este reto: la toma en mano por parte del Estado republicano de todos los grupos armados, la creación de un Ejército y una Policía, en una palabra el establecimiento de un poder único y fuerte bajo la égida de la República y que será, sin embargo, a los ojos de la mayoría de los trabajadores revolucionarios, su poder, el «poder popular». Su tour de force consistió en haber liquidado el «segundo poder» dando la impresión de que consagraba su victoria: la presencia a su lado de García Oliver y Juan López, que habían encarnado el poder revolucionario en Cataluña y Levante, parecía garantizar el carácter revolucionario de sus intenciones. No destruyó las autoridades regionales, sino que pareció querer unirlas «federándolas». Los vascos y asturianos se quedaron con la responsabilidad de su frente, la C.N.T. con la de los frentes de Aragón y Teruel; la Junta de Madrid pronto tendría la del frente Central. Pero la responsabilidad de la organización militar pasa a una «Junta de Milicias» en la que están representados partidos y sindicatos. Dos veces por semana, en torno a Largo Caballero, se reunía el Consejo Supremo de Guerra, en el que cada tendencia política y sindical se asociaba a la dirección de las operaciones [2].

Porque fueron los reveses militares los que, a los ojos de todos, exigieron la unificación del poder y fue en la unificación del mando militar en lo que insistió desde el principio:

Nuestra primera tarea», declaró a Koltsov, «es establecer la unidad de mando y de poder. La dirección de las tropas de combate de toda España, incluida Cataluña, se concentra ahora en manos del Ministro de la Guerra. Ahora bien, este énfasis en el mando militar era ya una opción política: en una entrevista con el Daily Express (30 de octubre), lo especificaba en estos términos: «La Guerra Civil, por definición, es de carácter social y, naturalmente, en el curso de la guerra pueden surgir problemas de carácter económico y social… La solución estará subordinada a un objetivo: ganar la guerra» [3].

El gobierno contra los Comités

Para lograr este programa, el gobierno debe atacar primero a los Comités. Teóricamente, su tarea puede parecer fácil: los Comités están formados por representantes de los partidos y sindicatos que participan en el gobierno, apoyan su programa, apoyan su acción. Pero, en realidad, los militantes muestran un gran apego a esas organizaciones que ellos mismos han construido y, para defenderlas, lucharán contra las propias instrucciones de sus dirigentes. Así que la disolución de los Comités nunca se hará de forma brutal. Los partidos y los sindicatos multiplican los argumentos: se trata de conseguir que los militantes admitan que los Comités, útiles en el periodo revolucionario, están ahora obsoletos. Claridad, por ejemplo, escribe: «Podemos afirmar que todos estos organismos han terminado de cumplir la misión para la que fueron creados. A partir de ahora, sólo pueden ser obstáculos para una obra que pertenece única y exclusivamente al gobierno del Frente Popular, en la que participan con plena responsabilidad todas las organizaciones políticas y sindicales del país».

En Cataluña, Comorera, líder del P.S.U.C., hizo de su disolución la principal tarea de la coalición antifascista: «La autoridad legítima -afirmó- debe ser capaz de imponerse frente a la irresponsable dictadura de los Comités.» Su desaparición, como hemos visto, fue posible gracias a la buena voluntad de la C.N.T. y del P.O.U.M., tras la disolución del Comité Central. En Valencia, el Comité Ejecutivo Popular resistió más tiempo, apoyado por el P.O.U.M. y una fracción de la C.N.T. Juan Peiro fue abucheado el 27 de noviembre en el teatro Apolo cuando dijo: «En Valencia, el Gobierno da una orden y luego las órdenes de los Comités se interponen. O es el gobierno, o son los Comités que gobiernan. A pesar de las interrupciones, insistió: «No son los Comités. Lo que hace falta es que sean los auxiliares del gobierno» [4].

Caballero supo evitar los enfrentamientos: nombró gobernadores o alcaldes que eran los propios dirigentes de los comités de gobierno, y sustituyó a las organizaciones regulares por las revolucionarias, a veces formadas por los mismos hombres, no muy diferentes en apariencia pero, en realidad, menos sujetos a la influencia de la base y más fácilmente controlables por ella. Dejó que ciertos cuerpos permanecieran después de haberlos «doblado» y despojado de sus atribuciones. En Valencia, tras la salida del coronel Arín y de Juan López, el Comité Ejecutivo Popular se convirtió en una mera fachada, el día que el diputado popular socialista y líder de la UGT, Ricardo Zabalza, fue nombrado para el cargo. Ricardo Zabalza fue nombrado gobernador. En Santander, Juan Ruiz, en Gijón, Belarmino Tomás y, en Aragón, Joaquín Ascaso se convirtieron en «delegados del gobierno». Para reducir la Junta de Seguridad Pública de Málaga, bastó con trasladar al gobernador Rodríguez, su antiguo presidente, a Guadalajara y sustituirlo por uno nuevo, menos vinculado a las organizaciones revolucionarias.

En el ámbito local, las comisiones de gobierno fueron sustituidas por los ayuntamientos, consejos municipales compuestos también por representantes de los diferentes partidos y sindicatos, y creados tras un decreto de 31 de diciembre sobre la reforma municipal. La diferencia, aparentemente mínima, es en realidad considerable. Por un lado, el sistema de representación paritaria favorecía a los comunistas oficiales representados a través de varias organizaciones: P.C.E. o P.S.U.C., U.G.T., especialmente en Cataluña, J.S.U. en todas partes [5]. Sobre todo, la iniciativa ya no viene de abajo: incluso allí donde, entre los obreros, tienen la mayoría, los anarquistas, sin la masa armada que les permitía ejercer toda la presión en la época de los Comités, se encuentran en minoría en los consejos municipales. Por último, el alcalde, el «alcalde», era elegido por el gobernador civil: el gobierno tenía en él un agente directo que no tenía en las Comisiones. Además, la preocupación por preservar las susceptibilidades y un hábil equilibrio en los nombramientos aplacaron muchas recriminaciones[6]. Valencia ya no tenía su Comité Ejecutivo Popular, sino un gobernador socialista de izquierdas y un alcalde de C.N.T. Pocos militantes, en la C.N.T. o en la U.G.T., parecen haberse dado cuenta del arma que tal organización municipal en manos de un gobierno no presidido por Largo Caballero constituiría finalmente contra ellos. Pocos fueron los que percibieron la paradoja de promulgar una reforma municipal que, de hecho, suprimía todas las elecciones en un régimen que se proclamaba democrático[7].

Reforma judicial

Los mismos principios rigieron la reforma judicial llevada a cabo en Valencia bajo la dirección del anarquista García Oliver, y en Barcelona bajo la del comunista del P.O.U.M. Andrès Nin. La victoria revolucionaria de julio fue consagrada por ley. Pero las nuevas instituciones ocuparon su lugar en el marco de la vieja legalidad y el viejo derecho burgués reformado. Una amnistía general borró todas las sentencias pronunciadas antes del 19 de julio, algunas de las cuales pesaban aún sobre ciertos dirigentes revolucionarios.

Se otorga a las mujeres la igualdad de derechos y, en particular, la plena capacidad jurídica, de la que antes estaban privadas. Se legalizan las uniones libres de los milicianos y se simplifican las formalidades del matrimonio. Se suprimió el impuesto judicial, la justicia pasó a ser gratuita y se aceleraron todos los procedimientos. Todo acusado, ante cualquier tribunal, incluido el Tribunal Supremo, tiene la libertad de defenderse o de utilizar los servicios de un abogado, sea o no profesional. García Oliver mantiene la estructura de los Tribunales Populares creados el 23 de julio por el Gobierno de Giral: están compuestos por tres jueces, un presidente y un fiscal, ambos magistrados profesionales, y catorce jurados designados por los sindicatos y las organizaciones políticas. Los Tribunales Populares de Cataluña, «tribunales de clase» en palabras de su creador, Andrès Nin, están formados por sólo dos magistrados, el presidente y el fiscal. Los jueces aquí son los ocho representantes designados por las partes y los sindicatos. En ambos casos, el cuerpo de magistrados, duramente puesto a prueba por el terror popular durante las jornadas revolucionarias, fue severamente depurado y luego puesto de nuevo en pie: estos jueces servían ahora a la nueva justicia como «técnicos de la justicia», asegurando la continuidad de las formas y del derecho.

Se creó así un nuevo aparato judicial, poco diferente del antiguo, sólo que rejuvenecido, modernizado y abierto a todos los apoyados por los partidos y sindicatos de la coalición.

La reconstitución de la policía

En efecto, el doble poder había dado lugar a una multiplicación de los cuerpos represivos: las milicias de retaguardia, las patrullas de control, los cuerpos de investigación y vigilancia, coexistían con la Sûreté, los carabinieri, los guardias de asalto, los guardias civiles rebautizados como «guardias nacionales republicanos» y cuyas unidades, dispersas en la retaguardia y en el frente, habían sido reunidas progresivamente por el gobierno de Giral. El 20 de septiembre, un decreto reunió a todas estas fuerzas en un solo cuerpo, las «milicias de vigilancia de retaguardia»: la policía revolucionaria fue consagrada oficialmente y quedó, por tanto, bajo la autoridad directa del ministro del Interior; el 15 de diciembre se organizó el Conseil supérieur de la Sûreté [8], compuesto por dirigentes políticos. El día 27, el Consejo Nacional se amplía a los técnicos: además de dos representantes de la C.N.T., dos de la U.G.T. y uno de cada partido, incluye un jefe, un inspector y un agente elegidos por sus pares, y el director general, un alto funcionario nombrado por el ministro, que lo preside. En cada provincia se crearon consejos regionales según el mismo modelo, presididos por el gobernador. Estos organismos se transformaron aún más rápidamente que los consejos municipales: su estructura «federal» era un obstáculo para la acción policial eficaz. Los funcionarios de alto rango los dominan muy rápidamente. Largo Caballero debió entenderlo cuando hizo nombrar a su viejo amigo Wenceslao Carrillo como director de la Sûreté [9].

Al mismo tiempo, se estaba construyendo silenciosamente lo que iba a ser una nueva fuerza policial. En una época en la que el tráfico fronterizo era inexistente, el ministro de Hacienda, Juan Negrín, reforzó considerablemente a los Carabineros, que eran pocos antes de la guerra [10]. El corresponsal del New York Herald Tribune informó el 28 de abril de 1937 que «se estaba formando una fuerza policial fiable»: para entonces se habían reclutado más de 40.000 personas, la mitad de las cuales estaban equipadas y armadas.

En los primeros tiempos, se exigía el aval de un partido o de un sindicato a cualquier nuevo guardia o policía: era una medida de seguridad destinada a evitar posibles infiltraciones de los falangistas. Sin embargo, muy pronto los partidos y los sindicatos parecieron constituir una pantalla para los altos funcionarios entre el gobierno y sus fuerzas de represión. Un paso decisivo en la desconexión entre la policía y las organizaciones de trabajadores se dio con la prohibición de que los carabineros y los guardias se afiliaran a un partido o a un sindicato [11]. La policía se convirtió así, en principio, en el instrumento ciego y dócil que necesitaba un gobierno.

La militarización de las milicias

Las derrotas militares de agosto y septiembre habían sacudido fuertemente a los partidarios del mantenimiento de las milicias. Los anarquistas, Durruti, García Oliver, Mera, exigían una organización unificada, un mando único. Para todos ellos estaba claro que, so pena de catástrofe, era necesario establecer una disciplina de hierro en el combate y en el servicio, coordinar los suministros, los equipos y las comunicaciones, elaborar y aplicar una estrategia global. Pero es a partir de ahí cuando comienzan las divergencias. Los anarquistas querían llevar a cabo estas transformaciones en el marco de las milicias, manteniendo la elección de los oficiales, la paga única y la supresión de los galones. El P.O.U.M. abogaba por el modelo ruso de 1918-1920, exigía el control de los oficiales por los comisarios y los consejos de soldados, e hizo publicar y distribuir el Manual del Ejército Rojo de Trotsky. Nadie se atrevió a abogar por la reconstitución de un ejército del tipo antiguo, y la consigna comunista «ejército popular» pareció a muchos capaz de conciliar las aspiraciones revolucionarias y la necesidad de disciplina. El gobierno avanzó paso a paso, sin chocar frontalmente con el particular estado de ánimo de las milicias, a las que sin embargo transformó poco a poco en un ejército.

El decreto del 29 de septiembre, que movilizó a dos clases, marcó el inicio de la «militarización»: la Junta y pronto la Comandancia de Milicias controlaron, pagaron, suministraron y armaron a todas las milicias organizadoras. El primer decreto del gobierno constituyó un estado mayor que comenzó a coordinar y centralizar. Los reclutas son supervisados por oficiales o suboficiales movilizados y recogidos en columnas. Los cuerpos así formados se organizaron siguiendo el modelo de las unidades regulares, en batallones, regimientos, brigadas y divisiones. Algunas unidades de la milicia se negaron a aceptar la militarización. Frente libertario, órgano de las milicias de la C.N.T., publicó el 27 de octubre un violento artículo titulado «Derribemos al Ejército». La Columna de Hierro se levantó contra el gobierno, que restringió sus créditos. Pero esta resistencia era inútil. Si Giral no pudo reconstituir un ejército, fue porque nadie confiaba en él y no tenía las armas modernas necesarias. El gobierno de Caballero contaba con la confianza de los partidos y sindicatos que exigían la unidad de mando, y con las armas que le había proporcionado el apoyo de la URSS. El propio reparto de las armas serviría para militarizar las milicias: sólo las recibirían las unidades «reorganizadas». Los éxitos conseguidos por las tropas organizadas por el partido comunista o por el gobierno sirven también para conducir a otras columnas hacia la militarización. Los ministros de la C.N.T. la apoyan, los Comités Nacionales de la C.N.T. y de la F.A.I. envían delegaciones al frente para intentar convencer a los milicianos y a sus dirigentes. Una tras otra, las columnas más duras se resignaron, con la esperanza de recibir armas, a «militarizarse». Los Consejos de Obreros y Soldados fueron suprimidos, con la bendición de Solidaridad obrera, que ya no los consideraba «dignos». En una primera fase, las unidades fueron rebautizadas. Las centurias se convirtieron en compañías o batallones, las columnas en regimientos o brigadas, según su tamaño. Un primer vínculo con las organizaciones de trabajadores desapareció al sustituir el nombre de cada columna por un número. En el frente de Aragón, la columna Durruti se convirtió en la 26ª, Carlos Marx en la 27ª, Francisco Ascaso en la 28ª, Lenin en la 29ª, Macia Companys en la 30ª división. Luego se restablecieron los rangos: los «delegados de mano» se convirtieron en cabos o sargentos, los «delegados de siglo» en capitanes, los «jefes de columna» en comandantes. Las rayas reaparecieron, discretamente, en chaquetas y monos. Con la militarización, las milicias tuvieron que aceptar el restablecimiento -presentado en su momento como provisional a la espera de un nuevo texto- del antiguo código de justicia militar.

El problema de los cuadros sigue siendo difícil. Como hemos visto, había muy pocos oficiales profesionales en las milicias: quizás 200 en toda España, pero sólo 12 para todo el Norte, según el presidente Aguirre. Aun así, no están seguros, ya que un buen número de ellos son, como dice Rabasseire, sólo «geográficamente leales». El general Walch (Le Temps, 12 de julio de 1938) habla de la «huelga en curso» de algunos de ellos. André Malraux citó el ejemplo de un artillero al que la milicia disparó y Borkenau denunció casos de sabotaje. Todos ellos, a pesar de las promesas que habían hecho, eran sospechosos para sus compañeros de combate sólo por su origen. Hernández Sarabia, Menéndez, Martín Blázquez escapan por poco del paseo. Riquelme y Miaja se ven amenazados, y el gobierno cambia su asignación para preservarlos. Escobar y Martínez, ayudantes de campo de Santillán, fueron asesinados [12].

Una de las primeras tareas fue formar a los oficiales. García Oliver había demostrado su valía al organizar la Escuela Popular de Oficiales en Barcelona para el Comité Central. Largo Caballero le encomendó la organización de las Escuelas Populares de Guerra. Dos meses después, cinco escuelas habrán impartido una formación resumida a 3.000 funcionarios, admitidos previa presentación de un partido, un sindicato o una columna [13]. Así se creó un cuerpo de oficiales que el mantenimiento de la paga única impidió que se convirtiera en un cuerpo privilegiado, a pesar del restablecimiento, con el antiguo Código, de la disciplina y las marcas externas de respeto fuera del servicio. El espíritu igualitario de las milicias subsiste, tanto más cuanto que los líderes improvisados de las primeras semanas, trabajadores y militantes, son casi siempre confirmados en su rango cuando la unidad se militariza.

Los propios dirigentes del «ejército popular» reflejan la diversidad de origen de estos cuadros. Algunos son antiguos generales u oficiales superiores del ejército anterior a la revolución: Miaja y Pozas que fueron generales, Rojo que fue comandante y llegó a ser general, Asensio, teniente coronel, general en septiembre, Hernández Sarabia y Menéndez que fueron ayudantes de campo de Azaña, los comandantes de la Casa do Perea. Otros ascendieron rápidamente de rango porque habían mandado en las milicias o contribuido a la organización del Estado Mayor: Francisco Galán, Cordón, Barceló, Ciutat, el teniente Prados, que llegaría a ser Jefe de Estado Mayor de la Armada, el comandante Hidalgo de Cisneros, que sería Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. Pero junto a ellos había dirigentes de origen obrero, salidos de las filas en las primeras semanas de la batalla, sobre todo comunistas, como el cantero Lister y el carpintero Modesto[14], o el antiguo sargento de la Legión Valentín González, El Campesino, el compositor Durán[15], pero también anarquistas, como Jover, Vivancos y Cipriano Mera, e incluso P. Militantes de O.U.M. como el obrero metalúrgico Baldris o el empleado Rovira. Ninguno de ellos, por el momento, está por encima del rango de comandante. Pero tienen mandos importantes: Lister comandó una brigada en octubre del 36, una división en enero del 37, Modesto, Durán, Mera pronto comandarían divisiones. Estos líderes eran jóvenes: Durán tenía 29 años, Alberto Sánchez, que se había graduado en el 5º regimiento, comandaba una brigada con 21 años.

Sin embargo, con la adopción de la estrella roja como emblema en las banderas del Ejército Popular, fue sin duda la institución de los comisarios políticos la que más contribuyó, fuera de España, a crear la leyenda de una «revolución comunista». En la mente de todos, la palabra sigue ligada al recuerdo de la revolución rusa y a la organización del Ejército Rojo por parte de Trotsky.

Sin embargo, la institución no data de 1917. La revolución francesa, ante la necesidad de crear un ejército regular con cuadros políticamente inseguros, también sintió la necesidad de controlar a los oficiales de carrera y de galvanizar a los hombres mediante animadores políticos. El «delegado político» de las milicias era ya el equivalente, no sólo del «comisario» de 1918-1920, sino del «representante en misión» de 1794. Fue, pues, una institución «imaginada por Carnot y perfeccionada por Trotsky», según la fórmula de Gorkin, que el gobierno de Caballero retomó y generalizó en circunstancias similares.

El decreto de octubre del 36 por el que se creó el Comisariado asignaba al comisario la tarea de «representar la política de guerra del gobierno en el ejército y cumplir su misión sin interferir en el mando militar». Una misión vaga y mal definida: el comisario podría, según el caso, ser todo o nada. De hecho, serían muchos. El reglamento del 5 de noviembre dice que es el «primer y mejor auxiliar del mando, su mano derecha», «el centinela, el ojo avizor», a la vez que «el compañero y modelo» de todos. Era el educador político de soldados y oficiales, el oficial de enlace con la población civil, el organizador del trabajo, el ocio y el descanso. «La primera ocupación del comisario político es el hombre», decía el reglamento que el partido comunista daba a sus comisarios.

«Capellanes rojos», como dirán sus adversarios, los comisarios serán, según el PC, «el nervio y el alma del ejército popular». Fueron ellos los que, más que nadie, contribuyeron, desde las milicias, a formar el ejército del que muy a menudo fueron los animadores y a veces los verdaderos dirigentes [16].

La «legalización» de las conquistas

En el relato de su gestión ministerial ante los militantes de la C.N.T., García Oliver tuvo que declarar: «Mi gestión consistió en convertir las conquistas de hecho en realidad jurídica». Sin embargo, ésta es sólo una faceta de la política del gobierno de Largo Caballero: la estabilización y legalización de las conquistas revolucionarias, pero también el freno a su expansión.

La ilegalización de la Iglesia, del culto y de las prácticas religiosas no se ha plasmado en ninguna medida legislativa. Seguía siendo una realidad de facto. Si hay que creer a Gabriel Péri [17], Jesús Hernández había pedido, ya en septiembre, al Gobierno que autorizara la reapertura de las iglesias y que proclamara la libertad de culto, que sería uno de los puntos importantes del programa del PP [18]. En cualquier caso, estas propuestas fueron presentadas por Manuel de Irujo en el Consejo de Ministros del 9 de enero de 1937, pero se encontraron con la oposición intransigente de García Oliver y el veto de Largo Caballero. En el campo de la educación, la tarea era enorme: el Estado intentaba asegurar la sucesión de las escuelas confesionales. Jesús Hernández hizo un decreto del 25 de noviembre creando un «bachillerato simplificado» abierto a los candidatos presentados por los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Organizó equipos especializados de milicianos, profesores, que abordaron el problema del analfabetismo en las milicias y los pueblos. La Generalitat reconoció la «Escuela Nueva Unificada», pero ni sus principios pedagógicos ni su funcionamiento bajo el doble control de los sindicatos y los profesores se extendieron al sistema educativo estatal, cuya estructura permaneció inalterada.

La presencia de un representante de la C.N.T. en el Ministerio de Industria había dado esperanzas de que continuara la colectivización iniciada espontáneamente tras la revolución. Un decreto del 2 de agosto emitido por el gobierno de Giral preveía la incautación (incautación) de las empresas cuyos propietarios se habían visto comprometidos en la sublevación militar. Sin embargo, nada regulaba legalmente el destino de los que eran abandonados por otras razones, por falta de capital o por falta de voluntad. Juan Peiro declaró que cuando entró en el gobierno se encontró con una situación verdaderamente catastrófica: una parte de las industrias estaban «controladas», siendo el control en realidad una gestión obrera, otras empresas estaban colectivizadas, y otras, en fin, estaban controladas pero dirigidas por un patrón cuya única preocupación era hacer escapar su capital. Todas estas empresas están al borde del desastre: en las oficinas del ministerio se acumulan más de 11.000 solicitudes de crédito, ninguna de las cuales será satisfecha… Peiro propuso a Caballero un decreto de colectivización, que no fue aceptado, porque supondría un ataque a la propiedad industrial y, por tanto, el riesgo de represalias occidentales y el endurecimiento del «bloqueo armamentístico». Los planes de Peiro se redujeron finalmente a un decreto que permitía la «intervención» del gobierno en las industrias esenciales para la guerra.

En Cataluña, el Consejo de la Generalitat fue más allá, bajo la presión de la C.N.T. y del P.O.U.M., que pusieron como condición para la liquidación del poder revolucionario la «legalización» de las colectivizaciones. El decreto del 24 de octubre prevé la colectivización de las empresas que emplean a más de 200 trabajadores y el control de los comités de trabajadores para las demás. Sensibles a los argumentos de la política exterior, los representantes de la C.N.T. y del P.O.U.M. aceptaron la indemnización de los accionistas extranjeros. Pero también se aceptó la indemnización a los accionistas españoles, sin que se fijara la cuantía: así, en la perspectiva de un restablecimiento de la legalidad republicana, quedaba abierta la cuestión de que los antiguos accionistas recibieran dividendos reales de las empresas colectivizadas. La C.N.T. y el P.O.U.M. habían exigido enérgicamente la organización del monopolio del comercio exterior, corolario, a sus ojos, de la colectivización y, sobre todo, condición de la planificación, sin la cual ésta sólo podría conducir al caos. También fueron derrotados en este punto, y el comercio exterior siguió siendo libre.

La cuestión del crédito, el verdadero «cuello de botella» de las colectivizaciones, tampoco se resolverá de acuerdo con las opiniones de los revolucionarios. Como hemos visto, fue la crisis del crédito la que amenazó el propio funcionamiento de las empresas colectivizadas. El Consejo de la Generalitat de Cataluña rechaza la creación del Banco de Industria y Crédito exigido por la C.N.T. y el P.O.U.M. El control de los bancos por parte del sindicato U.G.T. en Madrid permite evitar la fuga de capitales, pero los bancos pueden reservar sus créditos sólo para las empresas privadas e incluso cobrar comisiones exorbitantes en las transferencias de fondos ordenadas por el gobierno. Juan Peiro propuso la creación de un Banco Industrial, destinado a financiar la actividad de las fábricas colectivizadas. Pero el ministro de Hacienda, Negrín, se oponía a ello, como se opondría [19] a la petición de un crédito de 30 millones de pesetas que el ministro de Industria consideraba indispensable para atender las necesidades más urgentes de la industria colectivizada. Así, el movimiento de colectivización se limitó, y luego se detuvo, permaneciendo el gobierno en el control de las empresas a través de la intermediación de los bancos. Poco a poco, hizo valer su autoridad, tanto en las incautadas como en las intervenidas, mediante la elección que hizo de interventores y directores. La preocupación por la eficacia y los intereses políticos le llevaron a menudo a reincorporar, con otros títulos, a antiguos propietarios o directivos.

Una política similar prevalece en el campo. Las medidas del gobierno no han servido para salvar la distancia entre la revolución agraria y la defensa republicana. El decreto promulgado por Uribe el 7 de octubre de 1936 estaba muy lejos de la situación real del campo. Se trata de la «expropiación sin indemnización y a favor del Estado» de los bienes agrícolas pertenecientes a personas vinculadas a la rebelión, dejando a los campesinos la libertad de decidir si los explotan colectiva o individualmente. De este modo, sólo legaliza una parte de las expropiaciones: los nombres de los propietarios afectados tendrán que ser publicados oficialmente. Por lo tanto, deja graves problemas sin resolver. A los terratenientes que no participaron en la rebelión se les expropiaron sus tierras. Otros, que habían sido considerados facciosos, pueden ser absueltos por un tribunal. Por último, algunos herederos pueden hacer valer sus derechos. Miles de campesinos se preguntarán ahora si no se verán obligados a devolver las tierras que tomaron en el verano de 1936.

La retirada de los anarquistas

La obra de restauración del Estado realizada por el gobierno de Largo Caballero sólo fue posible con la participación de los dirigentes más populares de la C.N.T.-F.A.I. y el apoyo de sus organismos dirigentes. Pero, para los militantes, el punto de inflexión es tanto más brutal cuanto que las explicaciones fueron más sumarias. Si, como hemos visto, algunos dirigentes, como Santillán, se limitaron a resignarse con el corazón encogido a la liquidación del poder revolucionario, otros fueron muy pronto mucho más allá y pisotearon alegremente lo que había sido el credo anarquista hasta entonces [20]. Los dirigentes de la C.N.T. repetían de buen grado que Durruti estaba dispuesto a «renunciar a todo menos a la victoria», y para muchos, ese «todo» significaba las conquistas revolucionarias [21]. Los ministros anarquistas se convirtieron en verdaderos ministros [22] y el Ministerio de Propaganda habló de «El excelentísimo señor ministro de Justicia, camarada García Oliver». Los oficiales y policías anarquistas ahora hablan y actúan más como oficiales y policías que como anarquistas: Eroles, comisario de la Sûreté, dijo que su «más ferviente deseo» se había cumplido con la creación de un cuerpo único de policía, y Mera, ignorando ahora a los «compañeros», dijo que sólo quería conocer a «capitanes y sargentos».

Muchos de los responsables sentían un profundo malestar al respecto: recordaban la época -no tan lejana- en que el juez, el funcionario, el ministro, encarnaban al enemigo de clase. No impugnaron las tácticas de colaboración, pero sí criticaron el celo con el que las aplicaron. Así, Santillán, al que le quitaron sus responsabilidades, se quedó finalmente al margen, escéptico y amargado, impotente ante el aparato de su propia organización. Los militantes, en general, tienen menos escrúpulos y crisis de conciencia. Más que nunca, las organizaciones locales o regionales, e incluso los particulares, toman iniciativas sin tener en cuenta la política confederal. El grueso de los opositores, los «sectarios», no pierden el tiempo discutiendo y elaborando tesis. Actuaron, y su desacuerdo adoptó las formas más variadas, desde la deserción hasta las manifestaciones armadas, pasando por los atentados. El 1 de octubre, la Columna de Hierro, formada en Valencia y dirigida por anarquistas, abandonó el frente de Teruel para imponer su concepto de «orden revolucionario» en Valencia. Atacaron y desarmaron a los guardias, invadieron el tribunal, destruyendo sus archivos, y descendieron a los clubes nocturnos y cabarets, robando a los clientes sus joyas y carteras. Fue necesaria una verdadera batalla campal para vencerlos: entre los muertos se encontraba un dirigente socialista, José Pardo Aracil. El 30 de octubre, todavía en Valencia, el funeral de uno de los líderes de la Columna de Hierro, Ariza González – posiblemente fusilado en represalia – se convirtió en un motín armado. Finalmente, rodeados en la plaza de Tetuán por unidades comunistas armadas con ametralladoras, los manifestantes sufrieron grandes pérdidas, dejando unos cincuenta muertos. Aquí y allá, día tras día, estallaron incidentes de este tipo, según un patrón casi siempre idéntico: una explosión de violencia ciega por parte de los anarquistas, a menudo sin convicción y en cualquier caso sin un objetivo preciso, a la que las fuerzas policiales y las unidades comunistas respondieron con dureza, persiguiendo su ventaja para desmantelar finalmente las posiciones anarquistas. Es el caso de Cuenca, donde Borkenau había visto, en agosto del 36, una verdadera «fortaleza anarquista» y que volvió a encontrar en febrero «un bastión de la UGT».

Un ejemplo característico del descalabro anarquista se da en la diversidad de reacciones cuando el gobierno salió hacia Valencia en las primeras horas del atentado de Madrid. Los ministros anarquistas que habían combatido esta decisión finalmente la aceptaron y siguieron a Caballero. Solidaridad obrera no dudó en afirmar que «la autoridad moral del gobierno» se vería «restablecida y aumentada por el cambio de residencia». Al mismo tiempo, la C.N.T.-F.A.I. de Madrid saludó a la capital «liberada de los ministros», y el de Valencia estigmatizó a los «cobardes y fugitivos» del gobierno. En Tarrancón, un centenar de milicianos anarquistas del frente de Sigüenza detuvieron la caravana oficial, molestando y amenazando a los ministros y embajadores, incluido Rosenberg, embajador de la URSS, y fue necesaria toda la fuerza de convicción de Eduardo Val, dirigente de la C.N.T. en Madrid, para conseguir su liberación, sin ningún tipo de maltrato [23].

Estos incidentes desprestigiaron al movimiento anarquista y dieron crédito a aquellos de sus adversarios que denunciaban el papel de los «incontrolables» en sus filas. Sobre todo, contribuyen a aislarlos, a permitir que las fuerzas que les son hostiles se desarrollen conscientemente y se manifiesten a plena luz del día.

La pequeña burguesía de las ciudades se ocultó durante los primeros meses. Pero si los anarquistas causaron miedo, no ganaron, no tomaron el poder, no aplastaron, sobre todo, al adversario. Habiendo fracasado en llevar a cabo la revolución, ahora deben resignarse a verla levantar la cabeza: la revolución inacabada se vuelve contra sus promotores.

La evolución es la misma en el campo. Incluso cuando el campesino había aceptado de buen grado la colectivización en las primeras semanas, estaba preocupado por su inestable posición. Las requisas de la milicia le pesaban y la colectividad no le parecía el paraíso prometido. Los opositores a la colectivización han recuperado la confianza, alentados por las declaraciones oficiales sobre el orden, la legalidad y la propiedad. Sabían que podían contar con la nueva policía: en enero del 37, en La Fatarella, un pueblo de 600 habitantes en la provincia de Tarragona, los pequeños propietarios se levantaron en armas contra los anarquistas que querían colectivizarlos, y el asunto se saldó con varios muertos y heridos. El campo reacciona contra la revolución en todas partes.

Es que los anarquistas que, en el apogeo del empuje revolucionario, en la cohesión que da la victoria, no fueron capaces de vencer a un gobierno imbécil de Giral, se enfrentan hoy, en orden disperso, sin orientación ni política, a un gobierno fuerte, reconocido por todos, apoyado por sus propios dirigentes. Sobre todo, se enfrentan a la fuerza cada vez mayor de las organizaciones del PC y del SUC, que disponen de los cuadros y de la disciplina, de los medios materiales y de una política: son ellos los que serán los beneficiarios y los principales agentes del declive anarquista a todos los niveles.

El ascenso comunista

A partir de septiembre de 1936, como hemos visto, el Partido Comunista y el P.S.U.C. se convirtieron en un factor preponderante en la vida política. De unos 30.000 al comienzo de la guerra civil, pasaron en pocos meses a varios cientos de miles de militantes, llegando a un millón en junio de 1937.

Pero los dirigentes españoles del PC y del S.U.P. ya no jugaban solos esta importante partida, puesto que el gobierno de Moscú se había comprometido a ello. A partir de finales de julio, los delegados de la Internacional Comunista asumieron la dirección y la organización del partido. En Madrid, eran el argentino Codovila, conocido bajo el seudónimo de Medina, el búlgaro Stepanov y, sobre todo, el italiano Togliatti, conocido como Ercoli, conocido bajo el nombre de Alfredo [24], éminence grise de Moscú en España. En Barcelona, fue el húngaro Geroe, conocido como Pedro. Estaban rodeados de técnicos y asesores cuya experiencia sería valiosa y que parecían ser en su mayoría agentes de los servicios secretos rusos. Así, toda la política militar del PC español estaba en manos del italiano Vittorio Vidali, uno de los agentes más importantes del NKVD en el extranjero, un hombre pequeño «de cara cómica, de figura rosada y tupé rubio», según Simone Téry, conocido en España como Carlos Contreras y, sobre todo, como Comandante Carlos. Ambos disponían de importantes fondos, lo que les permitió crear un serio aparato de acción y propaganda.

Mientras la prensa reaccionaria de todo el mundo intentaba describir los estragos de una «revolución bolchevista» en España, inspirada por los comunistas y el «oro de Moscú», el partido comunista adoptó, desde las primeras horas, una posición claramente afirmada a favor del mantenimiento del orden republicano, por la defensa de la propiedad y la legalidad. Todos los discursos de sus dirigentes retoman el mismo tema: no se trata, en España, de una revolución proletaria, sino de una lucha nacional y popular contra la España semifeudal y los fascistas extranjeros, al mismo tiempo que un episodio de la lucha que opone «los demócratas» del mundo a Alemania e Italia. El Partido Comunista condena enérgicamente todo lo que pueda parecer susceptible de romper la «unidad del frente» entre la clase obrera y las «demás capas populares». Se preocupó especialmente por mantener buenas relaciones con los dirigentes republicanos y repitió incansablemente sus consignas de «respeto al campesino, al pequeño industrial y al pequeño comerciante». «Luchamos», proclamó José Díaz, «por una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo». Tal régimen supone la «destrucción de las raíces materiales de la España semifeudal», «la expropiación de los grandes terratenientes», la destrucción del «poder económico y político de la Iglesia», la «liquidación del militarismo», la «desarticulación de las grandes oligarquías financieras». Pero estos resultados, según él, ya se han conseguido. La única tarea del día es, por tanto, luchar: «Derrotar a Franco primero» es la consigna central de los comunistas. Para ello, era necesario consolidar el «bloque nacional y popular», para reforzar la autoridad del gobierno del Frente Popular: los comunistas apoyaban al gobierno de Companys contra el Comité Central, la Junta de Barrio de Martínez contra el Comité Ejecutivo Popular, las autoridades legales contra los «Comités irresponsables». Desde el principio, defendieron la necesidad de la constitución de un ejército regular, apoyaron a Giral y precedieron a Largo Caballero en ello. José Díaz declaró en varias ocasiones que «embarcarse en intentos de socialización y colectivización… es absurdo y equivale a ser cómplice del enemigo».

Así que el Partido Comunista está llevando a cabo una feroz campaña contra todos los que hablan de continuar la revolución. No podemos hacer la revolución si no ganamos la guerra», dice José Díaz… Lo que se necesita es ganar la guerra primero. Así, en el campo republicano, dirige todos sus golpes a su izquierda, contra los revolucionarios. «Los enemigos del pueblo son los fascistas, los trotskistas y los incontrolables», afirma José Díaz en el mismo discurso, y los propagandistas del PC, apoyándose en los juicios de Moscú, retoman incansablemente el tema antitrotskista: «El trotskismo no es un partido político, sino una banda de elementos contrarrevolucionarios». El fascismo, el trotskismo y los incontrolables son los tres enemigos del pueblo que deben ser eliminados de la vida política, no sólo en España, sino en todos los países civilizados.» Franz Borkenau mostró las consecuencias de una línea política que llevó a las organizaciones comunistas «estalinistas» más allá de la organización de la lucha contra Franco a una lucha abiertamente dirigida contra la revolución en la propia España, en nombre de su desaconsejabilidad: «Los comunistas no sólo se opusieron a la marea de socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No sólo se opusieron a la colectivización de las parcelas campesinas, sino que se opusieron con éxito a cualquier política decidida de reparto de tierras de los grandes terratenientes. No sólo se opusieron, y con razón, a las ideas pueriles de la abolición local del dinero, sino que se opusieron al control estatal de los mercados… No sólo intentaron organizar una fuerza policial activa, sino que mostraron una preferencia deliberada por las fuerzas policiales del antiguo régimen, tan odiadas por las masas. No sólo rompieron el poder de los Comités, sino que mostraron su hostilidad a cualquier forma de movimiento masivo, espontáneo e incontrolable. Actuaron, en una palabra, no con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el objetivo de sustituir la acción militar y administrativa disciplinada por la acción de las masas y deshacerse de ella por completo» [25].

Esta política conservadora aseguró el desarrollo del P.C. y del P.S.U.C. y amplió su audiencia. En Cataluña, el decreto de sindicación obligatoria engrosó la membresía de la débil UGT controlada por el P.S.U.C. Fue bajo su égida que se creó el G.E.P.C.I. (Federación de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes e Industriales) como sindicato que, bajo la apariencia de la defensa profesional de los comerciantes, artesanos y pequeños industriales, iba a ser el instrumento de lucha de la mediana y pequeña burguesía contra las conquistas revolucionarias. En el Levante, donde la UGT tiene, por el contrario, una base masiva entre los pequeños campesinos, el PC, con Mateu, organizará una federación campesina independiente que apoyará a todos los opositores a la colectivización, incluidos los caciques.

De manera más general, fue al PC y al SUC, defensores del «orden y la propiedad», a quienes se dirigieron los partidarios del orden y la propiedad en la España republicana. Los magistrados, los altos funcionarios, los oficiales y los policías encontraron en ella el instrumento de la política que deseaban, así como un medio de garantizar su propia protección y seguridad en caso necesario [26]. Al mismo tiempo, el PC dejó de ser un partido de composición proletaria: en Madrid, en 1938, según sus propias cifras, sólo contaba con 10.160 sindicalistas sobre 63.426 militantes, lo que indica un bajo porcentaje de trabajadores [27]. La propaganda del PC hace además hincapié en las «personalidades» reclutadas, algunas de las cuales están, sin embargo, lejos de presentar todas las garantías en cuanto a la sinceridad de su entrega a una causa «obrera».

Sin embargo, sería un error explicar el crecimiento del PC sólo en términos de su política moderada y su lealtad republicana. En el caos de los primeros meses, de hecho, el Partido Comunista demostró ser una notable fuerza organizadora, un instrumento terriblemente eficaz. Con algunos de sus logros, sus llamamientos a la unidad antifascista tuvieron una enorme respuesta por parte de todos aquellos, republicanos, socialistas, sindicalistas, no organizados, que querían ante todo luchar contra Franco. Hernández, Pasionaria e incluso Comorera sólo fueron tomados en serio en sus diatribas contra los Comités y los «incontrolables», en sus llamadas a la disciplina y al respeto a la legalidad, porque su partido había demostrado ser capaz de luchar bien, porque sabía construir y dar ejemplo.

La historia de la defensa de Madrid demuestra también que, en determinadas circunstancias, el partido comunista es capaz no sólo de apelar a tradiciones revolucionarias como las del Octubre ruso o del Ejército Rojo, sino también de utilizar métodos verdaderamente revolucionarios, en una palabra, de aparecer, a los ojos de las amplias masas, como un partido auténticamente revolucionario. Muchos militantes españoles o «internacionales» vivieron en la defensa de la capital una epopeya revolucionaria cuyo emblema puramente antifascista era a sus ojos sólo temporal. Frente a los mercenarios alemanes o italianos, querían ser combatientes de la revolución proletaria internacional. Muchos de ellos combatieron la revolución en el futuro inmediato, con la convicción de que sólo era un retroceso táctico temporal, y que al final de la lucha antifascista estaba la Revolución Comunista Mundial.

Uno de los instrumentos más eficaces del desarrollo de la influencia del PC fue, desde este punto de vista, el 5º Regimiento. A partir del 19 de julio, los militantes comunistas de Madrid ocuparon un convento de salesianos en Cuatro Caminos y organizaron una unidad que contaría con 8.000 hombres a finales de mes. La propia elección de la palabra «regimiento» y de su número, el 5, es significativa: la dirección del PC hizo de esta unidad el regimiento 5 porque en Madrid había cuatro regimientos antes de la insurrección. Enrique Castro Delgado, delegado por el Buró Político y asistido por el comandante Carlos, fue el encargado de ponerlo en marcha. En cada batallón, constituyeron las «Compañías de Acero», formadas en su mayoría por militantes comunistas, y recurrieron sistemáticamente a oficiales y suboficiales de reserva o de carrera. Con la ayuda rusa, el 5º regimiento se desarrolló con la velocidad del rayo. Estaba equipado, formado y supervisado. El gobierno la favoreció porque era un modelo de disciplina: había restablecido todas las prácticas de las unidades regulares, el saludo, los galones y los rangos.

Los oficiales de carrera comprometidos en otras columnas pidieron unirse a esta unidad donde encontraron las condiciones de servicio que eran, a sus ojos, normales. El 5º Regimiento tenía una orquesta, un coro, un periódico, Milicia Popular. Pronto tuvo su propia leyenda. A finales de septiembre, contaba con 30.000 hombres. Se convertiría en el 5º Cuerpo, con más de 100.000 hombres, y acabaría enmarcando la mayor parte del ejército del Centro.

Fue en el 5º regimiento donde apareció por primera vez el término «comisario»: de hecho, su desarrollo, a los ojos de los dirigentes del PC, no debe escapar al aparato del Partido. El comisario mantiene en estas unidades regulares la disciplina política de un partido, el control sobre los técnicos, la animación de la moral de los hombres. Y el Partido Comunista sabrá utilizar su experiencia en el comisariado para ampliar su influencia en el ejército. Fue la única organización que comprendió realmente las posibilidades que ofrecía el comisariado a un partido activo. Gracias a la protección del comisario general, Álvarez del Vayo, pudieron colonizar literalmente la comisaría durante su primer año de existencia [29]. Gracias a él, pudieron difundir sus consignas entre las tropas y los temas principales de su propaganda: democracia, patriotismo y disciplina. Mientras que los comisarios políticos del Ejército Rojo habían sido propagandistas de la revolución y el socialismo, estas dos palabras fueron desterradas del vocabulario de los comisarios españoles, cuya razón de ser, por voluntad del PC, era precisamente luchar en el ejército contra todos aquellos para los que la revolución inmediata seguía siendo una tarea tan importante como la guerra.

Los comunistas estalinistas, que se habían convertido en intocables desde la entrega de las armas rusas, defensores consecuentes del programa antifascista de restauración del Estado, y organizadores del Ejército, se convirtieron así en los elementos más dinámicos de la coalición gubernamental. Azaña, Companys, Prieto, el propio Largo Caballero, mostraron la misma confianza en ellos, dándoles el apoyo que luego le reprocharían a un Del Vayo. Su posición se refuerza cada día, no sólo en la opinión pública, sino quizá aún más en el aparato estatal. Acabamos de ver el lugar que ocupan en los cuadros políticos y militares del ejército popular. También eran comunistas que controlaban la censura y los servicios de cifrado. Sus hombres, Burillo en Madrid, Rodríguez Salas en Barcelona, ocuparon los puestos clave de la nueva policía. Su cohesión y disciplina plantean ahora un problema: ¿no constituyen ya un Estado dentro del Estado?

Algunos incidentes graves demuestran que están decididos a utilizar sus posiciones para fines que no están justificados por la preocupación, tantas veces afirmada, por la unidad del frente y el interés general, y -lo que es aún más grave- que van por ese camino siguiendo instrucciones del Gobierno ruso. Cuando se formó la Junta de Defensa en Madrid, a pesar de la decisión de representar a todos los partidos, el Partido Comunista vetó la presencia del P.O.U.M., calificado de «trotskista» y «enemigo de la Unión Soviética» [30]. La Batalla protestó y sacó a relucir el conflicto: «Lo que realmente le interesa a Stalin -escribió el 15 de noviembre- no es la suerte del proletariado español e internacional, sino la defensa del gobierno soviético tras la política de pactos establecida por unos Estados contra otros. El 28 de noviembre, en una nota a la prensa, el cónsul general de la URSS en Barcelona, Antonov Ovseenko, no dudó en intervenir en la política interna de la España republicana, denunciando en La Batalla «la prensa vendida al fascismo internacional». Fue este asunto el que llevó a una crisis ministerial en Cataluña, y finalmente a la exclusión del P.O.U.M. del Consejo de la Generalitat. El comentario de Pravda del 17 de diciembre sobre este acontecimiento, que llega después de los primeros juicios de Moscú, constituye una amenaza no disimulada: «En Cataluña ya ha comenzado la eliminación de trotskistas y anarcosindicalistas; se llevará a cabo con la misma energía que en la URSS».

Evaluación de esta restauración

Además, hay muchas otras sombras preocupantes en la imagen. La dualidad de poderes ha desaparecido ciertamente, pero en muchos casos ha dado paso a una administración múltiple cuyos órganos se contrarrestan o se obstaculizan mutuamente. El caso de Málaga no es una excepción, donde coexisten los poderes fantasmas del gobernador Arraiz y del Comité, siendo la única autoridad real la de los militares, incapaces de entender y dirigir a sus tropas obreras y campesinas. Los inconvenientes de los cientos de organizaciones policiales de los pueblos desaparecieron con la reorganización de la policía, pero hay que decir con Borkenau que con ellos desapareció «el interés apasionado del pueblo por la guerra civil». El libertario italiano Bertoni escribió desde el frente de Huesca: «La guerra española, despojada de toda nueva fe, de toda idea de transformación social, de toda grandeza revolucionaria… sigue siendo una terrible cuestión de vida y muerte, pero ya no es una guerra de afirmación de un nuevo régimen y de una nueva humanidad»[31].

Sin embargo, fue en ese momento cuando tuvo lugar la Batalla de Madrid: una guerra moderna en la que se enfrentaron dos ejércitos organizados, en la que se enfrentaron aviones, cañones y vehículos blindados, una guerra revolucionaria en la que la moral de los combatientes logró lo que era técnicamente imposible, en la que el pueblo en armas se enfrentó a dos de las mayores potencias militares de Europa. Las batallas de Madrid y Guadalajara, las únicas grandes victorias republicanas de esta guerra, tuvieron un punto de inflexión: la organización y la disciplina no habían matado el entusiasmo y la fe, el entusiasmo y la fe se apoyaban en la disciplina y la organización, y también en las armas, sin las cuales ninguna causa puede triunfar, por muchos sacrificios que sea capaz de generar.

Notas

[1] Según Álvarez del Vayo (La guerra empezo en España, p. 216).

[2] El Consejo Supremo incluía, además de Largo Caballero, a Prieto (Producción de Guerra), Álvarez del Vayo (Dirección Política de las Tropas), García Oliver (Formación del Estado Mayor), y Uribe (Abastecimiento y Mayordomía).

[3] Existe una notable unanimidad sobre este tema en las organizaciones antifascistas. Fue Companys quien pidió «un gobierno fuerte, un gobierno con plenos poderes» ya que no era «otra cosa que la autoridad delegada de todas las fuerzas antifascistas, políticas y sindicales representadas en él». Azaña, para una «política de guerra», exige «una sola disciplina, la del gobierno responsable de la República». El Mije comunista afirma: «La consigna del momento debe ser ganar todo a través del gobierno y para el gobierno, para fortalecer su autoridad y poder». El anarquista Peiro, convertido en ministro, insistió: «Nosotros decimos: primero la guerra y luego la revolución. Es el gobierno el que manda.

[4] Relato en Peirats, vol. I, pp. 253-254.

[5] Las proporciones a veces están al revés. Así, en Castellón, el Comité contaba con 35 miembros, 14 de la C.N.T., 7 del P.O.U.M., 7 de la U.G.T., 7 republicanos. Con la reforma municipal, la C.N.T., la U.G.T., el P.O.U.M., el P.C., la J.S.U., los socialistas y los partidos republicanos tendrán igual representación.

[6]David Antona, albañil en 1936, fue gobernador civil de Cindad Libre (Cindad Real) en 1939. Pocos, como Juan López, volverían a la fábrica después de haber sido ministro o alto funcionario.

[7] La capacidad de resistencia de los Comités superó lo que cabría esperar normalmente, dada la unanimidad de las organizaciones. El 8 de febrero, José Díaz dedicó más de la mitad de un gran discurso en Valencia a la necesidad de acabar con los «gobiernos en miniatura»